Más que sacar cuentas para "ganar o ganar", es tiempo de buscar consensos

La semana que viene, por fin, empezará el debate del proyecto de ley de las retenciones móviles; en el Congreso de la Nación, como debe ser. En marzo, poco después de firmada la resolución ministerial 125, se había intentado derogarla en Diputados, en una sesión de madrugada. Casi nadie se enteró de esa reunión que acabó con una aplastante ratificación de la mayoría oficialista. Ahora, el escenario se modificó sustancialmente, porque todo un país está atento a la decisión de sus representantes, y siempre se legisla mejor cuando el funcionario se siente observado por sus votantes. Cuando ello no ocurre, es más probable que el político de procedencia oficialista se incline por acatar mansamente la instrucción presidencial, practicando la obediencia debida. En cambio, la presión de gobernadores, legisladores provinciales, intendentes, presidentes comunales, entidades agropecuarias, cámaras industriales, recuerda a los diputados y senadores nacionales que, esta vez, los compromisos son otros. Nada mejor que despertar simpatías en la Casa Rosada, sobre todo si se trata de complacer a los impiadosos Kirchner, pero en los pueblos del interior, como contrapeso, crece el rechazo a la nueva imposición tributaria en los términos vigentes. En este sentido, el kirchnerismo saca cuentas, sumando los propios y los aliados, pero entre unos y otros se anuncian bajas, hasta el punto tal que ni siquiera podrían formar quórum propio para el tratamiento de la iniciativa presidencial que, en principio, aspira a la ratificación, por ley, de la 125. Tampoco la fragmentada oposición coincide, hasta el momento, en otra cosa que no sea repudiar el proyecto del oficialismo. Hoy, los sectores de más fuertes liderazgos, como el kirchnerismo y la Coalición Cívica de Elisa Carrió, establecen posturas de máxima, desde aprobar las retenciones móviles sin tocar ni una coma, hasta la derogación lisa y llana de la polémica resolución. El ala dura kirchnerista considera que ceder en las retenciones originales equivaldría a perder la batalla, y antes que digerir ese título, optaría por ensanchar la base de los beneficiados por los reintegros (incluyendo a productores de hasta mil toneladas anuales) y otorgar otras ventajas para reducir los costos de producción. Así, mermarían las expectativas recaudatorias, pero el Gobierno y sus retenciones saldrían políticamente ilesos de la excursión por el Congreso.
Sin embargo, es posible que en los próximos días, conforme se acerque el tratamiento de la cuestión de fondo, los proyectos más antagónicos comiencen a confluir en un punto medio, tan lejos de las discrecionales retenciones móviles actuales, como de un derecho de exportación insignificante para la necesidad estatal de orientar con recursos propios las actividades productivas en función del interés nacional. En este sentido, una de las propuestas más equilibradas la deslizó un grupo de legisladores del Frente para la Victoria, que apuesta a un mix, con una retención fija para la soja de entre el 35 y el 40 por ciento, por ejemplo, y hacia arriba una banda de retenciones móviles, en función del precio internacional del producto, hasta un techo del 45 por ciento, o algunos puntos más, con la particularidad de que el monto adicional ingresaría a las arcas fiscales como anticipo del impuesto a las ganancias que luego debe abonar el producto agropecuario. De esta manera, se estimularía un blanqueo de contribuyentes y un aumento en la recaudación por dicho tributo, que es coparticipable con las provincias. Luego, esta iniciativa se complementaría con reintegros y subsidios a pequeños y medianos productores, sobre todo los radicados en zonas más desfavorables y distantes de los puertos. No obstante, a los opositores que aceptan una retención mayor del 35 por ciento se les complica la defensa del sistema de reintegros, porque los productores no creen -y tienen sus motivos- en ese compromiso oficial. Otros sectores, como el socialismo, impulsan las retenciones segmentadas, según la extensión y la zona de explotación, pero admiten que en la práctica ese trámite es harto dificultoso. Las alternativas que se barajan son numerosas y, por lo general, superadoras del proyecto presidencial -muy atado a un afán recaudatorio-, porque cuidan aspectos desatendidos por la resolución original, no sólo en cuanto a la distinción entre chicos y grandes, sino también en la voluntad de equilibrar los ingresos entre Nación y provincias, pues, como se sabe, las retenciones garantizan recursos al Estado nacional, pero con el efecto indeseable de reducir los montos coparticipables para las provincias. En este sentido, también se abre una puerta para conciliar el destino de los excedentes de la retención tomada como piso de referencia, que tal vez deberían volcarse íntegramente a favorecer la reducción de costos de la producción agropecuaria, subsidiando la incipiente industria nacional de fertilizantes o resucitando el sistema ferroviario de cargas, por ejemplo. En su momento, el Gobierno había prometido hospitales, caminos y viviendas, pero con el objetivo de aislar la protesta chacarera.

De Angeli en Venado
En este marco de negociaciones, también es auspicioso que la Casa Rosada se acuerde de la agricultura familiar y de la reforma de la ley de contratos agrarios, ya que se requiere de una política agropecuaria integral y no sólo de un ajuste de las retenciones. En lugar de escandalizarse por el maridaje de la Federación Agraria con la Sociedad Rural, el kirchnerismo tendría que replantearse porqué desoyó una y otra vez las demandas de los federados que esta semana celebraron el 96º aniversario del Grito de Alcorta. El año pasado, el Concejo venadense fue sede de una reunión organizada por Federación Agraria, con la agricultura familiar como tema convocante. Con la presencia de su presidente, Eduardo Buzzi, y un ignoto entrerriano, llamado Alfredo De Angeli, se reclamaban aranceles e impuestos diferenciales para los pequeños agricultores y, en especial, para los que viven en el campo. También se discutió sobre la extranjerización de la tierra y la creciente pérdida de pequeñas explotaciones agrícolas ante el formidable proceso de concentración de la tenencia y la producción de la tierra. Incluso, de ese mismo encuentro surgió un proyecto de ley y un plan de acción para impulsarlo, pero todo de desbarrancó con la resolución 125. Ese mismo día, el 11 de marzo, la Federación Agraria protestaba contra las terminales portuarias de granos de Dreyfus y Cargill. “Nos vemos en la obligación de defender los intereses de los pequeños y medianos productores ante la enorme transferencia de recursos que se realiza en los distintos mercados”, aseguró el director de FAA, Silvio Corti, para luego agregar que “responsabilizamos a las grandes empresas multinacionales de esta situación y por este motivo vamos a manifestarnos allí”. También sostenía el dirigente, casi al mismo tiempo que el ministro Martín Lousteau anunciaba las retenciones móviles, que “los más perjudicados por la falta de políticas en el sector agropecuario son los productores más pequeños que se ven obligados a vender a precios muy por debajo de los que ofrece el mercado internacional”. Para más datos, Corti se ilusionaba con el posible apoyo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), pero ni siquiera mencionaba a la Sociedad Rural. Sí, en cambio, insinuaba, sin cuestionar abiertamente al Gobierno, los perjuicios que la falta de políticas agropecuarias ocasionaba a los pequeños productores.
Luego, los arrogantes Kirchner, que no supieron contener las demandas progresistas de los pequeños y medianos productores representados por la Federación Agraria, ni, muchos menos, respaldar la presión agraria sobre los grandes pulpos exportadores, los transformaron en golpistas de la noche a la mañana, olvidando los antecedentes históricos e inmediatos de la FAA, pero no tanto por la alianza táctica con la Sociedad Rural, sino por responder al reclamo de las bases, en lugar de obedecer a la Casa Rosada.
Desairar al matrimonio presidencial, como puede apreciarse, tiene un alto costo, porque la revancha incluye represalias políticas, económicas y judiciales. Aun así, un puñado de legisladores oficialistas podría inclinarse por una propuesta de consenso, que salve a los Kirchner de sus propias torpezas y, sobre todo, que ayude a los argentinos a recuperar la sensatez. No será nada fácil. Anoche, el presidente del PJ salió a marcar la cancha en otro discurso áspero, criticando a los peronistas que retroceden ante la amenaza de la oligarquía nativa. Con estos criterios absurdos desde la cúspide del poder político, quizá podamos dejar atrás este conflicto, pero asoma en el horizonte una Argentina autoritaria, donde no ser kirchnerista será mala palabra.

(Publicado el viernes 27 de junio de 2008 en diario El Informe)

Con tres meses de demora, el diálogo por las retenciones se recrea en el Congreso

Luego de un largo tiempo de ostracismo, las luces se encendieron nuevamente en los salones, despachos y pasillos del Congreso de la Nación, como en aquellas sesiones maratónicas de los albores de la restauración democrática en los ’80, con memorables debates sobre temas que la larga noche dictatorial había postergado sin plazos. Más adelante, en nombre de la emergencia económica, ese mismo Parlamento delegó facultades -los superpoderes- en la Casa Rosada, y se replegó a un discreto segundo plano, deteriorando la división de poderes y el federalismo.
Ahora, los argentinos aguardamos con ansiedad que el próximo lunes comience, en la Cámara de Diputados, el debate de la ley de retenciones móviles que la presidenta Cristina Fernández envió -con tres meses de demora- para su tratamiento. Desde cada provincia, se observa con inusual interés el comportamiento de los legisladores nacionales, y en la mayoría de los casos, los ciudadanos recién descubren quiénes son sus representantes. Sucede lo propio en Santa Fe, con sus 19 diputados nacionales (nueve del Frente para la Victoria; seis del socialismo; dos de la Coalición Cívica; uno de la UCR y uno del ARI) y sus tres senadores nacionales (dos del Frente para la Victoria y uno del socialismo). Los legisladores más famosos del oficialismo defienden posiciones antagónicas: el diputado Agustín Rossi es uno de los baluartes de las retenciones móviles, y el senador Carlos Reutemann respaldó desde el vamos las protestas del campo. Mientras tanto, así como están los más disciplinados dispuestos a refrendar a libro cerrado el proyecto presidencial, y también se encolumnan los opositores pertrechados para derrumbarlo, hay otros, como el diputado nacional Jorge Obeid, que ofrecen criterios superadores, “esto tiene que ser debatido, como todos los temas que entran al Congreso, escuchando a los sectores involucrados”, opinó. Y a la vez, consideró que “esta es la oportunidad” de producir modificaciones a la resolución original, sobre la base de que “si hubiera sido tan buena, no habría generado tanta resistencia”. El ex gobernador santafesino -ausente en el acto de Plaza de Mayo- agregó: “Creemos que se puede mejorar el sistema, porque mandar la ley al Congreso no es una forma de sacarse el problema de encima. Si vamos a tener la responsabilidad, vamos a actuar con responsabilidad (…) Yo espero que se abra la discusión y estoy convencido de que hay una gran cantidad de legisladores que no va a aceptar otra cosa”. Como cierre, estableció: “Estoy de acuerdo con la filosofía de las retenciones, pero también considero que se pueden hacer aportes para que la ley mejore y salga en beneficio del gobierno y de los productores”.
Solamente tendrá sentido este tratamiento parlamentario de las retenciones móviles si unos cuantos diputados oficialistas piensan como Obeid -está diseñando una alternativa junto con varios de sus pares, como el bonaerense Felipe Solá-, pues, en principio, la presentación del proyecto de ley condiciona a ratificar o rechazar la resolución ministerial, al estilo de táchese lo que no corresponda, con lo cual los más brillantes debates no servirían más que para el lucimiento de los oradores. En las actuales circunstancias, contribuiría tan poco a la solución de la crisis, la ratificación, como la derogación de la iniciativa, pues se impone una modificación de la misma en sus aspectos más cuestionables, a partir de la negociación y el consenso, que tanto le costó ofrecer al Poder Ejecutivo, pero que son características propias de los cuerpos parlamentarios.
El Gobierno fracasó en todos los intentos de maquillaje a la Resolución 125, y sumaría otra frustración, si decide abusar de la condición de mayoría legislativa para convalidar la norma. Este tardío desembarco del proyecto en el Congreso tiene que servir para conciliar las distintas posiciones en pugna, abriendo el debate con generosidad, no solo entre los legisladores, sino también convocando a los gobernadores y los productores agropecuarios. En este sentido, sería muy valioso que los debates, incluso en el seno de las comisiones, se televisen para que la ciudadanía pueda interiorizarse de la evolución de los acontecimientos.
Aunque el Gobierno se cree único depositario de la verdad revelada sobre la justicia social y la redistribución del ingreso, las fórmulas de instrumentación de ese modelo de gestión son numerosas, y no habría que descartar que de ese debate legislativo broten opciones más progresistas que las impulsadas en marzo. La Presidenta, que en su último discurso se jactó de haberse opuesto en los ’80 a la Ley de Obediencia Debida, debería actuar con esa misma impronta en esta ocasión, sin presionar a los legisladores oficialistas para acatar la disciplina partidaria, pues en su carácter de miembros de otro poder del Estado, y a la vez de representantes de sus territorios provinciales, los diputados y senadores peronistas podrían contribuir a perfeccionar el esquema de retenciones y sus adicionales de reintegros, mercados a término y planes sociales redistributivos.
En este momento, además del bloque oficialista más intransigente y del conglomerado opositor, existe un grupo de legisladores justicialistas (kirchneristas y no kirchneristas) que completaría la mayoría necesaria para garantizar la apertura del debate y, luego, tal vez, conciliar una ley que redistribuya las cargas impositivas con un sentido más ecuánime que el elegido por el Gobierno. El socialismo, por ejemplo, que lidera la coalición gobernante en nuestra provincia, insistirá con el pedido de convocar al Consejo Federal Agropecuario Ampliado y con la propuesta de que haya un mecanismo diferencial de retenciones, según sean pooles de siembra o pequeños y medianos productores.
No hay dudas de que, en el ámbito natural para tratar las cuestiones impositivas, se podría acordar un sistema que satisfaga las pretensiones presidenciales y las de los pequeños y medianos productores -hoy divorciados por la mutua beligerancia-, no sólo en el capítulo específico de las retenciones, sino en el conjunto de la política agropecuaria -una asignatura pendiente-, que también debe modelarse a la par de los legisladores y los gobernadores. Más aún, la ocasión podría ser propicia para dar una primera puntada modificatoria a la regresiva política tributaria nacional, que es muy dura con algunos sectores (sobre todo con los consumidores a través del IVA) y excesivamente contemplativa con otros, como la renta financiera, la minería, la pesca y el juego).
A estas alturas, cabe ilusionarse con la elaboración de una nueva ley superadora, porque hay muchos legisladores que ya están trabajando a destajo con ese objetivo, y también porque sería un suicidio político que el Gobierno dilapidara esta nueva chance, forzando la aprobación de las mismas retenciones móviles que desataron una ola de repudios en toda la Argentina. Los Kirchner deberían saber que el clima social no soportaría una aprobación automática del proyecto original.
Luego de tanta negación del diálogo, la de ayer, con la fulgurante aparición en escena del Congreso de la Nación, fue una jornada de auspiciosas conversaciones de intendentes y ruralistas con legisladores nacionales -con respeto y sin escraches-, e incluso entre los parlamentarios, en busca de facilitar la pronta apertura del debate de las retenciones y negociar proyectos alternativos.
Negociar, consenso, diálogo, son palabras que ayudan a construir, y que deberán ser más fuertes que las agresiones mutuas de los que no entienden la gravedad del conflicto, o que no sufren sus consecuencias como los sectores más vulnerables de la población.

(Publicado el viernes 20 de junio de 2008 en diario El Informe)

Volvieron los retos de Cristina, sigue el paro agrario y el Congreso estudia las retenciones

Las incertidumbres que el último martes dejó el anuncio presidencial de enviar el proyecto de ley de retenciones móviles al Congreso de la Nación no se disiparon durante la jornada de la víspera, sino que se acentuaron, pues la iniciativa contiene una resolución del Poder Ejecutivo, que debería ratificarse o rechazarse por parte de los legisladores nacionales. En este marco, no sólo que la medida fue tardía, sino que podría resultar insuficiente a los efectos de descomprimir la tensión entre el Gobierno y los disconformes con sus políticas agropecuarias. Ya se anunció oficialmente que el tratamiento del proyecto oficialista comenzará el lunes próximo en las comisiones de Agricultura y Presupuesto de la Cámara baja, pero la oposición teme que no se genere el debate que el ruralismo y los argentinos pretenden. Que el proyecto se pueda ratificar o rechazar, pero no modificar, según resumió anoche el ministro Aníbal Fernández, significa una limitación del debate. En este sentido, se puede entender que el kirchnerismo esté dispuesto a votar a libro cerrado el proyecto presidencial, pero el resto de los legisladores no necesariamente acuerda con volver al esquema del 35 por ciento de retenciones fijas a la exportación de soja. Tanto es así que numerosos diputados nacionales, incluidos algunos miembros disidentes del Frente para la Victoria, deslizaron su voluntad de diseñar un esquema tributario más progresista para el campo, estableciendo mayores cargas para los 2 mil empresarios que producen la mitad de la oleaginosa en nuestro país, y favorecer con menores presiones tributarias, y hasta con subsidios, a los pequeños productores, para incentivar actividades como la ganadería, el tambo y la horticultura, que demandan mayor mano de obra, ayudarían a abaratar los alimentos para el mercado interno y atenuarían el creciente éxodo rural. Estas medidas, junto con una reforma a la ley de arrendamientos, podrían contribuir a recrear una agricultura con agricultores, fortaleciendo la economía de los pueblos del interior -vecinos a las explotaciones agropecuarias-, que tanto padecen este proceso de concentración de la tierra y de la producción, donde los únicos que tienen el futuro asegurado son los grandes propietarios y los pools de siembra, merced a la escala y la tecnología.
No obstante, un poco por la convicción de los legisladores, y otro poco por las presiones de las bases, se espera que predomine el sentido común entre los legisladores oficialistas -son mayoría en ambas cámaras- y se alcance un acuerdo político para rediscutir el proyecto presidencial, pues, caso contrario, el Congreso legitimará todo lo actuado por la Casa Rosada, y se desatará otra escalada de repudios. Para que este desembarco legislativo no acabe en un estruendoso fracaso, es indispensable que, sobre la base de las retenciones móviles y las propuestas del campo, junto con otras iniciativas ya existentes, se instale un debate generoso y esclarecedor, que contemple el destino de los fondos recaudados por las retenciones, que podrán ser fijas o móviles, segmentadas o planas, según se defina en este proceso parlamentario, que una vez abierto estaría en condiciones de progresar también en el diseño de una política agropecuaria nacional, como lo planteó ayer con buen criterio la presidenta Cristina Fernández en el acto de Plaza de Mayo. Sin embargo, volvió a intercalar auspiciosas invitaciones al diálogo con parrafadas enfurecidas, convocando a los disconformes -con sus medidas- a formar otro partido político, como si desconociera que una legión de ellos fueron sus votantes hace pocos meses, y muchos integran el Frente para la Victoria, incluso en calidad de gobernadores, senadores, diputados e intendentes. Esa realidad, aunque no la quisiera ver, se desplegaba ante sus propios ojos: fueron decenas de miles las presencias, pero las ausencias en la mítica plaza resultaron tanto o más rumorosas. Cuando la Presidenta reclama que los disconformes se presenten a elecciones ofertando otro modelo, ella se ubica del lado de la democracia y la redistribución del ingreso, amontonando al resto entre los nostálgicos de la dictadura y los adoradores de las injusticias sociales. Puro maniqueísmo. Por fuera del kirchnerismo, que no es el comienzo ni el fin de la política nacional, existen otras fórmulas, incluso en el marco del modelo redistributivo que tanto gusta mencionar Cristina, pero que no tiene una interpretación excluyente -la suya-, como surge de sus expresiones.
En línea con la promoción del acto, la Presidenta fustigó a los cuatro líderes ruralistas, donde por enésima vez los vinculó con procedimientos golpistas, apelando a sutilezas, como aquella de “interferir en la construcción de la democracia” y pretender imponer una situación sin que nadie los haya votado, cuestionando su representatividad gremial. Con ese mismo tono exasperado, pidió que se liberen las rutas, aunque con la debilidad kirchnerista -en este punto- de no haberlo hecho nunca con ese mismo énfasis en otras circunstancias.
Ese discurso escasamente pacificador, más allá de elípticos llamados al diálogo, generó un fuerte malestar en las bases agropecuarias y desembocó, como era previsible, en una continuidad hasta mañana a las 24 del cese de la comercialización de granos para la exportación que, en principio, concluía en la medianoche de ayer. Además, la cúpula ruralista anunció que, en la continuidad del plan de acción, pedirá reanudar el diálogo con el Gobierno por los temas pendientes y destinará el próximo fin de semana a mantener charlas en distintos puntos del país con los legisladores que el lunes iniciarán el tratamiento del proyecto de ley de retenciones.

(Publicado el jueves 19 de junio de 2008 en diario El Informe)

Cristina, ¿por qué no empezaste por ahí?

Más de tres meses, casi cien días debieron transcurrir para que la presidenta Cristina Fernández decidiera enviar al Congreso de la Nación el proyecto de ley de retenciones móviles, en sintonía con la iniciativa del vicepresidente Julio Cobos. Con este mecanismo, el Gobierno no sólo se resguardaría de la eventual inconstitucionalidad de estos impuestos a las exportaciones establecidos mediante una resolución ministerial, sino que se podría descomprimir la tensa relación con el campo y los pueblos del interior del país, muchos de los cuales sufren las consecuencias del desabastecimiento de alimentos y combustible, entre otros insumos, un poco por los cortes de rutas, otro poco por los especuladores.
Un grupo de senadores nacionales reclamaba ayer la suspensión de los efectos de las retenciones móviles mientras se extendiera el tratamiento legislativo, pero, en principio, las mismas se mantendrían en vigencia hasta tanto se sancione la nueva ley. Luego, de prosperar las demandas judiciales, el Estado tendría que devolver los montos cobrados por encima del 35 por ciento en el efímero período de las retenciones made in Lousteau.
Hasta anoche, subsistían temores de que el proyecto presidencial se remitiera encriptado a la Cámara de Diputados, en cuyo caso no se podrían modificar sus contenidos, sino que todo el trámite parlamentario se limitaría a la aprobación o el rechazo. Todo habrá sido una ilusión efímera e incendiaria si el objetivo de la Casa Rosada fuera convertir por enésima vez al Congreso en una escribanía que certifique sus pretensiones. Por el contrario, esta decisión sólo tendrá efectos beneficiosos si se desata un fervoroso debate nacional para rediscutir a fondo el polémico esquema de retenciones propuesto por el oficialismo. Más allá de las prevenciones chacareras (“esperemos que no sea una trampa”, arriesgó Eduardo Buzzi), los argentinos se esperanzan en que haya margen para la discusión entre los 257 diputados nacionales, en primer término, y los 72 senadores nacionales, luego. También deberían desempeñar roles protagónicos los gobernadores, los intendentes, los legisladores provinciales y, desde ya, los representantes de los productores agropecuarios. En este sentido, se descuenta que las entidades ruralistas ejercerán una fuerte presión en todas las provincias sobre los legisladores nacionales, para que desoigan las disciplinas partidarias, y atiendan las necesidades de sus bases territoriales. Si bien es cierto que el Frente para la Victoria, junto con sus aliados, cuenta con mayoría en ambas cámaras, se conoce que muchos parlamentarios ya volcaron sus simpatías por las demandas del campo, y otros, que hasta ahora evitaron pronunciarse para pasarla bien, tendrán que hacerlo a partir de hoy mismo: “Les vamos a contar las costillas”, señaló anoche un ruralista de la zona.
Hoy, no sólo los productores, sino el conjunto de la sociedad, depositan sus ojos sobre los legisladores, que de cumplir un rol decorativo desde hace mucho tiempo, ahora se convierten otra vez en protagonistas, a partir de la súbita reaparición de la división de poderes, que ojalá haya vuelto para quedarse.

Autocrítica cero
No sólo que no hicieron ninguna autocrítica los Kirchner -primero Néstor y después Cristina-, sino que concedieron la medida tantas veces reclamada, descargando agresiones a diestra y siniestra. Uno y otro, reiteraron el conocido abanico de descalificaciones contra los no kirchneristas, desde opositores y derechistas, hasta extorsionadores y golpistas.
El presidente del PJ intentó ridiculizar las manifestaciones populares de cientos de miles de argentinos en distintos puntos del país, pero no hay dudas de que esa ola de repudios convenció a los Kirchner de recurrir -tardíamente- al Congreso para perfeccionar una resolución que, a pesar de tantos maquillajes, resultaba insostenible. Como si hubiera querido disculparse ante el ala más radicalizada de los suyos, la Presidenta insistió en aconsejar que los detractores formen su propio partido, en línea con su esposo, que minutos antes había cuestionado la resurrección de una vieja derecha. No hacía nada más que verbalizar el deseo de que los adversarios políticos sean funcionales a sus intereses, pero la realidad, que es más compleja, le augura a los Kirchner una futura competencia electoral con otro sector del peronismo y con una fuerza de centroizquierda, en cuya generación, mal que les pese, influyeron estos 100 días de empecinamiento.
Apremiados por las circunstancias, con las antinomias exacerbadas, la economía enfriada y una sangría galopante en su tropa sublevada, recién tomaron la sabia decisión a último momento, como lo hicieron en la interna del PJ santafesino, pactando una lista única con el odiado Lole Reutemann, antes de arriesgarse a perder en las urnas, por culpa del campo.
Con la imagen por el suelo y la anarquía acechando, apelaron, por fin, a la institucionalidad. En este sentido, el envío del proyecto de ley de las retenciones al Congreso se inscribe en los compromisos cristinistas preelectorales de reforzar la calidad institucional, como también descolló la enorme contribución a la paz social de Néstor Kirchner con la desautorización al piquetero Luis D’Elía, que había denunciado la gestación de un “golpe económico” liderado por el ex presidente Eduardo Duhalde, además de convocar a tomar las armas para “defender el gobierno nacional y popular”.

Entidades en alerta
La Comisión de Enlace, que decidió continuar con el cese de la comercialización de granos hasta la medianoche de hoy, se reunirá esta tarde para evaluar el proyecto de ley, temerosa de que se intente una votación a libro cerrado, sin posibilidad de generar el debate parlamentario. De todos modos, sus miembros valoraron, en principio, la decisión presidencial, ya que ellos mismos estaban juntando firmas para forzar que el Congreso de la Nación discutiera los impuestos a la exportación.
En la conferencia de prensa que los líderes agropecuarios ofrecieron horas después del discurso de Cristina, ni siquiera lo mencionaron, pero se puede intuir que el paro agrario se hubiera interrumpido anoche, si el Gobierno y el PJ suspendían el inútil acto -otro más- previsto para esta tarde en la Plaza de Mayo, donde se aguardan violentas críticas contra el campo y sus aliados, tanto desde arriba, como desde abajo del gigantesco palco.
Si en la jornada de hoy la Comisión de Enlace de las entidades agropecuarias reúne las garantías de que habrá un debate legislativo en serio sobre las retenciones móviles, debería terminar con el paro esta misma noche y reanudar la comercialización de granos, a los efectos de desactivar la huelga de los transportistas cerealeros. En ese marco, el Gobierno ya no tendrá más excusas, y debería convocar a una mesa de concertación de políticas agropecuarias, pues la problemática del sector excede largamente la pugna por las retenciones a la soja.

(Publicado el miércoles 18 de junio de 2008 en diario El Informe)

D'Elía, la voz de Kirchner, marca el rumbo con sinceridad brutal

Ayer, otra vez habló Néstor Kirchner, a través del piquetero aliado Luis D’Elía, involucrando en un golpe económico en marcha al ex presidente Eduardo Duhalde, entre otros dirigentes políticos, sociales y agropecuarios. Después de haber exigido en los últimos días la “rendición incondicional” de los referentes del campo, D’Elía sentenció en una escalada de beligerancia que “la guerra es abierta y total (…) no hay que descartar un enfrentamiento civil”; y en la misma prédica de incitación a la violencia, el líder de las fuerzas de choque sugirió armarse en “defensa del gobierno de Cristina”.
En un principio se creyó que estas declaraciones obedecían a una táctica sensacionalista de convocatoria a la nueva demostración de fuerza que el oficialismo organiza para mañana en la Plaza de Mayo, sobre todo después de la módica concurrencia en la noche del último sábado, a pesar de los pedidos desesperados de D’Elía para evitar la inminente “conspiración oligarca y sediciosa”. Sin embargo, aunque haya sido eficaz para apuntalar la concentración, el objetivo político de las manifestaciones, en sintonía con las necesidades de Kirchner, sería exacerbar las tensiones sociales y neutralizar las voluntades pacificadoras. “Esta disputa la vamos a dar en la calle, en cada lugar de la Argentina”, propuso el piquetero, dispuesto a multiplicar los enfrentamientos que están desangrando a la Argentina.
Luego de que un amplio espectro de dirigentes de todos los sectores, incluidos los radicales K y el vicepresidente Julio Cobos, coincidieron en reclamar un inmediato retorno al diálogo del Gobierno con el campo, el más fiel vocero kirchnerista se ocupó de disipar esas embrionarias esperanzas surgidas en el lunes feriado, con irritantes declaraciones de guerra.
A estas alturas, el denunciante ya tendría que haber sido citado por un juez para ofrecer pruebas sobre la gravísima imputación de golpe de Estado que le atribuye a Duhalde, nada menos que el dirigente que facilitó el acceso al poder a los Kirchner, junto con la lealtad incondicional de los eternos intendentes del conurbano bonaerense, los mismos que antes eran tratados de “mafiosos” por la presidenta Cristina Fernández y hoy se erigieron en sus mayores bastiones.
Al mismo tiempo, quedó al desnudo que estas provocaciones intentan radicalizar los cortes de rutas, anarquizar las demandas y generar el desabastecimiento más cruento, en busca de quebrar la alianza espontánea de los centros urbanos con el campo. Pero no se acaba la embestida con estos propósitos, sino que se desencadena una revancha contra las presuntas operaciones políticas del influyente ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde, cuya figura está oficiando de referencia para numerosos dirigentes del PJ no kirchnerista, como Carlos Reutemann, José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti y Jorge Busti, y también para los oficialistas que preparan el éxodo, así como los menemistas lo hicieron en su momento, abordando el barco duhaldista, para luego desembarcar en el naciente kirchnerismo.
Anoche, hasta Venado rompió su clásica abulia, sumándose a los bocinazos, cacerolazos y apagones de centenares de ciudades y pueblos, pero sin ánimos golpistas, ni siquiera bajo el clamor del “que se vayan todos” de 2001, sino con el reclamo rotundo de que el Gobierno recupere el sentido común, comprenda que debe dar un paso atrás en su errónea medida y reanude las negociaciones.
Por su parte, Luis D’Elía, con sinceridad brutal, blanqueó la estrategia de la predominante ala dura del Gobierno: alentar los fantasmas conspirativos; crear falsas antinomias en la sociedad; tomar represalias con Eduardo Duhalde por coordinar la formación de un espacio peronista alternativo para 2009; resistir a capa y espada el alza de un impuesto regresivo que repudia la mayoría de los argentinos; impedir dicho debate tributario en el ámbito natural del Congreso de la Nación; y apostar al desgaste de la protesta del campo y el interior, aunque en esa espera, con paciencia oriental, se incendie lentamente el país.

(Publicado el martes 17 de junio de 2008 en diario El Informe)

Kirchner apuesta al desgaste; el país, más cerca de la violencia que del diálogo

La puesta en escena del Gobierno con transportistas rurales de mínima representatividad y la instrucción a los gobernadores de denunciar ante los jueces federales los cortes de rutas para proceder al despeje, auguraban lo peor para el fin de semana largo. Y así fue en el piquete más mediático, el de la ruta 14, en Gualeguaychú. Había otros, pero se eligió el más emblemático de estos casi 100 días de conflicto entre el Gobierno y el campo, como consecuencia de un ajuste impositivo que, instrumentado con prudencia y legalidad, puede ser beneficioso para el desarrollo equitativo del país, pero, mal planteado, es capaz de generar un desastre, como lo testifica esta ola de repudios masiva y espontánea. Se presume que el objetivo del sábado fue mostrar que eran los ruralistas los que interrumpían el tránsito y desabastecían las ciudades. En rigor, se está librando una formidable batalla comunicacional, donde cada antagonista trata de salpicar al otro. En este sentido, aun sin desatar una represión feroz, la imagen de los gendarmes pertrechados acometiendo (¿tres meses después?) contra los productores, resultó un búmeran para las intenciones oficialistas, que pecó de debilidad justo cuando intentó exhibir fortaleza. Hasta Alfredo De Angeli encontró -salvando las distancias- su propio 17 de octubre, con la detención y posterior regreso al piquete, al mismo tiempo que centenares de campamentos ruralistas en todo el país -muchos lucían debilitados- se fortalecían con la presencia de nuevos manifestantes. En nuestra ciudad, ya sin camioneros a la vista, el corte de las rutas 8 y 33 era total en la tarde del sábado, y un gentío se acercaba a la carpa, desafiando la humareda de los campos incendiados, la escasez de combustible y la gélida noche que se avecinaba.
Más tarde resurgían los signos de flaqueza del Gobierno, que insistía a través de sus voceros con la absurda teoría del golpismo, en una suerte de escudo simplificador para no observar los profundos motivos de la más vertiginosa descapitalización política que se recuerde en la historia argentina casi bicentenaria. En cambio, dstintas formas de desestabilización -estas sí que fueron ciertas- sufrieron en los últimos tiempos, desde Alfonsín hasta De la Rúa, sin olvidar el empujoncito que le dieron al puntano Rodríguez Saá. Otro episodio tragicómico de esa noche fue la presencia de Néstor Kirchner en una Plaza de Mayo vacía, mientras sus seguidores convocaban, en un exceso de paranoia conspirativa, a “defender el gobierno nacional y popular del golpe económico”.
Aunque se desgañite buscando culpables afuera, el Gobierno padece su propia impericia, a partir de una medida tributaria improvisada -mereció varios retoques-, que hasta olvidó que debía tratarse en el Congreso de la Nación. Pero, más allá de las legalidades, se trata de una torpeza política, por no haber evaluado las consecuencias de la resolución ministerial que hoy resultan devastadoras para el Gobierno y el conjunto de los argentinos, sobre todo para los más humildes, cada vez más numerosos, si se los mide con el verdadero índice inflacionario.
El Gobierno eligió como enemigo al campo, excluyendo de la misma misión solidaria con fines redistributivos a otros grandes beneficiarios del modelo exportador, en una actitud que comienza a explicar la extraña alianza de pequeños chacareros y grandes terratenientes. Era sugestivo el acompañamiento a los Kirchner de las corporaciones banqueras, industriales y de la construcción, aplaudiendo la fiereza kirchnerista para concentrar las sobrecargas tributarias lejos de ellos. Antes aun, se habían establecido las mismas cargas impositivas agrícolas a los más chicos y los más grandes, tratando como iguales a los desiguales (es inadmisible aplicar la misma retención a un pool sojero de 10 mil hectáreas que a un arrendatario de 100 hectáreas, así como es reprobable que paguen el mismo IVA por un litro de leche un millonario que el beneficiario de un Plan Trabajar), favoreciendo la concentración de la tierra en pocas manos y desalentando las producciones demandantes de mano de obra intensiva. Porqué no gravar exclusivamente a los menos de 2 mil grandes productores que controlan el 50 por ciento de la soja, y tienen espalda -por escala y tecnología- para soportar mayores presiones tributarias. Con el actual nivel de retenciones, estos sectores ya están tratando de comprarles sus campos a los pequeños productores, atemorizados por una rentabilidad deteriorada, sobre todo en las regiones más desfavorecidas. Una cosa es que el Estado intervenga -como debe ser- y otra es que lo haga con discrecionalidad, asociado con unos (“capitalismo de amigos”) y divorciado con otros.
El ala progresista K teje sesudas teorías sobre la irrupción de la nueva derecha, pero no quiere ver que es el propio Gobierno el que alimenta esos engendros. Hasta Carlos Reutemann, que podría encuadrarse en la centro-derecha del espectro político, fue resucitado por la torpeza kirchnerista, negociando fuera de hora una lista única para evitar una derrota indecorosa en la interna peronista santafesina, y todo porque el Lole y su delfín Ricardo Spinozzi desafiaron al Gobierno enrolándose en la causa chacarera, siendo que hace tres meses la candidatura del Tino era apenas testimonial.
Con su incapacidad para resolver el primer gran intríngulis de su lustro de gestión, los Kirchner no sólo alimentan los proyectos de derecha que tanto denuestan (por fuera o por dentro del PJ), sino que ellos mismos archivaron las insinuaciones de “transversalidad progre” y fogonean ciertas falanges fascistoides aliadas, devenidas milicias civiles, en el discurso (reclaman “rendición incondicional”, al estilo Kirchner) y en la acción directa.
Así como el Gobierno recibió la semana pasada a los camioneros que estaban de paro, es indispensable que haga lo propio con el campo y se recobren cuanto antes el diálogo y la paz social. La más pesimista de las hipótesis advierte que Néstor Kirchner radicalizará el escenario cada vez que esté cerca el acuerdo, porque en su lógica política no hay otra salida que aniquilar y pisotear a los productores agropecuarios para recuperar el crédito dilapidado en el interior. Si así fuera, los argentinos aún tendremos mucho que lamentar. En la Casa Rosada ya se desliza que sólo un milagro podría lograr que el oficialismo no pierda la mayoría en Diputados en 2009 e, incluso, algunos arriesgan que hay resistencia a tratar ahora las retenciones en el Congreso -como manda la Constitución- porque, al menos en ese tema, ni siquiera podría contener a su propia tropa, que es mayoría en ambas cámaras.
El miércoles próximo, con multitudinarias manifestaciones de una y otra parte, es posible que estemos mucho peor aún, más lejos de las negociaciones, con pérdidas económicas multiplicadas, divisiones sociales exacerbadas y la violencia acechando.

(Publicado el lunes 16 de junio de 2008 en diario El Informe)

Para evitar una derrota más humillante, Kirchner se arrodilló ante los reutemistas pro-chacareros

Hacia dentro del Partido Justicialista, los Kirchner dieron un paso atrás con la sensatez que no demuestran en el ejercicio del gobierno nacional. En una maniobra desesperada, cinco días después de la presentación de las listas para la interna santafesina, entregaron a su candidato, Agustín Rossi, y negociaron la “unidad” con el reutemismo, otorgando la conducción partidaria al senador provincial Ricardo Spinozzi. Paradójicamente, los mismos fenómenos políticos que la Casa Rosada niega en un escenario, los admite en el otro. Los asesores presidenciales alertaron que la campaña por la presidencia del PJ provincial, aún con cuatro semanas por delante, no se basaría ni en la crítica al gobierno binnerista, ni en el proyecto de renovación del justicialismo, sino en las posiciones con respecto al conflicto del Gobierno con el campo, donde el Chivo Rossi hacía las veces de defensor a ultranza de las políticas kirchneristas, y el Tino Spinozzi representaba el sentimiento del ruralismo y los poblados del interior cada día más afectados por la crisis que desató la impericia oficialista en temas agropecuarios. Además, el recuperado protagonismo del senador nacional Carlos Reutemann, como soporte de su delfín venadense, garantizaba la nacionalización de los comicios del 13 de julio, que a poco de andar serían sintetizados por la prensa como la porfía Kirchner vs. Lole.
No sólo inquietaba al matrimonio presidencial el desarrollo de una campaña santafesina plagada de reproches mutuos que retumbarían en toda la Argentina, sino los probables resultados en las urnas, pues la evolución de las encuestas, de persistir la tendencia, auguraba una indecorosa derrota para el candidato de los Kirchner. Hasta en la denominación de la lista, Federalismo por Santa Fe, los reutemistas insinuaban su voluntad de defender los intereses de la provincia, en tanto que acusaban al rossismo de estar a la espera de instrucciones de Buenos Aires. Con logrado efectismo marketinero, en el lanzamiento del sector en nuestra ciudad, el lunes último, Spinozzi resumió que “la elección es chequera o dignidad”, en alusión a las presiones kirchneristas sobre intendentes y jefes comunales para beneficiar al aspirante de Unidad para la Victoria, y apartarse del armado reutemista.
Agudos lectores de la realidad, esa misma que el Gobierno se empecina en negar, Reutemann -un mediano agricultor- y Spinozzi, entendieron que era el tiempo propicio para desafiar las órdenes presidenciales, y ante cada advertencia intimidatoria de los operadores kirchneristas, doblaban la apuesta, hasta el punto tal de correr por izquierda al socialista Hermes Binner en el pleito con el campo, obligándolo a endurecer su posición contra el Gobierno, más allá de sus propios planes. En esta misma estrategia de despegue se inscribe el reciente distanciamiento binnerista del extemporáneo tren bala y la desmentida a la presidenta Cristina Fernández, que se equivocó por una diferencia de varios miles de millones en los montos de coparticipación federal que, según ella, había recibido nuestra provincia en el lustro kirchnerista.
Si bien es cierto que la pugna se hubiera acotado a los peronistas empadronados, Spinozzi observaba en sus fatigosas giras territoriales que la arremetida del Gobierno contra el complejo mosaico ruralista había desatado una ola transversal de repudios en una provincia agrícola como Santa Fe. El propio Lole se lo había alertado a Néstor Kirchner en el epílogo de su carta abierta: “… como usted bien sabe, la agricultura es para los santafesinos, lo que los hidrocarburos son para la provincia de Santa Cruz”.
Con este arreglo de cúpulas, los Kirchner supieron retroceder a tiempo, cediendo el liderazgo partidario santafesino a un enemigo reutemista, pero se resguardaron de las esquirlas de una campaña feroz y de una factible derrota electoral en la primera medición de fuerzas condicionada por el conflicto agrario; Reutemann, con su carisma intacto y fortalecido por los vínculos con la causa chacarera, impuso su candidato y se quedó con la mayoría del PJ provincial, aunque con este acuerdo debilitó el perfil antikirchnerista que tanto seducía a los fogoneros de su candidatura presidencial por fuera del aparato oficialista. Un triunfo del Lole en la interna lo hubiera dejado en la pole position; ahora ese privilegio está por verse.
En rigor, los Kirchner se asustaron por el último trimestre combativo del mismo Reutemann que se había comportado como un obediente soldado K desde mayo de 2003. Tanto es así que ni siquiera bancó a su diputada María del Carmen Alarcón -hoy en los brazos de Binner- cuando el kirchnerismo, a través del siempre malogrado Chivo Rossi, la expulsó de la presidencia de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, por haberse anticipado a las críticas que ahora corea la mayoría de los argentinos. En este sentido, algunos sospechan que en esta negociación secreta con el Gobierno se suscribió un pacto de no agresión, cercando la provincia a los embates K (¿ya podría hablarse de un único postulante reutemista a la Gobernación?), pero con el compromiso del ex piloto de no competir en las presidenciales liderando un andamiaje peronista alternativo. Los memoriosos recordarán que, en 2003, Kirchner fue candidato a Presidente porque el Lole rechazó antes ese mismo convite. Ahora, para permanecer en el poder más allá de 2011, el matrimonio patagónico también necesitaría, entre otras cosas, que el popular santafesino no sea de la partida.

De ilesos y damnificados
Con lista única en el orden provincial y también en Venado -liderada por el intendente José Freyre-, ya no tiene sentido mantener en pie la disputa para el 13 de julio entre los dos sectores en el departamento General López. Mientras el diputado provincial reutemista Jorge Lagna se agigantó en sus aspiraciones de conducir el PJ regional, la presidenta comunal de María Teresa, María Cristina Gómez, se quedó huérfana y desconsolada. Algunos miembros de su propia lista prefieren no enfrentar a un Spinozzi ya ungido como jefe del peronismo santafesino; si el Chivo no estaba muy convencido de recorrer el interior de la provincia para hacer campaña, mucho menos ahora; y, por último, los rossistas deberían comprender que Kirchner los sepultó para cuidar su propia integridad arreglando con el reutemismo, es decir, con los que eran traidores y gorilas hasta un rato antes de la cumbre.
Uno de los más golpeados en la región por el retroceso kirchnerista es el ex intendente Roberto Scott, que esta vez no detectó con su reconocido olfato político el fenómeno social que la Casa Rosada descubrió con encuestas: no sólo son los productores agropecuarios, sino la mayoría de las urbes del interior, incluidos los afiliados del PJ, los enemistados con el Gobierno por sus prácticas hegemónicas y beligerantes. Para justificar el apoyo a Rossi, Scott alegaba que “Kirchner tiene un carácter muy duro y no perdona” y advertía a su discípulo Freyre que la ciudad se quedaría sin recursos nacionales para obra pública por culpa de una alianza con el Tino Spinozzi. En la práctica, ocurrió todo lo contrario. Los Kirchner cedieron porque los reutemistas procampo los desafiaron más fuerte que nunca.
Por su parte, el intendente José Freyre salvó el pellejo justo a tiempo, resistiendo las presiones kirchneristas y los consejos de Scott, para recostarse a último momento en la prescindencia, en sintonía fina con la actitud del ex gobernador Jorge Obeid. De todos modos, los exultantes spinozzistas terminaron disgustados con el porotismo, que colocó algunos dirigentes de fuste en la lista departamental rossista, pero habría negado el permiso a las concejalas Bibiana Pieli y Norma Orlanda para integrar la formación reutemista regional encabezada por el Pito Lagna.
En tanto, ayer, el rostro demudado de Julio Eggimann, uno de los referentes del Chivo en la región, demostraba contrariedad por la decisión kirchnerista de eludir el combate. “Hay algunos compañeros que están indignados, pero yo creo que no hay más nada que hacer”, confiaba anoche el ex diputado provincial, experimentado como pocos en estas lides. Ni siquiera le quedaron ganas de celebrar el 12 de junio, la fecha del último discurso del General Perón en la Plaza de Mayo, en 1974, y que dio nombre a su reconocida agrupación política; en las antípodas anímicas, el lucifuercista Jorge Viano repartía sonrisas ante las sorprendentes novedades de la noche del miércoles. Días atrás, había cuestionado las vacilaciones de Scott y Freyre en la interna peronista, al mismo tiempo que se enrolaba en la línea crítica de Reutemann y Spinozzi a las políticas agropecuarias kirchneristas.

(Publicado el viernes 13 de junio de 2008 en diario El Informe)

Cristina remachó las retenciones y con un plan social busca restarle apoyo político al campo

La presidenta Cristina Fernández usó la cadena nacional para maniatar el eje de la protesta del campo. Con tres meses de demora, anunció que la recaudación de las retenciones móviles (los excedentes a partir del 35 por ciento) fondearán un Programa de Redistribución Social, a los efectos de la construcción de hospitales (el 60 por ciento); viviendas (20 por ciento) y caminos rurales (20 por ciento), cuya ejecución se descentralizaría en las provincias, pero sin el protagonismo de los gobernadores ni el Congreso de la Nación en la formulación del plan de obras.
Con estas nuevas medidas complementarias a la Resolución 125, el Gobierno intenta desmentir que el objetivo de las retenciones haya sido meramente recaudatorio y, en cierto modo, se aproxima a las demandas de numerosos gobernadores para que regrese a las provincias una parte de los impuestos a las exportaciones agrícolas.
Después de la lectura del decreto, Cristina apeló a un tono conciliador, pidió perdón a los ofendidos por sus gestos y discursos, y elípticamente, convocó al campo a reanudar el diálogo para tratar la extensa agenda pendiente, aun cuando las retenciones ya no formen parte del temario. Sin embargo, la Presidenta volvió a pegarle al sector agropecuario, culpándolo de negarse a contribuir con los que menos tienen. “No se puede solucionar la pobreza sin tocar la renta extraordinaria”, puntualizó. Esta vez no los trató de golpistas, pero se jactó de no haber concluido la rebelión chacarera pactando, como Raúl Alfonsín, con los militares sublevados.
Críticas recargadas para el campo, pero ninguna autocrítica, a pesar de las sucesivas enmiendas que mereció el retoque a las retenciones en marzo pasado.
Es probable que el país se hubiera ahorrado esta crisis innecesaria si las decisiones se enmarcaban en los carriles institucionales, pues los impuestos a las exportaciones debe fijarlos el Congreso de la Nación. Y con mayoría en ambas cámaras, el kirchnerismo no habría encontrado resistencias para sancionar una ley de efectos políticos superadores, en legitimidad, a una resolución ministerial, cuyas sospechas de improvisación se comprobarían tiempo después. Incluso, de no aferrarse a esa rigurosidad constitucional, la Casa Rosada podría haberse cubierto con el apoyo de gobernadores e intendentes, comprometiendo obras públicas millonarias y de indiscutible necesidad social para las distintas regiones, como hizo recién ahora, apremiada por las circunstancias, y obligando a preguntarnos qué otro destino tenían planificado los Kirchner para los 1.500 millones de dólares que hoy derivan a un plan social. También habían tardado más de la cuenta para instrumentar los reintegros unilaterales -por fuera de la mesa de diálogo- a los pequeños productores, que integran la clase media rural, y no son golpistas ni oligarcas.
En suma, la enumeración del largo listado de correcciones es manipulada para atacar la insatisfacción recurrente de los ruralistas, pero el Gobierno se muestra incapaz de asumir sus propias responsabilidades en la generación de este conflicto.

Medir con la misma vara
Concluida la reunión en la Defensoría del Pueblo -con el faltazo del Gobierno-, los miembros de la Comisión de Enlace compartieron los loables propósitos presidenciales de combatir la pobreza con los recursos obtenidos por las retenciones, pero cuestionaron que los esfuerzos que se piden no sean parejos, recordando que existen otros sectores de la economía de altísima renta que no tienen las mismas cargas tributarias e, incluso, puntualizaron que algunas empresas (lácteas, aceiteras, etc.) se benefician con millonarios subsidios estatales, al tiempo que se postergan eternamente los reintegros a los chacareros. La Federación Agraria, que incluye entre sus proyectos la resurrección de la Junta Nacional de Granos, volvió a castigar a los grupos exportadores multinacionales.
Con esta última apuesta, el Gobierno ignoró el reclamo medular del campo e intentó quebrar la columna vertebral de la alianza de los campesinos con los sectores urbanos del interior, sostenida en el destino incierto de la recaudación adicional en concepto de retenciones. Tal vez esta decisión haya contribuido a frenar el creciente frente opositor de aliados al campo, formado por propios y extraños.
Sin embargo, los chacareros entendieron que la medida había sido urdida para aislarlos, y no para satisfacerlos. Con un 20 por ciento de esos recursos destinados al mantenimiento de los caminos rurales y otro poco para viviendas, Cristina no se mostró muy generosa con los sectores más damnificados (propietarios de pocas hectáreas, arrendatarios y aparceros), sobre todo porque, como admiten los ideólogos del Plan Fénix, “las retenciones no permiten discriminar adecuadamente entre productores de distintas áreas y condiciones, problemas que serían resueltos de mejor manera por un impuesto a las ganancias, que es muy difícil de percibir en las condiciones actuales del país y el agro”, decían tres años atrás. Ya en ese entonces advertían que “su aporte es una razón más para exigir que la administración pública de esos recursos -y no sólo de ellos- responda a criterios de eficiencia y equidad”. Como una fórmula de compensación, el Plan Fénix sugería que “una parte de lo recaudado integre un fondo destinado a la capitalización tecnológica de los productores, en particular de aquellos de menor talla o situados en áreas marginales”. En esta propuesta se contemplaban beneficios más directos que los dudosos reintegros. Hoy, la recuperación del sistema ferroviario nacional hubiera sido una reivindicación más sentida por los productores, que disfrutarían de reducciones de costos con los trenes de carga.
Es posible, como quedó dicho, que el decreto de la víspera le ayude al Gobierno a restablecer los vínculos perdidos con algunos sectores políticos y sociales, incluyendo justicialistas díscolos, pero volvieron a faltar gestos para salvar a los productores de menor rentabilidad de la amenaza del galopante proceso de concentración de la tierra, inaugurado antes de mayo de 2003, pero consolidado en el lustro de gestión de los Kirchner. En este marco, el Gobierno podría beneficiarse con el debilitamiento de la protesta del campo, pero lo más inquietante es que los pequeños productores no reciban un tratamiento preferencial para garantizar su permanencia en las explotaciones agropecuarias, en busca de impedir que a los propietarios les convenga más alquilar sus hectáreas que cultivarlas, y que los arrendatarios y apareceros acaben desocupados, o alimentando el éxodo rural.

Se alejan de las rutas
Las cuatro entidades agropecuarias ya optaron por alejarse de las rutas y emprender el parsimonioso camino de la institucionalidad, concurriendo a la convocatoria del gobernador Hermes Binner -que hoy será recibido por la Presidenta-, y luego a la cita con el Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, además de valorizar la reciente exhortación eclesiástica a la pacificación y juntar firmas para que los impuestos a las exportaciones sean tratados en el Parlamento. En esa misma línea, los gremialistas del campo supieron interpretar la demanda angustiada de la sociedad por el levantamiento de las medidas de fuerza.
Sin embargo, los piquetes ruralistas más radicalizados, entre amores y odios con los transportistas cerealeros, están dispuestos a continuar interrumpiendo tramos ruteros estratégicos, aunque con el riesgo de perder paulatinamente el respaldo popular.
La Presidenta, con su fuerte apelación a combatir la pobreza, se cargó de compromisos, aunque se empecina en negar la crisis y no reconoce que el proceso inflacionario está generando más pobres cada día. Como bien dijo ayer, “no se puede solucionar la pobreza sin tocar la renta extraordinaria”. Pero tampoco se la podrá solucionar con el diagnóstico erróneo de los increíbles datos oficiales. También debería saber que para ese combate no basta con gravar al campo, y que no habrá redistribución del ingreso sin apurar una reforma tributaria integral y la sanción de la nueva ley de coparticipación federal. Asimismo, en adelante, será más beneficioso para todos los argentinos que, en lugar de medidas intempestivas y unilaterales, resueltas por unos pocos y entre cuatro paredes, se adopten los mecanismos institucionales, con todas las mediaciones posibles, para evitar próximas resoluciones que demanden largos meses de rectificaciones, cientos de millones de dólares de pérdidas y heridas en el cuerpo social difíciles de cicatrizar.

(Publicado el martes 10 de junio de 2008 en diario El Informe)

Con la prescindencia, Freyre desoye a Scott y cuida la relación con Spinozzi y el campo

Hace nueve días, el senador provincial Ricardo Spinozzi, el diputado provincial Jorge Lagna y el intendente José Freyre, se mostraron sonrientes y distendidos en un café céntrico. No era una sorpresa para los que recordaban que en las elecciones provinciales del año pasado, los tres habían coincidido en el armado bielsista del Frente para la Victoria, derrotando a Agustín Rossi en las primarias, para luego caer en las generales ante el socialista Hermes Binner. Sin embargo, Spinozzi y Lagna fueron reelectos como legisladores, y Freyre consiguió la Intendencia venadense. En cambio, sí se extrañaron esa noche quienes los vieron juntos y sabían del encontronazo de Spinozzi y Freyre unos pocos días antes, luego de que el ex intendente Roberto Scott sentenciara que el senador -muy solidario con la protesta del campo- debía declinar la candidatura a presidente del justicialismo santafesino y que Freyre tenía que respaldar en la interna al Chivo Rossi, el candidato de la Casa Rosada, porque “Kirchner tiene un carácter muy duro y no perdona”, según Scott. “Si Freyre juega con Spinozzi, que se olvide de tener obras públicas para la ciudad”, advirtió. Contundente, agregó que “si el intendente fuera yo, optaría por Rossi. En estas condiciones, insisto que preferiría no ir a votar, pero debo reconocer que si me pronuncio por Spinozzi, le corto a la ciudad la relación con el Gobierno nacional”. Luego, aunque más mesurado y exigiendo la postergación de las internas en nombre del conflicto con el campo, Freyre se pronunció en sintonía con Scott, recibiendo enseguida fuertes críticas -sin mencionarlo con nombre y apellido- de la Comisión de Enlace Regional de las entidades agropecuarias, y también una impiadosa solicitada del sector justicialista de Jorge Viano, que entre otras cosas, denunciaba -en función de estos antecedentes- que Scott seguía controlando los hilos del poder municipal. De pronto, Freyre, que había conservado una buena relación con el campo, quedaba descolocado -con su apoyo a Rossi- ante el reclamo creciente de los ruralistas. Además, se resentía su autoridad política, pues había sido su antecesor el que se anticipó a promover el alineamiento de la tropa scottista con el rossismo.
Como resultado de este intrincado proceso que desembocó el viernes último en el cierre de listas, José Freyre -volviendo sobre sus pasos- optó por la prescindencia en la interna departamental y provincial, y al mismo tiempo, aceptó liderar una lista única local, en el cargo de secretario general, escoltado por el spinozzista Jorge Lagna como secretario adjunto y el rossista Julio Eggimann como secretario de Organización, excluyendo del acuerdo al vianismo. En el PJ de General López, la disputa del 13 de julio -con unos 20 mil empadronados- tendrá como antagonistas por la conducción partidaria a Jorge Lagna y la rossista María Cristina Gómez, actual jefa comunal de María Teresa.
En este marco, en las listas departamentales, sobresalen las presencias de los porotistas Víctor Ubalton y María del Carmen Goniel en la rossista “Unidad para la Victoria”, en tanto que el concejal Miguel Pedrola y el ex funcionario obeidista Alberto Turcato -apoyó a Freyre en la elección municipal-, ficharon en defensa de los intereses del Tino, que ofrece como máxima atracción de “Federalismo por Santa Fe” a Carlos Reutemann, en el doble rol de candidato a congresal nacional y provincial.
Una vez más, una inminente ruptura de scottistas y spinozzistas se evitó sobre la hora, pero en la mesa chica de ambos sectores admiten que el quiebre sólo se postergó por razones de conveniencia recíproca. Nada más que eso. Freyre no quería romper las óptimas relaciones con el campo y, al mismo tiempo, se encontró con una excelente ocasión para mostrarse independiente de Scott, que había reclamado un respaldo incondicional para el candidato K. Por su parte, el Tino impidió que Rossi pudiera alardear a partir de hoy con el discurso chicanero que aquél jamás hubiera querido escuchar: “Hasta en la ciudad natal de Spinozzi, la Intendencia peronista apoya mi candidatura”. Ahora, el senador reutemista no cuenta con el soporte explícito de Freyre y Scott, como en septiembre pasado, pero al menos no los tiene en contra, como apetecía el Chivo, mostrando los colmillos.
Con lista única local y prescindencia en los otros niveles, el próximo paso es dilucidar si el porotismo dejará a sus adherentes en libertad de acción, o si instruye a los siempre influyentes punteros para volcarse por alguna de las propuestas departamentales y provinciales. La misma incógnita ofrece el vianismo, cuyos referentes anticiparon que no trabajarán para ningún candidato en esta interna, aunque algunos todavía especulan que, en tiempo de descuento, podría bajar una orden a favor de uno u otro postulante.
No hay forma de que Spinozzi y Freyre no confronten entre sí, tarde o temprano, pero ambos interpretaron que aún no era el momento. Con el reciente acuerdo político, ninguno será derrotado por el otro en la elección partidaria. Además, Freyre, sin arriesgar nada -salvo que no llamará a votar por el bendecido provincial del kirchnerismo-, se convertirá en el jefe del PJ local y no debilitará el vínculo con el agro; Spinozzi, otro mimado del campo y sus aliados urbanos, que no tiene nada que perder y tiene todo para ganar en la carrera con el caballo del comisario, consiguió preservar, por un tiempo más, la inestable alianza con el oficialismo venadense.

(Publicado el lunes 9 de junio de 2008 en diario El Informe)

Desde los socialistas hasta los obispos piden diálogo; Kirchner ataca de nuevo

Hoy, más que nunca, son bienvenidas las voces que exigen la reanudación del diálogo entre el Gobierno y los sectores de la producción agropecuaria, porque la paz social está en peligro desde el súbito regreso a los cortes de rutas, esta vez por la acción de transportistas cerealeros agobiados por la falta de trabajo. Cuando la sociedad reclamaba a coro la desactivación de un conflicto que se había apaciguado en sus metodologías de protesta -aunque sea notoria la caída de la actividad económica-, esta nueva amenaza de desabastecimiento multiplicó el malestar de la gente, al mismo tiempo que despertó sospechas sobre la presunta incentivación política de las medidas extremas de los transportistas, pues ayer mismo se sucedió una avalancha de embates del Gobierno contra el campo por el desabastecimiento y el desperdicio de alimentos, dejando a salvo a los camioneros que cortaron las rutas y, por supuesto, eludiendo cualquier responsabilidad política propia. En este sentido, uno de los discursos más crispados fue, una vez más, el de la presidenta Cristina Fernández durante un acto en La Matanza, denunciando que sólo puede estar 90 días sin trabajar el que acumuló mucha riqueza, en otra muestra de desconocimiento de los ciclos productivos del agro. Hasta el abúlico gobernador bonaerense Daniel Scioli, con el fanatismo de los conversos, se colocó detrás del atril en ese mismo acto y, al estilo K, bramó: “Con la comida no se jode”, aunque se desconoce si aludió a los centenares de camiones varados en las rutas, o al huevazo escrachador que se estrelló contra el avión provincial que el lunes último trasladó a Venado por motivos particulares a su esposa Karina Rabolini, en coincidencia con la caravana del Centro Comercial a la rotonda de rutas 8 y 33 en apoyo a los productores agropecuarios.
Volviendo a la línea dura, la Presidenta reeditó sus discursos incendiarios contra los productores -los culpó de avaricia, pero desde la soberbia, para no ser menos ni siquiera en la comisión del pecado-, en la misma jornada que desde el gobierno socialista de Hermes Binner, hasta la Conferencia Episcopal de la Iglesia, se lanzaron sendas convocatorias al diálogo, acordando en el pedido de “gestos de grandeza”. Como para neutralizar estas demandas de reconciliación, el Gobierno usó todos los micrófonos para reavivar los antagonismos, en una evidente incitación a radicalizar la protesta. En este sentido, no fue casual que Cristina se refiriera a la avaricia como “uno de los pecados que Dios más condena”. Temía un pronunciamiento adverso de la Iglesia, y entonces atacó al campo en el idioma de los obispos.

Binner y Bergoglio
Desde nuestra Santa Fe agrícola, ayer surgieron voces que los Kirchner deberían escuchar, como la del gobernador Hermes Binner, que viajó a San Nicolás para solidarizarse con los dirigentes del campo y la oposición citados a declarar en Tribunales, y señaló que acababa de solicitar una audiencia con la Presidenta. Además, en un anticipo de sus objetivos, el socialista manifestó que “este conflicto se destraba con un acto de grandeza del Gobierno”, a la vez que insistió en que “no debe haber vencedores ni vencidos”. Por la tarde, recibió a los ruralistas en la Casa Gris, los conminó a terminar con los paros y convocó al Gobierno a revisar las retenciones y conciliar políticas para el sector desde el Consejo Federal Agropecuario ampliado. En la mañana, el fortalecido senador nacional Carlos Reutemann había sugerido a la primera mandataria que “mire para adelante, como estadista”, alertando sobre el probable desborde del conflicto.
Luego, la Iglesia, a través de la Conferencia Episcopal Argentina, emitió un documento de fuerte contenido político, tomando distancia del rol de mediación que algunos le demandaban, y advirtiendo que el Gobierno tiene la mayor responsabilidad de convocar al diálogo, como así también que el país cuenta con las herramientas institucionales para solucionar el problema. En este sentido, introdujo una sutil crítica a los procedimientos del Poder Ejecutivo, con el pedido de una vigencia “más plena” e independiente de las instituciones de la República, en referencia al Congreso de la Nación y el Poder Judicial, insinuando que en el primero de los poderes deberían debatirse los impuestos a las exportaciones, y que el segundo es el ámbito para controlar las transgresiones constitucionales. En un marcado posicionamiento crítico respecto de las políticas oficiales, que adquiere más vigor luego de la reciente visita presidencial a El Vaticano, los obispos liderados por el cardenal Jorge Bergoglio, también llamaron a promover un “verdadero federalismo”, en sintonía con las demandas del interior que refuerzan la protesta del campo. En una de las frases más contundentes del documento titulado La Nación requiere gestos de grandeza -que no tiene nada de tibio-, la Iglesia sentencia que “ni la moderación en la demanda, ni la magnanimidad en el ejercicio del poder, son signos de debilidad”, en un pedido a ruralistas y camioneros para abandonar las rutas y los paros, y al Gobierno para propiciar el “urgente llamado a un diálogo transparente y sincero”.

Retroceder jamás
El próximo martes 10 de junio, la Presidenta cumplirá medio año de mandato, y ese día las crónicas puntualizarán que la mitad de dicho lapso habrá transcurrido en litigio con el campo. Tal vez el Gobierno considere propicio estirar la porfía, en busca de debilitar al adversario, hasta erigirse en el triunfador, sin evaluar los riesgos de una victoria pírrica para los argentinos, por efecto de ese empecinamiento. Es razonable que la Casa Rosada no admita mediadores, porque ello sólo tendría sentido, por ejemplo, en un diferendo binacional, entre pares, como ocurrió con Uruguay por las pasteras, en la Corte Internacional de La Haya. Sin embargo, se equivocan los Kirchner cuando interpretan el conflicto como una mera demanda sectorial. Eso pudo ser así en sus inicios. Pero, hoy, la mayoría del espectro político, económico y social del corazón productivo del interior del país, solicita el inmediato examen de la Resolución 125, abarcando gobernadores, intendentes, legisladores y referentes partidarios del justicialismo. Todos coinciden en la torpeza de debilitar con retenciones abusivas la recuperada rentabilidad de los pequeños y medianos productores, que invierten fuertemente en sus propios pueblos, obligándolos a ingresar en laberínticos sistemas de reintegro de pésimos antecedentes y dudoso futuro, para desembocar en un desaliento de la producción, que deteriora los ingresos coparticipables de provincias y municipios. En tanto, los pools sojeros que proliferaron en el lustro K y hacen lloriquear a la Presidenta en Europa, en la Argentina concretan suculentos negocios, por escala y exenciones impositivas (incluso con retenciones del 50 por ciento o más), al mismo tiempo que encarecen el alquiler de la tierra a los pequeños arrendatarios, como así también elevan el precio que cobran los contratistas -que priorizan las grandes extensiones- para labranzas, cosechas, fumigaciones y otras labores. Luego, los pequeños productores, impedidos de emprender sus propias empresas, acaban alquilando sus hectáreas a los pools, en un paulatino proceso de concentración de la riqueza, éxodo de agricultores de los campos y debilitamiento de la economía de los pueblos. Una política tributaria progresista no debería confundirse con reintegros burocráticos, sino segmentar las cargas en función de la extensión de la tierra y los rendimientos de la explotación o, en su defecto, fijar un impuesto coparticipable a la renta extraordinaria. De estos y otros tantos temas habría que debatir en el marco de un diálogo sincero entre los actores involucrados, pero el Gobierno se obstina en rechazarlo con discursos de guerra. El matrimonio presidencial no atiende ni a su secretario de Agricultura; tal vez la Iglesia y el socialismo, con sus apelaciones a la reconciliación, están cometiendo un pecado, no de soberbia ni de avaricia, sino de ingenuidad.

(Publicado el viernes 6 de junio de 2008 en diario El Informe)

Transportistas cortan rutas y el clima se enrarece cada día más

El lunes último este diario reseñó los efectos devastadores que el conflicto entre el Gobierno y el campo está ocasionando en las distintas actividades de la producción, el comercio y los servicios, con especial intensidad en el interior del país. En este sentido, uno de los sectores más afectados es el de los transportistas rurales, que ante la prolongación del cese de la comercialización de granos para la exportación, está impedido de trabajar con normalidad, generando una situación de incertidumbre en miles de familias imposibilitadas de subsistir económicamente. Con pocas jornadas laborales en los casi tres meses de antagonismos, los transportistas de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Entre Ríos, decidieron cortar las rutas en decenas de puntos estratégicos, reeditando los desbordes de los primeros tiempos de paro agropecuario, que precipitaron inquietantes signos de desabastecimiento. Luego de la tregua resuelta el 2 de abril en Gualeguaychú, los productores volvieron a las rutas, pero con metodologías más racionales, en busca de no resentir la alianza del campo con los principales centros urbanos.
Sin embargo, al mismo tiempo que la Comisión de Enlace institucionaliza sus procedimientos con una estratégica visita a la Defensoría del Pueblo y la junta de firmas para que las retenciones móviles y la política agropecuaria desembarquen en el Congreso de la Nación, decenas de piquetes se multiplican sin piedad. Paradójicamente, ahora son los ruralistas los que cuestionan estas actitudes, advirtiendo que “los camioneros quieren desprestigiar la protesta”, según palabras del presidente de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, que también los considera “funcionales al Gobierno”. En tanto, los camioneros -que no tienen nada que ver con el sindicato de choferes de los Moyano- se dividen entre adherentes al paro agropecuario e “imparciales”, pero la mayoría coincide en abjurar de las estrategias kirchneristas. Como también interpretan que con sus medidas de fuerza podrían apurar una vuelta a la negociación y, desde ya, que los productores no reanuden el paro tan temido desde la semana próxima.
Ayer, la situación fue caótica, caracterizada por interminables filas de camiones, colectivos y automóviles paralizados durante largas horas en las rutas, con la consecuente interrupción de los servicios interurbanos de transporte de pasajeros, y sin contemplar ninguna salida de emergencia, ni para ambulancias ni para bomberos, hasta completar el descalabro con el desperdicio de miles de litros de leche que ya no podían esperar más en las decenas de cisternas varados.
El clima de angustia e incertidumbre se potencia por estas horas. Los comunicadores sugieren con naturalidad, como si rigiera el estado de sitio, que quien no esté obligado a viajar, ni siquiera se acerque a las rutas, por las demoras, y también por el malhumor reinante, donde se generan fuertes reproches entre los propios transportistas manifestantes, incluyendo escenas de tensión en los puntos de cercanía con los campamentos ruralistas.
Más allá de las especulaciones sobre las intencionalidades de estas metodologías extremas, que podrían desembocar otra vez en problemas de abastecimiento de alimentos y combustibles, los actores protagónicos de esta novela interminable tienen que tomar nota de estos efectos no deseados, y recomponer prontamente el diálogo, pero no desde el formalismo protocolar, sino con la indispensable generosidad que requieren estos momentos tan difíciles para el país.

(Publicado el jueves 5 de junio de 2008 en diario El Informe)

Escraches: alejan el diálogo y aproximan la violencia

En las últimas semanas se intensificó la escalada de escraches en el marco del conflicto de casi tres meses entre el Gobierno y los productores agropecuarios, y uno de los que ocupó la atención de los medios nacionales fue el que nunca llegó a concretarse contra Karina Rabolini, la esposa del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli. Paradójicamente, aun cuando la dirigencia ruralista desmintió cualquier clase de escrache a las autoridades municipales, cuando la Caravana de la Reconciliación ya había llegado al campamento de la rotonda de rutas 8 y 33, los discursos se completaban y la desconcentración era inminente, bastó el trascendido de que Rabolini estaba a punto de arribar al aeródromo local para que el gentío enfilara presuroso con el supuesto propósito de repudiar a la ex modelo, en principio por su condición de consorte de un funcionario estrechamente ligado al kirchnerismo y defensor a ultranza de sus políticas agropecuarias. Por suerte para todos, la mujer no coincidió justo en ese momento, porque tal vez la hubiera pasado mal, y la imagen positiva de la protesta venadense corría el serio riesgo de resquebrajarse. Más allá de la explicación políticamente correcta de los organizadores sobre el presunto uso de un avión de la Gobernación bonaerense con fines particulares, lo cierto es que ese hallazgo -cuya gravedad institucional ameritaría una investigación- fue casual, ya que el objetivo de la acción masiva había sido la reprimenda a la glamorosa viajera.
Enterado del supuesto escrache a Rabolini, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, calificó el episodio -inexistente- como obra de “inadaptados”, generando el retruque -en declaraciones a Radio del Plata- del presidente del Centro Comercial a Industrial, Carlos Aldasoro, quien aclaró que los protagonistas habían sido productores, comerciantes e industriales. En este sentido, es oportuno observar que cualquiera sea la procedencia ideológica, económica o social de los escrachadores de turno, en esas ingobernables manifestaciones de masas -con veleidades justicieras- suelen adoptarse procedimientos distintos de los que se ejercerían en forma individual, con el agravante de accionar sobre personas que, por lo general, están en inferioridad de condiciones en ese sumarísimo juzgamiento.
Los escraches son gestos autoritarios y sancionatorios que cuentan con los peores antecedentes históricos y en nuestros tiempos son bendecidos por casi todos los sectores políticos, hasta los que se presumen progresistas e, incluso, están en el ejercicio del poder. Del escrache intimidatorio a la violencia explícita, hay un solo paso, y eso debe ser evitado, más aún en este escenario, en que los antagonistas son: un Gobierno de indiscutible legitimidad popular y decenas de miles de productores agropecuarios con razonables argumentos de protesta. En lugar de sumar elementos de tensión, Gobierno y campo deben volver cuanto antes a la negociación y desembocar en la reconstrucción de una alianza estratégica para no dilapidar la oportunidad histórica de mercados externos demandantes de alimentos y precios internacionales favorables, que deberían redundar en producciones agropecuarias rentables; un Estado con capacidad para orientar el desarrollo nacional con criterio federal y equidad social; y un pueblo sin angustias y con expectativas de superación.

(Publicado el miércoles 4 de junio de 2008 en diario El Informe)

Sigue el paro agrario y la tensión va en aumento

Con una numerosa caravana impulsada por el Centro Comercial e Industrial, que rompió con el Centro Regional para el Desarrollo, pero está cada día más comprometido con las demandas del sector agropecuario, se inició en la tarde de ayer Venado otra semana de manifestaciones contra el Gobierno. No fue una suspensión de actividades, que en la práctica se convierte en una extensión del descanso, sino una acción directa de mayor exposición, que desde el centro de la ciudad se dirigió hasta el campamento ruralista en la rotonda de rutas 8 y 33. Luego, un par de breves discursos y una insólita carrera hacia el aeródromo ante la versión de que Karina Rabolini, esposa del gobernador Daniel Scioli, estaba a punto de embarcarse en un avión de la Gobernación bonaerense, después de una visita fugaz a su Elortondo natal. Enterada de la recepción que la aguardaba, la blonda ex modelo habría preferido el regreso por vía terrestre, dando lugar a la pronta desconcentración de los reclamantes, ante la mirada incrédula de los pilotos.
Anoche, como se suponía, la Comisión de Enlace nacional decidió la continuidad del cese de la comercialización de granos para la exportación hasta el lunes próximo y la inmediata reapertura de la venta de hacienda para faena, en busca de eliminar cualquier riesgo de desabastecimiento. Además, dedicarán el jueves y viernes a recolectar firmas para que el Congreso se ocupe de tratar las retenciones móviles.
Mientras tanto, pasado el mediodía de ayer, en el acto de Armstrong, el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, había hecho otra demostración de fuerza, señalando que “vamos a seguir la protesta el tiempo que sea necesario”, al mismo tiempo que se llevaron a cabo otros importantes actos en distintas provincias.
En nuestra ciudad y la región, la medida de fuerza consiguió desde el vamos un respaldo mayoritario de los sectores políticos, económicos y sociales, aunque sería insostenible una continuidad por tiempo indeterminado, dadas las consecuencias que ya se empiezan a percibir en la actividad económica zonal, tal como quedó confirmado en la reunión de diagnóstico que la Comisión de Enlace Regional convocó el viernes último en la Sociedad Rural. En este sentido, también crece, más allá de lo económico, el hartazgo social por la prolongación de un conflicto que el Gobierno tiene la mayor responsabilidad institucional de desactivar, en lugar de tomar a las entidades del agro como una contraparte, a la cual debería doblegar y humillar, si le resultara posible.
El otro temor es una eventual escalada de violencia que pudiera suscitarse en los próximos días, ante lo cual la Iglesia convocó para el jueves venidero a una reunión extraordinaria de la Conferencia Episcopal a los efectos de evaluar “el clima de confrontación y la amenaza de la paz social”. En este sentido, un dato sobresaliente es que la Iglesia no convocaba una reunión de este tipo desde enero de 2002, poco después del diciembre negro de 2001.
En tanto, Néstor Kirchner, jaqueado por las declaraciones de la víspera de importantes dirigentes justicialistas, como el bonaerense Felipe Solá y el santafesino Carlos Reutemann, entre otros, acudió a los partidos aliados en defensa del Gobierno, en la tercera reunión consecutiva después de las convocatorias a la mesa chica del PJ y los movimientos sociales K. En esta oportunidad, tanto el vicepresidente Julio Cobos, como el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, se mostraron cautelosos, sin las bravatas de las últimas intervenciones, aunque advirtieron que no aceptarán condicionamientos para reiniciar el diálogo con el campo; un poco más tarde, la Comisión de Enlace, desde Rosario, aclaró que para volver a sentarse a una mesa de negociación necesitan garantías, sobre todo después de las propuestas vacías del jueves pasado y la criminalización de la protesta resuelta por la Casa Rosada un día después.

(Publicado el martes 3 de junio de 2008 en diario El Informe)