Viaje hacia la muerte, entre humo y niebla

Así como en los últimos días lo señaló un diario sanpedrino, en estas columnas alertamos en repetidas ocasiones sobre la negligencia en el control de las rutas nacionales y provinciales en las épocas de niebla -en las que ya ingresamos-, que suelen mezclarse con humaredas provenientes de la quema de pastizales, o en basurales a cielo abierto, como bien conocemos los venadenses. En la madrugada de ayer fue el turno de la Ruta 9, entre San Pedro y Baradero, con una sucesión de choques múltiples en varios puntos de ese tramo, y la consecuencia -evitable- de cuatro muertos y decenas de heridos.
Nuevamente, por enésima vez, la pregunta que se impone es: ¿Por qué se habilita el tránsito en esas condiciones? ¿Por qué no se razona en las rutas con la misma lógica que en los aeropuertos? Sean rutas aéreas o terrestres, deben cerrarse hasta tanto se normalicen las condiciones para el tránsito. No sería práctica, tal vez, esta medida preventiva en una carretera desértica, pero es indispensable en una ruta tan recorrida como la 9 en la provincia de Buenos Aires. Si las empresas concesionarias de peaje deben velar, entre otras cosas, por la seguridad en las rutas, ¿cómo es posible que liberen el tránsito para un viaje hacia la muerte, entre el humo y la niebla? No habría otra opción que cerrarlas, porque si no contamos ni siquiera con banquinas adecuadas, mal podríamos acceder en el corto plazo a los sistemas europeos para disipar la niebla en los caminos. De todos modos, en las sociedades medianamente serias, aunque no sean opulentas, las autoridades establecen estrategias simples para un traslado seguro de los vehículos, y no a ciegas, como ayer en la Ruta 9, donde la visibilidad no superaba los dos metros de distancia.
Sin embargo, ni siquiera hubo un gesto elemental de prevención, porque en las cabinas no se entregaban folletos instructivos, ni tampoco -según los testigos- se hacían comentarios sobre el grave peligro que amenazaba pocos kilómetros por delante. Podría suceder que estas responsabilidades no hayan quedado esclarecidas en el contrato de concesión; en tal caso el Gobierno nacional deberá impulsar una inmediata revisión de las cláusulas por razones de fuerza mayor, como esta matanza sistemática de personas. Desde ya que también hay una complicidad de los que se lanzan a circular, las más de las veces sin ninguna necesidad de arriesgar sus vidas, en estas “trampas mortales”, e incluso a velocidades desmedidas, que tornan más violentas las colisiones.
El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, tras recordar que en ese mismo lugar se reiteran año tras año los accidentes por culpa de los mismos factores -con lo cual dejan de ser “accidentes”-, dijo que “esto es desidia, es falta de responsabilidad”. Además, se comprometió a demandar penalmente a los responsables de la tragedia. “A la empresa sólo le importa cobrar el peaje; el Occovi vaya a saber a quién controla”, remató. Sin olvidar la imprudencia de los automovilistas, la Defensoría del Pueblo fue contundente en atribuir las mayores culpas de estos siniestros evitables a las empresas de peaje y las autoridades que no controlan las concesiones estatales. Cuando se acabe la impunidad, cada uno sabrá cumplir con su cometido.

(Publicado el jueves 10 de abril de 2008 en diario El Informe)