Hoy, más que nunca, son bienvenidas las voces que exigen la reanudación del diálogo entre el Gobierno y los sectores de la producción agropecuaria, porque la paz social está en peligro desde el súbito regreso a los cortes de rutas, esta vez por la acción de transportistas cerealeros agobiados por la falta de trabajo. Cuando la sociedad reclamaba a coro la desactivación de un conflicto que se había apaciguado en sus metodologías de protesta -aunque sea notoria la caída de la actividad económica-, esta nueva amenaza de desabastecimiento multiplicó el malestar de la gente, al mismo tiempo que despertó sospechas sobre la presunta incentivación política de las medidas extremas de los transportistas, pues ayer mismo se sucedió una avalancha de embates del Gobierno contra el campo por el desabastecimiento y el desperdicio de alimentos, dejando a salvo a los camioneros que cortaron las rutas y, por supuesto, eludiendo cualquier responsabilidad política propia. En este sentido, uno de los discursos más crispados fue, una vez más, el de la presidenta Cristina Fernández durante un acto en La Matanza, denunciando que sólo puede estar 90 días sin trabajar el que acumuló mucha riqueza, en otra muestra de desconocimiento de los ciclos productivos del agro. Hasta el abúlico gobernador bonaerense Daniel Scioli, con el fanatismo de los conversos, se colocó detrás del atril en ese mismo acto y, al estilo K, bramó: “Con la comida no se jode”, aunque se desconoce si aludió a los centenares de camiones varados en las rutas, o al huevazo escrachador que se estrelló contra el avión provincial que el lunes último trasladó a Venado por motivos particulares a su esposa Karina Rabolini, en coincidencia con la caravana del Centro Comercial a la rotonda de rutas 8 y 33 en apoyo a los productores agropecuarios.
Volviendo a la línea dura, la Presidenta reeditó sus discursos incendiarios contra los productores -los culpó de avaricia, pero desde la soberbia, para no ser menos ni siquiera en la comisión del pecado-, en la misma jornada que desde el gobierno socialista de Hermes Binner, hasta la Conferencia Episcopal de la Iglesia, se lanzaron sendas convocatorias al diálogo, acordando en el pedido de “gestos de grandeza”. Como para neutralizar estas demandas de reconciliación, el Gobierno usó todos los micrófonos para reavivar los antagonismos, en una evidente incitación a radicalizar la protesta. En este sentido, no fue casual que Cristina se refiriera a la avaricia como “uno de los pecados que Dios más condena”. Temía un pronunciamiento adverso de la Iglesia, y entonces atacó al campo en el idioma de los obispos.
Binner y Bergoglio
Desde nuestra Santa Fe agrícola, ayer surgieron voces que los Kirchner deberían escuchar, como la del gobernador Hermes Binner, que viajó a San Nicolás para solidarizarse con los dirigentes del campo y la oposición citados a declarar en Tribunales, y señaló que acababa de solicitar una audiencia con la Presidenta. Además, en un anticipo de sus objetivos, el socialista manifestó que “este conflicto se destraba con un acto de grandeza del Gobierno”, a la vez que insistió en que “no debe haber vencedores ni vencidos”. Por la tarde, recibió a los ruralistas en la Casa Gris, los conminó a terminar con los paros y convocó al Gobierno a revisar las retenciones y conciliar políticas para el sector desde el Consejo Federal Agropecuario ampliado. En la mañana, el fortalecido senador nacional Carlos Reutemann había sugerido a la primera mandataria que “mire para adelante, como estadista”, alertando sobre el probable desborde del conflicto.
Luego, la Iglesia, a través de la Conferencia Episcopal Argentina, emitió un documento de fuerte contenido político, tomando distancia del rol de mediación que algunos le demandaban, y advirtiendo que el Gobierno tiene la mayor responsabilidad de convocar al diálogo, como así también que el país cuenta con las herramientas institucionales para solucionar el problema. En este sentido, introdujo una sutil crítica a los procedimientos del Poder Ejecutivo, con el pedido de una vigencia “más plena” e independiente de las instituciones de la República, en referencia al Congreso de la Nación y el Poder Judicial, insinuando que en el primero de los poderes deberían debatirse los impuestos a las exportaciones, y que el segundo es el ámbito para controlar las transgresiones constitucionales. En un marcado posicionamiento crítico respecto de las políticas oficiales, que adquiere más vigor luego de la reciente visita presidencial a El Vaticano, los obispos liderados por el cardenal Jorge Bergoglio, también llamaron a promover un “verdadero federalismo”, en sintonía con las demandas del interior que refuerzan la protesta del campo. En una de las frases más contundentes del documento titulado La Nación requiere gestos de grandeza -que no tiene nada de tibio-, la Iglesia sentencia que “ni la moderación en la demanda, ni la magnanimidad en el ejercicio del poder, son signos de debilidad”, en un pedido a ruralistas y camioneros para abandonar las rutas y los paros, y al Gobierno para propiciar el “urgente llamado a un diálogo transparente y sincero”.
Retroceder jamás
El próximo martes 10 de junio, la Presidenta cumplirá medio año de mandato, y ese día las crónicas puntualizarán que la mitad de dicho lapso habrá transcurrido en litigio con el campo. Tal vez el Gobierno considere propicio estirar la porfía, en busca de debilitar al adversario, hasta erigirse en el triunfador, sin evaluar los riesgos de una victoria pírrica para los argentinos, por efecto de ese empecinamiento. Es razonable que la Casa Rosada no admita mediadores, porque ello sólo tendría sentido, por ejemplo, en un diferendo binacional, entre pares, como ocurrió con Uruguay por las pasteras, en la Corte Internacional de La Haya. Sin embargo, se equivocan los Kirchner cuando interpretan el conflicto como una mera demanda sectorial. Eso pudo ser así en sus inicios. Pero, hoy, la mayoría del espectro político, económico y social del corazón productivo del interior del país, solicita el inmediato examen de la Resolución 125, abarcando gobernadores, intendentes, legisladores y referentes partidarios del justicialismo. Todos coinciden en la torpeza de debilitar con retenciones abusivas la recuperada rentabilidad de los pequeños y medianos productores, que invierten fuertemente en sus propios pueblos, obligándolos a ingresar en laberínticos sistemas de reintegro de pésimos antecedentes y dudoso futuro, para desembocar en un desaliento de la producción, que deteriora los ingresos coparticipables de provincias y municipios. En tanto, los pools sojeros que proliferaron en el lustro K y hacen lloriquear a la Presidenta en Europa, en la Argentina concretan suculentos negocios, por escala y exenciones impositivas (incluso con retenciones del 50 por ciento o más), al mismo tiempo que encarecen el alquiler de la tierra a los pequeños arrendatarios, como así también elevan el precio que cobran los contratistas -que priorizan las grandes extensiones- para labranzas, cosechas, fumigaciones y otras labores. Luego, los pequeños productores, impedidos de emprender sus propias empresas, acaban alquilando sus hectáreas a los pools, en un paulatino proceso de concentración de la riqueza, éxodo de agricultores de los campos y debilitamiento de la economía de los pueblos. Una política tributaria progresista no debería confundirse con reintegros burocráticos, sino segmentar las cargas en función de la extensión de la tierra y los rendimientos de la explotación o, en su defecto, fijar un impuesto coparticipable a la renta extraordinaria. De estos y otros tantos temas habría que debatir en el marco de un diálogo sincero entre los actores involucrados, pero el Gobierno se obstina en rechazarlo con discursos de guerra. El matrimonio presidencial no atiende ni a su secretario de Agricultura; tal vez la Iglesia y el socialismo, con sus apelaciones a la reconciliación, están cometiendo un pecado, no de soberbia ni de avaricia, sino de ingenuidad.
(Publicado el viernes 6 de junio de 2008 en diario El Informe)
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