Semanas atrás se divulgó el decreto firmado por la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, que establece la forma en que el Poder Ejecutivo distribuirá su presupuesto publicitario, convirtiéndose en la primera provincia argentina que se regula la distribución de la publicidad oficial. Mientras tanto, en numerosas provincias ya existen proyectos de ley aguardando tratamiento legislativo, al igual que en ambas cámaras del Parlamento nacional.
Para la mandataria patagónica alineada con la ex candidata presidencial Elisa Carrió, se trata de “un paso imprescindible para evitar sospechas de favoritismos políticos y otorgar transparencia y control a la asignación de fondos públicos”.
El decreto obliga a las autoridades a “informar objetivamente sobre la gestión del gobierno, comunicar disposiciones normativas, preservar el medio ambiente y los derechos de usuarios y consumidores, difundir políticas públicas relevantes y afianzar principios constitucionales”. Además, en el texto se hace referencia a la Comisión de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando indica que “no existe un derecho intrínseco a recibir recursos del Estado por publicidad. Sólo cuando el Estado asigna estos recursos en forma discriminatoria, se viola el derecho fundamental a la libre expresión. Un Estado podría negarle (publicidad oficial) a todos los medios de comunicación, pero no puede negarle ese ingreso sólo a algunos medios con base en criterios discriminatorios”.
Al mismo tiempo, la norma crea un Registro Provincial de Medios de Comunicación, donde deberán inscribirse todos los interesados en contratar publicidad con el gobierno, estableciéndose un sistema que otorga puntajes según distintos criterios: producción local de contenidos, niveles de audiencia o tirada de ejemplares y cantidad de empleados, entre otros datos comprobables, y sobre la base de ese puntaje se prorrateará el monto disponible para publicidad. Hay otros requisitos exigibles para los medios, tales como tener a los trabajadores en situación regular y no poseer deudas impositivas.
Con esta herramienta, que contempla la divulgación pública de las pautas, se prevé una reducción drástica de la arbitrariedad y discrecionalidad en la distribución de las pautas, pues impedirá que los mandatarios de turno discriminen a los medios más críticos, en tanto que perderán intensidad las presiones desde los medios sobre los gobiernos, con exigencias de mayores contribuciones publicitarias a cambio de elogios o silencio.
(Publicado el jueves 6 de marzo de 2008 en diario El Informe)
1 comentario:
Parece de otro planeta o de otros país. Así de secillito, como se reparte la torta de los medios. Todo lo demás es coherción o negocio. Para imitar
Publicar un comentario