Para ser progresista, no basta con acusar al otro de ser golpista

A la par que fracasaba la cumbre del viernes entre el Gobierno y las entidades del campo, porque no se pusieron sobre la mesa de negociaciones las medidas post-retenciones para distinguir a los pequeños y medianos productores de los pooles sojeros, crecía un peligroso discurso en el sentido de que todo el que no cierre filas con el kirchnerismo es, por definición, gorila y golpista. Ante semejante disparate, ya es tiempo de insinuar, aun a riesgo de que se multipliquen las descalificaciones, que el kirchnerismo intenta aprovecharse de esta delicada situación política para propiciar una antinomia, falsa, desde ya, pero conveniente a sus intereses. El evidente objetivo es alentar la formación de una suerte de bipartidismo, con el oficialismo por un lado, ocupando el supuesto ciento por ciento del espacio progresista, en tanto que todo el resto sería relegado al oscuro rincón de los gorilas y golpistas.
Se horrorizan de las dictaduras, pero olvidan que las divisiones en el campo nacional y popular fueron, desde siempre, funcionales a todas las aventuras golpistas. Es cierto que en todas ellas se combinaron intereses imperialistas y fuerzas armadas criminales, pero también lo es que los sectores populares padecían graves fragmentaciones, incluidas las del propio peronismo en el gobierno popular, que resolvía sus internas a los tiros entre la izquierda y la derecha. ¿Por qué no aprendemos de nuestra historia reciente? ¿Por qué la soberbia kirchnerista de creerse dueño del progresismo, como D’Elía de la Plaza de Mayo? ¿Por qué querer arrojar en los brazos de la nueva derecha de Mauricio Macri, por ejemplo, a los argentinos que no escriben la política con K? ¿Quién es el kirchnerismo para generar estas caprichosas antinomias con fines hegemónicos? El progresismo podrá estar con los Kirchner, con Elisa Carrió, con Hermes Binner, o con quien decida la voluntad popular, pero no por un decreto presidencial ni por aprietes.
Para recibirse de progresista, no basta con el voluntarismo maniqueo de trazar una línea antojadiza y luego cacarear que “de este lado están los buenos y del otro lado están los malos”. Si hasta en las marchas ambientalistas se cuelan nostálgicos de la dictadura, porqué, ante esas mismas infiltraciones entre “caceroleros”, se denuncia a todos por igual de “golpistas”, con la misma liviandad con que los militares de los ’70 tildaban de “subversivo” a cualquier militante político; y en esta misma línea revisionista, cabe preguntarse: si todos los productores agropecuarios son golpistas porque la Sociedad Rural está entre los organizadores, qué decir de la Unión Industrial Argentina, una de las mimadas del Gobierno, pero con tantos antecedentes ligados a los autoritarismos de otros tiempos como la propia Rural. ¿Es que la UIA está redimida de tantas culpas del pasado por sus relaciones carnales con el kirchnerismo?
Dentro de la catarata de insultos segregacionistas a los críticos de las últimas resoluciones del Gobierno, no podía faltar el de “antiperonistas”, aunque con la debilidad de que se cuentan por centenares los presidentes comunales, intendentes y legisladores del Frente para la Victoria, que están con el paro del campo -más allá de las acertadas críticas a ciertos excesos de los piquetes más radicalizados-, porque esos dirigentes oficialistas, en sus propios territorios del interior del país, descubren con sus propios ojos que no estamos ante un paro golpista de la oligarquía terrateniente, sino que se trata de un reclamo de los pequeños y medianos productores afectados por una medida confiscatoria y de dudoso destino redistributivo. En este sentido, desde la óptica de la Casa Rosada, habría que establecer si también son golpistas (¿o quizás traidores?) el senador nacional Carlos Reutemann, el senador provincial Ricardo Spinozzi, el intendente José Freyre y el presidente comunal Osvaldo Salomón, entre otros referentes peronistas, por estar del lado de los chacareros, a pesar de los costos políticos que deberán pagar por desafiar a los Kirchner. Sin embargo, el que podría resultar beneficiado por esta súbita división de aguas es el venadense Tino Spinozzi, ya que su contrincante en la interna del PJ santafesino, el jefe de los diputados nacionales K, Agustín Rossi, quedó más expuesto a sufrir en carne propia los efectos de su apoyo incondicional a una decisión que perjudica a miles de colonos, y decenas de poblados provinciales que dependen de esas mismas economías para la subsistencia y el desarrollo.

Tiene la palabra
Durante el fin de semana, aunque las cuatro entidades gremiales decidieron reanudar el paro, en la mayoría de los piquetes se moderaron las medidas (era insostenible el desabastecimiento de alimentos), y el Gobierno movilizó fuerzas con fines preventivos y, a veces, intimidatorios, pero evitando cualquier metodología represiva que pudiera empeorar las cosas. Además, después de no participar en la cumbre fallida del viernes, es un buen síntoma que la Presidenta haya postergado su gira europea para ponerse al frente de las negociaciones con el campo. Basta que, en lugar de especular con el desgaste del paro, el Gobierno traslade el discurso a la práctica, con eso de distinguir entre los chacareros y los pooles de siembra, siendo que estos últimos, pese a constituir el tres por ciento de los sojeros registrados, controlan el 60 por ciento de la producción de la oleaginosa. Ya lo subrayó el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, después de rechazar las absurdas acusaciones -justo a ellos- de gorilas y golpistas: “Nosotros no vamos a ser funcionales a los concentradores de la tierra y la producción”. Sólo faltaba la propuesta gubernamental de “no tratar como iguales a los desiguales”, según sugirió el ex presidente Eduardo Duhalde, y el complemento de institucionalizar una mesa de diálogo para acordar un conjunto de políticas para el sector, porque la verdad es que el impuestazo precipitó el desmadre, pero hacía tiempo que las entidades del campo demandaban medidas específicas para el resto de los cultivos, la ganadería, la lechería, las granjas, las producciones alternativas y las economías regionales.
Ni siquiera hace falta que el Gobierno admita el grave error cometido, sino que disminuya las retenciones mediante reintegros en el acto a los pequeños productores, en función de una serie de variables que incentive la diversificación de cultivos y actividades y, al mismo tiempo, propicie un campo con agricultores, evitando que se agiganten los fenómenos de concentración de la tierra, arrendamiento especulativo y desarraigo rural. Sobre estos temas clave se requiere debatir en la Argentina, como también sobre la postergadísima Ley de Coparticipación, porque un país federal e integrado necesita de provincias fuertes, a través de una adecuada redistribución primaria de los recursos nacionales. Para esta Argentina con viento de cola, la prioridad es progresar en el diseño del “modelo del país”, como suele decir la Presidenta, y esto es, por ejemplo, dilucidar si se trata igual a un pool sojero que a un chacarero; si se privilegia con subsidios millonarios a grupos económicos concentrados en detrimento de los tamberos; si el negocio del cereal permanece en manos de los exportadores, o se recrea la Junta Nacional de Granos; entre tantas definiciones pendientes.
En lugar de satanizar a los críticos, dividir con falsas disyuntivas a la sociedad y tratar de doblarles el brazo a los productores que osaron enfrentarla, la Casa Rosada debería demostrar con medidas políticas el progresismo autoproclamado.

(Publicado el lunes 31 de marzo de 2008 en diario El Informe)