A punto de iniciarse un nuevo ciclo lectivo en la provincia de Santa Fe, otra vez un paro docente. Otros años, las amenazas de los maestros habían desembocado en negociaciones que calmaron los ánimos, facilitando la reanudación del diálogo entre las partes. Ahora no hubo arreglo. Los docentes disconformes con la propuesta salarial del gobierno dispusieron una huelga de 48 horas para hoy y mañana (por 15.800 votos contra 8.800), que se intensificaría en las próximas dos semanas, con sendos paros de 72 horas, y una movilización anunciada para el 15 del corriente. Ni el posterior dictado de la conciliación obligatoria aliviaría la contundencia de la decisión de la asamblea provincial.“El derecho a aprender está en primer lugar”, alegó la ministra de Educación, Adriana Cantero, obligando a la pregunta: ¿Y por qué no empiezan a practicar ese concepto desde el gobierno? Si a los números fríos nos remitimos, está claro que la educación no es una prioridad para esta administración. En enero pasado, por ejemplo, una docente de EGB recién iniciada cobró 840 pesos, y una con 11 años de antigüedad percibió -deducidos los descuentos obligatorios- unos 1.060 pesos, siendo el básico de apenas 380 pesos. Buscar un segundo trabajo sería una opción para no caer debajo de la línea de pobreza, pero entonces, ¿cuándo planificar las actividades, cuándo preparar los recursos didácticos, cuándo corregir las tareas de los alumnos? ¿Cómo hacer para no resentir la calidad educativa?
El gobierno ofertó un mix entre el blanqueo gradual (pase de cifras no remunerativas al salario básico) hasta octubre y un aumento de ítems remunerativos, pero los trabajadores de la educación consideran que se les está corriendo la línea con los plazos del blanqueo. Además, sostienen que la provincia está favorecida por crecientes ingresos que deberían priorizarse para abonar, de una vez por todas, sueldos docentes dignos, como así también para refaccionar y construir edificios escolares. También reclaman una constitución del salario que contemple la carrera docente, la jerarquización y el traslado de la política salarial a los docentes jubilados.
Pero nada de eso ocurre, por el contrario, las autoridades intentan pagar los mínimos sueldos posibles, aferrándose al piso de poco más de mil pesos mensuales establecidos como referencia por el Gobierno nacional. Y enviando a las escuelas partidas exiguas, aprovechándose de la ciclópea labor de los cooperadores para que los edificios no se derrumben y no falte la copa de leche. Aun así, en los últimos inviernos, alumnos y docentes concurrieron a clases padeciendo la falta de gas y el exceso de paredes electrificadas. ¿Esta es la sensibilidad social del gobierno santafesino?
Muchos de los graves problemas sociales que atravesamos en el presente obedecen a fallas educativas del pasado, y con la reiteración de esas mismas falencias, no estamos haciendo más que hipotecar el futuro de nuestra sociedad.
Los gobernantes tienen que entender que los docentes, en su carácter de formadores, deberían alinearse entre los agentes mejor retribuidos de la provincia, al mismo tiempo que se les debería exigir más que a ningún otro empleado, en función de la trascendente responsabilidad asumida. No obstante, en lugar de abordar ese replanteo profundo en la relación con los maestros, desde la Casa Gris sólo despliegan creatividad para justificar la negativa a los justos reclamos del sector.
(Publicado el jueves 1 de marzo de 2007 en diario El Informe de Venado Tuerto)
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