Defensor del Pueblo, otro aporte bienvenido

Las siempre complejas relaciones entre las autoridades del Estado, cualesquiera sea su nivel, y los ciudadanos, generan tensiones que despiertan la necesidad de fundar herramientas idóneas para restablecer el deseable equilibrio. Aun cuando, en teoría, el Estado tiene el deber de proteger a las personas, en la práctica se suceden distorsiones (avasallamientos de las libertades), que se potencian cuando coinciden las tendencias hegemónicas y nepotistas de los gobernantes, con opositores débiles (o complacientes) y una población despreocupada de los asuntos públicos. En la actualidad, una de las figuras más utilizadas para combatir estos desequilibrios en la función pública es la del Defensor del Pueblo, cuyos orígenes se remontan al defensor civitatis, una magistratura municipal cuya misión era velar por el pueblo que padecía las incontrolables exacciones y abusos de los funcionarios imperiales y la crisis económica que afectó al mundo romano desde el Siglo III.
Si bien en los ’90, esta misma administración scottista impulsó una Defensoría del Pueblo -en la misma sede de San Martín y Marconi-, la experiencia se fue diluyendo sin pena ni gloria. Ahora, a través del concejal Miguel Pedrola, vuelve a la carga con un proyecto de ordenanza para la instauración del Defensor del Pueblo u Ombudsman (“protector del hombre”), admitiendo que los venadenses no cuentan con un “sistema ágil” para la investigación de irregularidades en la Municipalidad.
En adelante, los distintos bloques legislativos tendrán que debatir sobre la competencia, jurisdicción y elección del Defensor del Pueblo, ya que la actividad suele mostrar sustanciales diferencias, según cómo se instrumente. De todos modos, es un dato auspicioso que desde el oficialismo se proponga que la facultad de designar al Defensor del Pueblo y su adjunto sea del Concejo, y por mayoría simple. También que la duración en el cargo sea de dos años, y con una sola posibilidad de reelección.
Así como merece rescatarse la idea opositora de contratar asesores externos para optimizar la tarea fiscalizadora del Concejo, también hay que darle la bienvenida al proyecto de Pedrola, pues las incumbencias del Defensor del Pueblo, si no se distorsionan desde el vamos, podrían favorecer los objetivos de transparencia, una de las mayores deudas pendientes de este gobierno municipal, aun cuando sea la menos demandada por la sociedad venadense. Asimismo, algunos optimistas observadores suponen que un Ombudsman eficiente, imparcial y comprometido, cubriría el hueco que suelen dejar los miembros del Poder Judicial en el ámbito regional, bajo la justificación de no judicializar la política.

(Publicado el martes 7 de agosto de 2007 en El Informe de Venado Tuerto)

1 comentario:

Miriam dijo...

Coincido en lineas generales con esta historia del defensor del pueblo... veremos instrumentaciones... Una coincidencia: tambien prefiero el Baron B (hay sutilezas ahí?) Buena idea la de la encuesta.