Cristina une sectores en su contra y ahora depende de sus piqueteros y los gendarmes

Con irresponsabilidad propia de una principiante en la política, la presidenta Cristina Fernández pronunció el martes un discurso que no dejó ni el más mínimo resquicio para el diálogo y la conciliación con los productores agropecuarios indignados por una suba de las retenciones que propicia aún más la concentración del negocio agrícola. Con estilo autoritario, la señora demostró que no está dispuesta a rectificar, ni siquiera atenuar, la medida confiscatoria y unilateral que echó por tierra no sólo su pretendido progresismo (no hizo distingos entre chacareros y gigantescos pooles de siembra), sino también las promesas de concertación y pacto social. En rigor, continuó la prédica de su esposo y antecesor, Néstor Kirchner, que jamás atendió, ni siquiera a través de funcionarios de segunda línea, a los representantes del campo. En este sentido, el artífice de la imposición de las retenciones con fines sociales en marzo de 2002, el ex presidente Eduardo Duhalde, apreció que “el Gobierno comete un error básico, que es tratar como iguales a los desiguales”, y sugirió a la Casa Rosada que abandone las políticas de enfrentamiento y convoque al diálogo a los gobernadores de las provincias agropecuarias, como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
Desde el atril de la soberbia, tan coqueta como imprudente, Cristina enardeció a los manifestantes que en las rutas aguardaban un gesto de apertura. Incrédulos, se encontraron con meditadas provocaciones, como la de “piquetes de la abundancia”, entre otras gruesas inexactitudes, que ni siquiera se pudieron ocultar con su brillante capacidad oratoria.
Hoy, con el paro extendido por tiempo indeterminado, el Gobierno archivó el discurso de no criminalizar la protesta social -porque esta vez no le favorece- y amenaza con reprimir a los chacareros, como ya lo insinuó en la noche del martes, cuando bendijo el ataque de los piqueteros kirchneristas, devenidos milicias civiles, para desalojar del espacio público a una manifestación espontánea que coincidió en numerosos barrios porteños y desembocó en la Plaza de Mayo. Con el absurdo argumento de que se preparaba un Golpe de Estado, los piqueteros intimidaron y golpearon con sugestiva impunidad a los pacíficos caceroleros -más disconfomes con la “gestión K” que solidarios con el campo-, y no sólo en la Capital Federal, sino también en otras ciudades. En este sentido, los que vinculan estas expresiones con el antiperonismo, deben recordar que esos mismos sectores medios y medio-altos porteños son los que se expresaron en 2001, también con las cacerolas, en repudio a la confiscación de los ahorros que precipitó el fin del gobierno aliancista de Fernando de la Rúa, facilitando el regreso al poder político del PJ. En esta misma línea, los cristinistas que machacan con el paro de los supuestos terratenientes de la Sociedad Rural, deberían admitir que el núcleo de la protesta se sostiene en los pequeños agricultores autoconvocados; como también es cierto que si algo unificó a entidades con tan pocas afinidades entre sí, como Federación Agraria y la Rural, fue la torpeza de un Gobierno dispuesto a la persecución económica de la producción con el objetivo de conservar el control absoluto del poder político, a través del perverso esquema de un Gobierno rico y una veintena de provincias pobres. Causa gracia que el mismo sector que cuestiona a los manifestantes por su falta de solidaridad, embolse las retenciones (40 mil millones de dólares en el último lustro) y no las redistribuya entre las provincias, sus naturales propietarias, con un sentido ecuánime y progresista, sino que las manipula con discrecionalidad, premiando a los gobernadores sumisos con obras y subsidios, y castigando a los renuentes en alinearse con su proyecto hegemónico, como se corrobora en esta crisis, pues el que no es kirchnerista ni siquiera tiene derecho a protestar. El que se anima a hacerlo en las calles de cualquier urbe, tendrá que vérselas con la fuerza de choque del piqueterismo oficialista; el que gane las rutas, será amedrentado en primer término por los camioneros moyanistas, y sin con eso no bastara, será reprimido con los gendarmes armados.
El lugar de aplacar los ánimos, la Presidenta generó una escalada de violencia, que por muy poco no pasó a mayores; pero la tensión en las decenas de piquetes crece minuto a minuto; las distintas organizaciones sociales se involucran y toman partido, y con el desabastecimiento el malhumor social se generaliza. Todo como consecuencia de la irresponsabilidad de una inoportuna medida política del Gobierno.
Luego del discurso, no sólo que la protesta del campo luce fortalecida -pese a los acalorados debates asamblearios-, sino que se profundizaron las disidencias internas en el Frente para la Victoria, pues día tras día se multiplican los intendentes kirchneristas que respaldan el paro. Conocedores de la realidad del campo en todo el interior del país -eso que le falta a Cristina y su teórico ministro Martín Lousteau-, muchos rompieron alineamientos partidarios y desafiaron sus propios miedos a las represalias de la Casa Rosada. Varios lo habían hecho concurriendo a los piquetes, y ayer, 140 intendentes y presidentes comunales respondieron a la convocatoria oficial del gobernador Hermes Binner y suscribieron un documento en demanda de una mesa de diálogo y la suspensión del último aumento de las retenciones. Si bien era esperable esa actitud del arco binnerista, merece elogios el digno comportamiento de los mandatarios territoriales kirchneristas, que optaron por solidarizarse con los pequeños agricultores de sus pueblos, antes que plegarse a los unitarios dislates presidenciales.
Defendido con singular énfasis por su cuestionado sindicalista amigo, Hugo Moyano; sus piqueteros rentados, al mando de Luis D’Elía, y tal vez en las próximas horas por gendarmes y otras fuerzas armadas federales, el Gobierno teme que el efecto Santa Fe se reedite en otras provincias, con sus propios intendentes y presidentes comunales dándole la espalda. Con más detractores que adherentes, la señora Cristina, después de tanta sobreactuación antimilitarista, debe recurrir a los uniformados para que la salven del conflicto que ella misma generó con aires de altanero patrón de estancia. Hubiera bastado con limitar la voracidad fiscal, aliviando las cargas a los pequeños agricultores, que son la inmensa mayoría de los damnificados, y nada de esto hubiera pasado.

(Publicado el jueves 27 de marzo de 2008 en diario El Informe)