Aunque el congreso del justicialismo santafesino realizado el sábado último en la ciudad capital de la provincia estuvo lejos del marco multitudinario que esperaban sus organizadores, de todos modos adquirió una fuerte repercusión mediática por el cuestionable discurso de uno de sus miembros, Angel Piaggio, quien convocó a la dirigencia partidaria a “ponerle piedras en el camino” al gobierno del Frente Progresista que lidera el socialista Hermes Binner. En esas mismas deliberaciones, los congresales formalizaron una suerte de pacto para que ninguno de los funcionarios y dirigentes santafesinos del peronismo aceptaran la iniciativa oficialista de propiciar una reforma de la Constitución, a los efectos de evitar un proceso electoral de convencionales constituyentes en 2009.
La actitud temeraria del ex intendente de Santo Tomé descoloca a todo el PJ, que más de una vez fue denostado por no actuar con criterios constructivos en el rol de la oposición. Más aún, no se escuchó ningún pronunciamiento de dirigentes de ese partido en discordancia con la desafortunada intervención de Piaggio, aunque sí se escandalizaron porque la vicegobernadora Griselda Tessio deslizó un vínculo histórico entre el movimiento peronista y el fascismo europeo.
La declaración es preocupante, sobre todo por el “efecto contagio” en las líneas inferiores (el lunes fue sugestiva la crítica mordaz de la concejala local Bibiana Pieli a la tarea comunitaria de pintar las deterioradas escuelas santafesinas, más aún desde su condición de docente), que a veces nubla la vista de la dirigencia, desembocando en el privilegio de los intereses partidarios, por encima de las necesidades de la gente. En este sentido, los peronistas deberían recordar la frase acuñada por su jefe: “Primero la Patria, después el Movimiento, y por último los hombres”. Hasta ahora, la actuación de los legisladores justicialistas en ambas cámaras no merece, de ningún modo, calificarse de “obstruccionista”, pero habrá que evaluar cómo se desenvuelven desde ahora, tras este congreso, donde, llamativamente, no se planteó una oposición a hipotéticos contenidos de la reforma constitucional -nuestra provincia es una de las más atrasadas en ese sentido-, sino que, directamente, se intenta frenar cualquier debate sobre esta cuestión, a pesar de su enorme trascendencia institucional. “Ningún órgano de inferior rango, ni dirigente partidario y/o legislador fijará posición hasta que un congreso extraordinario se pronuncie sobre el tema…”, sentencia el lapidario dictamen. “No queremos que nos pase lo mismo que con la ley de lemas. Nos empujaron a la derogación y así nos fue”, admiten en el justicialismo del sur-sur, que con esta medida se propone ganar tiempo en medio de la gran confusión reinante desde la derrota electoral, agravada por el progreso de la regionalización impulsada por Binner, que no sólo amenaza con recortar el poder político de los senadores, sino también con tender generosos puentes entre la Casa Gris y decenas de jefes comunales del PJ.
Nada mejor le pudo pasar al gobierno provincial que, desde un congreso justicialista, se blanqueara aquello de “las piedras en el camino”, aunque tampoco los binneristas deberían aprovecharse del desliz, y descalificar por presunto obstrucionismo a cualquier crítica proveniente de la oposición, sea del justicialismo, o de cualquier otro sector político o social de la sociedad santafesina.
(Publicado el miércoles 20 de febrero en diario El Informe)
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