Cumbre política por colectivos y radares aleja a Venado del "Estado bobo"

El miércoles último los venadenses fueron testigos de las bondades, en el ámbito político local, de la institucionalidad, esa palabreja tantas veces gastada con fines marketineros, o meramente academicistas, pero que, en rigor, está muy atada a los intereses tangibles de la gente. Sucedió en el Concejo, con los ediles como anfitriones, y el intendente José Freyre y sus principales colaboradores, como visitantes. ¿Temario? El transporte urbano de pasajeros y los radares, ambos estrechamente vinculados a esa bomba de tiempo que representa para las autoridades el tránsito en las calles de la ciudad y las rutas que la atraviesan. Tan lejos de los congresales del justicialismo santafesino que convocan a poner piedras en el camino del gobernador Hermes Binner, como de los arrebatos de patrón de estancia de un Roberto Scott que violaba sus deberes de funcionario público una y otra vez en su relación con los concejales (no les respondía los pedidos de informes, no asistía a la apertura del período de sesiones ordinarias, intentaba presionarlos demorando los pagos, los amenazaba con incendiarles el edificio o sustituirlos por una junta de notables, etc.), Freyre concurre al recinto, debate mano a mano con los líderes de la oposición, y en conjunto, se generan resoluciones favorables para los intereses de la población. Cualquiera que examine la propuesta de la misteriosa cooperativa de transporte (Cooptra), como también de las dos empresas de radares, se dará cuenta enseguida de las condiciones leoninas pretendidas. Asimismo, se sospecha que otro gobierno, más personalista, menos dispuesto al diálogo con el Concejo, y tradicional gestor del Estado bobo, se hubiera adaptado a esas condiciones, quién sabe con qué oscuros intereses de por medio. Pero en este miércoles inédito, la Intendencia y los cuatro bloques legislativos coincidieron en el enérgico rechazo de tan voraces demandas, que al estilo de las privatizaciones de los ’90, pugnaban por garantizarse desde el vamos generosos márgenes de rentabilidad a costa del erario público. Las empresas de radares, por ejemplo, solicitaban entre el 70 y el 77,5 por ciento de cada infracción cobrada. Para colmo, todo el proceso se encriptaría en sus propias bases de datos, es decir que la Municipalidad apenas cedía el nombre para legalizar la operación recaudatoria, sin incluirse ninguna herramienta de concientización de los transgresores.
Por otra parte, la Cooptra no presenta antecedentes, capital ni conformación. Tampoco especifica las características de los móviles y, alimentando las dudas deslizadas sobre su solvencia, admite que los mismos serían adquiridos por el sistema de leasing (alquiler con opción a compra mediante operatoria bancaria). Al mismo tiempo destacan que “los recorridos actuales están bien diseñados”, que Venado Tuerto es “una ciudad con más de 150 mil habitantes”, y que el servicio fracasó por la “incompetencia de los choferes”.
En otro párrafo, desbordante de voluntarismo, los presuntos cooperativistas foráneos, que ayer desembarcaron de improviso en el Concejo, advierten sobre la necesidad de subvencionar la prestación del servicio desde el comienzo, “hasta lograr la autosustentabilidad del mismo. Este período, creemos, que no va a ser demasiado extenso (sic)”.
En ambas cuestiones, mal que le pese, el oficialismo soportó ciertos costos políticos, pues la Cooptra fue bendecida solapadamente desde fines del año pasado por encumbrados funcionarios scottistas, que hoy integran el gabinete, y si bien el intendente Freyre se esforzó por despegarse, fue el propio secretario coordinador Hernán Roma el que depositó la carpeta en el Concejo, dándole a la iniciativa una solemnidad institucional que de ninguna manera merecía. Con relación a los radares, más allá del valioso consenso alcanzado para abortar ambas ofertas, los ediles recordaron a la delegación oficialista que el gobierno scottista no había cumplido en su momento con la obligación de enviarles los pliegos de la licitación. Ahora bien, no obstante la evidente matriz scottista de sendos proyectos, también es cierto que el porotismo estampó su firma en el certificado de defunción de los mismos, como supo hacerlo con la controvertida tercerización de Hacienda, aun cuando en este caso no habría idéntico consenso con los ediles opositores, que no estarían dispuestos a blanquear en el presupuesto la erogación de más de dos millones de pesos que requiere el acuerdo de rescisión hilvanado entre la Intendencia y la concesionaria.
De todos modos, estos episodios conflictivos no impedirían la maduración de futuros consensos, ni en uno ni en otro tema. Con el sistema de colectivos, resistida la embestida de Cooptra, se despliega un abanico de posibilidades, incluyendo la municipalización del servicio, según el criterio porotista; el otorgamiento de la concesión a una cooperativa venadense -a formar-, como postula la concejala vianista Patricia Romero; y un sistema mixto, impulsado desde el bloque socialista. Aun con diferencias, ninguna de ellas sería insalvable para conciliar posiciones, primero, y brindarle a la población, después, el transporte de excelencia que se necesita.
Mientras tanto, a los efectos del control de la velocidad en las rutas, se contempla la formación de una comitiva de la Intendencia y el Concejo para viajar a la Casa Gris en busca de sintonizar con los lineamientos provinciales en materia de seguridad vial, aunque si esta expectativa de uniformidad se dilatara, Freyre anticipó su propuesta de radares municipalizados y cobranza tercerizada. Aun así, la experiencia dicta que no bastan los radares para impedir los excesos de velocidad y, en ese sentido, es aconsejable, como lo sugirió el edil Fabián Vernetti, que se sistematicen los operativos -con inspectores de tránsito y policías- en los tramos urbanos de las rutas 8 y 33, que hasta ahora se erigieron en el método más efectivo para conseguir los objetivos planteados, aunque con ello se reduzca esa cuantiosa caja de recursos provenientes de las multas, que tanto desvela a muchos intendentes y jefes comunales.

(Publicado el viernes 22 de febrero de 2008 en diario El Informe)