Como los sofistas de la antigüedad, los defensores a ultranza de las políticas oficialistas declaran a voz en cuello que el aumento de las retenciones es inobjetable porque las ganancias del campo son “extraordinarias”; otros, más temerarios, como el jefe de la CGT y de los camioneros, Hugo Moyano, califica de “golpista” a la “aristocracia del campo” por el paro de actividades, sin distinguir un pool sojero internacional de los chacareros que trabajan de sol a sol en su puñado de hectáreas. Ni siquiera está en discusión, salvo para una ínfima minoría, la legitimidad, al menos en esta etapa, de los derechos a la exportación de los productos del sector agropecuario. Cualquier gobierno, con independencia de su ideología, aprobaría que entre el fenómeno de la devaluación y los ventajosos precios internacionales de los commodities, las retenciones significan una herramienta idónea para redistribuir recursos entre los sectores más damnificados por esas mismas causas; asimismo, estas cargas impositivas tienden a mantener a raya los precios de dichas materias primas en el mercado interno.
Sin embargo, mostrando un sesgo escasamente progresista, el Gobierno, como su vocero Moyano, no sabe -o no quiere- discriminar entre las realidades antagónicas de los pequeños colonos de las zonas marginales (con rendimientos más pobres y dificultades para trasladar las cosechas) y de los grandes pooles concentradores de la tierra, tanto sea en el rol de dueños como de arrendatarios. Hasta ahora, no se conocen iniciativas oficialistas en busca de equilibrar estas desigualdades, en una actitud propia de un gobierno de corte neoliberal, como el peronista de los ‘90. También es poco creíble el argumento de que el alza de las retenciones intente frenar el auge de la sojización; si el Gobierno actuara con ese norte, no se limitaría a una medida meramente fiscalista, sino que apuraría un paquete de reformas en el Congreso, a los efectos de incentivar producciones alternativas. Hoy, tampoco se conoce ninguna estrategia kirchnerista en ese sentido, ni siquiera para neutralizar el brutal desmonte impulsado por grupos económicos ávidos por incrementar las superficies para el desarrollo de los cultivos más rentables, como la soja, claro está, sin importar el desgaste del suelo ni, mucho menos, las inundaciones y otras devastadoras consecuencias ambientales.
El otro factor determinante en este debate incompleto que pretende imponer el Gobierno, es el objetivo solapado de estos derechos a la exportación, que junto con el impuesto al cheque, constituyen una creciente fuente de ingresos para el Gobierno, con el dato adicional de que no son recursos coparticipables con las provincias (en tal caso les correspondería casi el 57 por ciento), otorgando a la Casa Rosada poco menos que la suma del poder público con la disposición discrecional de los mismos. Cabe recordar que, en marzo de 2002, las retenciones se impusieron con un carácter transitorio, arguyéndose que no serían coparticipables a los efectos de facilitar su desactivación una vez superada la crisis. A pesar de que las condiciones sociales mejoraron, lejos de la rebaja y, más aún, de la eliminación, las retenciones se ajustan con el mismo ritmo que el gobierno unitario de la Nación incrementa su gasto público, y no siempre con objetivos dignos de elogio. Tan implacable es el manejo centralista de los fondos que los gobiernos provinciales ni siquiera se atreven a levantar la voz por temor a represalias. Es que los gobernadores asumen que el giro de fondos o la concreción de obras depende del mayor o menor grado de subordinación con la Casa Rosada. Tanto es así que el primer mandatario de una provincia importante como Santa Fe, apenas si demanda tibiamente “obras” a la Nación para compensar estas mayores retenciones o, en su defecto, la instauración de un régimen de regalías, como el que disfrutan las jurisdicciones petroleras. Mientras tanto, el ala dura del socialismo sostiene que los derechos a las exportaciones deben ser coparticipables, alegando que la riqueza sale de las provincias.
A pesar de los intentos kirchneristas por reducir el alza de las retenciones a la categoría de un enfrentamiento entre el Gobierno bueno y solidario y los productores agropecuarios mezquinos y golpistas, este debate contiene aristas más complejas, tales como las mencionadas dificultades del Gobierno para distinguir en su voracidad recaudadora entre poderosos pooles de siembra y debilitados chacareros; la ausencia de un plan de acción para acotar el fenómeno de la sojización; y la insistencia oficialista en desconocer su propia promesa de impulsar una nueva ley de Coparticipación Federal, que legalice los derechos conculcados a las provincias y restaure el poder político de los gobernadores.
(Publicado el lunes 17 de marzo de 2008 en diario El Informe)
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