Las incertidumbres que el último martes dejó el anuncio presidencial de enviar el proyecto de ley de retenciones móviles al Congreso de la Nación no se disiparon durante la jornada de la víspera, sino que se acentuaron, pues la iniciativa contiene una resolución del Poder Ejecutivo, que debería ratificarse o rechazarse por parte de los legisladores nacionales. En este marco, no sólo que la medida fue tardía, sino que podría resultar insuficiente a los efectos de descomprimir la tensión entre el Gobierno y los disconformes con sus políticas agropecuarias. Ya se anunció oficialmente que el tratamiento del proyecto oficialista comenzará el lunes próximo en las comisiones de Agricultura y Presupuesto de la Cámara baja, pero la oposición teme que no se genere el debate que el ruralismo y los argentinos pretenden. Que el proyecto se pueda ratificar o rechazar, pero no modificar, según resumió anoche el ministro Aníbal Fernández, significa una limitación del debate. En este sentido, se puede entender que el kirchnerismo esté dispuesto a votar a libro cerrado el proyecto presidencial, pero el resto de los legisladores no necesariamente acuerda con volver al esquema del 35 por ciento de retenciones fijas a la exportación de soja. Tanto es así que numerosos diputados nacionales, incluidos algunos miembros disidentes del Frente para la Victoria, deslizaron su voluntad de diseñar un esquema tributario más progresista para el campo, estableciendo mayores cargas para los 2 mil empresarios que producen la mitad de la oleaginosa en nuestro país, y favorecer con menores presiones tributarias, y hasta con subsidios, a los pequeños productores, para incentivar actividades como la ganadería, el tambo y la horticultura, que demandan mayor mano de obra, ayudarían a abaratar los alimentos para el mercado interno y atenuarían el creciente éxodo rural. Estas medidas, junto con una reforma a la ley de arrendamientos, podrían contribuir a recrear una agricultura con agricultores, fortaleciendo la economía de los pueblos del interior -vecinos a las explotaciones agropecuarias-, que tanto padecen este proceso de concentración de la tierra y de la producción, donde los únicos que tienen el futuro asegurado son los grandes propietarios y los pools de siembra, merced a la escala y la tecnología.
No obstante, un poco por la convicción de los legisladores, y otro poco por las presiones de las bases, se espera que predomine el sentido común entre los legisladores oficialistas -son mayoría en ambas cámaras- y se alcance un acuerdo político para rediscutir el proyecto presidencial, pues, caso contrario, el Congreso legitimará todo lo actuado por la Casa Rosada, y se desatará otra escalada de repudios. Para que este desembarco legislativo no acabe en un estruendoso fracaso, es indispensable que, sobre la base de las retenciones móviles y las propuestas del campo, junto con otras iniciativas ya existentes, se instale un debate generoso y esclarecedor, que contemple el destino de los fondos recaudados por las retenciones, que podrán ser fijas o móviles, segmentadas o planas, según se defina en este proceso parlamentario, que una vez abierto estaría en condiciones de progresar también en el diseño de una política agropecuaria nacional, como lo planteó ayer con buen criterio la presidenta Cristina Fernández en el acto de Plaza de Mayo. Sin embargo, volvió a intercalar auspiciosas invitaciones al diálogo con parrafadas enfurecidas, convocando a los disconformes -con sus medidas- a formar otro partido político, como si desconociera que una legión de ellos fueron sus votantes hace pocos meses, y muchos integran el Frente para la Victoria, incluso en calidad de gobernadores, senadores, diputados e intendentes. Esa realidad, aunque no la quisiera ver, se desplegaba ante sus propios ojos: fueron decenas de miles las presencias, pero las ausencias en la mítica plaza resultaron tanto o más rumorosas. Cuando la Presidenta reclama que los disconformes se presenten a elecciones ofertando otro modelo, ella se ubica del lado de la democracia y la redistribución del ingreso, amontonando al resto entre los nostálgicos de la dictadura y los adoradores de las injusticias sociales. Puro maniqueísmo. Por fuera del kirchnerismo, que no es el comienzo ni el fin de la política nacional, existen otras fórmulas, incluso en el marco del modelo redistributivo que tanto gusta mencionar Cristina, pero que no tiene una interpretación excluyente -la suya-, como surge de sus expresiones.
En línea con la promoción del acto, la Presidenta fustigó a los cuatro líderes ruralistas, donde por enésima vez los vinculó con procedimientos golpistas, apelando a sutilezas, como aquella de “interferir en la construcción de la democracia” y pretender imponer una situación sin que nadie los haya votado, cuestionando su representatividad gremial. Con ese mismo tono exasperado, pidió que se liberen las rutas, aunque con la debilidad kirchnerista -en este punto- de no haberlo hecho nunca con ese mismo énfasis en otras circunstancias.
Ese discurso escasamente pacificador, más allá de elípticos llamados al diálogo, generó un fuerte malestar en las bases agropecuarias y desembocó, como era previsible, en una continuidad hasta mañana a las 24 del cese de la comercialización de granos para la exportación que, en principio, concluía en la medianoche de ayer. Además, la cúpula ruralista anunció que, en la continuidad del plan de acción, pedirá reanudar el diálogo con el Gobierno por los temas pendientes y destinará el próximo fin de semana a mantener charlas en distintos puntos del país con los legisladores que el lunes iniciarán el tratamiento del proyecto de ley de retenciones.
(Publicado el jueves 19 de junio de 2008 en diario El Informe)
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