Ya hace bastante tiempo que el intendente Roberto Scott intenta responsabilizar a terceros de las inocultables dificultades económico-financieras que atraviesa la gestión, siendo la Sindicatura del ex Banco Integrado Departamental, uno de sus blancos predilectos. De modo sistemático, Scott culpa al síndico Juan Venturini de la situación de insolvencia de la Municipalidad. “El quiere que estemos en la categoría 6 porque debe pensar que la oposición se verá favorecida si nosotros no tenemos créditos”, espetó días atrás en directa alusión al administrador de la quiebra, que pretende cobrar una deuda municipal millonaria para reintegrar a los ahorristas, dado que el banco cooperativo había financiado, durante la gestión dematiísta, el plan de las 400 cuadras de pavimento, la adquisición de la sede de la Secretaría de Hacienda y la renovación del parque automotor. Si bien existieron tibias negociaciones entre las partes para conciliar el monto global de la deuda, el scottismo siempre se inclinó por desconocerla, desde los decretos anulatorios de fines del ’98, y ahora el litigio prosigue en los tribunales. Desde el punto de vista político, el debate también despierta expectativas, por el contraste entre las prósperas (¿?)cuentas públicas que suele propagandizar el intendente Scott, y la situación de riesgo de la Municipalidad, según obra en los registros del Banco Central. Ahora bien, esta desventajosa condición, ¿se deberá -como denuncia el oficialismo- a un capricho del síndico Venturini, que le ordena al Banco Central cómo debe proceder, según sus simpatías con el mandatario de turno? ¿Será tan perverso el administrador de la quiebra del ex BID, o es que la Intendencia encaró una pésima negociación con su principal acreedor y ahora intenta distorsionar las cosas para aliviar los costos políticos en medio de la campaña?
No hace falta incursionar en las profundidades del periodismo de investigación para echar luz sobre esta cuestión casi elemental. Basta con indagar sobre algunas normativas del sistema financiero que están al alcance de cualquier ciudadano, pero que el intendente se empecina en desconocer, o bien conoce pero actúa con mala fe. La verdad, le pese a quien le pese, es que, por disposición del Banco Central, tanto los bancos como las entidades financieras en liquidación, deben informar con frecuencia mensual a la Central de Riesgo del BCRA, el listado de los deudores que se encuentran en situación 2, 3, 4, 5 o 6. Esta escala permite verificar la calidad de los deudores, a los efectos de disminuir el riesgo de incobrabilidad. Antes, los malos deudores vagaban de entidad en entidad a la caza de créditos adicionales, sin que los bancos pudieran corroborar el endeudamiento verdadero de cada deudor. Hoy, existe un régimen de información para los bancos en actividad y otro para las entidades en liquidación (que ya no otorgan nuevos créditos). Así pues, los bancos activos informan las calificaciones “1” a “5”, cuyos significados son los siguientes: “1” Normal (hasta 31 días de atraso); “2” Con riesgo potencial (atraso de hasta 90 días); “3” Con problemas (atraso de 91 a 180 días); “4” Con alto riesgo de insolvencia (atraso de más de 180 días); y “5” Irrecuperable (suspensión de pagos y mala situación financiera). En tanto, desde mayo del ’96, las entidades financieras en liquidación (como el ex BID), están obligadas a informar una única categoría de estado de sus deudores, después de transcurridos seis meses sin regularizar la situación. Esa categoría es la “6”, y se aplica a las entidades “irrecuperables por disposición técnica”.
En síntesis, todos los deudores del sistema financiero que no se encuentren en la calificación “1” (normal), son incluidos en una base de datos -única y centralizada- bajo la administración del propio BCRA. Y los bancos, cada vez que tienen que calificar a un deudor (paso previo para otorgarle un préstamo), deben consultar esa base de datos. ¿Qué sucede si de esa consulta surge que un solicitante de crédito en el sistema financiero está informado con un número del “2” al “6”? Pues esa entidad financiera puede otorgar el préstamo al solicitante, pero con la obligación de previsionar dicho monto (mandar a pérdida preventivamente). Como los bancos tienen que cumplir determinadas disposiciones técnicas, las previsiones crecientes implican quebrantos, y pueden correr el riesgo de exceder los topes de esas relaciones técnicas, con lo que deben soportar castigos adicionales, e incluso multas.
Una operación efectuada con un deudor que no se encuentre en situación “1” (normal), encarece los costos de la misma. Si bien es cierto que al banco no se le impide acordar el préstamo, está claro que se encarece por las previsiones adicionales que debe conformar.
En el caso de nuestra Municipalidad, dado que tiene asignada la condición “6”, si una entidad financiera le diera un crédito, debería previsionar el ciento por ciento para cumplir con las normas.
Aunque tanto le disguste a la Intendencia, la Sindicatura está obligada a calificar e informar al Banco Central sobre la cartera de deudores morosos, entre los cuales figura la Municipalidad por decisión de actuales autoridades, que resolvieron desconocer las deudas heredadas (¿sólo para defenestrar a su predecesor?), al tiempo de su arribo al poder, aun cuando ello no fue obstáculo para acumular otros compromisos a partir del ’96, a saber: con el Instituto Municipal de Previsión Social; con decenas y decenas de proveedores (hoy desesperados por cobrar); con el Nuevo Banco de Santa Fe; financiamientos con cargos de rendición de cuentas (por subsidios o para obras públicas); cobros anticipados de tasas e impuestos con descuentos (que son intereses encubiertos); los fondos que tendrían que afectarse al pago de deudas (cobro de cuotas a la Cooperativa de Obras Sanitarias que debían depositarse en una cuenta especial) y los adelantos de coparticipación, son, entre otros, fuentes de endeudamiento adicional y creciente que sería oportuno controlar cuanto antes para que el próximo gobierno municipal no se encuentre con una desagradable sorpresa de fin de año.
(Publicado el lunes 30 de abril de 2007 en diario El Informe de Venado Tuerto)
7 comentarios:
Ayer en canal siete vi un programa del periodista Enrique Vazquez sobre la quiebra del BID. Navegando por Internet llegué a tu interesante blog. Desearía que me informaras sobre dónde puedo ampliar mis conocimientos sobre un caso tan importante de nuestra historia reciente. Muchas Gracias.
Muchas gracias por la información. Me he interesado por los aspectos penales del caso y la historia de los procesados. Por ejemplo hay un Ariotti que creo que era funcionario del banco y otro Ariotti que era presidente de una de esas supuestas sociedades fantasmas. Además, me llamó la atención la tranquilidad del señor Cataldi que, según lo que hasta ahora he leído, está bastante comprometido. En fin, es un caso al que me cuesta llamar apasionante por la cantidad de personas perjudicadas de por vida, uno de los tantos crímenes que el Estado cometió contra los ciudadanos argentinos a lo largo de la historia. Otra vez, muchísimas gracias. Julio Barbeira
Quisiera saber donde informarme porque figuro en condicion 6 en la liquidacion del BCRA del ex BID y nunca opere con ese banco
Muy buen post, estoy casi 100% de acuerdo contigo :)
Muy buen post, estoy casi 100% de acuerdo contigo :)
Buen post, estoy de acuerdo contigo aunque no al 100%:)
Interesante post, estoy de acuerdo contigo aunque no al 100%:)
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