Con tres meses de demora, el diálogo por las retenciones se recrea en el Congreso

Luego de un largo tiempo de ostracismo, las luces se encendieron nuevamente en los salones, despachos y pasillos del Congreso de la Nación, como en aquellas sesiones maratónicas de los albores de la restauración democrática en los ’80, con memorables debates sobre temas que la larga noche dictatorial había postergado sin plazos. Más adelante, en nombre de la emergencia económica, ese mismo Parlamento delegó facultades -los superpoderes- en la Casa Rosada, y se replegó a un discreto segundo plano, deteriorando la división de poderes y el federalismo.
Ahora, los argentinos aguardamos con ansiedad que el próximo lunes comience, en la Cámara de Diputados, el debate de la ley de retenciones móviles que la presidenta Cristina Fernández envió -con tres meses de demora- para su tratamiento. Desde cada provincia, se observa con inusual interés el comportamiento de los legisladores nacionales, y en la mayoría de los casos, los ciudadanos recién descubren quiénes son sus representantes. Sucede lo propio en Santa Fe, con sus 19 diputados nacionales (nueve del Frente para la Victoria; seis del socialismo; dos de la Coalición Cívica; uno de la UCR y uno del ARI) y sus tres senadores nacionales (dos del Frente para la Victoria y uno del socialismo). Los legisladores más famosos del oficialismo defienden posiciones antagónicas: el diputado Agustín Rossi es uno de los baluartes de las retenciones móviles, y el senador Carlos Reutemann respaldó desde el vamos las protestas del campo. Mientras tanto, así como están los más disciplinados dispuestos a refrendar a libro cerrado el proyecto presidencial, y también se encolumnan los opositores pertrechados para derrumbarlo, hay otros, como el diputado nacional Jorge Obeid, que ofrecen criterios superadores, “esto tiene que ser debatido, como todos los temas que entran al Congreso, escuchando a los sectores involucrados”, opinó. Y a la vez, consideró que “esta es la oportunidad” de producir modificaciones a la resolución original, sobre la base de que “si hubiera sido tan buena, no habría generado tanta resistencia”. El ex gobernador santafesino -ausente en el acto de Plaza de Mayo- agregó: “Creemos que se puede mejorar el sistema, porque mandar la ley al Congreso no es una forma de sacarse el problema de encima. Si vamos a tener la responsabilidad, vamos a actuar con responsabilidad (…) Yo espero que se abra la discusión y estoy convencido de que hay una gran cantidad de legisladores que no va a aceptar otra cosa”. Como cierre, estableció: “Estoy de acuerdo con la filosofía de las retenciones, pero también considero que se pueden hacer aportes para que la ley mejore y salga en beneficio del gobierno y de los productores”.
Solamente tendrá sentido este tratamiento parlamentario de las retenciones móviles si unos cuantos diputados oficialistas piensan como Obeid -está diseñando una alternativa junto con varios de sus pares, como el bonaerense Felipe Solá-, pues, en principio, la presentación del proyecto de ley condiciona a ratificar o rechazar la resolución ministerial, al estilo de táchese lo que no corresponda, con lo cual los más brillantes debates no servirían más que para el lucimiento de los oradores. En las actuales circunstancias, contribuiría tan poco a la solución de la crisis, la ratificación, como la derogación de la iniciativa, pues se impone una modificación de la misma en sus aspectos más cuestionables, a partir de la negociación y el consenso, que tanto le costó ofrecer al Poder Ejecutivo, pero que son características propias de los cuerpos parlamentarios.
El Gobierno fracasó en todos los intentos de maquillaje a la Resolución 125, y sumaría otra frustración, si decide abusar de la condición de mayoría legislativa para convalidar la norma. Este tardío desembarco del proyecto en el Congreso tiene que servir para conciliar las distintas posiciones en pugna, abriendo el debate con generosidad, no solo entre los legisladores, sino también convocando a los gobernadores y los productores agropecuarios. En este sentido, sería muy valioso que los debates, incluso en el seno de las comisiones, se televisen para que la ciudadanía pueda interiorizarse de la evolución de los acontecimientos.
Aunque el Gobierno se cree único depositario de la verdad revelada sobre la justicia social y la redistribución del ingreso, las fórmulas de instrumentación de ese modelo de gestión son numerosas, y no habría que descartar que de ese debate legislativo broten opciones más progresistas que las impulsadas en marzo. La Presidenta, que en su último discurso se jactó de haberse opuesto en los ’80 a la Ley de Obediencia Debida, debería actuar con esa misma impronta en esta ocasión, sin presionar a los legisladores oficialistas para acatar la disciplina partidaria, pues en su carácter de miembros de otro poder del Estado, y a la vez de representantes de sus territorios provinciales, los diputados y senadores peronistas podrían contribuir a perfeccionar el esquema de retenciones y sus adicionales de reintegros, mercados a término y planes sociales redistributivos.
En este momento, además del bloque oficialista más intransigente y del conglomerado opositor, existe un grupo de legisladores justicialistas (kirchneristas y no kirchneristas) que completaría la mayoría necesaria para garantizar la apertura del debate y, luego, tal vez, conciliar una ley que redistribuya las cargas impositivas con un sentido más ecuánime que el elegido por el Gobierno. El socialismo, por ejemplo, que lidera la coalición gobernante en nuestra provincia, insistirá con el pedido de convocar al Consejo Federal Agropecuario Ampliado y con la propuesta de que haya un mecanismo diferencial de retenciones, según sean pooles de siembra o pequeños y medianos productores.
No hay dudas de que, en el ámbito natural para tratar las cuestiones impositivas, se podría acordar un sistema que satisfaga las pretensiones presidenciales y las de los pequeños y medianos productores -hoy divorciados por la mutua beligerancia-, no sólo en el capítulo específico de las retenciones, sino en el conjunto de la política agropecuaria -una asignatura pendiente-, que también debe modelarse a la par de los legisladores y los gobernadores. Más aún, la ocasión podría ser propicia para dar una primera puntada modificatoria a la regresiva política tributaria nacional, que es muy dura con algunos sectores (sobre todo con los consumidores a través del IVA) y excesivamente contemplativa con otros, como la renta financiera, la minería, la pesca y el juego).
A estas alturas, cabe ilusionarse con la elaboración de una nueva ley superadora, porque hay muchos legisladores que ya están trabajando a destajo con ese objetivo, y también porque sería un suicidio político que el Gobierno dilapidara esta nueva chance, forzando la aprobación de las mismas retenciones móviles que desataron una ola de repudios en toda la Argentina. Los Kirchner deberían saber que el clima social no soportaría una aprobación automática del proyecto original.
Luego de tanta negación del diálogo, la de ayer, con la fulgurante aparición en escena del Congreso de la Nación, fue una jornada de auspiciosas conversaciones de intendentes y ruralistas con legisladores nacionales -con respeto y sin escraches-, e incluso entre los parlamentarios, en busca de facilitar la pronta apertura del debate de las retenciones y negociar proyectos alternativos.
Negociar, consenso, diálogo, son palabras que ayudan a construir, y que deberán ser más fuertes que las agresiones mutuas de los que no entienden la gravedad del conflicto, o que no sufren sus consecuencias como los sectores más vulnerables de la población.

(Publicado el viernes 20 de junio de 2008 en diario El Informe)