Después de mucho discurso y poco debate, el análisis de las retenciones móviles en las comisiones de Agricultura y Hacienda de la Cámara de Diputados, pasó anoche a cuarto intermedio hasta hoy a las 10, a pedido de la oposición, cuando se descontaba la votación del dictamen de mayoría y el pronto tratamiento en el recinto de sesiones. La propuesta del oficialismo no muestra cambios significativos respecto del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, aunque contemplará en el régimen de compensaciones a los productores de hasta 750 toneladas anuales de soja o girasol, entre otras concesiones. Todavía no hay garantías de que la iniciativa kirchnerista vaya a contar con el respaldo suficiente. De todos modos, aun cuando consiga obtener, primero el quórum, y luego la mayoría simple, se correría el riesgo de que el conflicto no se resuelva, dando lugar a la tan temida victoria pírrica.
Se había insistido una y otra vez en la genuina apertura de la discusión legislativa, a los efectos de conciliar una ley superadora, pero entre los ruralistas reina la sensación de que en las comisiones se escucharon todas las voces como un trámite burocrático, y con la decisión previa de aferrarse a la letra original de la Resolución 125. En busca de reunir el número necesario de legisladores, entre propios y aliados, se agilizaron los mecanismos de reintegros y se eliminaron algunas restricciones. También se incorporó un histórico anhelo de la Federación Agraria, como la ley de arrendamientos (extiende a cincos años el contrato agrario mínimo), que el kirchnerismo se negó a tratar en cinco años y ahora podría aprobar, a la par de la fijación del impuesto a las ganancias para los fideicomisos agrícolas (pools de siembra). Insólitamente, estas propuestas, que ni siquiera figuraban en la agenda próxima del oficialismo, terminaron agregándose como una concesión a los diputados más vacilantes del arco progresista y al sector gremial liderado por Eduardo Buzzi. Aunque se están evaluando a las apuradas, estas medidas -correctamente instrumentadas- podrían contribuir a un cambio positivo en el modelo de desarrollo rural, favoreciendo la distribución de la tierra, de modo tal que los pequeños agricultores ganen más trabajando la tierra que entregándola en alquiler a los voraces pools, con los conocidos perjuicios para los pueblos del interior.
Mientras tanto, la oposición más dura insiste con la suspensión por 120 días de la Resolución 125, y otros grupos dispersos, militantes de un consenso cada día más utópico (en la reunión de comisiones sobresalieron las lúcidas intervenciones de Felipe Solá y Claudio Lozano), se empecinan en diseñar una alternativa intermedia que contenga a todos los sectores, planteando retenciones segmentadas y alertando sobre la injusticia de cargar a los pequeños productores conforme asciende el precio de los cereales, pero desconociendo desde el Estado el brutal alza de los insumos para la producción.
El pecado original
Pero, ¿cuáles eran las mayores objeciones a la 125? En primer lugar, haber tomado al campo como una sola cosa; como si todo fuera la pampa húmeda; como si no existiera otra actividad que la soja; como si todos los productores disfrutaran de tierras y máquinas propias, con abundancia de escala y tecnología. Este grueso error fue el detonante de la más evitable de las crisis argentinas, porque, si bien es cierto que hay productores del núcleo sojero con renta extraordinaria, como consecuencia de los precios internacionales de la oleaginosa y del tipo de cambio que mantiene el Gobierno, también es notorio que existen otros sectores, menos favorecidos, como los pequeños arrendatarios, cuyas posibilidades de competir se achican inexorablemente con las referencias del mercado fijadas por los pools de siembra, que son pocos pero monopolizan la tierra y la producción. En rigor, tal cual como fue presentada el 11 de marzo, la Resolución 125 era fuertemente regresiva -abusando de la retención como política fiscal- y profundizaba la concentración de la tenencia y la producción de la tierra. Recién ahora, bajo la presión ruralista y opositora, aquella medida adquiere perfiles un poco más decorosos. Fue en el entorno de la protesta que el Gobierno introdujo sucesivas modificaciones, aunque nunca convencieron a la Mesa de Enlace. En primer lugar, fueron reintegros -con mecanismos enmarañados- para los productores de hasta 500 toneladas, apenas los Kirchner descubrieron el error de haber tratado a los distintos como iguales; y más adelante, el plan de redistribución social (construcción de hospitales, viviendas y caminos con la recaudación adicional de las retenciones), cuando detectaron la marcada solidaridad de gobernadores, legisladores provinciales e intendentes con los reclamos del campo.
El desembarco del proyecto en el Congreso recién se concedió cuando no había más opciones y los antagonismos se habían exacerbado hasta el extremo, condicionando desde el vamos el tratamiento legislativo con las ofensas mutuas más duras que se recuerden en los últimos tiempos de la historia política argentina. Fue un manotazo de ahogado, casi como última instancia para correr la protesta de las rutas, en busca de descomprimir la crisis desatada por un zarpazo irresponsable, el de las retenciones móviles a través de una resolución ministerial. Más aún, esta semana trascendió que el envío del proyecto al Congreso se precipitó ante la advertencia de la Corte Suprema de que el Gobierno estaba incurriendo en una inconstitucionalidad. Enseguida, Kirchner, habituado a ejercer presiones sobre los legisladores del Frente para la Victoria, hizo el mismo intento con el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, instándolo a desmentir la versión periodística, pero se topó con un saludable desaire de los ministros de la Corte que, paradójicamente, reivindica a todos los que elogiamos al ex presidente en los albores de su mandato por derrumbar la mayoría automática adicta al menemismo.
Algunos legisladores, esperanzados con el cuarto intermedio, aún creen en el milagro de arribar a un consenso. Sería lo más conveniente para todos que el Parlamento no dilapide esta oportunidad. Un triunfo oficialista en un marco reñido legalizará una situación, pero no recompondrá las relaciones. Ya no hay margen para cortes de rutas, ni expresiones de repudio semejantes, que ya demostraron sus efectos indeseables, pero el campo, más allá del combate judicial, invertiría más esfuerzos en protestar que en producir. Ese es un lujo que el Gobierno no puede ni debe darse. Tal vez, por un exceso de soberbia, se imponga en la absurda batalla de las retenciones móviles, pero al costo de privarnos a los argentinos de protagonizar una inédita revolución agrícola y agroindustrial.
(Publicado el viernes 4 de julio de 2008 en diario El Informe)
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