Cristina remachó las retenciones y con un plan social busca restarle apoyo político al campo

La presidenta Cristina Fernández usó la cadena nacional para maniatar el eje de la protesta del campo. Con tres meses de demora, anunció que la recaudación de las retenciones móviles (los excedentes a partir del 35 por ciento) fondearán un Programa de Redistribución Social, a los efectos de la construcción de hospitales (el 60 por ciento); viviendas (20 por ciento) y caminos rurales (20 por ciento), cuya ejecución se descentralizaría en las provincias, pero sin el protagonismo de los gobernadores ni el Congreso de la Nación en la formulación del plan de obras.
Con estas nuevas medidas complementarias a la Resolución 125, el Gobierno intenta desmentir que el objetivo de las retenciones haya sido meramente recaudatorio y, en cierto modo, se aproxima a las demandas de numerosos gobernadores para que regrese a las provincias una parte de los impuestos a las exportaciones agrícolas.
Después de la lectura del decreto, Cristina apeló a un tono conciliador, pidió perdón a los ofendidos por sus gestos y discursos, y elípticamente, convocó al campo a reanudar el diálogo para tratar la extensa agenda pendiente, aun cuando las retenciones ya no formen parte del temario. Sin embargo, la Presidenta volvió a pegarle al sector agropecuario, culpándolo de negarse a contribuir con los que menos tienen. “No se puede solucionar la pobreza sin tocar la renta extraordinaria”, puntualizó. Esta vez no los trató de golpistas, pero se jactó de no haber concluido la rebelión chacarera pactando, como Raúl Alfonsín, con los militares sublevados.
Críticas recargadas para el campo, pero ninguna autocrítica, a pesar de las sucesivas enmiendas que mereció el retoque a las retenciones en marzo pasado.
Es probable que el país se hubiera ahorrado esta crisis innecesaria si las decisiones se enmarcaban en los carriles institucionales, pues los impuestos a las exportaciones debe fijarlos el Congreso de la Nación. Y con mayoría en ambas cámaras, el kirchnerismo no habría encontrado resistencias para sancionar una ley de efectos políticos superadores, en legitimidad, a una resolución ministerial, cuyas sospechas de improvisación se comprobarían tiempo después. Incluso, de no aferrarse a esa rigurosidad constitucional, la Casa Rosada podría haberse cubierto con el apoyo de gobernadores e intendentes, comprometiendo obras públicas millonarias y de indiscutible necesidad social para las distintas regiones, como hizo recién ahora, apremiada por las circunstancias, y obligando a preguntarnos qué otro destino tenían planificado los Kirchner para los 1.500 millones de dólares que hoy derivan a un plan social. También habían tardado más de la cuenta para instrumentar los reintegros unilaterales -por fuera de la mesa de diálogo- a los pequeños productores, que integran la clase media rural, y no son golpistas ni oligarcas.
En suma, la enumeración del largo listado de correcciones es manipulada para atacar la insatisfacción recurrente de los ruralistas, pero el Gobierno se muestra incapaz de asumir sus propias responsabilidades en la generación de este conflicto.

Medir con la misma vara
Concluida la reunión en la Defensoría del Pueblo -con el faltazo del Gobierno-, los miembros de la Comisión de Enlace compartieron los loables propósitos presidenciales de combatir la pobreza con los recursos obtenidos por las retenciones, pero cuestionaron que los esfuerzos que se piden no sean parejos, recordando que existen otros sectores de la economía de altísima renta que no tienen las mismas cargas tributarias e, incluso, puntualizaron que algunas empresas (lácteas, aceiteras, etc.) se benefician con millonarios subsidios estatales, al tiempo que se postergan eternamente los reintegros a los chacareros. La Federación Agraria, que incluye entre sus proyectos la resurrección de la Junta Nacional de Granos, volvió a castigar a los grupos exportadores multinacionales.
Con esta última apuesta, el Gobierno ignoró el reclamo medular del campo e intentó quebrar la columna vertebral de la alianza de los campesinos con los sectores urbanos del interior, sostenida en el destino incierto de la recaudación adicional en concepto de retenciones. Tal vez esta decisión haya contribuido a frenar el creciente frente opositor de aliados al campo, formado por propios y extraños.
Sin embargo, los chacareros entendieron que la medida había sido urdida para aislarlos, y no para satisfacerlos. Con un 20 por ciento de esos recursos destinados al mantenimiento de los caminos rurales y otro poco para viviendas, Cristina no se mostró muy generosa con los sectores más damnificados (propietarios de pocas hectáreas, arrendatarios y aparceros), sobre todo porque, como admiten los ideólogos del Plan Fénix, “las retenciones no permiten discriminar adecuadamente entre productores de distintas áreas y condiciones, problemas que serían resueltos de mejor manera por un impuesto a las ganancias, que es muy difícil de percibir en las condiciones actuales del país y el agro”, decían tres años atrás. Ya en ese entonces advertían que “su aporte es una razón más para exigir que la administración pública de esos recursos -y no sólo de ellos- responda a criterios de eficiencia y equidad”. Como una fórmula de compensación, el Plan Fénix sugería que “una parte de lo recaudado integre un fondo destinado a la capitalización tecnológica de los productores, en particular de aquellos de menor talla o situados en áreas marginales”. En esta propuesta se contemplaban beneficios más directos que los dudosos reintegros. Hoy, la recuperación del sistema ferroviario nacional hubiera sido una reivindicación más sentida por los productores, que disfrutarían de reducciones de costos con los trenes de carga.
Es posible, como quedó dicho, que el decreto de la víspera le ayude al Gobierno a restablecer los vínculos perdidos con algunos sectores políticos y sociales, incluyendo justicialistas díscolos, pero volvieron a faltar gestos para salvar a los productores de menor rentabilidad de la amenaza del galopante proceso de concentración de la tierra, inaugurado antes de mayo de 2003, pero consolidado en el lustro de gestión de los Kirchner. En este marco, el Gobierno podría beneficiarse con el debilitamiento de la protesta del campo, pero lo más inquietante es que los pequeños productores no reciban un tratamiento preferencial para garantizar su permanencia en las explotaciones agropecuarias, en busca de impedir que a los propietarios les convenga más alquilar sus hectáreas que cultivarlas, y que los arrendatarios y apareceros acaben desocupados, o alimentando el éxodo rural.

Se alejan de las rutas
Las cuatro entidades agropecuarias ya optaron por alejarse de las rutas y emprender el parsimonioso camino de la institucionalidad, concurriendo a la convocatoria del gobernador Hermes Binner -que hoy será recibido por la Presidenta-, y luego a la cita con el Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, además de valorizar la reciente exhortación eclesiástica a la pacificación y juntar firmas para que los impuestos a las exportaciones sean tratados en el Parlamento. En esa misma línea, los gremialistas del campo supieron interpretar la demanda angustiada de la sociedad por el levantamiento de las medidas de fuerza.
Sin embargo, los piquetes ruralistas más radicalizados, entre amores y odios con los transportistas cerealeros, están dispuestos a continuar interrumpiendo tramos ruteros estratégicos, aunque con el riesgo de perder paulatinamente el respaldo popular.
La Presidenta, con su fuerte apelación a combatir la pobreza, se cargó de compromisos, aunque se empecina en negar la crisis y no reconoce que el proceso inflacionario está generando más pobres cada día. Como bien dijo ayer, “no se puede solucionar la pobreza sin tocar la renta extraordinaria”. Pero tampoco se la podrá solucionar con el diagnóstico erróneo de los increíbles datos oficiales. También debería saber que para ese combate no basta con gravar al campo, y que no habrá redistribución del ingreso sin apurar una reforma tributaria integral y la sanción de la nueva ley de coparticipación federal. Asimismo, en adelante, será más beneficioso para todos los argentinos que, en lugar de medidas intempestivas y unilaterales, resueltas por unos pocos y entre cuatro paredes, se adopten los mecanismos institucionales, con todas las mediaciones posibles, para evitar próximas resoluciones que demanden largos meses de rectificaciones, cientos de millones de dólares de pérdidas y heridas en el cuerpo social difíciles de cicatrizar.

(Publicado el martes 10 de junio de 2008 en diario El Informe)