En las últimas semanas se intensificó la escalada de escraches en el marco del conflicto de casi tres meses entre el Gobierno y los productores agropecuarios, y uno de los que ocupó la atención de los medios nacionales fue el que nunca llegó a concretarse contra Karina Rabolini, la esposa del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli. Paradójicamente, aun cuando la dirigencia ruralista desmintió cualquier clase de escrache a las autoridades municipales, cuando la Caravana de la Reconciliación ya había llegado al campamento de la rotonda de rutas 8 y 33, los discursos se completaban y la desconcentración era inminente, bastó el trascendido de que Rabolini estaba a punto de arribar al aeródromo local para que el gentío enfilara presuroso con el supuesto propósito de repudiar a la ex modelo, en principio por su condición de consorte de un funcionario estrechamente ligado al kirchnerismo y defensor a ultranza de sus políticas agropecuarias. Por suerte para todos, la mujer no coincidió justo en ese momento, porque tal vez la hubiera pasado mal, y la imagen positiva de la protesta venadense corría el serio riesgo de resquebrajarse. Más allá de la explicación políticamente correcta de los organizadores sobre el presunto uso de un avión de la Gobernación bonaerense con fines particulares, lo cierto es que ese hallazgo -cuya gravedad institucional ameritaría una investigación- fue casual, ya que el objetivo de la acción masiva había sido la reprimenda a la glamorosa viajera.
Enterado del supuesto escrache a Rabolini, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, calificó el episodio -inexistente- como obra de “inadaptados”, generando el retruque -en declaraciones a Radio del Plata- del presidente del Centro Comercial a Industrial, Carlos Aldasoro, quien aclaró que los protagonistas habían sido productores, comerciantes e industriales. En este sentido, es oportuno observar que cualquiera sea la procedencia ideológica, económica o social de los escrachadores de turno, en esas ingobernables manifestaciones de masas -con veleidades justicieras- suelen adoptarse procedimientos distintos de los que se ejercerían en forma individual, con el agravante de accionar sobre personas que, por lo general, están en inferioridad de condiciones en ese sumarísimo juzgamiento.
Los escraches son gestos autoritarios y sancionatorios que cuentan con los peores antecedentes históricos y en nuestros tiempos son bendecidos por casi todos los sectores políticos, hasta los que se presumen progresistas e, incluso, están en el ejercicio del poder. Del escrache intimidatorio a la violencia explícita, hay un solo paso, y eso debe ser evitado, más aún en este escenario, en que los antagonistas son: un Gobierno de indiscutible legitimidad popular y decenas de miles de productores agropecuarios con razonables argumentos de protesta. En lugar de sumar elementos de tensión, Gobierno y campo deben volver cuanto antes a la negociación y desembocar en la reconstrucción de una alianza estratégica para no dilapidar la oportunidad histórica de mercados externos demandantes de alimentos y precios internacionales favorables, que deberían redundar en producciones agropecuarias rentables; un Estado con capacidad para orientar el desarrollo nacional con criterio federal y equidad social; y un pueblo sin angustias y con expectativas de superación.
(Publicado el miércoles 4 de junio de 2008 en diario El Informe)
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