No hay dudas de que el flamante criterio de cálculo para la tasa general de inmuebles es más progresista en la distribución de las cargas para financiar la prestación de los servicios públicos básicos (recolección de residuos, limpieza de calles, desagües, atención primaria de la salud, etc.), sobre todo en la comparación con el antiguo sistema que tenía como referencia mixta los metros de frente de cada vivienda y una zonificación del alumbrado público de la década del ’70. En este verano, la Intendencia y el Concejo -con la sola excepción de la vianista Patricia Romero- dieron lugar a la reforma tantas veces postergada, que ahora genera la irritación de numerosos contribuyentes. Si bien es cierto que la Municipalidad no tiene porqué subsidiar los servicios que brinda al conjunto de la población (salvo a los que justifiquen su imposibilidad de pago) y que ni siquiera ahora, con ajustes de tasas que superaron el 300 por ciento, estará en condiciones desahogadas para cumplir con sus obligaciones elementales, el descontento popular con la medida era previsible. En primer lugar, la ciudadanía no es la culpable de que, desde principios de los ’90 hasta la fecha, las discrepancias de la clase política impidieran la actualización gradual de la tasa. El último retoque significativo data del ’91, con otro ajuste indirecto en febrero del ’93, cuando el intendente Ernesto De Mattía establece, con el aval legislativo, las sobretasas de salud (cinco por ciento) y desagües (10 por ciento). Luego, en 2000, el gobierno scottista, desconociendo al Concejo, impone ajustes unilaterales en algunos derechos (el DRI, por ejemplo), sin incluir las tasas, en el marco de una reforma a la Ordenanza General Impositiva, y enseguida se lleva a cabo una rezonificación parcial que, esta vez sí, aumenta las tasas en determinados sectores de la ciudad. No obstante, las correcciones que se requerían ante el paulatino encarecimiento de los servicios, se fueron dilatando una y otra vez, por especulaciones políticas, negligencia administrativa y afines.
Los memoriosos aún recuerdan el grave conflicto institucional de fines del ’93, en tiempos de De Mattía en la Intendencia y predominio del PJ en el Concejo; el mandatario radical de aquel entonces remitió a los ediles un proyecto de ordenanza solicitando un aumento de las tasas del 45 por ciento, pero los dos sectores peronistas coincidieron en frenar la iniciativa, tanto el de Haydée Guaci -con sólidos fundamentos-, como el del recién llegado Roberto Scott, cuya prioridad era poner piedras en el camino de la gestión dematiísta. Desde allí, la ciudad transcurrió más de 14 años -12 de ellos durante el mandato scottista- sin que la cuestión de las tasas se abordara con responsabilidad de estadista, y ahora esas miserias explotan en las manos del intendente José Freyre. Cabe acotar que, contra todos los pronósticos, en los tramos finales de su mandato, el viejo líder eludió asumir el costo político del aumento, aunque así lo aconsejaban las circunstancias para evitar el desgaste prematuro de la figura de Freyre con estas medidas impopulares. Hoy, sus incondicionales acólitos, en el marco de las fuertes internas que sacuden el gabinete bipolar, arriesgan que Scott buscaba cuidar la imagen, especulando con un posible regreso en 2011.
Gradualidad cero
En los meses previos a las elecciones del año pasado, la Intendencia enviaba todos los meses a cada contribuyente, junto con las tasas, una publicación oficial denominada “Noti Municipal”, con una frase elocuente: “12 años haciendo obras sin aumentar los impuestos”. La falsa propaganda del partido del gobierno -con dineros públicos- no tardaría en caerse a pedazos. Aun antes de asumir, Freyre debió apelar al arte de la negociación para persuadir a los ediles de la urgencia de actualizar las tasas y los impuestos, arguyendo que la ciudad ya no podía subsistir en esas condiciones. Como en la guerra, en los procesos electorales, la primera víctima es la verdad; pero poco después ya nadie negaba el brutal endeudamiento municipal, con el ex BID, con la Caja de Jubilaciones, con los proveedores, con el FAE, con el Hospital, con la concesionaria de la tercerización de Hacienda, con los profesionales foráneos contratados, y hasta con los concejales, sólo por citar algunos acreedores, y todo esto empeorado por la falta de obra pública y la nula capitalización, como lo corrobora el calamitoso estado del parque automotor, es decir que se consolidaba una creciente deuda pública sin ningún beneficio para la gente.
Ya con Freyre en el Sillón de Aufranc, como en las ciudades vecinas de Firmat y Rufino, la clase política local entendió que luego de tantos años de congelamiento demagógico de tasas, no había margen para establecer aumentos graduales, o escalonados, y así fue como se impuso un tarifazo que, para colmo, desnudó gruesos errores de instrumentación, a partir de la emisión del período febrero sin la correspondiente promulgación de la ordenanza, según revelaciones de las propias entrañas de San Martín y Marconi. En este sentido, tantas fueron las vacilaciones de la Intendencia en esta instancia, que en la facturación de las tasas se aclara que “el pago está sujeto a liquidación definitiva a practicar por esta administración”.
En la misma línea de controversias, cuentan que el oficialismo insistiría en subsanar un error propio cobrando un adicional -en virtud del ajuste de tasas- a los contribuyentes que, a principio de año, abonaron todo el período 2008 con el beneficio del 10 por ciento de descuento. Sin embargo, otras versiones aseguran que Freyre, en sintonía con el criterio de la mayoría de los concejales, anunciará en las próximas horas que no habrá una refacturación para los miles de venadenses que aprovecharon la tentadora rebaja. Otro desliz se habría dado con los aumentos en las sobretasas de salud y desagües, pese al acuerdo con el Concejo de congelar esos rubros, hasta tanto se decidiera su continuidad o discontinuidad. Luego, los legisladores conservaron la sobretasa de desagües y eliminaron la de salud, en función de los mayores ingresos garantizados a las arcas municipales por los incrementos de tasas, impuestos, coparticipación provincial y, en particular, las promesas binneristas de partidas específicas para la atención primaria de la salud. No obstante, trascendió que el intendente Freyre podría vetar la derogación de la sobretasa de salud, aun cuando ello resentiría sus buenas relaciones con el Concejo.
Luego, el gobierno porotista vuelve a equivocarse cuando procede a la emisión de las tasas sin ofrecer, al mismo tiempo, una información detallada a los contribuyentes del porqué de los aumentos; no apelaron a solicitadas en los diarios, ni tampoco -como hacían antes- a su publicación gráfica oficial, que esta vez habría sido oportuna para divulgar los pormenores del sistema de cálculo y así evitar que la actualización despertara tamaña indignación.
En el próximo gran debate del año, los concejales tratarán el Presupuesto 2008, donde tendrán la posibilidad de orientar los gastos; pero, de todos modos, no habría que esperar que estos mayores ingresos se transformen en futuras inversiones, como lo admitió el subsecretario de Hacienda, Guillermo Imbern; apenas si ayudarán a solventar la enorme masa salarial y achicar viejas cuentas pendientes.
(Publicado el lunes 10 de marzo de 2008 en diario El Informe)
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