Mientras la Ley de Acceso a la Información Pública resultó sistemáticamente obstaculizada por la mayoría del PJ en el Senado provincial, a pesar de los esfuerzos del entonces gobernador Jorge Obeid -autor de la iniciativa-, en la ciudad capital todos los sectores políticos coincidieron ahora en la importancia de contar con esta norma tan ligada al origen del sistema republicano, donde “la publicidad de los actos de gobierno es considerada un principio esencial, en contraposición al secreto y la oscuridad en el ejercicio del poder”, planteó Barletta en sus fundamentos. De esta manera, una vez reglamentada la ordenanza, toda persona física o jurídica, pública o privada, tendrá derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna sobre lo que decida hacer cualquier gestión local, “atendiendo al carácter de bien social que ostenta la información pública”.
Los interesados deberán completar un sencillo formulario provisto por la Municipalidad y en el acto recibirán una constancia del trámite iniciado, abriéndose automáticamente un plazo de 15 días hábiles administrativos -prorrogables por diez más, si fuera necesario- para brindar los datos requeridos. Nadie deberá abonar ningún tributo por la gestión, ni estará obligado a explicar los motivos del pedido de información, ya que, según el criterio progresista de esta norma, son los gobernantes los que deberán justificar la negativa a informar y no los peticionantes los que deban demostrar un “interés legítimo” en la demanda.
Otro aspecto elogiable de la iniciativa es que no sólo deberán suministrar información los órganos pertenecientes a la administración pública municipal, sino también las entidades autárquicas, sociedades anónimas con participación estatal, sociedades de economía mixta, Tribunal de Cuentas, Tribunal de Faltas y Concejo Municipal, como así también las empresas privadas o entidades públicas prestatarias de servicios públicos municipales.
“Sólo los ciudadanos que tienen verdadera información podrán tener una opinión política efectiva respecto de cuáles han sido los actos de sus gobernantes”, coincidieron ediles del Frente Progresista y el Frente para la Victoria, augurando que el flamante mecanismo se convertirá en una eficiente herramienta de control para garantizar la transparencia administrativa en la ciudad.
En ese mismo sentido se pronunció el Foro de Comunicación Santafesino (Focos), interpretando que la sanción de la ordenanza contribuirá al mejoramiento de la calidad institucional. “Desde Focos -se señala- siempre se ha sostenido que el acceso a la información pública es un derecho que excede el reclamo específico de los trabajadores de prensa y que su vigencia permitirá avanzar en la profundización de la democracia, aportará transparencia a los actos de gobierno y promoverá la participación ciudadana”.
Hace poco, Tierra del Fuego ofreció un gesto institucional edificante con la regulación de las pautas estatales de publicidad en los medios, y ahora es la ciudad de Santa Fe la que se embarca en el mismo cometido de reducir los niveles de discrecionalidad en la función pública, siendo más destacable aún que sendas iniciativas hayan partido de grupos políticos que hoy se encuentran en el ejercicio del poder. Otras provincias y otras ciudades, tal vez, podrían adoptar más adelante estos modelos que, por ahora, son excepciones.
(Publicado el martes 18 de marzo de 2008 en diario El Informe)
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