Bajo el argumento de que la provincia de Santa Fe tiene un “alto rendimiento fiscal”, los mandatarios municipales y comunales de extracción justicialista abroquelados en el Frente para la Victoria, se reunieron el último fin de semana en la ciudad de Cañada de Gómez para reclamar una nueva ley de coparticipación. Los participantes del foro -asistió el intendente venadense José Freyre- consideran oportuna la implementación de un modelo análogo al vigente en las provincias de Córdoba y Buenos Aires. En tal caso, la coparticipación se incrementaría en dos puntos, del 13,43 al 15,43 por ciento, que se traduciría en un aumento de los ingresos a distribuir en poco más de 100 millones de pesos. Si bien se ocuparon de establecer que no se trata de un reproche al gobierno del Frente Progresista -hasta el punto tal que valorizaron los adelantos de coparticipación otorgados-, los funcionarios opositores creen que “los municipios no tienen demasiadas opciones de financiamiento” y, en este sentido, los ingresos por coparticipación son indispensables para solventar el pago de los sueldos y la prestación de los servicios públicos. Asimismo, los protagonistas del Foro sostienen que la provincia “mantiene una excelente performance fiscal mientras que muchos de los municipios y comunas de la provincia están teniendo serios problemas para financiar su funcionamiento”.
En general, los planteos parten de bases ciertas, pero se debilitan por evitar las mismas consideraciones políticas respecto del Gobierno nacional, que reniega del federalismo, engrosando la recaudación mediante cuantiosos tributos no coparticipables con las provincias, como las retenciones al agro y la Ley del Cheque, perjudicando por consiguiente a municipios y comunas. Al mismo tiempo, desconoce el cumplimiento de los nuevos criterios de coparticipación federal contemplados en la reforma constitucional del ’94, aun contando con mayoría en ambas cámaras legislativas. Además, los que, desde el ’83 a la fecha, suscribieron pactos lesivos con la Casa Rosada para los intereses de sus municipalidades y comunas, fueron los gobiernos justicialistas que se sucedieron en el poder político santafesino, con el respaldo de la dirigencia territorial que recién ahora se atreve a levantar la voz. También puede citarse que desde diciembre pasado los mandatarios del PJ ya no cuentan con el auxilio discrecional de la caja provincial de un gobierno afín, y entonces están urgidos de estas reformas; caso contrario, no tendrían otra opción que fijar fuertes ajustes tributarios locales, como ocurrió en la vecina administración rufinense y, en menor medida, en Venado. Entre los gobiernos quejosos, también se incluyen algunos que no se caracterizaron por desarrollar administraciones prolijas, aun cuando fueron reelectos por la ciudadanía.
Hace largos años que las provincias sufren un despojo injusto e ilegítimo por parte del Estado nacional, en términos de distribución de impuestos, que se manifestó en la dictadura y se profundizó en la democracia, incluso de la mano de mandatarios y legisladores de origen provinciano. A estas alturas, para desterrar esta rémora, los dirigentes deberán sacarse de encima los condicionamientos de las disciplinas partidarias y actuar desde una perspectiva institucional; así pues, resultarían más creíbles las demandas de los intendentes y jefes comunales del kirchnerismo si, al mismo tiempo, se hicieran cargo de reclamarle al gobierno de su mismo signo en el orden nacional, la reinstauración de los conceptos elementales del federalismo, desde el enorme poder político que controla.
(Publicado el martes 4 de marzo de 2008 en diario El Informe)
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