Municipalidad y Sindicatura del BID, con el mismo objetivo de sacarse un peso de encima

El intendente José Freyre reveló hace pocos días su optimismo por un posible acuerdo con la Sindicatura administradora de la quiebra del ex Banco Integrado Departamental, que desde hace más de una década reclama una deuda millonaria, en virtud de préstamos que el BID otorgó en los años ’90 a la Municipalidad para financiar obras de pavimentación; red domiciliaria de agua potable; compra del edificio de la Secretaría de Hacienda y renovación del parque automotor.
La noticia sorprendió, a medias, pues apenas asumió el cargo, Freyre mostró una voluntad de reconciliación con las cooperativas de servicios públicos y el Concejo; como así también con la Sindicatura que coordina el contador Juan Venturini, a partir de una visita a sus oficinas que se habría concretado en enero pasado, en un elocuente gesto político a los efectos de hallar una salida a la compleja situación financiera municipal. Semanas después, el Concejo dio el aval para saldar deudas mediante la cesión de bienes; terrenos, por ejemplo. Muchos creyeron que la solución estaba al alcance de la mano, pero transcurrieron dos meses sin novedades, hasta las recientes declaraciones del intendente, que reabrieron las expectativas de arreglo económico entre el poder político y la Sindicatura.
Las versiones señalan que la Intendencia y, al menos, algunos concejales, estarían dispuestos a sacrificar en ese cometido estratégico las joyas de la abuela, como los predios de Hipólito Yrigoyen y Lisandro de la Torre (“Prado de María”) y Belgrano y 9 de Julio (“la esquina de la Calesita”). Por su parte, la Sindicatura aceptaría esa novedosa propuesta en parte de pago, aunque el primer paso para encarar la negociación extrajudicial es conciliar el monto de la polémica deuda. En este sentido, es notoria la buena predisposición de todos los actores, más aún cuando el síndico es un venadense, si bien su prioridad, como auxiliar del juez de la quiebra, Marcos Ferrarotti, es recuperar fondos para distribuir entre los 20 mil acreedores del malogrado banco cooperativo. Mientras tanto, la opción de los terrenos es una de las más tentadoras, tanto que ya se desliza la posibilidad de introducir una sutil reforma reglamentaria (¿qué le hace una mancha más al tigre?) para permitir la construcción de edificios torre frente al Colegio Sagrado Corazón. De este modo, se maximizaría el valor de esa manzana, con el consiguiente beneficio para las dos partes, pues la Municipalidad obtendría una mayor reducción de la deuda y la Sindicatura rescataría más fondos para la distribución.

De dónde venimos
El endeudamiento público se originó en el gobierno dematiísta con los mencionados créditos, pero el monto global se desmadró por las especulaciones en el período de Roberto Scott, que después de algunas señales positivas en los inicios del mandato, se empecinó en negar las deudas contraídas por su antecesor, hasta decretar la anulación de las mismas -a fines del ’98-, y precipitar los reclamos del síndico, primero por la vía administrativa y luego por la vía legal, ante la inminente caducidad de los plazos para iniciar acciones en sede judicial. Desde ya que podía objetarse desde el poder político la suma pretendida, pero nunca desconocer la deuda, porque el pavimento y la red de agua potable existen, y la Municipalidad hasta el día de hoy les cobra a los frentistas por esas inversiones; los contribuyentes acuden a cumplir sus obligaciones tributarias a un céntrico edificio de propiedad municipal (25 de Mayo y Belgrano), que también está a la vista; y el parque automotor, adquirido hace 15 años, todavía hoy, aunque a duras penas, permite brindar los servicios públicos, ya que Scott no invirtió nada en esa área. Llegando a un extremo, los asesores oficialistas no sólo desconocieron la deuda, sino que, en algún caso, como la esquina de Hacienda, consideraban que la Sindicatura era quien le debía a la Municipalidad. “Cometeríamos un acto ilícito si diéramos por buenos a los hechos que no lo son”, decía en voz alta el edil Gustavo Giner, tildando la deuda de “inflada, discutible y espúrea”.
En aquellos tiempos, hace 10 años, la Sindicatura reclamaba una deuda que apenas superaba los nueve millones de pesos, pero el gobierno scottista -tal vez porque el radical Ernesto De Mattía aún metía miedo desde el Concejo- prefirió arriesgar los dineros públicos para masacrar políticamente al enemigo número uno. Con el desconocimiento de todas las obligaciones, se profundizaron las sospechas de la gente sobre la actuación del ex intendente radical, que en el ’99 se refugió en un organismo nacional y ya no pudo regresar a Venado con aspiraciones electorales. Pero también se agravó el litigio, hasta el punto tal que las autoridades municipales admitieron que la deuda con los ahorristas del ex BID orillaría hoy los 20 millones de pesos. En esta década de desencuentros, no hubo más que tensiones entre las partes, y los aislados escarceos de diálogo eran tan poco alentadores como los del campo con el Gobierno en nuestros días.

Razones del cambio
Como una de las bases de su gestión, Freyre entendió que había llegado el momento de restablecer la cordura y negociar un convenio de pago con la Sindicatura, y tres serían las poderosas razones que lo apuran, más allá del saludable hábito de honrar las deudas de cualquier índole: 1) La Intendencia necesita oxígeno financiero con urgencia y suscribiendo dicho convenio zafaría en el acto de la categoría 6 informada ante el Banco Central, que si bien no impide a los bancos otorgarle préstamos, les “advierte” sobre la condición de “incumplidor” del municipio y los obliga a previsionar los créditos; 2) El Tribunal Contencioso Administrativo de Rosario estaría cerca de dictar sentencia en sendos juicios por el pavimento y el edificio de Hacienda, y sólo un acuerdo podría frenar un eventual revés legal y político para la Municipalidad; y 3) Freyre también debería liberarse de esos lastres del pasado para formalizar el ambicioso fideicomiso para obras públicas, que sería administrado por el Banco Hipotecario, pero con la Municipalidad como posible garante de los fondos inyectados por las mutuales.
La decisión política del gobierno municipal, de confirmarse en los próximos días, merece el reconocimiento de la población, porque no se puede construir nada sustentable sobre los pies de barro de un endeudamiento eternamente postergado, pero también hay que cuestionar y, tal vez, investigar, la presunta negligencia de los administradores -de ese mismo grupo político- que durante mucho tiempo desconocieron las obligaciones, con los consiguientes perjuicios para la comunidad. De hecho, desde el oficialismo muchas veces se justificó el estancamiento de la ciudad por la imposibilidad de obtener auxilios crediticios, pero hoy se estaría probando que, antes, había faltado la voluntad política de sentarse a dialogar.

Sindicatura hermética
Juan Venturini no rompió el silencio a pesar del clamor periodístico de los últimos días, limitándose a manifestar -a través de colaboradores- que “nunca fueron cerradas las conversaciones con la Municipalidad”. En rigor, para el síndico también es trascendente el acercamiento con Freyre, porque hoy la Municipalidad es el mayor deudor de la quiebra sin regularizar un plan de pagos. El año pasado, el propio Venturini anticipó que se avecinaba el principio del fin de la misión encomendada por el juez, siempre que se zanjaran los litigios con el gobierno local y el Banco Central. En el primer caso, crecieron las ilusiones de un final feliz, y en el segundo, resta que la Corte Suprema de la Nación dictamine si los 110 millones de pesos disponibles se vuelcan a la masa de la quiebra, si pertenecen finalmente al BCRA (reclama un privilegio especial por los redescuentos cedidos al BID en los meses previos a la debacle), o si, observando el dictamen de la Procuraduría General de la Nación, el expediente regresa a la Corte Suprema santafesina para revisar su propio fallo, adverso al Central.
Mientras tanto, según consta en el sitio web de la Sindicatura, a fines de agosto, si el juez Ferrarotti así lo dispone, podría iniciarse la cuarta distribución complementaria de dividendos concursales entre los ahorristas, de un 11 por ciento de las acreencias, como corolario de la venta de inmuebles, recupero de cartera y devolución de 17 millones de dólares, en virtud del dictamen de la “no pesificación de depósitos judiciales realizados en monedas extranjeras” que estuvieran colocados en el Banco Nación.
Hasta hoy se devolvieron a los ahorristas unos 211 millones de pesos (58 por ciento), y con la anunciada distribución invernal, la Sindicatura se aproximaría al 70 por ciento del reintegro de acreencias. Luego, si cierra exitosamente las negociaciones locales y la Corte le da la razón en la pugna con el Banco Central, se alcanzaría una inédita distribución cercana al ciento por ciento de los depósitos, a valores nominales. La actividad de la Sindicatura, en tal caso, continuaría para saldar -con otros fondos adicionales recuperados- el pago de las restantes categorías de acreedores (AFIP, BCRA, etc.). Recién entonces se acercaría la conclusión de las tareas del organismo que el próximo martes 29 cumplirá 12 años de labor. Un largo proceso, otro más, en que el Poder Judicial debe solucionar las inequidades que desde el Ejecutivo y el Legislativo, no supieron o no quisieron resolver de otro modo.

(Publicado el viernes 25 de abril de 2008 en diario El Informe)