Scott sugiere a los concejales que abran un kiosquito... ¿para que no lo controlen?

En la inauguración de las sesiones legislativas ordinarias se aprobó el incremento del 10 por ciento en las remuneraciones de los ediles, secretarios de bloques y personal del Concejo. En esa oportunidad, fueron siete los concejales que autorizaron el aumento (el radical Lisandro Enrico no asistió, pero había estampado su firma en el despacho) y solamente la lucifuercista Patricia Romero marcó su oposición respecto del ajuste a los ediles.
La cuestión no había generado mayores polémicas, hasta que en la mañana del último viernes, el que volvió a manifestarse, más como un patrón de estancia que como un intendente de la democracia, fue Roberto Scott, quien opinó muy suelto de cuerpo que “los concejales, si quieren más plata, que abran un kiosquito”. La bravata se reforzó con la amenaza de no otorgar las partidas para efectivizar dichos aumentos y la enésima denuncia del “alto costo” que representaría para la comunidad el funcionamiento del Concejo. Sin embargo, nada dijo sobre los sueldos de sus colaboradores más inmediatos, mucho más abultados -¿el doble?- que las dietas legislativas.

Criterio de ajuste
Suele suceder que las declaraciones de los funcionarios políticos se inscriban en el terreno de las medias verdades y, desde ya, en la descontextualización de los temas en debate. Haciendo un poco de historia, es preciso recordar que en 2001 los concejales cobraban cerca de 5.500 pesos (dólares), es decir, valores bastante superiores a los de hoy. Tanto es así que en enero de 2002, con el país envuelto en llamas, disminuyeron sus ingresos casi a la mitad y eliminaron la odiosa figura del “lucro cesante”.
De todos modos, seguía sin haber una referencia para el ajuste de las dietas. Hasta que sobre finales de 2004, por unanimidad, el Concejo estableció un criterio para la actualización de los ingresos. En ese momento, resolvieron que a la cifra que percibían en 2002 (1.288 pesos), se la multiplicaría por un factor dieta (Fd), surgido de considerar el ingreso actual de un agente municipal de categoría 15 (“una categoría media y que tiene el mayor número de agentes en actividad”, según la resolución) dividido por el valor que percibía en 2002 (475,27 pesos, sin antigüedad ni adicionales).
El mecanismo de actualización también contempló a los secretarios de bloque, cuyos sueldos serían la resultante de multiplicar la remuneración básica de 2002 (450 pesos) por el mismo factor dieta (Fd).
Además, se definió que los ediles recibirían mayores ingresos en concepto de “gastos” para el cumplimiento de la función pública, acordándose que la nueva cifra resultara de multiplicar la suma asignada en 2002 (600 pesos) por el factor gastos (Fg), calculado en función de los ingresos percibidos por la Municipalidad en el año inmediato anterior (en este caso, 2006) dividido los ingresos percibidos en 2002 (16.091.568 pesos).
En conclusión, hoy, dado el aumento del 10 por ciento otorgado en 2006 a los empleados de la categoría 15, los concejales tendrán una dieta de 2.608 pesos e ingresos totales por 4.169 pesos, en tanto que cada secretario ganará 910 pesos.
Para implementar este ajuste no se requiere incrementar el presupuesto del Concejo, que sigue estando en el 1,58 por ciento del presupuesto municipal (por debajo del dos por ciento estipulado por ley provincial).
Por otra parte, este criterio de actualización no opera en forma automática, sino que el Concejo decide si habilita o no la “cláusula gatillo”. En este caso, ocho concejales se pronunciaron por la afirmativa, con la única negativa de Patricia Romero, que entendió “inoportuna” la medida, aun cuando aclaró que aceptaba los aumentos al personal del cuerpo.

¿Tanto molesta el Concejo?
Poco proclive a los controles legislativos que impone la forma de gobierno democrática y republicana, Scott es, por definición, un enemigo del Concejo, sobre todo desde que el bloque oficialista cuenta con apenas tres de los nueve miembros. Tanto es así que este mes, y por tercer año consecutivo, no cumplió con su obligación de abrir el período ordinario de sesiones legislativas. Según el artículo 42 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el intendente municipal deberá “informar anualmente al Concejo en la apertura del período de sesiones ordinarias, el estado general de la administración durante el ejercicio fenecido”.
Se equivoca el intendente Scott cuando amenaza al Concejo con no enviarle las partidas para afrontar los ajustes (mínimos, por otra parte), siendo que el artículo 28 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que él debiera conocer como intendente y como abogado, determina que “las dietas de los concejales podrán ser fijadas por el Concejo Municipal con el voto de las dos terceras partes de todos sus miembros. Las mismas, en ningún caso, podrán superar a la retribución que percibe el intendente municipal”. En consecuencia, se cumplieron los dos requisitos: el de las dos terceras partes y el de no superar el sueldo de Scott.
En cambio, es la Intendencia la que está incumpliendo con sus obligaciones, pues al día de hoy le está adeudando 15.563 pesos a cada edil. ¿No debería interpretarse esta actitud del Departamento Ejecutivo como una “presión” para que los concejales le aprueben sus proyectos sin chistar y no lo incomoden con los controles?
Además, Scott acostumbra a exasperar a los venadenses divulgando cifras que surgen de multiplicar el sueldo de los concejales por varios años de gestión, agregando que todos, sin distinción -ni siquiera exime a los propios-, no merecen esos ingresos en función de sus prestaciones. En este sentido, si bien es cierto que los cronistas parlamentarios coinciden en que son cuatro, o a lo sumo cinco, los concejales que trabajan, estas valoraciones deberán hacerlas, finalmente, los ciudadanos a través del voto.
En este sentido, habría otros números para mostrar. Sin ir más lejos, este mismo Concejo recortó en tres millones de pesos los gastos que el intendente Scott pretendía incluir en el presupuesto 2007, con un marcado exceso de honorarios y subsidios. También es oportuno recordar que los concejales impidieron la continuidad del oneroso convenio suscripto por la Intendencia con el abogado Gabriel Albarracín y la compra de otra flota de colectivos. Solamente con esos dineros públicos ahorrados por la intervención del Concejo, la ciudad cubre el sueldo de la totalidad de sus ediles por el término de ocho años. Otros números, distintos de los de Scott, que sólo buscan confundir a la población, con la única pretensión de debilitar el cuerpo que debe controlar su gobierno.

(Publicado el lunes 12 de marzo de 2007 en diario El Informe de Venado Tuerto)