La semana que viene, por fin, empezará el debate del proyecto de ley de las retenciones móviles; en el Congreso de la Nación, como debe ser. En marzo, poco después de firmada la resolución ministerial 125, se había intentado derogarla en Diputados, en una sesión de madrugada. Casi nadie se enteró de esa reunión que acabó con una aplastante ratificación de la mayoría oficialista. Ahora, el escenario se modificó sustancialmente, porque todo un país está atento a la decisión de sus representantes, y siempre se legisla mejor cuando el funcionario se siente observado por sus votantes. Cuando ello no ocurre, es más probable que el político de procedencia oficialista se incline por acatar mansamente la instrucción presidencial, practicando la obediencia debida. En cambio, la presión de gobernadores, legisladores provinciales, intendentes, presidentes comunales, entidades agropecuarias, cámaras industriales, recuerda a los diputados y senadores nacionales que, esta vez, los compromisos son otros. Nada mejor que despertar simpatías en la Casa Rosada, sobre todo si se trata de complacer a los impiadosos Kirchner, pero en los pueblos del interior, como contrapeso, crece el rechazo a la nueva imposición tributaria en los términos vigentes. En este sentido, el kirchnerismo saca cuentas, sumando los propios y los aliados, pero entre unos y otros se anuncian bajas, hasta el punto tal que ni siquiera podrían formar quórum propio para el tratamiento de la iniciativa presidencial que, en principio, aspira a la ratificación, por ley, de la 125. Tampoco la fragmentada oposición coincide, hasta el momento, en otra cosa que no sea repudiar el proyecto del oficialismo. Hoy, los sectores de más fuertes liderazgos, como el kirchnerismo y la Coalición Cívica de Elisa Carrió, establecen posturas de máxima, desde aprobar las retenciones móviles sin tocar ni una coma, hasta la derogación lisa y llana de la polémica resolución. El ala dura kirchnerista considera que ceder en las retenciones originales equivaldría a perder la batalla, y antes que digerir ese título, optaría por ensanchar la base de los beneficiados por los reintegros (incluyendo a productores de hasta mil toneladas anuales) y otorgar otras ventajas para reducir los costos de producción. Así, mermarían las expectativas recaudatorias, pero el Gobierno y sus retenciones saldrían políticamente ilesos de la excursión por el Congreso.Sin embargo, es posible que en los próximos días, conforme se acerque el tratamiento de la cuestión de fondo, los proyectos más antagónicos comiencen a confluir en un punto medio, tan lejos de las discrecionales retenciones móviles actuales, como de un derecho de exportación insignificante para la necesidad estatal de orientar con recursos propios las actividades productivas en función del interés nacional. En este sentido, una de las propuestas más equilibradas la deslizó un grupo de legisladores del Frente para la Victoria, que apuesta a un mix, con una retención fija para la soja de entre el 35 y el 40 por ciento, por ejemplo, y hacia arriba una banda de retenciones móviles, en función del precio internacional del producto, hasta un techo del 45 por ciento, o algunos puntos más, con la particularidad de que el monto adicional ingresaría a las arcas fiscales como anticipo del impuesto a las ganancias que luego debe abonar el producto agropecuario. De esta manera, se estimularía un blanqueo de contribuyentes y un aumento en la recaudación por dicho tributo, que es coparticipable con las provincias. Luego, esta iniciativa se complementaría con reintegros y subsidios a pequeños y medianos productores, sobre todo los radicados en zonas más desfavorables y distantes de los puertos. No obstante, a los opositores que aceptan una retención mayor del 35 por ciento se les complica la defensa del sistema de reintegros, porque los productores no creen -y tienen sus motivos- en ese compromiso oficial. Otros sectores, como el socialismo, impulsan las retenciones segmentadas, según la extensión y la zona de explotación, pero admiten que en la práctica ese trámite es harto dificultoso. Las alternativas que se barajan son numerosas y, por lo general, superadoras del proyecto presidencial -muy atado a un afán recaudatorio-, porque cuidan aspectos desatendidos por la resolución original, no sólo en cuanto a la distinción entre chicos y grandes, sino también en la voluntad de equilibrar los ingresos entre Nación y provincias, pues, como se sabe, las retenciones garantizan recursos al Estado nacional, pero con el efecto indeseable de reducir los montos coparticipables para las provincias. En este sentido, también se abre una puerta para conciliar el destino de los excedentes de la retención tomada como piso de referencia, que tal vez deberían volcarse íntegramente a favorecer la reducción de costos de la producción agropecuaria, subsidiando la incipiente industria nacional de fertilizantes o resucitando el sistema ferroviario de cargas, por ejemplo. En su momento, el Gobierno había prometido hospitales, caminos y viviendas, pero con el objetivo de aislar la protesta chacarera.
De Angeli en Venado
En este marco de negociaciones, también es auspicioso que la Casa Rosada se acuerde de la agricultura familiar y de la reforma de la ley de contratos agrarios, ya que se requiere de una política agropecuaria integral y no sólo de un ajuste de las retenciones. En lugar de escandalizarse por el maridaje de la Federación Agraria con la Sociedad Rural, el kirchnerismo tendría que replantearse porqué desoyó una y otra vez las demandas de los federados que esta semana celebraron el 96º aniversario del Grito de Alcorta. El año pasado, el Concejo venadense fue sede de una reunión organizada por Federación Agraria, con la agricultura familiar como tema convocante. Con la presencia de su presidente, Eduardo Buzzi, y un ignoto entrerriano, llamado Alfredo De Angeli, se reclamaban aranceles e impuestos diferenciales para los pequeños agricultores y, en especial, para los que viven en el campo. También se discutió sobre la extranjerización de la tierra y la creciente pérdida de pequeñas explotaciones agrícolas ante el formidable proceso de concentración de la tenencia y la producción de la tierra. Incluso, de ese mismo encuentro surgió un proyecto de ley y un plan de acción para impulsarlo, pero todo de desbarrancó con la resolución 125. Ese mismo día, el 11 de marzo, la Federación Agraria protestaba contra las terminales portuarias de granos de Dreyfus y Cargill. “Nos vemos en la obligación de defender los intereses de los pequeños y medianos productores ante la enorme transferencia de recursos que se realiza en los distintos mercados”, aseguró el director de FAA, Silvio Corti, para luego agregar que “responsabilizamos a las grandes empresas multinacionales de esta situación y por este motivo vamos a manifestarnos allí”. También sostenía el dirigente, casi al mismo tiempo que el ministro Martín Lousteau anunciaba las retenciones móviles, que “los más perjudicados por la falta de políticas en el sector agropecuario son los productores más pequeños que se ven obligados a vender a precios muy por debajo de los que ofrece el mercado internacional”. Para más datos, Corti se ilusionaba con el posible apoyo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), pero ni siquiera mencionaba a la Sociedad Rural. Sí, en cambio, insinuaba, sin cuestionar abiertamente al Gobierno, los perjuicios que la falta de políticas agropecuarias ocasionaba a los pequeños productores.
Luego, los arrogantes Kirchner, que no supieron contener las demandas progresistas de los pequeños y medianos productores representados por la Federación Agraria, ni, muchos menos, respaldar la presión agraria sobre los grandes pulpos exportadores, los transformaron en golpistas de la noche a la mañana, olvidando los antecedentes históricos e inmediatos de la FAA, pero no tanto por la alianza táctica con la Sociedad Rural, sino por responder al reclamo de las bases, en lugar de obedecer a la Casa Rosada.
Desairar al matrimonio presidencial, como puede apreciarse, tiene un alto costo, porque la revancha incluye represalias políticas, económicas y judiciales. Aun así, un puñado de legisladores oficialistas podría inclinarse por una propuesta de consenso, que salve a los Kirchner de sus propias torpezas y, sobre todo, que ayude a los argentinos a recuperar la sensatez. No será nada fácil. Anoche, el presidente del PJ salió a marcar la cancha en otro discurso áspero, criticando a los peronistas que retroceden ante la amenaza de la oligarquía nativa. Con estos criterios absurdos desde la cúspide del poder político, quizá podamos dejar atrás este conflicto, pero asoma en el horizonte una Argentina autoritaria, donde no ser kirchnerista será mala palabra.
(Publicado el viernes 27 de junio de 2008 en diario El Informe)
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