La inseguridad llegó para quedarse y Venado debate cómo defenderse

La reiteración de picadas de motos en los caminos al Cementerio y el Aeródromo, así como las guerras de pandillas, con decenas de participantes en ambos casos, decidieron al intendente José Freyre a lanzar declaraciones muy filosas contra el accionar de las fuerzas policiales. Aunque sin perder la calma ni la sutileza, el funcionario volvió a cuestionar la “actitud” de los uniformados -sin discriminar dependencias- y también insinuó la “falta de compromiso” en la resolución de algunos episodios. Para dimensionar el hartazgo, en el reciente conflicto acaecido en inmediaciones de Junín y Colón, algunos vecinos alertaron que llegarían al extremo de hacer justicia por mano propia si las autoridades no intervienen. Cansados de tanto impune atropello, los moradores del sector perdieron la paciencia porque, según denuncian, es usual que los policías no acudan al escenario de los hechos a pesar de las reiteradas convocatorias. “No acepto el argumento de la policía de que no puede intervenir porque no da abasto, porque no tienen móviles o porque no pueden molestar a los chicos…”, manifestó Freyre y se preguntó, con un dejo de ironía, si ante esta virtual indefensión, la Intendencia deberá cerrar las plazas, como ocurre en otros puntos del país. Dispuesto a ir un poco más allá en los reclamos, el intendente desempolvó uno de los más lúcidos proyectos elevados ante la Junta de Seguridad Urbana, a los efectos de concentrar las cooperadoras policiales en un único ente administrador, y así invertir los recursos con mayor eficiencia, como también garantizar la transparencia del sistema. Mientras tanto, junto con el secretario de Gobierno, Sergio Druetta, se disponen a viajar a la Casa Gris para conocer qué porción de la millonaria inversión provincial en agentes, móviles y pertrechos, se destinará a nuestra ciudad. La excursión, desde ya, no sólo pretende obtener una información oficial que podría gestionarse por otras vías, sino corresponsabilizar al gobierno provincial de este flagelo de la inseguridad que padecen las municipalidades y comunas, y afecta a todas las capas sociales, aun cuando el malhumor sería mayor si la policía divulgara todos los delitos cometidos -no sólo los esclarecidos- y si las víctimas formalizaran las denuncias del ciento por ciento de los ilícitos, en lugar de refugiarse en la resignación.
Por su parte, entidades intermedias como el Centro Comercial, entre otras, continúan estimulando reuniones por la seguridad pública, pero suelen restringirse a planteos elementales, como la demanda de móviles y agentes, sin darse cuenta de que dilapidan todas las energías en remiendos cortoplacistas y nunca se acercan al fondo de la cuestión. Si bien es cierto que en el mundo hay países sin pobres, pero con inseguridad, en la Argentina estamos sufriendo las consecuencias de un brutal modelo de exclusión que marginó a millones de personas, e incluso hoy, a pesar de ciertos cambios introducidos en el orden nacional, subsisten profundas desigualdades que se expresan luego con efectos sociales devastadores.
Tiempo atrás, empujados por la presión social y mediática antes que por sus convicciones, los legisladores nacionales le dieron el gusto a Juan Carlos Blumberg y su paquete de leyes de mano dura, que pronto demostraron su insuficiencia, pues el delito siguió en alza. Los mismos resultados se obtendrían militarizando la ciudad en busca de remediar por decreto enfermedades arraigadas en el cuerpo social. Tampoco se soluciona nada mirando para otro lado, al estilo del gobierno scottista, que siempre echaba culpas a los forasteros marginales, como si estuviéramos libres de bandidos made in Venado.
Está claro que una mayor presencia policial en las calles, como en las rutas, opera como un factor preventivo, pero no basta, como tampoco alcanza con rejas, alarmas, perros guardianes y vigilancia privada; mucho menos, con el desaconsejable recurso de adquirir armas de puño para la defensa personal. A estas alturas, la situación de la inseguridad pública es tan compleja que requiere asesoramiento de especialistas, hasta desembocar en estrategias unificadas de la sociedad civil, con la coordinación del gobierno municipal, para no superponer esfuerzos, ni tampoco desperdiciarlos en arrestos voluntaristas.
Con acertado criterio, el gobierno provincial sentencia que la policía es una parte de la cuestión de la seguridad, pero no es todo, en un claro señalamiento de las responsabilidades que nos competen como ciudadanos. Aun así, el poder político adeuda una serie de reformas, desde lo más encumbrado de la pirámide judicial hasta la formación policial, porque Santa Fe ya sufrió la improvisada salida a las calles de émulos de Rambo, que con tres o cuatro meses de instrucción ya andaban haciendo de las suyas, incluyendo escandalosos casos de “gatillo fácil”. También está en estudio el mecanismo de designación de los jefes policiales, ya que, en el marco de la descentralización, podría abandonarse el tradicional verticalismo de la corporación para ceder más atribuciones a los municipios en la elección de los comisarios. También cabe destacar el intento de Freyre, en el orden local, de unificar las cooperadoras policiales. Además, es preciso fortalecer el reclamo de sendos juzgados de Familia y Federal, y propiciar la construcción de un instituto oficial dedicado a la contención y reinserción de menores en riesgo, con aportes estatales y comunitarios, como así también, en conjunto con las autoridades regionales, brindar todas las herramientas para reducir al mínimo la repitencia y la deserción escolar. En otro orden, se impone la generación de espacios de recreación para los adolescentes, que desde hace tiempo no estarían encontrando actividades más atractivas que escuchar música y tomar cerveza hasta la madrugada en los carriles internos de la plaza San Martín. También es indispensable la creación de micro-emprendimientos productivos con financiación estatal para rescatar del vagabundeo a los que no tienen trabajo y, en la mayoría de los casos, difícilmente puedan conseguirlo, ni en la órbita privada ni en la estatal, en función de sus antecedentes.
Todos desempeñamos un rol en esta cruzada por una convivencia armónica, desde las autoridades, los padres, los vecinalistas, los comerciantes, los periodistas, los vecinos. Nadie es ajeno a esta problemática tan extendida. Sin demandas histéricas de “mano dura”, sin criminales “escuadrones de la muerte”, sin apelaciones exacerbadas a la “justicia por mano propia” y, desde ya, sin mirar para otro lado, la sociedad civil aún tiene cosas por hacer, empezando por dejar de fabricar excluidos y arrojarlos a la buena de Dios.

(Publicado el viernes 14 de marzo de 2008 en diario El Informe)