Fernando López Sauqué, uno de los últimos caudillos conservadores de la región, falleció en la jornada de ayer, dando lugar a las más encontradas evocaciones sobre sus tiempos en la administración pública, en Maggiolo, en Venado y hasta en la provincia de Santa Fe. También supo desempeñarse en otras actividades, como el Directorio del Banco Provincial y la presidencia del tradicional Jockey Club, del que fue un dirigente emblemático. En nuestra ciudad, ocupó la Intendencia en cuatro oportunidades, y sus realizaciones fueron numerosas, desde agresivos planes de pavimentación hasta la nueva Terminal de Ómnibus, aunque no se encuadró entre los incondicionales de la democracia, pues en su dilatada carrera política alternó mandatos surgidos del voto popular con gobiernos de facto. En el estreno en la función pública local, se apoltrona en el Sillón de Aufranc en carácter de interventor durante la autodenominada Revolución Libertadora; ya con Frondizi, se desempeña varios años como concejal; y en 1963 es electo intendente por la mayoría de los miembros del Concejo, precisamente en el debut de la reforma de la ley electoral en la provincia de Santa Fe, pues hasta entonces los intendentes eran designados por el dedo del gobernador de turno. López Sauqué regresa a la Municipalidad en 1973, cuando en otra reforma electoral santafesina se consagra la elección de los intendentes por el voto directo de la ciudadanía. Con la conservadora Unidad Vecinal obtiene un triunfo inesperado en medio de la euforia popular por el retorno del General Perón. Si bien el PJ arrasa en casi todo el país, en Venado el caudillo vecinalista es respaldado por la población, con la ayuda de los peronistas divididos. En 1976, la dictadura más criminal y entreguista de la historia argentina, lo remueve del gobierno municipal, pero el año siguiente le hace el peor favor con la devolución del cargo, y sobre finales de esa misma década, López Sauqué salta al Ministerio de Gobierno de Santa Fe, cediendo la Intendencia a su mano derecha Héctor Pelosso. Sin embargo, las decisiones políticas de aceptar la restitución de la Intendencia en el ’77 y enrolarse dos años después en el gobierno provincial de facto, se convierten, con el tiempo, en los flancos más cuestionables del encumbrado dirigente, a la par del faraónico proyecto del Palacio Municipal en Belgrano y 9 de Julio, la actual esquina de la calesita, que precipitó la demolición de la mansión de Andueza y, más adelante, demandas millonarias por los anteproyectos encargados, y nunca abonados, al estudio de arquitectos cordobeses que se había adjudicado el concurso nacional lanzado por la Intendencia. Además de estos polémicos sucesos en los últimos tramos de la gestión municipal, el lapidario juicio histórico contra la última dictadura arrastró al descrédito a la mayoría de los intendentes y presidentes comunales que la representaron, pero, aún así, con adictos y detractores, Fernando López Sauqué será recordado como un personaje político emprendedor y contradictorio, que cruzaba de una orilla a la otra en etapas en que la democracia no tenía el valor sagrado de nuestros días, y dueño de un estilo de liderazgo que resultó una bisagra entre los viejos tiempos y la política pos-dictadura, donde el radical Ernesto De Mattía y el justicialista Roberto Scott recrearon, desde otras perspectivas, el estilo personalista y caudillesco de don Fernando.
(Publicado el martes 29 de abril de 2008 en diario El Informe)
Una tregua que podría estirarse en son de paz
El viernes próximo se agotará el plazo de 30 días de tregua establecido por los productores agropecuarios después del rotundo paro de tres semanas. Mientras en las distintas asambleas regionales se debaten las hipotéticas medidas de protesta, y la mayoría coincide en afectar la caja del Gobierno -sin alterar el abastecimiento de las ciudades-, la dirigencia de las entidades del sector se ilusiona con la llegada del nuevo ministro de Economía, Carlos Fernández, circunstancia que podría ser aprovechada por la Casa Rosada para corregir los efectos no deseados de las retenciones móviles a la soja y el girasol, al mismo tiempo que se progresa en los acuerdos por el trigo, la carne y los lácteos. No obstante, otros analistas observan que la salida de Martín Lousteau y el ingreso de otro Fernández de Kirchner no hace más que fortalecer el ala dura y “anticampo” del kirchnerismo. Después de una medida inoportuna, inconstitucional, aislada (en términos de política tributaria), generalizada (sin distingos en origen entre pools sojeros y pequeños chacareros) y abusiva, que generó una súbita declinación de la imagen positiva de la Presidenta y de la gestión, el Gobierno se empecina en huir hacia delante, convencido de que cualquier autocrítica sería interpretada como un gesto de debilidad política. En este sentido, estiman que un acercamiento con el campo a pocos días de terminar la tregua podría ser entendido como una capitulación; aunque las entidades del agro, pese a la intransigencia de sus bases, estarían dispuestas a estirar dicha tregua por algunos días más. Esta opción pacificadora, de todos modos, no es la que más seduce a los perturbados Kirchner, siempre propensos a acorralar a los otros, porque el diálogo continuaría en el marco incómodo de un emplazamiento, pero es mejor que nada.
En tanto, según se desprende de las acaloradas asambleas del sector, las eventuales metodologías de protesta no tendrían la misma severidad de las iniciales, sino que el objetivo, como quedó dicho, sería resentir la recaudación (sin arriesgar con medidas extremas la alianza con los sectores urbanos que apoyan la medida), sabiendo que hoy es lo más doloroso para el matrimonio K, sobre todo en la evolución de un proceso inflacionario -con gasto público en suba e inversión en caída- que día tras día empuja más argentinos al abismo de la pobreza, aun cuando pretendan negarlo los caprichosos dibujos del Indec, como se evidencia en las mediciones independientes de Santa Fe y San Luis, que registran una inflación cuatro veces mayor a la divulgada por el Gobierno.
La demanda sectorial del campo, además, abrió otras grietas en el oficialismo, porque dejó al desnudo una inquietante tendencia hegemónica -que muchos sectores de la sociedad repudian-, no sólo por ignorar las atribuciones del Congreso de la Nación, sino también por las discrecionalidades en el manejo de fondos millonarios desde el Poder Ejecutivo, sin rendir cuentas ante nadie, en el ejercicio de insostenibles “superpoderes” que Cristina, en su condición de legisladora, negaba con discursos altisonantes a otros gobiernos, a pesar de contextos internacionales desfavorables, con precios internacionales cuatro veces por debajo de los actuales.
(Publicado el lunes 28 de abril de 2008 en diario El Informe)
En tanto, según se desprende de las acaloradas asambleas del sector, las eventuales metodologías de protesta no tendrían la misma severidad de las iniciales, sino que el objetivo, como quedó dicho, sería resentir la recaudación (sin arriesgar con medidas extremas la alianza con los sectores urbanos que apoyan la medida), sabiendo que hoy es lo más doloroso para el matrimonio K, sobre todo en la evolución de un proceso inflacionario -con gasto público en suba e inversión en caída- que día tras día empuja más argentinos al abismo de la pobreza, aun cuando pretendan negarlo los caprichosos dibujos del Indec, como se evidencia en las mediciones independientes de Santa Fe y San Luis, que registran una inflación cuatro veces mayor a la divulgada por el Gobierno.
La demanda sectorial del campo, además, abrió otras grietas en el oficialismo, porque dejó al desnudo una inquietante tendencia hegemónica -que muchos sectores de la sociedad repudian-, no sólo por ignorar las atribuciones del Congreso de la Nación, sino también por las discrecionalidades en el manejo de fondos millonarios desde el Poder Ejecutivo, sin rendir cuentas ante nadie, en el ejercicio de insostenibles “superpoderes” que Cristina, en su condición de legisladora, negaba con discursos altisonantes a otros gobiernos, a pesar de contextos internacionales desfavorables, con precios internacionales cuatro veces por debajo de los actuales.
(Publicado el lunes 28 de abril de 2008 en diario El Informe)
Municipalidad y Sindicatura del BID, con el mismo objetivo de sacarse un peso de encima
El intendente José Freyre reveló hace pocos días su optimismo por un posible acuerdo con la Sindicatura administradora de la quiebra del ex Banco Integrado Departamental, que desde hace más de una década reclama una deuda millonaria, en virtud de préstamos que el BID otorgó en los años ’90 a la Municipalidad para financiar obras de pavimentación; red domiciliaria de agua potable; compra del edificio de la Secretaría de Hacienda y renovación del parque automotor.
La noticia sorprendió, a medias, pues apenas asumió el cargo, Freyre mostró una voluntad de reconciliación con las cooperativas de servicios públicos y el Concejo; como así también con la Sindicatura que coordina el contador Juan Venturini, a partir de una visita a sus oficinas que se habría concretado en enero pasado, en un elocuente gesto político a los efectos de hallar una salida a la compleja situación financiera municipal. Semanas después, el Concejo dio el aval para saldar deudas mediante la cesión de bienes; terrenos, por ejemplo. Muchos creyeron que la solución estaba al alcance de la mano, pero transcurrieron dos meses sin novedades, hasta las recientes declaraciones del intendente, que reabrieron las expectativas de arreglo económico entre el poder político y la Sindicatura.
Las versiones señalan que la Intendencia y, al menos, algunos concejales, estarían dispuestos a sacrificar en ese cometido estratégico las joyas de la abuela, como los predios de Hipólito Yrigoyen y Lisandro de la Torre (“Prado de María”) y Belgrano y 9 de Julio (“la esquina de la Calesita”). Por su parte, la Sindicatura aceptaría esa novedosa propuesta en parte de pago, aunque el primer paso para encarar la negociación extrajudicial es conciliar el monto de la polémica deuda. En este sentido, es notoria la buena predisposición de todos los actores, más aún cuando el síndico es un venadense, si bien su prioridad, como auxiliar del juez de la quiebra, Marcos Ferrarotti, es recuperar fondos para distribuir entre los 20 mil acreedores del malogrado banco cooperativo. Mientras tanto, la opción de los terrenos es una de las más tentadoras, tanto que ya se desliza la posibilidad de introducir una sutil reforma reglamentaria (¿qué le hace una mancha más al tigre?) para permitir la construcción de edificios torre frente al Colegio Sagrado Corazón. De este modo, se maximizaría el valor de esa manzana, con el consiguiente beneficio para las dos partes, pues la Municipalidad obtendría una mayor reducción de la deuda y la Sindicatura rescataría más fondos para la distribución.
De dónde venimos
El endeudamiento público se originó en el gobierno dematiísta con los mencionados créditos, pero el monto global se desmadró por las especulaciones en el período de Roberto Scott, que después de algunas señales positivas en los inicios del mandato, se empecinó en negar las deudas contraídas por su antecesor, hasta decretar la anulación de las mismas -a fines del ’98-, y precipitar los reclamos del síndico, primero por la vía administrativa y luego por la vía legal, ante la inminente caducidad de los plazos para iniciar acciones en sede judicial. Desde ya que podía objetarse desde el poder político la suma pretendida, pero nunca desconocer la deuda, porque el pavimento y la red de agua potable existen, y la Municipalidad hasta el día de hoy les cobra a los frentistas por esas inversiones; los contribuyentes acuden a cumplir sus obligaciones tributarias a un céntrico edificio de propiedad municipal (25 de Mayo y Belgrano), que también está a la vista; y el parque automotor, adquirido hace 15 años, todavía hoy, aunque a duras penas, permite brindar los servicios públicos, ya que Scott no invirtió nada en esa área. Llegando a un extremo, los asesores oficialistas no sólo desconocieron la deuda, sino que, en algún caso, como la esquina de Hacienda, consideraban que la Sindicatura era quien le debía a la Municipalidad. “Cometeríamos un acto ilícito si diéramos por buenos a los hechos que no lo son”, decía en voz alta el edil Gustavo Giner, tildando la deuda de “inflada, discutible y espúrea”.
En aquellos tiempos, hace 10 años, la Sindicatura reclamaba una deuda que apenas superaba los nueve millones de pesos, pero el gobierno scottista -tal vez porque el radical Ernesto De Mattía aún metía miedo desde el Concejo- prefirió arriesgar los dineros públicos para masacrar políticamente al enemigo número uno. Con el desconocimiento de todas las obligaciones, se profundizaron las sospechas de la gente sobre la actuación del ex intendente radical, que en el ’99 se refugió en un organismo nacional y ya no pudo regresar a Venado con aspiraciones electorales. Pero también se agravó el litigio, hasta el punto tal que las autoridades municipales admitieron que la deuda con los ahorristas del ex BID orillaría hoy los 20 millones de pesos. En esta década de desencuentros, no hubo más que tensiones entre las partes, y los aislados escarceos de diálogo eran tan poco alentadores como los del campo con el Gobierno en nuestros días.
Razones del cambio
Como una de las bases de su gestión, Freyre entendió que había llegado el momento de restablecer la cordura y negociar un convenio de pago con la Sindicatura, y tres serían las poderosas razones que lo apuran, más allá del saludable hábito de honrar las deudas de cualquier índole: 1) La Intendencia necesita oxígeno financiero con urgencia y suscribiendo dicho convenio zafaría en el acto de la categoría 6 informada ante el Banco Central, que si bien no impide a los bancos otorgarle préstamos, les “advierte” sobre la condición de “incumplidor” del municipio y los obliga a previsionar los créditos; 2) El Tribunal Contencioso Administrativo de Rosario estaría cerca de dictar sentencia en sendos juicios por el pavimento y el edificio de Hacienda, y sólo un acuerdo podría frenar un eventual revés legal y político para la Municipalidad; y 3) Freyre también debería liberarse de esos lastres del pasado para formalizar el ambicioso fideicomiso para obras públicas, que sería administrado por el Banco Hipotecario, pero con la Municipalidad como posible garante de los fondos inyectados por las mutuales.
La decisión política del gobierno municipal, de confirmarse en los próximos días, merece el reconocimiento de la población, porque no se puede construir nada sustentable sobre los pies de barro de un endeudamiento eternamente postergado, pero también hay que cuestionar y, tal vez, investigar, la presunta negligencia de los administradores -de ese mismo grupo político- que durante mucho tiempo desconocieron las obligaciones, con los consiguientes perjuicios para la comunidad. De hecho, desde el oficialismo muchas veces se justificó el estancamiento de la ciudad por la imposibilidad de obtener auxilios crediticios, pero hoy se estaría probando que, antes, había faltado la voluntad política de sentarse a dialogar.
Sindicatura hermética
Juan Venturini no rompió el silencio a pesar del clamor periodístico de los últimos días, limitándose a manifestar -a través de colaboradores- que “nunca fueron cerradas las conversaciones con la Municipalidad”. En rigor, para el síndico también es trascendente el acercamiento con Freyre, porque hoy la Municipalidad es el mayor deudor de la quiebra sin regularizar un plan de pagos. El año pasado, el propio Venturini anticipó que se avecinaba el principio del fin de la misión encomendada por el juez, siempre que se zanjaran los litigios con el gobierno local y el Banco Central. En el primer caso, crecieron las ilusiones de un final feliz, y en el segundo, resta que la Corte Suprema de la Nación dictamine si los 110 millones de pesos disponibles se vuelcan a la masa de la quiebra, si pertenecen finalmente al BCRA (reclama un privilegio especial por los redescuentos cedidos al BID en los meses previos a la debacle), o si, observando el dictamen de la Procuraduría General de la Nación, el expediente regresa a la Corte Suprema santafesina para revisar su propio fallo, adverso al Central.
Mientras tanto, según consta en el sitio web de la Sindicatura, a fines de agosto, si el juez Ferrarotti así lo dispone, podría iniciarse la cuarta distribución complementaria de dividendos concursales entre los ahorristas, de un 11 por ciento de las acreencias, como corolario de la venta de inmuebles, recupero de cartera y devolución de 17 millones de dólares, en virtud del dictamen de la “no pesificación de depósitos judiciales realizados en monedas extranjeras” que estuvieran colocados en el Banco Nación.
Hasta hoy se devolvieron a los ahorristas unos 211 millones de pesos (58 por ciento), y con la anunciada distribución invernal, la Sindicatura se aproximaría al 70 por ciento del reintegro de acreencias. Luego, si cierra exitosamente las negociaciones locales y la Corte le da la razón en la pugna con el Banco Central, se alcanzaría una inédita distribución cercana al ciento por ciento de los depósitos, a valores nominales. La actividad de la Sindicatura, en tal caso, continuaría para saldar -con otros fondos adicionales recuperados- el pago de las restantes categorías de acreedores (AFIP, BCRA, etc.). Recién entonces se acercaría la conclusión de las tareas del organismo que el próximo martes 29 cumplirá 12 años de labor. Un largo proceso, otro más, en que el Poder Judicial debe solucionar las inequidades que desde el Ejecutivo y el Legislativo, no supieron o no quisieron resolver de otro modo.
(Publicado el viernes 25 de abril de 2008 en diario El Informe)
La noticia sorprendió, a medias, pues apenas asumió el cargo, Freyre mostró una voluntad de reconciliación con las cooperativas de servicios públicos y el Concejo; como así también con la Sindicatura que coordina el contador Juan Venturini, a partir de una visita a sus oficinas que se habría concretado en enero pasado, en un elocuente gesto político a los efectos de hallar una salida a la compleja situación financiera municipal. Semanas después, el Concejo dio el aval para saldar deudas mediante la cesión de bienes; terrenos, por ejemplo. Muchos creyeron que la solución estaba al alcance de la mano, pero transcurrieron dos meses sin novedades, hasta las recientes declaraciones del intendente, que reabrieron las expectativas de arreglo económico entre el poder político y la Sindicatura.
Las versiones señalan que la Intendencia y, al menos, algunos concejales, estarían dispuestos a sacrificar en ese cometido estratégico las joyas de la abuela, como los predios de Hipólito Yrigoyen y Lisandro de la Torre (“Prado de María”) y Belgrano y 9 de Julio (“la esquina de la Calesita”). Por su parte, la Sindicatura aceptaría esa novedosa propuesta en parte de pago, aunque el primer paso para encarar la negociación extrajudicial es conciliar el monto de la polémica deuda. En este sentido, es notoria la buena predisposición de todos los actores, más aún cuando el síndico es un venadense, si bien su prioridad, como auxiliar del juez de la quiebra, Marcos Ferrarotti, es recuperar fondos para distribuir entre los 20 mil acreedores del malogrado banco cooperativo. Mientras tanto, la opción de los terrenos es una de las más tentadoras, tanto que ya se desliza la posibilidad de introducir una sutil reforma reglamentaria (¿qué le hace una mancha más al tigre?) para permitir la construcción de edificios torre frente al Colegio Sagrado Corazón. De este modo, se maximizaría el valor de esa manzana, con el consiguiente beneficio para las dos partes, pues la Municipalidad obtendría una mayor reducción de la deuda y la Sindicatura rescataría más fondos para la distribución.
De dónde venimos
El endeudamiento público se originó en el gobierno dematiísta con los mencionados créditos, pero el monto global se desmadró por las especulaciones en el período de Roberto Scott, que después de algunas señales positivas en los inicios del mandato, se empecinó en negar las deudas contraídas por su antecesor, hasta decretar la anulación de las mismas -a fines del ’98-, y precipitar los reclamos del síndico, primero por la vía administrativa y luego por la vía legal, ante la inminente caducidad de los plazos para iniciar acciones en sede judicial. Desde ya que podía objetarse desde el poder político la suma pretendida, pero nunca desconocer la deuda, porque el pavimento y la red de agua potable existen, y la Municipalidad hasta el día de hoy les cobra a los frentistas por esas inversiones; los contribuyentes acuden a cumplir sus obligaciones tributarias a un céntrico edificio de propiedad municipal (25 de Mayo y Belgrano), que también está a la vista; y el parque automotor, adquirido hace 15 años, todavía hoy, aunque a duras penas, permite brindar los servicios públicos, ya que Scott no invirtió nada en esa área. Llegando a un extremo, los asesores oficialistas no sólo desconocieron la deuda, sino que, en algún caso, como la esquina de Hacienda, consideraban que la Sindicatura era quien le debía a la Municipalidad. “Cometeríamos un acto ilícito si diéramos por buenos a los hechos que no lo son”, decía en voz alta el edil Gustavo Giner, tildando la deuda de “inflada, discutible y espúrea”.
En aquellos tiempos, hace 10 años, la Sindicatura reclamaba una deuda que apenas superaba los nueve millones de pesos, pero el gobierno scottista -tal vez porque el radical Ernesto De Mattía aún metía miedo desde el Concejo- prefirió arriesgar los dineros públicos para masacrar políticamente al enemigo número uno. Con el desconocimiento de todas las obligaciones, se profundizaron las sospechas de la gente sobre la actuación del ex intendente radical, que en el ’99 se refugió en un organismo nacional y ya no pudo regresar a Venado con aspiraciones electorales. Pero también se agravó el litigio, hasta el punto tal que las autoridades municipales admitieron que la deuda con los ahorristas del ex BID orillaría hoy los 20 millones de pesos. En esta década de desencuentros, no hubo más que tensiones entre las partes, y los aislados escarceos de diálogo eran tan poco alentadores como los del campo con el Gobierno en nuestros días.
Razones del cambio
Como una de las bases de su gestión, Freyre entendió que había llegado el momento de restablecer la cordura y negociar un convenio de pago con la Sindicatura, y tres serían las poderosas razones que lo apuran, más allá del saludable hábito de honrar las deudas de cualquier índole: 1) La Intendencia necesita oxígeno financiero con urgencia y suscribiendo dicho convenio zafaría en el acto de la categoría 6 informada ante el Banco Central, que si bien no impide a los bancos otorgarle préstamos, les “advierte” sobre la condición de “incumplidor” del municipio y los obliga a previsionar los créditos; 2) El Tribunal Contencioso Administrativo de Rosario estaría cerca de dictar sentencia en sendos juicios por el pavimento y el edificio de Hacienda, y sólo un acuerdo podría frenar un eventual revés legal y político para la Municipalidad; y 3) Freyre también debería liberarse de esos lastres del pasado para formalizar el ambicioso fideicomiso para obras públicas, que sería administrado por el Banco Hipotecario, pero con la Municipalidad como posible garante de los fondos inyectados por las mutuales.
La decisión política del gobierno municipal, de confirmarse en los próximos días, merece el reconocimiento de la población, porque no se puede construir nada sustentable sobre los pies de barro de un endeudamiento eternamente postergado, pero también hay que cuestionar y, tal vez, investigar, la presunta negligencia de los administradores -de ese mismo grupo político- que durante mucho tiempo desconocieron las obligaciones, con los consiguientes perjuicios para la comunidad. De hecho, desde el oficialismo muchas veces se justificó el estancamiento de la ciudad por la imposibilidad de obtener auxilios crediticios, pero hoy se estaría probando que, antes, había faltado la voluntad política de sentarse a dialogar.
Sindicatura hermética
Juan Venturini no rompió el silencio a pesar del clamor periodístico de los últimos días, limitándose a manifestar -a través de colaboradores- que “nunca fueron cerradas las conversaciones con la Municipalidad”. En rigor, para el síndico también es trascendente el acercamiento con Freyre, porque hoy la Municipalidad es el mayor deudor de la quiebra sin regularizar un plan de pagos. El año pasado, el propio Venturini anticipó que se avecinaba el principio del fin de la misión encomendada por el juez, siempre que se zanjaran los litigios con el gobierno local y el Banco Central. En el primer caso, crecieron las ilusiones de un final feliz, y en el segundo, resta que la Corte Suprema de la Nación dictamine si los 110 millones de pesos disponibles se vuelcan a la masa de la quiebra, si pertenecen finalmente al BCRA (reclama un privilegio especial por los redescuentos cedidos al BID en los meses previos a la debacle), o si, observando el dictamen de la Procuraduría General de la Nación, el expediente regresa a la Corte Suprema santafesina para revisar su propio fallo, adverso al Central.
Mientras tanto, según consta en el sitio web de la Sindicatura, a fines de agosto, si el juez Ferrarotti así lo dispone, podría iniciarse la cuarta distribución complementaria de dividendos concursales entre los ahorristas, de un 11 por ciento de las acreencias, como corolario de la venta de inmuebles, recupero de cartera y devolución de 17 millones de dólares, en virtud del dictamen de la “no pesificación de depósitos judiciales realizados en monedas extranjeras” que estuvieran colocados en el Banco Nación.
Hasta hoy se devolvieron a los ahorristas unos 211 millones de pesos (58 por ciento), y con la anunciada distribución invernal, la Sindicatura se aproximaría al 70 por ciento del reintegro de acreencias. Luego, si cierra exitosamente las negociaciones locales y la Corte le da la razón en la pugna con el Banco Central, se alcanzaría una inédita distribución cercana al ciento por ciento de los depósitos, a valores nominales. La actividad de la Sindicatura, en tal caso, continuaría para saldar -con otros fondos adicionales recuperados- el pago de las restantes categorías de acreedores (AFIP, BCRA, etc.). Recién entonces se acercaría la conclusión de las tareas del organismo que el próximo martes 29 cumplirá 12 años de labor. Un largo proceso, otro más, en que el Poder Judicial debe solucionar las inequidades que desde el Ejecutivo y el Legislativo, no supieron o no quisieron resolver de otro modo.
(Publicado el viernes 25 de abril de 2008 en diario El Informe)
El campo, más cerca de la rebelión fiscal que del corte de rutas
La anunciada presencia de legisladores nacionales representativos de la provincia de Santa Fe y un eficiente boca a boca inaugurado antes del fin de semana, consiguieron que en la noche del lunes último el Salón Capisano de la Sociedad Rural desbordara de productores agropecuarios de Venado y localidades vecinas. Pero de la veintena de invitados especiales, sólo tres diputados nacionales acudieron a la cita: las socialistas María Elena Martín y Mónica Fein (acompañadas por los concejales Roberto Meier, Oscar Pieroni y Fabián Vernetti), y el radical Pedro Morini. Luego, varios hicieron llegar las justificaciones por sus ausencias y se solidarizaron con la protesta, y otros ni siquiera acusaron recibo. El presidente del bloque de diputados K, Agustín Rossi, fue blanco de las mayores reprobaciones cuando fue nombrado en el comienzo del acto, y hasta su primo Alejandro Rossi, también diputado nacional, recibió algunos chiflidos por portación de apellido. También asistió el presidente de Carsfé, Manuel Cabanellas.
Como en la asamblea del lunes 14 con el panel político, los concurrentes descargaron su disgusto contra los tres legisladores presentes, sobre la base de una falsa antinomia entre el campo y la política, tan absurda como la que suele invocar el Gobierno con la misma temeridad entre peronistas y antiperonistas, o gorilas, o golpistas. En este sentido, es oportuna la definición del ex interventor del Comfer, Julio Bárbaro, en la entrevista publicada el domingo último en Perfil, donde señala que “el antiperonismo en la época de Perón era un pedazo de la realidad. Hoy lo incitamos los peronistas para encontrar afuera la identidad que no tenemos adentro”. En cierto modo, ese mismo concepto era aplicable el lunes, con centenares de heterogéneos productores buscando culpables, afuera, entre socialistas y radicales que desde el vamos habían denunciado las horribles políticas agropecuarias del kirchnerismo y respaldado las protestas del campo. No hacían distingos entre unos y otros, como tampoco lo hizo el Gobierno con sus medidas, que luego debió salir a corregir a las apuradas con reintegros y compensaciones improvisadas que sólo despiertan más incredulidad.
“Hubiera sido más lindo si venía el Chivo Rossi”, confesó en voz baja uno de los asambleístas. Más lindo para la catarsis, para el desahogo de tanta bronca, pero estas populosas concentraciones serían más provechosas para elevar propuestas a las entidades agropecuarias que hoy dialogan a duras penas con el Gobierno, y hasta para conciliar las próximas metodologías de protesta, si las negociaciones no prosperan, pero no tiene sentido enjuiciar a los desvalidos invitados, menos aún si piensan como los acusadores.
El primer sacudón de la noche lo generó el diputado Morini, cuando repelió los embates subrayando su condición de productor de cerdos con largos años en la actividad, y víctima de los mismos avatares que el resto de los criadores, barriendo con las ridículas fronteras. Más adelante, se plantearon valiosas consideraciones autocríticas de los productores, como la anemia de dirigentes con vocación de liderazgo: “Nos juntamos cuando tenemos algún problema grave, pero el resto del tiempo cada uno se lo pasa mirando de la tranquera para adentro”, sentenció un asambleísta, admitiendo un comportamiento individualista que los aísla de la política gremial. En esa misma línea, los productores reconocieron que “debemos involucrarnos en la política partidaria”. En este punto, los legisladores opositores terciaron para detallar que entre los 257 miembros de la Cámara baja hay apenas un puñado vinculado al campo, en tanto que otras corporaciones cuentan con varias bancas en su haber. Enseguida, Martín, Fein y Morini, aprovecharon la tribuna para recordar que la mayoría de sus proyectos mueren en las comisiones, incluso antes de llegar al recinto de sesiones, por obra de la mayoría oficialista que votó gran parte del pueblo argentino. “Ya sabemos a quien no hay que votar en las elecciones legislativas del año que viene”, bramó un veterano desde las primeras filas. En ese interín, también se consignó que “nada de esto hubiera pasado si en lugar de apelar a los superpoderes, el Congreso intervenía en la fijación de las retenciones, como lo prescribe la Constitución, porque en ese escenario los diputados no se hubieran animado a enfrentar con semejante saña el interés de sus productores y sus pueblos de origen”.
Sin ejes estratégicos
Así fue discurriendo la reunión, con fuerte tono autocrítico y encendidas apelaciones a la participación, pero sin ejes estratégicos ni orientación (ni siquiera se eligió un presidente de asamblea), donde por momentos el debate se reducía a un diálogo entre los asambleístas y los diputados nacionales que, como ya se había planteado, tienen la mejor voluntad, pero carecen del poder político necesario para torcer las decisiones. Desprovistos de un líder, como surgieron en otras regiones, con capacidad para dirigir centenares de asambleístas y guiar el desarrollo de las deliberaciones, numerosos productores se retiraron disconformes por la falta de definiciones, cuando la asamblea ya superaba las tres horas de duración.
No obstante, en los últimos tramos se reencontró el rumbo, tras aceptar que las cartas ya están echadas, y que no hay que entrar en el juego de las provocaciones que plantea el Gobierno, adelantando el final de la tregua. “Nos quieren enfrentar con la gente de las ciudades. No nos dejemos debilitar…”, convocó una productora láctea. “Es cierto que están en juego dos modelos de país, como dice el Gobierno, pero no entre los democráticos y los antidemocráticos, sino entre el centralismo y la República”, comentó un ofuscado ganadero bajo las centenarias arboledas ruralistas, mientras fumaba un cigarrillo. “Hay gente que no entiende de qué se trata, en el Gobierno y también muchos de los que están acá. La disyuntiva no es entre los pro-campo y los anti-campo, sino que estalló un modelo económico. En todo caso, el reclamo del campo está precipitando los acontecimientos, pero la cuestión de fondo excede largamente nuestros intereses sectoriales…”, analizó el hombre. “Parece que la cortina de humo nos está afectando a todos”, ironizó, antes de dar la última pitada y regresar al interior de la asamblea.
Ruralistas a las cosas
Luego de evaluar la propuesta de publicar una solicitada de los productores del sur de Santa Fe en los principales diarios nacionales con las razones del campo, los asambleístas lanzaron diversas metodologías para impulsar en la región, en caso de reanudarse el paro, pero siempre dejando a salvo el abastecimiento de las ciudades. Entre otras medidas, se mencionó el bloqueo del acceso a los puertos de exportaciones de origen agropecuario; desbancarizar el sistema cerrando las cuentas; no pagar el impuesto a las ganancias; no sembrar trigo; piquetes acotados; marchas ruteras; etc. “Esta será una lucha larga, pero hay que darla. Si el Gobierno ataca la rentabilidad de los productores en nombre de una redistribución que nunca llega a nuestras regiones, nosotros nos ocuparemos de que no lleguen fondos a la caja presidencial”, espetó otro asambleísta, incitando abiertamente a la rebelión fiscal.
Como en otras asambleas agropecuarias de distintos puntos del país, ya casi nadie tiene esperanzas en una solución inmediata como consecuencia del diálogo, y si la hubiera, en este clima enrarecido, será difícil que los líderes gremiales puedan convencer a sus bases de que el final del diálogo fue realmente feliz.
(Publicado el miércoles 23 de abril de 2008 en diario El Informe)
Como en la asamblea del lunes 14 con el panel político, los concurrentes descargaron su disgusto contra los tres legisladores presentes, sobre la base de una falsa antinomia entre el campo y la política, tan absurda como la que suele invocar el Gobierno con la misma temeridad entre peronistas y antiperonistas, o gorilas, o golpistas. En este sentido, es oportuna la definición del ex interventor del Comfer, Julio Bárbaro, en la entrevista publicada el domingo último en Perfil, donde señala que “el antiperonismo en la época de Perón era un pedazo de la realidad. Hoy lo incitamos los peronistas para encontrar afuera la identidad que no tenemos adentro”. En cierto modo, ese mismo concepto era aplicable el lunes, con centenares de heterogéneos productores buscando culpables, afuera, entre socialistas y radicales que desde el vamos habían denunciado las horribles políticas agropecuarias del kirchnerismo y respaldado las protestas del campo. No hacían distingos entre unos y otros, como tampoco lo hizo el Gobierno con sus medidas, que luego debió salir a corregir a las apuradas con reintegros y compensaciones improvisadas que sólo despiertan más incredulidad.
“Hubiera sido más lindo si venía el Chivo Rossi”, confesó en voz baja uno de los asambleístas. Más lindo para la catarsis, para el desahogo de tanta bronca, pero estas populosas concentraciones serían más provechosas para elevar propuestas a las entidades agropecuarias que hoy dialogan a duras penas con el Gobierno, y hasta para conciliar las próximas metodologías de protesta, si las negociaciones no prosperan, pero no tiene sentido enjuiciar a los desvalidos invitados, menos aún si piensan como los acusadores.
El primer sacudón de la noche lo generó el diputado Morini, cuando repelió los embates subrayando su condición de productor de cerdos con largos años en la actividad, y víctima de los mismos avatares que el resto de los criadores, barriendo con las ridículas fronteras. Más adelante, se plantearon valiosas consideraciones autocríticas de los productores, como la anemia de dirigentes con vocación de liderazgo: “Nos juntamos cuando tenemos algún problema grave, pero el resto del tiempo cada uno se lo pasa mirando de la tranquera para adentro”, sentenció un asambleísta, admitiendo un comportamiento individualista que los aísla de la política gremial. En esa misma línea, los productores reconocieron que “debemos involucrarnos en la política partidaria”. En este punto, los legisladores opositores terciaron para detallar que entre los 257 miembros de la Cámara baja hay apenas un puñado vinculado al campo, en tanto que otras corporaciones cuentan con varias bancas en su haber. Enseguida, Martín, Fein y Morini, aprovecharon la tribuna para recordar que la mayoría de sus proyectos mueren en las comisiones, incluso antes de llegar al recinto de sesiones, por obra de la mayoría oficialista que votó gran parte del pueblo argentino. “Ya sabemos a quien no hay que votar en las elecciones legislativas del año que viene”, bramó un veterano desde las primeras filas. En ese interín, también se consignó que “nada de esto hubiera pasado si en lugar de apelar a los superpoderes, el Congreso intervenía en la fijación de las retenciones, como lo prescribe la Constitución, porque en ese escenario los diputados no se hubieran animado a enfrentar con semejante saña el interés de sus productores y sus pueblos de origen”.
Sin ejes estratégicos
Así fue discurriendo la reunión, con fuerte tono autocrítico y encendidas apelaciones a la participación, pero sin ejes estratégicos ni orientación (ni siquiera se eligió un presidente de asamblea), donde por momentos el debate se reducía a un diálogo entre los asambleístas y los diputados nacionales que, como ya se había planteado, tienen la mejor voluntad, pero carecen del poder político necesario para torcer las decisiones. Desprovistos de un líder, como surgieron en otras regiones, con capacidad para dirigir centenares de asambleístas y guiar el desarrollo de las deliberaciones, numerosos productores se retiraron disconformes por la falta de definiciones, cuando la asamblea ya superaba las tres horas de duración.
No obstante, en los últimos tramos se reencontró el rumbo, tras aceptar que las cartas ya están echadas, y que no hay que entrar en el juego de las provocaciones que plantea el Gobierno, adelantando el final de la tregua. “Nos quieren enfrentar con la gente de las ciudades. No nos dejemos debilitar…”, convocó una productora láctea. “Es cierto que están en juego dos modelos de país, como dice el Gobierno, pero no entre los democráticos y los antidemocráticos, sino entre el centralismo y la República”, comentó un ofuscado ganadero bajo las centenarias arboledas ruralistas, mientras fumaba un cigarrillo. “Hay gente que no entiende de qué se trata, en el Gobierno y también muchos de los que están acá. La disyuntiva no es entre los pro-campo y los anti-campo, sino que estalló un modelo económico. En todo caso, el reclamo del campo está precipitando los acontecimientos, pero la cuestión de fondo excede largamente nuestros intereses sectoriales…”, analizó el hombre. “Parece que la cortina de humo nos está afectando a todos”, ironizó, antes de dar la última pitada y regresar al interior de la asamblea.
Ruralistas a las cosas
Luego de evaluar la propuesta de publicar una solicitada de los productores del sur de Santa Fe en los principales diarios nacionales con las razones del campo, los asambleístas lanzaron diversas metodologías para impulsar en la región, en caso de reanudarse el paro, pero siempre dejando a salvo el abastecimiento de las ciudades. Entre otras medidas, se mencionó el bloqueo del acceso a los puertos de exportaciones de origen agropecuario; desbancarizar el sistema cerrando las cuentas; no pagar el impuesto a las ganancias; no sembrar trigo; piquetes acotados; marchas ruteras; etc. “Esta será una lucha larga, pero hay que darla. Si el Gobierno ataca la rentabilidad de los productores en nombre de una redistribución que nunca llega a nuestras regiones, nosotros nos ocuparemos de que no lleguen fondos a la caja presidencial”, espetó otro asambleísta, incitando abiertamente a la rebelión fiscal.
Como en otras asambleas agropecuarias de distintos puntos del país, ya casi nadie tiene esperanzas en una solución inmediata como consecuencia del diálogo, y si la hubiera, en este clima enrarecido, será difícil que los líderes gremiales puedan convencer a sus bases de que el final del diálogo fue realmente feliz.
(Publicado el miércoles 23 de abril de 2008 en diario El Informe)
Carrefour Express avanza rápido; lo de Disco, todavía anda a las vueltas
Más cerca de la apertura de los trámites de habilitación que del mero rumor, el desembarco de sendas sucursales de Carrefour Express y Súper Vea (perteneciente a Disco), se consolidó como una de las noticias más trascendentes del año. Sin generar tanto ruido -todavía- como en los tiempos de arribo de La Anónima y Norte (hoy Carrefour), lentamente vuelve a instalarse una polémica sobre los pro y los contra del arribo de estas grandes superficies comerciales. En aquel momento, Venado carecía absolutamente de una legislación adecuada para la regulación de esas radicaciones, como luego habría de reiterarse con el auge de los edificios.
Poco después, entre 2000 y 2001, el Concejo sancionó un par de ordenanzas con el objetivo de acotar dicho fenómeno, pero no fueron desempolvadas por largo tiempo, ya que nunca se supo de un interés más o menos serio de otras empresas por incursionar en Venado. Hasta ahora. En principio, se deslizó el nombre del supermercado Disco, y luego, con el correr de las semanas, cobró fuerza la versión de que la ex agencia de automóviles de calle San Martín, entre 25 de Mayo y Maipú, albergaría una sucursal de Súper Vea, la marca económica del grupo. Incluso trascendió la cifra del suculento alquiler que se pagaría por ese inmueble con salida por Maipú. Un año atrás, en busca de dar pelea con los precios en otro target de consumidores, se anunció el traspaso de una veintena de locales de Disco a la nueva imagen. Era el comienzo de una estrategia comercial que, ahora, también incluiría a Venado.
Por otra parte, promediando el año pasado, se conocía que Carrefour imponía la tendencia de los Carrefour Express, con el fin de penetrar en los barrios de las grandes urbes para la captura de las compras diarias. Sin embargo, en nuestra ciudad, de más pequeñas dimensiones, la sede para establecer la segunda sucursal -ya poseen una en Ruta 8- es el Shopping Center Patio Casey, en 25 de Mayo y Casey, con una oferta ligada exclusivamente a los comestibles y sin comercialización de electrodomésticos.
La fusión de Carrefour con Norte había ubicado al grupo en el liderazgo absoluto del mercado, pero la asociación de Disco con Jumbo se propuso arrebatarles ese privilegio. Por eso, las pretensiones de ambos de desembarcar en Venado, casi al mismo tiempo, no estarían ajenas a esa empecinada disputa comercial. Además, estas cadenas -con fuerte desarrollo en los grandes centros urbanos-, comienzan a seleccionar las ciudades intermedias más tentadoras del interior y, en este sentido, Venado es apetecible, porque a la fortaleza de sus 80 mil habitantes, le incorpora la atracción sobre más de 200 mil habitantes de la región.
Proyecto estacionado
A juzgar por la letra fría de las ordenanzas 2757/00 y 2859/01, Súper Vea tendría serias dificultades para cumplir con el requisito de una superficie de estacionamiento vehicular y carga y descarga de mercaderías en el local de San Martín al 500. Es que, según los metros cuadrados de superficie destinada a ventas, la primera de las ordenanzas mencionadas clasifica a estos establecimientos comerciales y luego, en función de dicha categoría, impone una superficie mínima de estacionamiento en proporción a la cantidad de cajas instaladas. Por ejemplo, si el supermercado tiene una superficie destinada a las ventas de entre 600 y 1.500 metros cuadrados, se encuadra en la categoría 3, y entonces debe ofrecer, como mínimo, un estacionamiento para 10 vehículos de clientes por cada caja. Si bien el inmueble en cuestión posee una generosa superficie, de ninguna manera podría contemplar las exigencias de estacionamiento, ni de carga y descarga. Incluso, para sorpresa de muchos, la mayor preocupación del Centro Comercial e Industrial, manifestada en una reciente notificación a la Intendencia, estaría dada en el “impacto urbanístico” que produciría una instalación en ese espacio céntrico, interpretando que agravaría las conocidas complicaciones en el tránsito y el estacionamiento. En cambio, no inquietaría tanto el hipotético “impacto económico”, porque, según se evaluó en la oportunidad de la radicación de las primeras grandes superficies en Venado, los pequeños almacenes de barrio subsisten a pie firme los embates de las nuevas tendencias de comercialización. “El boom de los supermercados afectó a los comercios más chicos en los primeros meses, por la novedad, pero después se restableció el equilibrio y, más allá de alguna compra de cierta envergadura, a veces aprovechando las condiciones de financiación, el venadense no abandonó al almacenero del barrio”, destacó un dirigente del CCI, agregando que un episodio semejante ocurrió con motivo de la inauguración de Patio Casey: “Recuerdo que en esos días algunos comerciantes de calle Belgrano tenían miedo de perder los clientes, pero fueron temores infundados”. Tanto es así que hoy los administradores de la Asociación Mutual Venado Tuerto ven con buenos ojos la instalación del Carrefour Express donde actualmente funciona Plaza Hogar para vigorizar el movimiento en el shopping, con el consiguiente beneficio para el conjunto del emprendimiento. De hecho, están muy avanzadas las gestiones en ese sentido, hasta el punto tal que ya estaría decidido que para el área de estacionamiento -el mayor obstáculo hasta hace unos días- se reconvierta el depósito de los electrodomésticos, con ingreso por calle Moreno. “Para cumplir con la ordenanza, habilitando cinco cajas, tendrían que ofrecer 50 cocheras, y con ese lugar les alcanza y sobra”, confió ayer un edil, aun cuando algunos nubarrones podrían surgir desde el mismo Concejo, que tiene en tratamiento una propuesta de adhesión municipal a la ley Nº 12.069, que regula a las grandes superficies comerciales en el ámbito provincial, y uno de cuyos artículos impide la radicación de más de un local de estas cadenas en ciudades con menos de 150 mil habitantes. Salvo que se presente con otra denominación, Carrefour ya tiene una sucursal en Venado.
Shopping express
Ajenos a estas contingencias, los mutualistas y los franceses se acercan a un final feliz, en tanto que los gestores de Súper Vea deberían elegir otro espacio físico para continuar en carrera. El Centro Comercial objetó desde un principio la opción de calle San Martín, y el poder político no tendría voluntad de aprobar una excepción a las reglas de juego establecidas hace unos pocos años, salvo que los diseñadores del proyecto consigan, en ese mismo sitio, generar -como en Patio Casey- la superficie de estacionamiento solicitada por la ordenanza. Aun así, los funcionarios consultados estiman que con un supermercado de esas dimensiones, el tránsito y el estacionamiento en el microcentro terminarían de colapsar, por lo cual no estarían dispuestos a pagar los costos políticos de la habilitación, que de todos modos, podría otorgarse en otro sector más propicio de la geografía venadense. Hasta el momento, predomina una vocación mayoritaria de respaldo a estos desembarcos, siempre que no se aparten de las reglamentaciones, entendiendo que Venado no debe desaprovechar oportunidades tan favorables, sobre todo por tratarse de empresas líderes que jerarquizarán la ciudad y, al mismo tiempo, crearán decenas de puestos de trabajo. En esa misma línea amigable, se argumenta que la competencia comercial derivaría en ventajas para los clientes, aunque estas cadenas suelen exhibir precios uniformes en todo el país, reservando escaso margen de maniobra para los gerentes locales, como también es cierto que la inmensa mayoría de las ganancias no se redistribuye en las ciudades y regiones que cobijan a estas grandes superficies comerciales.
(Publicado el viernes 18 de abril de 2008 en diario El Informe)
Poco después, entre 2000 y 2001, el Concejo sancionó un par de ordenanzas con el objetivo de acotar dicho fenómeno, pero no fueron desempolvadas por largo tiempo, ya que nunca se supo de un interés más o menos serio de otras empresas por incursionar en Venado. Hasta ahora. En principio, se deslizó el nombre del supermercado Disco, y luego, con el correr de las semanas, cobró fuerza la versión de que la ex agencia de automóviles de calle San Martín, entre 25 de Mayo y Maipú, albergaría una sucursal de Súper Vea, la marca económica del grupo. Incluso trascendió la cifra del suculento alquiler que se pagaría por ese inmueble con salida por Maipú. Un año atrás, en busca de dar pelea con los precios en otro target de consumidores, se anunció el traspaso de una veintena de locales de Disco a la nueva imagen. Era el comienzo de una estrategia comercial que, ahora, también incluiría a Venado.
Por otra parte, promediando el año pasado, se conocía que Carrefour imponía la tendencia de los Carrefour Express, con el fin de penetrar en los barrios de las grandes urbes para la captura de las compras diarias. Sin embargo, en nuestra ciudad, de más pequeñas dimensiones, la sede para establecer la segunda sucursal -ya poseen una en Ruta 8- es el Shopping Center Patio Casey, en 25 de Mayo y Casey, con una oferta ligada exclusivamente a los comestibles y sin comercialización de electrodomésticos.
La fusión de Carrefour con Norte había ubicado al grupo en el liderazgo absoluto del mercado, pero la asociación de Disco con Jumbo se propuso arrebatarles ese privilegio. Por eso, las pretensiones de ambos de desembarcar en Venado, casi al mismo tiempo, no estarían ajenas a esa empecinada disputa comercial. Además, estas cadenas -con fuerte desarrollo en los grandes centros urbanos-, comienzan a seleccionar las ciudades intermedias más tentadoras del interior y, en este sentido, Venado es apetecible, porque a la fortaleza de sus 80 mil habitantes, le incorpora la atracción sobre más de 200 mil habitantes de la región.
Proyecto estacionado
A juzgar por la letra fría de las ordenanzas 2757/00 y 2859/01, Súper Vea tendría serias dificultades para cumplir con el requisito de una superficie de estacionamiento vehicular y carga y descarga de mercaderías en el local de San Martín al 500. Es que, según los metros cuadrados de superficie destinada a ventas, la primera de las ordenanzas mencionadas clasifica a estos establecimientos comerciales y luego, en función de dicha categoría, impone una superficie mínima de estacionamiento en proporción a la cantidad de cajas instaladas. Por ejemplo, si el supermercado tiene una superficie destinada a las ventas de entre 600 y 1.500 metros cuadrados, se encuadra en la categoría 3, y entonces debe ofrecer, como mínimo, un estacionamiento para 10 vehículos de clientes por cada caja. Si bien el inmueble en cuestión posee una generosa superficie, de ninguna manera podría contemplar las exigencias de estacionamiento, ni de carga y descarga. Incluso, para sorpresa de muchos, la mayor preocupación del Centro Comercial e Industrial, manifestada en una reciente notificación a la Intendencia, estaría dada en el “impacto urbanístico” que produciría una instalación en ese espacio céntrico, interpretando que agravaría las conocidas complicaciones en el tránsito y el estacionamiento. En cambio, no inquietaría tanto el hipotético “impacto económico”, porque, según se evaluó en la oportunidad de la radicación de las primeras grandes superficies en Venado, los pequeños almacenes de barrio subsisten a pie firme los embates de las nuevas tendencias de comercialización. “El boom de los supermercados afectó a los comercios más chicos en los primeros meses, por la novedad, pero después se restableció el equilibrio y, más allá de alguna compra de cierta envergadura, a veces aprovechando las condiciones de financiación, el venadense no abandonó al almacenero del barrio”, destacó un dirigente del CCI, agregando que un episodio semejante ocurrió con motivo de la inauguración de Patio Casey: “Recuerdo que en esos días algunos comerciantes de calle Belgrano tenían miedo de perder los clientes, pero fueron temores infundados”. Tanto es así que hoy los administradores de la Asociación Mutual Venado Tuerto ven con buenos ojos la instalación del Carrefour Express donde actualmente funciona Plaza Hogar para vigorizar el movimiento en el shopping, con el consiguiente beneficio para el conjunto del emprendimiento. De hecho, están muy avanzadas las gestiones en ese sentido, hasta el punto tal que ya estaría decidido que para el área de estacionamiento -el mayor obstáculo hasta hace unos días- se reconvierta el depósito de los electrodomésticos, con ingreso por calle Moreno. “Para cumplir con la ordenanza, habilitando cinco cajas, tendrían que ofrecer 50 cocheras, y con ese lugar les alcanza y sobra”, confió ayer un edil, aun cuando algunos nubarrones podrían surgir desde el mismo Concejo, que tiene en tratamiento una propuesta de adhesión municipal a la ley Nº 12.069, que regula a las grandes superficies comerciales en el ámbito provincial, y uno de cuyos artículos impide la radicación de más de un local de estas cadenas en ciudades con menos de 150 mil habitantes. Salvo que se presente con otra denominación, Carrefour ya tiene una sucursal en Venado.
Shopping express
Ajenos a estas contingencias, los mutualistas y los franceses se acercan a un final feliz, en tanto que los gestores de Súper Vea deberían elegir otro espacio físico para continuar en carrera. El Centro Comercial objetó desde un principio la opción de calle San Martín, y el poder político no tendría voluntad de aprobar una excepción a las reglas de juego establecidas hace unos pocos años, salvo que los diseñadores del proyecto consigan, en ese mismo sitio, generar -como en Patio Casey- la superficie de estacionamiento solicitada por la ordenanza. Aun así, los funcionarios consultados estiman que con un supermercado de esas dimensiones, el tránsito y el estacionamiento en el microcentro terminarían de colapsar, por lo cual no estarían dispuestos a pagar los costos políticos de la habilitación, que de todos modos, podría otorgarse en otro sector más propicio de la geografía venadense. Hasta el momento, predomina una vocación mayoritaria de respaldo a estos desembarcos, siempre que no se aparten de las reglamentaciones, entendiendo que Venado no debe desaprovechar oportunidades tan favorables, sobre todo por tratarse de empresas líderes que jerarquizarán la ciudad y, al mismo tiempo, crearán decenas de puestos de trabajo. En esa misma línea amigable, se argumenta que la competencia comercial derivaría en ventajas para los clientes, aunque estas cadenas suelen exhibir precios uniformes en todo el país, reservando escaso margen de maniobra para los gerentes locales, como también es cierto que la inmensa mayoría de las ganancias no se redistribuye en las ciudades y regiones que cobijan a estas grandes superficies comerciales.
(Publicado el viernes 18 de abril de 2008 en diario El Informe)
En el campo se reparten el trabajo: la cúpula dialoga y las bases presionan
Si el Gobierno supuso que los productores agropecuarios se quedarían cruzados de brazos esperando la conclusión de las fatigosas negociaciones con los dirigentes de las cuatro entidades del sector, se equivocó tanto como en el aumento de las retenciones que hoy se empecina en sostener para no mostrar signos de debilitamiento, pero que en unas pocas semanas le ocasionó más costos políticos al kirchnerismo que en sus cinco años de gestión. En la Casa Rosada jamás imaginaron que la mayoría de los argentinos reprobaría el impuestazo, y que se instalarían en la agenda pública debates tan incómodos para el oficialismo como la ausencia de una política agropecuaria nacional; el sistema de gobierno cada vez más centralista y unitario; la omisión del Congreso para la fijación de los derechos a las exportaciones; la permanencia de los abusivos “superpoderes”; la reforma pendiente de la Ley de Coparticipación Federal; la baja calidad institucional; y el incierto destino de la recaudación por las retenciones, que no regresan a las provincias de origen ni siquiera en mínimas proporciones, ni en obras de infraestructura ni en la promoción de actividades como la ganadería y la lechería, que se deterioran como consecuencia de un Gobierno que no interviene -con una parte de los recursos que obtiene del agro- para protegerlas, pese a que son tan necesarias a los fines de atenuar los efectos negativos de la sojización y el desarraigo de la población rural, con sus consecuencias devastadoras para las economías de las poblaciones dependientes de la actividad del campo y la agroindustria vinculada.
Reproches y caricias
Lejos de entrar en una etapa de desgaste y amansamiento, en la asamblea regional -con la asistencia de más de un centenar de productores- llevada a cabo el lunes por la noche en la Sociedad Rural, se demostró con elocuencia que el estado de alerta y movilización no era una consigna vacía para presentar la tregua de 30 días con más elegancia, sino que es muy marcada la incredulidad de las bases con esta reciente apertura del diálogo, aun en la misma jornada en que el superministro Alberto Fernández recibía al conjunto de la dirigencia ruralista. Largos años de indiferencia e incumplimientos, mantienen al sector en una tensa vigilia, hasta el punto que muchos productores están convencidos de que en mayo deberán volver a las rutas.
Aunque en el nutrido panel de invitados había políticos que apoyaron el grito agropecuario desde la primera hora, los productores más duros se mostraron descreídos, insinuando que algunos dirigentes juegan a dos puntas. “Mientras nosotros estábamos cortando la ruta, algunos de ustedes mandaban colectivos para el acto de Cristina en plaza de Mayo”, espetó un ruralista, sin destinatario fijo, ni nadie que se diera por aludido. “Dónde está la Intendencia de Venado Tuerto…”, interrogó otro productor, obligando al secretario de la Producción, Darío Mascioli, a justificar la ausencia del intendente José Freyre y recordar la presencia municipal en el piquete local. “Me gustaría saber si todos están acá por convencimiento, o si tuvieron que pedir permiso para venir”, ironizó un autoconvocado rufinense, que en el epílogo de un encendido discurso alertó: “Todos nos vamos a acordar muy bien de cómo actuó cada uno de nuestros representantes en esta lucha”. Sin embargo, pese al clima irascible que reinó por momentos, se impuso el sentido común y la mayoría de los anfitriones rescató los apoyos explícitos del diputado nacional santafesino Fabián Peralta (Coalición Cívica); la secretaria de Integración Regional de Santa Fe, María del Carmen Alarcón; el senador provincial Ricardo Spinozzi; los diputados provinciales Gabriel Real, Jorge Lagna y Alfredo Menna; el delegado regional del Ministerio de la Producción, Juan Enrique Lombardi; el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Lisandro Enrico; el intendente cañaseño Jorge Sesnich y el presidente del Concejo venadense, Delfor Hernández, junto con una decena de jefes comunales de la región.
Cita con las bases
Así como los chacareros entrerrianos convocaron a su docena de legisladores nacionales a una reunión el próximo viernes en Paraná, esa misma propuesta fue lanzada por la binnerista María del Carmen Alarcón, una de las más aplaudidas en la asamblea venadense. Con la unanimidad de los presentes, la invitación a los 22 legisladores nacionales se aprobó para el lunes próximo, a las 20, en la Sociedad Rural. En este sentido, la funcionaria destacó la importancia de que los 19 diputados y los tres senadores que representan a Santa Fe participen de una asamblea con los productores del campo y se comprometan con las más urgentes necesidades de la provincia, porque en las cámaras legislativas, si antes no reciben la presión de las bases, la mayoría siempre vota acatando los verticalismos partidarios, advirtió. Entre los diputados santafesinos que deberían concurrir a la asamblea venadense -ya hay varios confirmados-, la combativa dirigente mencionó a uno de los más fervorosos defensores de las retenciones kirchneristas, el presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi, que hace un par de años impulsó su destitución como presidenta y como miembro de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja por sus disidencias con la política ganadera K, cuyos pésimos resultados ahora están a la vista de todos. Ese recordado episodio significó la salida de la legisladora del Frente para la Victoria y la formación del monobloque Pampa Sur hasta el final de su mandato. Por esas paradojas del destino, hoy, enrolada en el binnerismo, coincide en la defensa del campo con el senador nacional Carlos Reutemann, su ex jefe político, que no se había solidarizado con ella cuando el kirchnerismo la crucificó. Del mismo lado de la tranquera en esta porfía, el senador provincial Ricardo Spinozzi se esforzó para no soltar una sonrisa de halago cuando su antigua compañera reutemista destrozaba, ante la aprobación de la concurrencia, al Chivo Rossi (“Está contra el campo”, denunció), su próximo adversario en las internas peronistas santafesinas, salvo que el milagro de la lista única reprima las notorias discrepancias. Después de detallar su inmediato alineamiento con la protesta del campo, desde el Senado santafesino y el bloque del Frente para la Victoria que preside, el Tino Spinozzi sentenció: “Yo trabajé, como justicialista, para el triunfo de Cristina Kirchner, pero la lealtad no es lo mismo que la obsecuencia”, se despegó, arrancando el reconocimiento de los asambleístas.
Documento sin letra chica
La reunión de más de tres horas, que comenzó con un video ilustrativo de las abismales diferencias entre las contribuciones del departamento General López por retenciones agropecuarias y las mínimas devoluciones en obras y servicios, se clausuró con la invitación a todos los dirigentes a suscribir un paquete de propuestas redactado por los ruralistas en las áreas de agricultura (incluyendo la quita de las retenciones móviles), ganadería, lechería y porcinos, que todos firmaron de buena gana con el compromiso de elevarlo a sus áreas de influencia, aunque algunos lo hicieron manifestando la plena adhesión a todos los puntos, como el demoprogresista Gabriel Real -pidió la palabra para ello-, y otros, más cautos, como Spinozzi y Lagna, prefirieron darse por notificados, alegando que no estaban en condiciones de avalar una larga lista de iniciativas -algunas de cierta complejidad técnica- de las que recién tomaban conocimiento, como había admitido momentos antes el presidente de la Sociedad Rural, Eduardo Sánchez de Bustamante.
En esta asamblea regional no sólo se manifestó el estado de alerta y movilización de los productores, sino también que la lucha excede largamente el reclamo por la suspensión de las retenciones móviles (nadie confía en las compensaciones), como se verificó en las reiteradas apelaciones a la urgencia de elaborar una política agropecuaria de largo plazo, que brinde previsibilidad y favorezca las inversiones. No sólo eso, sino que se valorizó que la demanda sectorial del campo oficiara como despertador para que otros grupos políticos y sociales apuraran demandas de mayor protagonismo a los gobernadores y el Congreso, hasta ahora anestesiados por un Gobierno que, cuando se equivoca o comete excesos, no tiene nadie que pueda equilibrarlo. O no tenía. Ahora, las presiones surgen desde abajo, y las demandas se extienden mucho más allá de las retenciones que obraron como detonante. Tanto es así que el lunes próximo, la región recibirá la visita de la mayoría de sus 22 legisladores nacionales, como nunca antes había sucedido.
(Publicado el miércoles 16 de abril de 2008 en diario El Informe)
Reproches y caricias
Lejos de entrar en una etapa de desgaste y amansamiento, en la asamblea regional -con la asistencia de más de un centenar de productores- llevada a cabo el lunes por la noche en la Sociedad Rural, se demostró con elocuencia que el estado de alerta y movilización no era una consigna vacía para presentar la tregua de 30 días con más elegancia, sino que es muy marcada la incredulidad de las bases con esta reciente apertura del diálogo, aun en la misma jornada en que el superministro Alberto Fernández recibía al conjunto de la dirigencia ruralista. Largos años de indiferencia e incumplimientos, mantienen al sector en una tensa vigilia, hasta el punto que muchos productores están convencidos de que en mayo deberán volver a las rutas.
Aunque en el nutrido panel de invitados había políticos que apoyaron el grito agropecuario desde la primera hora, los productores más duros se mostraron descreídos, insinuando que algunos dirigentes juegan a dos puntas. “Mientras nosotros estábamos cortando la ruta, algunos de ustedes mandaban colectivos para el acto de Cristina en plaza de Mayo”, espetó un ruralista, sin destinatario fijo, ni nadie que se diera por aludido. “Dónde está la Intendencia de Venado Tuerto…”, interrogó otro productor, obligando al secretario de la Producción, Darío Mascioli, a justificar la ausencia del intendente José Freyre y recordar la presencia municipal en el piquete local. “Me gustaría saber si todos están acá por convencimiento, o si tuvieron que pedir permiso para venir”, ironizó un autoconvocado rufinense, que en el epílogo de un encendido discurso alertó: “Todos nos vamos a acordar muy bien de cómo actuó cada uno de nuestros representantes en esta lucha”. Sin embargo, pese al clima irascible que reinó por momentos, se impuso el sentido común y la mayoría de los anfitriones rescató los apoyos explícitos del diputado nacional santafesino Fabián Peralta (Coalición Cívica); la secretaria de Integración Regional de Santa Fe, María del Carmen Alarcón; el senador provincial Ricardo Spinozzi; los diputados provinciales Gabriel Real, Jorge Lagna y Alfredo Menna; el delegado regional del Ministerio de la Producción, Juan Enrique Lombardi; el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Lisandro Enrico; el intendente cañaseño Jorge Sesnich y el presidente del Concejo venadense, Delfor Hernández, junto con una decena de jefes comunales de la región.
Cita con las bases
Así como los chacareros entrerrianos convocaron a su docena de legisladores nacionales a una reunión el próximo viernes en Paraná, esa misma propuesta fue lanzada por la binnerista María del Carmen Alarcón, una de las más aplaudidas en la asamblea venadense. Con la unanimidad de los presentes, la invitación a los 22 legisladores nacionales se aprobó para el lunes próximo, a las 20, en la Sociedad Rural. En este sentido, la funcionaria destacó la importancia de que los 19 diputados y los tres senadores que representan a Santa Fe participen de una asamblea con los productores del campo y se comprometan con las más urgentes necesidades de la provincia, porque en las cámaras legislativas, si antes no reciben la presión de las bases, la mayoría siempre vota acatando los verticalismos partidarios, advirtió. Entre los diputados santafesinos que deberían concurrir a la asamblea venadense -ya hay varios confirmados-, la combativa dirigente mencionó a uno de los más fervorosos defensores de las retenciones kirchneristas, el presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi, que hace un par de años impulsó su destitución como presidenta y como miembro de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja por sus disidencias con la política ganadera K, cuyos pésimos resultados ahora están a la vista de todos. Ese recordado episodio significó la salida de la legisladora del Frente para la Victoria y la formación del monobloque Pampa Sur hasta el final de su mandato. Por esas paradojas del destino, hoy, enrolada en el binnerismo, coincide en la defensa del campo con el senador nacional Carlos Reutemann, su ex jefe político, que no se había solidarizado con ella cuando el kirchnerismo la crucificó. Del mismo lado de la tranquera en esta porfía, el senador provincial Ricardo Spinozzi se esforzó para no soltar una sonrisa de halago cuando su antigua compañera reutemista destrozaba, ante la aprobación de la concurrencia, al Chivo Rossi (“Está contra el campo”, denunció), su próximo adversario en las internas peronistas santafesinas, salvo que el milagro de la lista única reprima las notorias discrepancias. Después de detallar su inmediato alineamiento con la protesta del campo, desde el Senado santafesino y el bloque del Frente para la Victoria que preside, el Tino Spinozzi sentenció: “Yo trabajé, como justicialista, para el triunfo de Cristina Kirchner, pero la lealtad no es lo mismo que la obsecuencia”, se despegó, arrancando el reconocimiento de los asambleístas.
Documento sin letra chica
La reunión de más de tres horas, que comenzó con un video ilustrativo de las abismales diferencias entre las contribuciones del departamento General López por retenciones agropecuarias y las mínimas devoluciones en obras y servicios, se clausuró con la invitación a todos los dirigentes a suscribir un paquete de propuestas redactado por los ruralistas en las áreas de agricultura (incluyendo la quita de las retenciones móviles), ganadería, lechería y porcinos, que todos firmaron de buena gana con el compromiso de elevarlo a sus áreas de influencia, aunque algunos lo hicieron manifestando la plena adhesión a todos los puntos, como el demoprogresista Gabriel Real -pidió la palabra para ello-, y otros, más cautos, como Spinozzi y Lagna, prefirieron darse por notificados, alegando que no estaban en condiciones de avalar una larga lista de iniciativas -algunas de cierta complejidad técnica- de las que recién tomaban conocimiento, como había admitido momentos antes el presidente de la Sociedad Rural, Eduardo Sánchez de Bustamante.
En esta asamblea regional no sólo se manifestó el estado de alerta y movilización de los productores, sino también que la lucha excede largamente el reclamo por la suspensión de las retenciones móviles (nadie confía en las compensaciones), como se verificó en las reiteradas apelaciones a la urgencia de elaborar una política agropecuaria de largo plazo, que brinde previsibilidad y favorezca las inversiones. No sólo eso, sino que se valorizó que la demanda sectorial del campo oficiara como despertador para que otros grupos políticos y sociales apuraran demandas de mayor protagonismo a los gobernadores y el Congreso, hasta ahora anestesiados por un Gobierno que, cuando se equivoca o comete excesos, no tiene nadie que pueda equilibrarlo. O no tenía. Ahora, las presiones surgen desde abajo, y las demandas se extienden mucho más allá de las retenciones que obraron como detonante. Tanto es así que el lunes próximo, la región recibirá la visita de la mayoría de sus 22 legisladores nacionales, como nunca antes había sucedido.
(Publicado el miércoles 16 de abril de 2008 en diario El Informe)
Nombramiento diplomático complicó relaciones políticas
El pase del ex concejal Claudio Natali a las filas del porotismo para representar a la Intendencia en su vínculo con las cooperativas de servicios públicos fue repudiado en duros términos desde el socialismo de procedencia pueblense, asumiendo el edil Fabián Vernetti el rol de vocero de esa indignación grupal, aunque con la excepción de su compañero de bloque, Roberto Meier, que le brindó un respaldo explícito a Natali, sumando otro ingrediente de tensión en su resquebrajada relación política con Vernetti y Oscar Pieroni. Estos últimos se muestran cada vez más distanciados de la Intendencia, y del propio Meier, que a causa de estos frecuentes arrumacos con el oficialismo, hasta tiene que soportar que en los corrillos de San Martín y Marconi se lo mencione como posible colaborador del intendente José Freyre apenas concluya su concejalía. Asimismo, el tibio perfil opositor que practica y su estilo de librepensador -de difícil alineamiento con las estructuras partidarias-, habría disminuido sus confesas expectativas de convertirse en funcionario del binnerismo santafesino.
También la vianista Patricia Romero insinuó que el salto de Natali no hace más que confirmar las sospechas de una antigua alianza con el scottismo, en la que también involucra al Tío Meier, más aún luego de sus recientes expresiones solidarias. Las declaraciones públicas de Vernetti y Romero y, sobre todo, las que se divulgaron en estricto off the reccord durante el fin de semana, auguran que Natali no sólo tendrá que apelar a sus reconocidas virtudes diplomáticas a los efectos de relacionarse con las dos cooperativas locales, sino también para superar el disgusto que su nombramiento ocasionó a los mismos ediles opositores con los que deberá sentarse a dialogar -a partir del próximo lunes- para arribar a los consensos tantas veces postergados en la ciudad.
La desvinculación de Claudio Natali de la agrupación Pueblo, en coincidencia con el final de su mandato legislativo, había sido sin escándalos, pero su tempranero desembarco como funcionario de Freyre desató la bronca contenida entre sus viejos compañeros de ruta. Mientras subraya que él no le debe nada a nadie, porque cumplió su mandato y la agrupación Pueblo fue disuelta poco más tarde, Vernetti le espeta a Natali -a través de los medios- que hoy no es un concejal opositor reelecto sólo porque la militancia le perdió la confianza, y tampoco le dejó margen para argumentar que “Freyre no es lo mismo que Scott”, porque, según el ala dura del PS, eso todavía no se demostró, alegando la continuidad del ocultamiento de la información pública y el formidable aumento del gasto que se evidencia, entre otras cosas, en el marcado incremento del personal, sobre todo en el gabinete político, que es el de “más altos costos”. En este sentido, los socialistas señalan que Natali, con el ingreso a la Intendencia, contribuye a ese sobredimensionamiento y se transforma en defensor de las mismas irregularidades que tantas veces objetó desde la oposición.
El escándalo resultó inevitable, con los consiguientes perjuicios para todos los involucrados -socialismo, porotismo y el propio Natali- en un episodio que, tal vez, hubiera sido incruento, o menos cruento, si se aguardaba un lapso prudencial para que las pasiones fueran cediendo. Ahora mismo, en el arranque de la semana, el intendente Freyre se involucró en la polémica cuestionando con tono enérgico la trayectoria política de Vernetti. Quizá la designación de Natali ayude a tender puentes con las cooperativas, pero está a la vista que, al mismo tiempo, se rompieron las relaciones de la Intendencia con el sector mayoritario del socialismo.
(Publicado el lunes 14 de abril de 2008 en diario El Informe)
También la vianista Patricia Romero insinuó que el salto de Natali no hace más que confirmar las sospechas de una antigua alianza con el scottismo, en la que también involucra al Tío Meier, más aún luego de sus recientes expresiones solidarias. Las declaraciones públicas de Vernetti y Romero y, sobre todo, las que se divulgaron en estricto off the reccord durante el fin de semana, auguran que Natali no sólo tendrá que apelar a sus reconocidas virtudes diplomáticas a los efectos de relacionarse con las dos cooperativas locales, sino también para superar el disgusto que su nombramiento ocasionó a los mismos ediles opositores con los que deberá sentarse a dialogar -a partir del próximo lunes- para arribar a los consensos tantas veces postergados en la ciudad.
La desvinculación de Claudio Natali de la agrupación Pueblo, en coincidencia con el final de su mandato legislativo, había sido sin escándalos, pero su tempranero desembarco como funcionario de Freyre desató la bronca contenida entre sus viejos compañeros de ruta. Mientras subraya que él no le debe nada a nadie, porque cumplió su mandato y la agrupación Pueblo fue disuelta poco más tarde, Vernetti le espeta a Natali -a través de los medios- que hoy no es un concejal opositor reelecto sólo porque la militancia le perdió la confianza, y tampoco le dejó margen para argumentar que “Freyre no es lo mismo que Scott”, porque, según el ala dura del PS, eso todavía no se demostró, alegando la continuidad del ocultamiento de la información pública y el formidable aumento del gasto que se evidencia, entre otras cosas, en el marcado incremento del personal, sobre todo en el gabinete político, que es el de “más altos costos”. En este sentido, los socialistas señalan que Natali, con el ingreso a la Intendencia, contribuye a ese sobredimensionamiento y se transforma en defensor de las mismas irregularidades que tantas veces objetó desde la oposición.
El escándalo resultó inevitable, con los consiguientes perjuicios para todos los involucrados -socialismo, porotismo y el propio Natali- en un episodio que, tal vez, hubiera sido incruento, o menos cruento, si se aguardaba un lapso prudencial para que las pasiones fueran cediendo. Ahora mismo, en el arranque de la semana, el intendente Freyre se involucró en la polémica cuestionando con tono enérgico la trayectoria política de Vernetti. Quizá la designación de Natali ayude a tender puentes con las cooperativas, pero está a la vista que, al mismo tiempo, se rompieron las relaciones de la Intendencia con el sector mayoritario del socialismo.
(Publicado el lunes 14 de abril de 2008 en diario El Informe)
Los socialistas se desprenden del eje kirchnerista y buscan otros horizontes
Cristina Fernández llegó a la Presidencia de la Nación con el discurso de la “calidad institucional”, insinuando que después del primer mandato K, en medio de la emergencia, sobrevendría un período más respetuoso de las formas, tan vapuleadas desde el verano 2001-2002, con la temprana salida de De la Rúa, en el marco de un vacío de poder, y los sucesivos relevos presidenciales -incluido el “golpe palaciego” contra Adolfo Rodríguez Saá-, hasta desembocar en la asunción de Eduardo Duhalde. Nadie debería olvidar aquellas caóticas jornadas. Rumbo a la normalización institucional, Duhalde se autoexcluyó de los comicios de abril de 2003, y luego de recibir las negativas de Carlos Reutemann y José Manuel de la Sota, tentó al santacruceño Néstor Kirchner para cederle el dominio del poder político, facilitando numerosos ministros propios en el inventario, como Roberto Lavagna en la estratégica cartera de Economía. Así, de pronto, Kirchner se encontró con el Gobierno de la Nación en sus manos, tras sucesivas experiencias de gestión en la Intendencia de Río Gallegos y en la provincia petrolera de Santa Cruz, con tantos habitantes como nuestro departamento General López, pero con muchas más regalías. No sólo que Duhalde le prestó sus más eficientes colaboradores y le reveló la receta de las retenciones a las exportaciones, sino que diseñó un perverso sistema electoral -los neolemas- para eliminar en segunda vuelta a Carlos Menem. Aunque podría triunfar en primera vuelta, como ocurrió, la deteriorada imagen del riojano lo dejaría luego fuera de carrera, según se especulaba. El astuto ardid duhaldista dio sus frutos: Menem ni siquiera se presentó al balotaje y a Kirchner le bastó con el segundo puesto para su consagración, ratificada políticamente en las legislativas de 2005.
El año pasado, la reelección kirchnerista, esta vez con Cristina en la Casa Rosada y Néstor en Puerto Madero, se produjo en otro contexto, más presentable, dando lugar a nuevas expectativas, alimentadas por la misma mandataria, con esas promesas de calidad institucional, reforma tributaria y redistribución de la riqueza. El crecimiento sostenido de la economía, entre otros indicadores, reforzaba las ilusiones, aunque desde hace largos meses el modelo económico está jaqueado por un proceso inflacionario que no puede ocultar ni la manipulación del Indec (el 1,1 por ciento de marzo es otra mentira escandalosa que mina la credibilidad de Cristina), ni los subsidios millonarios otorgados a las grandes empresas formadoras de precios para deformar la realidad.
Luego, el paro del campo, originado por una medida desacertada -en tiempo y forma- de la Presidencia, precipitó los reclamos que casi todos los dirigentes opositores -también algunos oficialistas- preferían guardarse para más adelante, incluido el gobernador santafesino Hermes Binner, que en medio del conflicto pidió el retiro de las retenciones móviles y la convocatoria al Consejo Federal Agropecuario para diseñar políticas conciliadas para el sector, y ahora, tomando más distancia aún, consideró que “el Gobierno no entiende el problema del campo”.
Pero el alejamiento de Binner de los Kirchner no se limita a los discursos, sino que también se manifiesta en la interna del socialismo, a llevarse a cabo en todo el país el 8 de junio. Tras largas negociaciones, acordó una lista con su enconado adversario interno Rubén Giustiniani para enfrentar a los “socialistas K”, que quedaron en franca minoría ante el vuelco del gobernador. En consecuencia, la torpeza política del kirchnerismo con el campo, que consiguió unificar en la protesta a la Federación Agraria con la Sociedad Rural, podría generar, como se desprende de este reacomodamiento del PS, la formación de una alternativa progresista a la del propio Kirchner. Hasta hace pocas semanas se proyectaba un hipotético escenario de confrontación entre el kirchnerismo y, tal vez, un conglomerado opositor sustentado en la nueva derecha macrista, con la Coalición Cívica navegando como aislada expresión testiomonial; pero hoy se fortalecen las chances de que una opción de centro-izquierda construya una fórmula presidencial para 2011, a la luz de las demandas generalizadas de calidad institucional y criterios redistributivos que despertó el reclamo sectorial del empresariado agropecuario.
De hecho, comienzan a instalarse en la agenda pública -aunque eso disguste al Gobierno-, la necesidad de un protagonismo del Congreso de la Nación en la fijación de los impuestos a las exportaciones (retenciones) y del debate de la Ley de Coparticipación Federal, que establece la Constitución reformada en el ’94, y aún se adeuda. En este sentido, hoy se realizará en la ciudad de Córdoba un encuentro de dirigentes opositores para impulsar el pedido de nuevos mecanismos de distribución de los recursos entre las provincias, donde se aguarda la influyente presencia de Binner.
Mientras se espera para el mediodía de hoy la reanudación del diálogo entre el Gobierno y el campo, los sondeos nacionales y algunas encuestas encargadas en pueblos de nuestra región, son coincidentes: la gran mayoría de la población está de acuerdo con los planteos de las entidades agropecuarias, a pesar de las contradicciones internas y las funestas consecuencias de los piquetes rurales. Al mismo tiempo, es notoria la caída de la imagen de Cristina, aunque hoy mismo podría empezar a revertir esa tendencia si en lugar de sembrar vientos, como en la catarata de discursos, actúa con la sobriedad de un hábil piloto de tormenta.
Como una burla del destino, mientras el kirchnerismo decretaba el corrimiento de todos los críticos a su derecha, por el otro lado se le escabullían destacados extrapartidarios que ya contaba como propios, más aún después de archivar el voluntarista alarde de transversalidad para refugiarse, en breve, en el comando del aparato del PJ, a la par de los barones del conurbano bonaerense, los mismos que denostó Cristina tiempo atrás, con el mote de “mafiosos”, pero que el 1 de abril convocó a la plaza de Mayo para “defender a la democracia”, en tanto que tildaba de “golpistas” a los que osaron cuestionar sus erráticas políticas para el campo.
Ayer nomás, Néstor Kirchner aprovechó la asamblea general de la Federación Argentina de Municipios (FAM) para realinear a los intendentes del Frente para la Victoria, muchos de los cuales, en sintonía con gobernadores, senadores, diputados y jefes comunales oficialistas de todo el país (algunos por convicción ideológica, otros por especulación electoral), apoyaron los reclamos de los productores agropecuarios, descubriendo las flaquezas de un Gobierno que se empecina en cederle a otro espacio político, aún inexistente, las expectativas de justicia social, progresividad tributaria e institucionalidad que buena parte de la población había depositado en él.
(Publicado el viernes 11 de abril de 2008 en diario El Informe)
El año pasado, la reelección kirchnerista, esta vez con Cristina en la Casa Rosada y Néstor en Puerto Madero, se produjo en otro contexto, más presentable, dando lugar a nuevas expectativas, alimentadas por la misma mandataria, con esas promesas de calidad institucional, reforma tributaria y redistribución de la riqueza. El crecimiento sostenido de la economía, entre otros indicadores, reforzaba las ilusiones, aunque desde hace largos meses el modelo económico está jaqueado por un proceso inflacionario que no puede ocultar ni la manipulación del Indec (el 1,1 por ciento de marzo es otra mentira escandalosa que mina la credibilidad de Cristina), ni los subsidios millonarios otorgados a las grandes empresas formadoras de precios para deformar la realidad.
Luego, el paro del campo, originado por una medida desacertada -en tiempo y forma- de la Presidencia, precipitó los reclamos que casi todos los dirigentes opositores -también algunos oficialistas- preferían guardarse para más adelante, incluido el gobernador santafesino Hermes Binner, que en medio del conflicto pidió el retiro de las retenciones móviles y la convocatoria al Consejo Federal Agropecuario para diseñar políticas conciliadas para el sector, y ahora, tomando más distancia aún, consideró que “el Gobierno no entiende el problema del campo”.
Pero el alejamiento de Binner de los Kirchner no se limita a los discursos, sino que también se manifiesta en la interna del socialismo, a llevarse a cabo en todo el país el 8 de junio. Tras largas negociaciones, acordó una lista con su enconado adversario interno Rubén Giustiniani para enfrentar a los “socialistas K”, que quedaron en franca minoría ante el vuelco del gobernador. En consecuencia, la torpeza política del kirchnerismo con el campo, que consiguió unificar en la protesta a la Federación Agraria con la Sociedad Rural, podría generar, como se desprende de este reacomodamiento del PS, la formación de una alternativa progresista a la del propio Kirchner. Hasta hace pocas semanas se proyectaba un hipotético escenario de confrontación entre el kirchnerismo y, tal vez, un conglomerado opositor sustentado en la nueva derecha macrista, con la Coalición Cívica navegando como aislada expresión testiomonial; pero hoy se fortalecen las chances de que una opción de centro-izquierda construya una fórmula presidencial para 2011, a la luz de las demandas generalizadas de calidad institucional y criterios redistributivos que despertó el reclamo sectorial del empresariado agropecuario.
De hecho, comienzan a instalarse en la agenda pública -aunque eso disguste al Gobierno-, la necesidad de un protagonismo del Congreso de la Nación en la fijación de los impuestos a las exportaciones (retenciones) y del debate de la Ley de Coparticipación Federal, que establece la Constitución reformada en el ’94, y aún se adeuda. En este sentido, hoy se realizará en la ciudad de Córdoba un encuentro de dirigentes opositores para impulsar el pedido de nuevos mecanismos de distribución de los recursos entre las provincias, donde se aguarda la influyente presencia de Binner.
Mientras se espera para el mediodía de hoy la reanudación del diálogo entre el Gobierno y el campo, los sondeos nacionales y algunas encuestas encargadas en pueblos de nuestra región, son coincidentes: la gran mayoría de la población está de acuerdo con los planteos de las entidades agropecuarias, a pesar de las contradicciones internas y las funestas consecuencias de los piquetes rurales. Al mismo tiempo, es notoria la caída de la imagen de Cristina, aunque hoy mismo podría empezar a revertir esa tendencia si en lugar de sembrar vientos, como en la catarata de discursos, actúa con la sobriedad de un hábil piloto de tormenta.
Como una burla del destino, mientras el kirchnerismo decretaba el corrimiento de todos los críticos a su derecha, por el otro lado se le escabullían destacados extrapartidarios que ya contaba como propios, más aún después de archivar el voluntarista alarde de transversalidad para refugiarse, en breve, en el comando del aparato del PJ, a la par de los barones del conurbano bonaerense, los mismos que denostó Cristina tiempo atrás, con el mote de “mafiosos”, pero que el 1 de abril convocó a la plaza de Mayo para “defender a la democracia”, en tanto que tildaba de “golpistas” a los que osaron cuestionar sus erráticas políticas para el campo.
Ayer nomás, Néstor Kirchner aprovechó la asamblea general de la Federación Argentina de Municipios (FAM) para realinear a los intendentes del Frente para la Victoria, muchos de los cuales, en sintonía con gobernadores, senadores, diputados y jefes comunales oficialistas de todo el país (algunos por convicción ideológica, otros por especulación electoral), apoyaron los reclamos de los productores agropecuarios, descubriendo las flaquezas de un Gobierno que se empecina en cederle a otro espacio político, aún inexistente, las expectativas de justicia social, progresividad tributaria e institucionalidad que buena parte de la población había depositado en él.
(Publicado el viernes 11 de abril de 2008 en diario El Informe)
Viaje hacia la muerte, entre humo y niebla
Así como en los últimos días lo señaló un diario sanpedrino, en estas columnas alertamos en repetidas ocasiones sobre la negligencia en el control de las rutas nacionales y provinciales en las épocas de niebla -en las que ya ingresamos-, que suelen mezclarse con humaredas provenientes de la quema de pastizales, o en basurales a cielo abierto, como bien conocemos los venadenses. En la madrugada de ayer fue el turno de la Ruta 9, entre San Pedro y Baradero, con una sucesión de choques múltiples en varios puntos de ese tramo, y la consecuencia -evitable- de cuatro muertos y decenas de heridos.
Nuevamente, por enésima vez, la pregunta que se impone es: ¿Por qué se habilita el tránsito en esas condiciones? ¿Por qué no se razona en las rutas con la misma lógica que en los aeropuertos? Sean rutas aéreas o terrestres, deben cerrarse hasta tanto se normalicen las condiciones para el tránsito. No sería práctica, tal vez, esta medida preventiva en una carretera desértica, pero es indispensable en una ruta tan recorrida como la 9 en la provincia de Buenos Aires. Si las empresas concesionarias de peaje deben velar, entre otras cosas, por la seguridad en las rutas, ¿cómo es posible que liberen el tránsito para un viaje hacia la muerte, entre el humo y la niebla? No habría otra opción que cerrarlas, porque si no contamos ni siquiera con banquinas adecuadas, mal podríamos acceder en el corto plazo a los sistemas europeos para disipar la niebla en los caminos. De todos modos, en las sociedades medianamente serias, aunque no sean opulentas, las autoridades establecen estrategias simples para un traslado seguro de los vehículos, y no a ciegas, como ayer en la Ruta 9, donde la visibilidad no superaba los dos metros de distancia.
Sin embargo, ni siquiera hubo un gesto elemental de prevención, porque en las cabinas no se entregaban folletos instructivos, ni tampoco -según los testigos- se hacían comentarios sobre el grave peligro que amenazaba pocos kilómetros por delante. Podría suceder que estas responsabilidades no hayan quedado esclarecidas en el contrato de concesión; en tal caso el Gobierno nacional deberá impulsar una inmediata revisión de las cláusulas por razones de fuerza mayor, como esta matanza sistemática de personas. Desde ya que también hay una complicidad de los que se lanzan a circular, las más de las veces sin ninguna necesidad de arriesgar sus vidas, en estas “trampas mortales”, e incluso a velocidades desmedidas, que tornan más violentas las colisiones.
El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, tras recordar que en ese mismo lugar se reiteran año tras año los accidentes por culpa de los mismos factores -con lo cual dejan de ser “accidentes”-, dijo que “esto es desidia, es falta de responsabilidad”. Además, se comprometió a demandar penalmente a los responsables de la tragedia. “A la empresa sólo le importa cobrar el peaje; el Occovi vaya a saber a quién controla”, remató. Sin olvidar la imprudencia de los automovilistas, la Defensoría del Pueblo fue contundente en atribuir las mayores culpas de estos siniestros evitables a las empresas de peaje y las autoridades que no controlan las concesiones estatales. Cuando se acabe la impunidad, cada uno sabrá cumplir con su cometido.
(Publicado el jueves 10 de abril de 2008 en diario El Informe)
Nuevamente, por enésima vez, la pregunta que se impone es: ¿Por qué se habilita el tránsito en esas condiciones? ¿Por qué no se razona en las rutas con la misma lógica que en los aeropuertos? Sean rutas aéreas o terrestres, deben cerrarse hasta tanto se normalicen las condiciones para el tránsito. No sería práctica, tal vez, esta medida preventiva en una carretera desértica, pero es indispensable en una ruta tan recorrida como la 9 en la provincia de Buenos Aires. Si las empresas concesionarias de peaje deben velar, entre otras cosas, por la seguridad en las rutas, ¿cómo es posible que liberen el tránsito para un viaje hacia la muerte, entre el humo y la niebla? No habría otra opción que cerrarlas, porque si no contamos ni siquiera con banquinas adecuadas, mal podríamos acceder en el corto plazo a los sistemas europeos para disipar la niebla en los caminos. De todos modos, en las sociedades medianamente serias, aunque no sean opulentas, las autoridades establecen estrategias simples para un traslado seguro de los vehículos, y no a ciegas, como ayer en la Ruta 9, donde la visibilidad no superaba los dos metros de distancia.
Sin embargo, ni siquiera hubo un gesto elemental de prevención, porque en las cabinas no se entregaban folletos instructivos, ni tampoco -según los testigos- se hacían comentarios sobre el grave peligro que amenazaba pocos kilómetros por delante. Podría suceder que estas responsabilidades no hayan quedado esclarecidas en el contrato de concesión; en tal caso el Gobierno nacional deberá impulsar una inmediata revisión de las cláusulas por razones de fuerza mayor, como esta matanza sistemática de personas. Desde ya que también hay una complicidad de los que se lanzan a circular, las más de las veces sin ninguna necesidad de arriesgar sus vidas, en estas “trampas mortales”, e incluso a velocidades desmedidas, que tornan más violentas las colisiones.
El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, tras recordar que en ese mismo lugar se reiteran año tras año los accidentes por culpa de los mismos factores -con lo cual dejan de ser “accidentes”-, dijo que “esto es desidia, es falta de responsabilidad”. Además, se comprometió a demandar penalmente a los responsables de la tragedia. “A la empresa sólo le importa cobrar el peaje; el Occovi vaya a saber a quién controla”, remató. Sin olvidar la imprudencia de los automovilistas, la Defensoría del Pueblo fue contundente en atribuir las mayores culpas de estos siniestros evitables a las empresas de peaje y las autoridades que no controlan las concesiones estatales. Cuando se acabe la impunidad, cada uno sabrá cumplir con su cometido.
(Publicado el jueves 10 de abril de 2008 en diario El Informe)
Natali, próximo diplomático de la Intendencia ante las cooperativas
Desde el comienzo del mandato, el intendente José Freyre se planteó entre sus prioridades la recomposición de las relaciones con las dos cooperativas de servicios públicos, y así lo ratificó en el discurso de apertura del período ordinario de sesiones legislativas. Por esos días se habían cumplido cinco años de la última convocatoria malograda a la formación de la Comisión Redactora de los contratos de concesión de energía eléctrica y alumbrado público. Un mes atrás, en la edición del viernes 7 de marzo, anticipamos que “para no volver a tropezar con la misma piedra, la primera estrategia porotista sería designar un negociador, con buenas aptitudes diplomáticas (…), y según se comentó en los corrillos previos al acto de apertura de las sesiones, el hombre en cuestión se erigiría en el delegado de la Municipalidad ante el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica”. En rigor, no fue una sorpresa el ofrecimiento de Freyre al ex concejal pueblense, Claudio Natali, para oficiar de puente entre la Intendencia y la Cooperativa Eléctrica y/o la Cooperativa de Obras Sanitarias. Durante el período que concluyó hace cuatro meses, una de sus mayores virtudes había sido precisamente la cintura política para negociar con las otras fuerzas legislativas, como el scottismo, el radicalismo (en sus dos vertientes) y el vianismo. En ese entonces, el líder de Pueblo, Roberto Meier, más reacio a dichas prácticas, admitía off the reccord que su compañero de bloque ejecutaba con eficiencia ese delicado rol, hasta el punto tal que lo hubiera preferido en lugar de Fabián Vernetti liderando la lista de ediles en las recientes elecciones.Natali también era valorado por los referentes de otros sectores, como este lunes lo hicieron Miguel Pedrola y Gustavo Giner. Sin embargo, el grueso de la dirigencia pueblense no opinaba lo mismo, y poco a poco lo fue aislando. Lejos de combatir esa actitud, el concejal se automarginaba y exhibía una relación más aceitada con el oficialismo y los radicales, que con su propio partido. Sobre el epílogo del año pasado, en un pico de desconfianza, los pueblenses se resistieron a respaldar a Natali en sus ambiciones de presidir el Concejo e, incluso, al mismo tiempo que ellos saltaban masivamente al socialismo, extinguieron el Movimiento Pueblo para prevenirse de que el susodicho intentara resucitarlo en presunto acuerdo con el oficialismo.
Adelantando su desvinculación de Pueblo y tomando distancia del enrolamiento de sus antiguos compañeros en las filas del partido de la rosa, Natali gritó a los cuatro vientos la frase de despedida: “No me gusta estar donde no me quieren”. Así de mal terminaron las relaciones entre los otrora inquebrantables meieristas, que siguen dando que hablar, aunque la agrupación haya dejado de existir: el mismo día que Claudio Natali era anunciado extraoficialmente como el flamante canciller municipal, trascendía que otra ex pueblense, Roxana Bellatti, se había convertido en única candidata a la jefatura del binnerismo venadense para las internas del 8 de junio.
Con una o con las dos
Si bien la designación de Natali está prácticamente abrochada, hasta la tarde noche de ayer la única certeza era que su función sería la de un articulador entre la Intendencia y, al menos, una de las dos cooperativas de servicios públicos. Contra todos los pronósticos, el ex concejal optaría por desempeñarse en Obras Sanitarias, donde ya cumplió funciones, y las relaciones marchan viento en popa después de los fructíferos acercamientos entre las autoridades municipales y la cúpula cooperativista. En cambio, atento a la evolución de las reuniones de los concejales con la comitiva eléctrica, Natali temería quedar estancado en una eterna pugna por la propiedad de los bienes del servicio eléctrico, y fracasar en el debate de fondo por la concesión. Sin embargo, estaría dispuesto a aceptar el desafío igualmente, si Freyre le plantea hacerse cargo del vínculo con las dos cooperativas, o sólo con la Eléctrica. Mientras tanto, en la Intendencia restaban definirse más detalles, entre otros, si el canciller ocuparía los roles de delegado ante sendos consejos de administración, o se enviarían otros representantes a las reuniones ordinarias, y la figura de Natali se reservaría para las negociaciones más trascendentes, como la concesión eléctrica, por ejemplo.
Hasta ahora, el scottismo había incurrido una y otra vez en el mismo error, mandando a las cooperativas a secretarios de Hacienda, o de Obras Públicas, que ya estaban sobrepasados en sus funciones específicas, y mal podían responder con eficiencia y agilidad ante tamaña acumulación de actividades. Con la designación de un funcionario para dedicarse por entero a esas responsabilidades, se supone que el poder político estará en óptimas condiciones de vincularse con ambas concesionarias. No obstante, más allá de la bienvenida diplomacia, la Intendencia debería impulsar en el corto plazo la creación de un organismo regulador de los servicios públicos municipales, dotado de los equipos técnicos pertinentes.
Con futuro legislativo
La incorporación de Claudio Natali al porotismo no se limitará a perfeccionar la relación del poder político con la Eléctrica y Obras Sanitarias; por el contrario, es probable que este ejercicio de relaciones exteriores con las cooperativas sólo dure unos cuantos meses y luego el próximo canciller sea catapultado a un puesto influyente del gabinete municipal, que hoy dista de funcionar como Freyre había idealizado meses atrás. Pero el futuro político del empresario ligado a las computadoras, impresoras y fotocopiadoras, ni siquiera culminaría en el Departamento Ejecutivo, sino que podría desembocar en su regreso al Concejo desde la lista de candidatos del porotismo. Si se confirmaran las versiones de que los socialistas Roberto Meier y Oscar Pieroni no irán por la reelección en 2009, el eventual liderazgo de Natali en la boleta oficialista, según especulan en San Martín y Marconi, podría fortalecer el fenómeno de captación de votos meieristas que el actual intendente consumó en los comicios del año pasado. Mientras tanto, el radical binnerista Lisandro Enrico estará obligado a revisar sus planes en la húmeda ciudad capital de la provincia, donde se desempeña como secretario parlamentario en Diputados. Aunque el objetivo que lo desvela es enfrentar la candidatura a la reelección de Freyre en 2011, tal vez necesite reinstalarse antes en el plano local, con un retorno al Concejo. Con este escenario bajo sus pies, los hombres de Binner en la ciudad, sean del socialismo, la UCR, el ARI o el PDP, deberán extremar la creatividad y los esfuerzos, ya que, desde el peronismo, se perfila la postulación por cuatro años más de la indomable Romero, y, desde ya, un porotismo todavía rozagante, y quizá con refuerzos extrapartidarios, se dispondrá a obtener la preciada mayoría en el Concejo, en busca de garantizar una plácida gobernabilidad hasta el momento de pelear la reelección.
(Publicado el miércoles 9 de abril de 2008 en diario El Informe)
El socialismo renueva la dirigencia y promete endurecer el perfil opositor
Después de trabajosas negociaciones, el socialismo venadense -con la incorporación de la mayoría de los militantes del extinguido Movimiento Pueblo-, acordó una lista de unidad con motivo de las elecciones internas a llevarse a cabo dentro de dos meses. Con la designación de Roxana Bellatti -miembro del ala dura de los ex pueblenses- como secretaria general, también se definió el nuevo perfil político de la agrupación, que se propone adoptar un rol decididamente opositor del gobierno municipal de José Freyre.
Ya divididos entre los seguidores del secretario general Juan Moscoso y del secretario adjunto Guillermo Morel, los socialistas se encontraron, de pronto, con el desembarco masivo de los pueblenses, incluidos los concejales Roberto Meier, Oscar Pieroni y Fabián Vernetti, que también arrastraban sus propias internas. Pero, en esta ocasión, se arribó a un consenso para dejar atrás la tendencia conciliadora de Meier -cada día más aislado-, y profundizar desde el liderazgo partidario la línea más frontal insinuada por el binomio Pieroni-Vernetti. En este sentido, no es casual que Bellatti se desempeñe como secretaria legislativa de estos últimos, en tanto que Meier tiene la suya, aun cuando, desde el punto de vista formal, los tres ediles comparten un mismo bloque, fieles a la disciplina socialista que no acepta escenas escandalosas fuera de la intimidad.
Como el domingo 8 de junio se llevarán a cabo las elecciones partidarias en Santa Fe, la cúpula provincial no demoró en demandar “esfuerzos por la unidad” a todos los distritos con hipótesis de conflicto, como Venado Tuerto. “Si nos metemos en una interna quedarán más heridos que ilesos”, reconoció un vocero del partido de la rosa. De todos modos, se requirieron tres arduos cónclaves -donde no quedó casi nada por decirse entre los presentes- hasta que surgió el humo blanco anunciando la nominación de Bellatti, a la par de Rita Herrera -una abogada especialista en Derecho Laboral-, ya que antes debieron declinar sus aspiraciones el histórico Moscoso y el impetuoso Morel, que desde el segundo semestre abandonarán sus respectivas secretarías para transformarse en delegados al congreso nacional del PS. Mabel Caula, Darío Rivero, Stella Lapelle y Fabián Vernetti, irán al congreso santafesino.
Meier, sin ofertas para ocupar puestos provinciales y resignado a una vocalía suplente en el reparto local de cargos, recibió otro duro golpe con el ascenso de la combativa Bellatti, que había sido una de sus más acérrimas adversarias en la interna de Pueblo desde el humilde rol de secretaria de bloque, y ahora, marcará diferencias nada menos que desde la jefatura del binnerismo venadense, tomando distancia del estilo de cogobierno defendido a ultranza por el Tío.
Para la mayoría de la dirigencia del Frente Progresista, una de las razones más influyentes de la última derrota electoral fue la tibieza de su estrategia opositora, más evidente aún ante el furioso antiscottismo que cultiva la vianista Patricia Romero. En el marco de un creciente protagonismo femenino en el campo de la política, además de Bellatti y Herrera en las secretarías general y adjunta, se destaca en la renovada mesa directiva que la Tesorería estará en manos de Ana Silvia Narvaiz, esposa del secretario parlamentario de la Cámara de Diputados provincial -y rival de Meier en las recientes primarias-, Lisandro Enrico. Asimismo, Mabel Caula -otra mujer-, en su carácter de directora regional de Educación, es la única funcionaria socialista del sur-sur designada en el gobierno provincial, generando resquemores en la militancia de la concertación oficialista, aunque todavía hay espacios por cubrir.
“Vamos a ejercer una oposición distinta, ni complaciente ni destructiva, con denuncias concretas y muchas propuestas”, sintetizó, entusiasta, uno de los referentes del sector, deslizando también otras prioridades para el corto plazo, desde la resolución de conocidas desavenencias internas, hasta la consolidación estructural del Frente Progresista, en Venado y la región.
Ya divididos entre los seguidores del secretario general Juan Moscoso y del secretario adjunto Guillermo Morel, los socialistas se encontraron, de pronto, con el desembarco masivo de los pueblenses, incluidos los concejales Roberto Meier, Oscar Pieroni y Fabián Vernetti, que también arrastraban sus propias internas. Pero, en esta ocasión, se arribó a un consenso para dejar atrás la tendencia conciliadora de Meier -cada día más aislado-, y profundizar desde el liderazgo partidario la línea más frontal insinuada por el binomio Pieroni-Vernetti. En este sentido, no es casual que Bellatti se desempeñe como secretaria legislativa de estos últimos, en tanto que Meier tiene la suya, aun cuando, desde el punto de vista formal, los tres ediles comparten un mismo bloque, fieles a la disciplina socialista que no acepta escenas escandalosas fuera de la intimidad.
Como el domingo 8 de junio se llevarán a cabo las elecciones partidarias en Santa Fe, la cúpula provincial no demoró en demandar “esfuerzos por la unidad” a todos los distritos con hipótesis de conflicto, como Venado Tuerto. “Si nos metemos en una interna quedarán más heridos que ilesos”, reconoció un vocero del partido de la rosa. De todos modos, se requirieron tres arduos cónclaves -donde no quedó casi nada por decirse entre los presentes- hasta que surgió el humo blanco anunciando la nominación de Bellatti, a la par de Rita Herrera -una abogada especialista en Derecho Laboral-, ya que antes debieron declinar sus aspiraciones el histórico Moscoso y el impetuoso Morel, que desde el segundo semestre abandonarán sus respectivas secretarías para transformarse en delegados al congreso nacional del PS. Mabel Caula, Darío Rivero, Stella Lapelle y Fabián Vernetti, irán al congreso santafesino.
Meier, sin ofertas para ocupar puestos provinciales y resignado a una vocalía suplente en el reparto local de cargos, recibió otro duro golpe con el ascenso de la combativa Bellatti, que había sido una de sus más acérrimas adversarias en la interna de Pueblo desde el humilde rol de secretaria de bloque, y ahora, marcará diferencias nada menos que desde la jefatura del binnerismo venadense, tomando distancia del estilo de cogobierno defendido a ultranza por el Tío.
Para la mayoría de la dirigencia del Frente Progresista, una de las razones más influyentes de la última derrota electoral fue la tibieza de su estrategia opositora, más evidente aún ante el furioso antiscottismo que cultiva la vianista Patricia Romero. En el marco de un creciente protagonismo femenino en el campo de la política, además de Bellatti y Herrera en las secretarías general y adjunta, se destaca en la renovada mesa directiva que la Tesorería estará en manos de Ana Silvia Narvaiz, esposa del secretario parlamentario de la Cámara de Diputados provincial -y rival de Meier en las recientes primarias-, Lisandro Enrico. Asimismo, Mabel Caula -otra mujer-, en su carácter de directora regional de Educación, es la única funcionaria socialista del sur-sur designada en el gobierno provincial, generando resquemores en la militancia de la concertación oficialista, aunque todavía hay espacios por cubrir.
“Vamos a ejercer una oposición distinta, ni complaciente ni destructiva, con denuncias concretas y muchas propuestas”, sintetizó, entusiasta, uno de los referentes del sector, deslizando también otras prioridades para el corto plazo, desde la resolución de conocidas desavenencias internas, hasta la consolidación estructural del Frente Progresista, en Venado y la región.
El campo dio una tregua, el Gobierno bajó un cambio y se instaló el debate político
Cuando la angustia de la población crecía al mismo ritmo con que se desabastecían las góndolas, prevaleció la racionalidad y el paro del campo se suspendió por 30 días, a los efectos de que las entidades del sector negocien con el Gobierno la letra chica de las tardías medidas compensatorias. En este partido tan friccionado, la pelota traspasó varias veces de una cancha a la otra, y esta vez los chacareros la tiraron del lado de la Casa Rosada, después de nacionalizar un conflicto que, con el autismo de unos y el arrebato de otros, volvería a dividir a los argentinos, como en las peores épocas de odiosas antinomias. En todos estos días, no hubo fábrica, ni comercio, ni bar, ni taller, ni grupo familiar, ni reunión de amigos, donde la protesta no se debatiera con una intensidad propia de los años ’70, pero sorprendente para estos tiempos de mansedumbre. Debates acalorados, mano a mano, y también a través de mails que iban y venían, frenéticos; a veces con reflexiones de propia autoría; otras, propagando opiniones afines de diarios, blogs u otros sitios de la red. Ni las más entrañables relaciones amistosas, familiares, laborales, matrimoniales, pudieron resistirse a las apasionadas polémicas. Fue un sacudón de la tierra. Por fin, pese a todo, la política volvía a estar entre nosotros.
El 11 de marzo, el Gobierno fijó un aumento del impuesto a la exportación de la soja y el girasol, a pocos días del comienzo de la cosecha (nada más lejos de la previsibilidad de un Plan Quinquenal, por ejemplo) y sin diálogos previos con el campo, ni siquiera con una Federación Agraria afín al kirchnerismo. Como el Gobierno lo admitió, a su manera, fue un error no distinguir a tiempo las cargas entre chacareros (ni hablar de los pequeños arrendatarios) y pools sojeros. No sólo que la medida se decretó sobre el filo mismo de la trilla, sino que los anuncios compensatorios para pequeños y medianos productores tardaron largas semanas, como si se hubiesen elaborado a las apuradas. Aun hoy, desde el oficialismo le achacan a los federados haberse aliado con la oligarquía de la Sociedad Rural, pero los acontecimientos muestran que el mismo Gobierno empujó a Eduardo Buzzi y los suyos a esa unidad. Fue la miopía kirchnerista la que los igualó. Primero, con su falta de políticas, no supo contener al sector llamado históricamente a integrar el proyecto nacional; y luego, ni siquiera operó con picardía para fracturar esa concertación agropecuaria, que reunió desde pequeños agricultores hasta grandes terratenientes, en un espectro que recorre desde la izquierda revolucionaria hasta la derecha fascistoide. Es esta heterogeneidad, precisamente, la que diluye el contenido político de la protesta del campo, pues en esa hipotética mesa de reuniones, sería difícil incluir en el orden del día una discusión, por ejemplo, sobre las brutales transferencias del sector hacia los gigantescos pulpos multinacionales que controlan de punta a punta el negocio del cereal y las cadenas de comercialización alimenticias. En rigor, ese combate tendría que darlo, en conjunto, el Gobierno -con mayores responsabilidades- y, tal vez, una porción de la dirigencia agropecuaria; pero unos y otros, por distintos motivos, están en otra cosa.
Una ruta peligrosa
Como respuesta orgánica a las retenciones móviles, el campo lanzó un paro sin precedentes, con centenares de piquetes en las rutas, que ahora reforzaron su poderío negociador rumbo a la reanudación del diálogo con el Gobierno, pero “con alguien con poder político y que sepa de campo”, como demandó uno de los líderes gremiales en la Cumbre de Gualeguaychú. Sin embargo, los piquetes ruralistas enseguida comenzaron a desbordarse, sobre todo por la proliferación de los autoconvocados que no respondían a la Federación Agraria, ni a las restantes entidades. En algunos cortes, se demoraba el tránsito sólo por cierto lapso y se distribuían panfletos, atrayendo la atención mediática y punto. Ni siquiera se temía por un desabastecimiento. Sin embargo, en otros puntos, donde los piquetes eran más radicalizados, las cámaras de TV amplificaron los efectos, provocando el contagio. Además, los camioneros que se sentían discriminados, formaban “contrapiquetes”. “O pasamos todos, o no pasa nadie”, se plantaron. La situación empeoraba en las rutas, la angustia crecía en pueblos y ciudades. El Gobierno, con el sentido de la oportunidad que no había demostrado antes, comprendía que una intervención directa con fuerzas federales podía desembocar en una escalada de violencia. En tanto, los sucesivos discursos presidenciales no ayudaban. Desabastecimiento, suba de los precios, ruptura de la cadena de pagos, suspensiones, alertaban sobre los riesgos crecientes del desmadre. Aunque no se escuchó ninguna autocrítica ruralista, es probable -y deseable- que si las conversaciones no prosperan y el campo insiste en la protesta a partir de mayo, no se reiteren las recientes metodologías. No sólo porque ocasionan daños evitables al conjunto de la sociedad -aislando, a la larga, a los manifestantes-, sino también porque la práctica piquetera es funcional a la estrategia kirchnerista de vincular estas demandas, y las críticas en general, con cometidos golpistas y de victimización. Qué tendría que decir Raúl Alfonsín, entonces, asediado en todo su mandato presidencial por las corporaciones militar y sindical, con cachetazos eclesiásticos y ruralistas (¿quién se olvida de los silbidos en la exposición de Palermo?), hasta abdicar ante los saqueos y un lapidario golpe de mercado.
Una de conspiradores
Según la teoría de la conspiración, tanto el puñado de “caceroleros” porteños, como los miles de piqueteros ruralistas, estarían confabulados en una maniobra desestabilizadora del Gobierno, o al menos coincidirían en esos objetivos. Nada más falso, aún cuando haya nostálgicos de la dictadura que nunca faltan en ningún lado. Pero los análisis no deben basarse en anécdotas, conjeturas o paralelismos históricos, sino en las realidades objetivas. Y, en este momento, no hay ninguna posibilidad de amenaza institucional, porque el Gobierno es fuerte, porque no existe el sujeto golpista interno, ni tampoco el contexto internacional propiciatorio; y, sobre todo, porque la inmensa mayoría de los argentinos entendió -a los golpes- que incluso la peor de las democracias es preferible a la mejor de las dictaduras. Así se comprendió en los sucesos del diciembre negro de 2001, con un gobierno constitucional que se caía a pedazos y debía ser reemplazado por otro, liderado por la oposición, con sucesivos recambios presidenciales hasta la asunción de Eduardo Duhalde. Si no hubo amenaza golpista entonces, porqué la habría hoy. Aquí es donde el Gobierno trazó una frontera de intolerancia, colocando “del otro lado” a todos los críticos, por igual, como había hecho con los chacareros de 50 hectáreas y los pools que las cuentan de a miles. Merced a estos episodios, el Gobierno califica a los propios como buenos y democráticos, y a los “no alineados” como malos, golpistas o, con más indulgencia, funcionales a la derecha. En un fuerte rasgo autoritario, el oficialismo no admite que se pueda acordar con las políticas de derechos humanos, o de reformas en el Poder Judicial, pero al mismo tiempo disentir con sus políticas agropecuarias. Parafraseando al intendente José Freyre, cabe preguntarse porqué se obliga a los argentinos a comprar paquetes enteros. “O estás conmigo o estás con el enemigo”, sería el peligroso mensaje.
En rigor, el Gobierno arremetió con una medida aislada de suba de los derechos de exportación de la soja y el girasol, que, en principio, sólo garantiza un fuerte incremento recaudatorio para el Tesoro nacional -o la caja presidencial-, porque la demonizada “sojización” no se detendrá, aun con estas retenciones móviles, si persiste la baja de la rentabilidad de actividades como la ganadería y la lechería, entre otras. ¿Hizo falta un paro de tres semanas para que el Gobierno ofreciera medidas complementarias para el resto de los sectores? En lugar de decretar que todos los “no kirchneristas” yacen a su derecha, deberían haber instrumentado medidas concretas en este lustro de gestión para acotar la expansión de los pools de siembra, a través de nuevas leyes de arrendamiento, como Federación Agraria le demanda desde hace tiempo, sin ser escuchada. Es cierto, las arcas nacionales se ensanchan por igual, se trate de los tributos de inversionistas timberos o de los chacareros, pero el drama social sobreviene cuando estos últimos abandonan la actividad, arrendando sus campos a los grandes productores, con el inmediato resentimiento de la economía de los pueblos, y el quiebre de la tradición familiar de labor agropecuaria. ¿O por qué creen los sesudos tecnócratas que los jefes comunales apoyaron la huelga? Además, el Gobierno tendría que haber apurado los subsidios para agricultores familiares, en lugar de privilegiar a los grupos económicos amigos, como molinos, lácteas y aceiteras. Si así lo hubiera hecho, nadie dudaría de sus promesas. Para más datos, la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, clave para la atención de los pequeños productores, había sido anunciada con bombos y platillos en octubre, pero aún hoy es un proyecto incierto.
Modelo para armar
En suma, así como se avanzó en otros ámbitos, el Gobierno no demostró actitudes progresistas en política agropecuaria y, más aún, todavía debe aclararle a la ciudadanía el supuesto concepto redistributivo del reciente aumento de las retenciones. No basta con un discurso florido para eso, como tampoco con un enunciado de buenas intenciones para convencer a los desconfiados dirigentes del agro de que, esta vez, los reintegros les llegarán en tiempo y forma.
Estas demandas sectoriales del campo, aunque algunos las visualicen como una conspiración golpista, comienzan a generar un enriquecedor debate político sobre el “modelo de país”, donde no sólo hay que discutir la distribución del ingreso, sino también un nuevo marco de institucionalidad, porque ya es insostenible que la Argentina se maneje como en un “estado de emergencia permanente”, con “superpoderes” delegados en la Presidencia de la Nación, y una influencia en caída libre del Congreso y las provincias. En marzo de 2002, el presidente Duhalde restableció las retenciones, con carácter transitorio, para financiar planes sociales, acordando con las provincias que el impuesto no sería coparticipable para poder eliminarlo con más ejecutividad, apenas superada la crisis. Seis años más tarde, las retenciones dejaron de ser transitorias, porque ningún sector las rechaza, y aumentan una y otra vez en un contexto macroeconómico favorable para el país. En consecuencia, el desteñido Congreso de la Nación deberá reasumir cuanto antes las funciones que le son propias y debatir sobre las retenciones a las exportaciones (según lo prescribe la Constitución), en sintonía con los gobernadores, que hoy asisten a una millonaria fuga de recursos originados en sus propios suelos, distorsionando las autonomías provinciales y el federalismo, a partir de las discrecionalidades de la Casa Rosada.
(Publicado el viernes 4 de abril de 2008 en diario El Informe)
El 11 de marzo, el Gobierno fijó un aumento del impuesto a la exportación de la soja y el girasol, a pocos días del comienzo de la cosecha (nada más lejos de la previsibilidad de un Plan Quinquenal, por ejemplo) y sin diálogos previos con el campo, ni siquiera con una Federación Agraria afín al kirchnerismo. Como el Gobierno lo admitió, a su manera, fue un error no distinguir a tiempo las cargas entre chacareros (ni hablar de los pequeños arrendatarios) y pools sojeros. No sólo que la medida se decretó sobre el filo mismo de la trilla, sino que los anuncios compensatorios para pequeños y medianos productores tardaron largas semanas, como si se hubiesen elaborado a las apuradas. Aun hoy, desde el oficialismo le achacan a los federados haberse aliado con la oligarquía de la Sociedad Rural, pero los acontecimientos muestran que el mismo Gobierno empujó a Eduardo Buzzi y los suyos a esa unidad. Fue la miopía kirchnerista la que los igualó. Primero, con su falta de políticas, no supo contener al sector llamado históricamente a integrar el proyecto nacional; y luego, ni siquiera operó con picardía para fracturar esa concertación agropecuaria, que reunió desde pequeños agricultores hasta grandes terratenientes, en un espectro que recorre desde la izquierda revolucionaria hasta la derecha fascistoide. Es esta heterogeneidad, precisamente, la que diluye el contenido político de la protesta del campo, pues en esa hipotética mesa de reuniones, sería difícil incluir en el orden del día una discusión, por ejemplo, sobre las brutales transferencias del sector hacia los gigantescos pulpos multinacionales que controlan de punta a punta el negocio del cereal y las cadenas de comercialización alimenticias. En rigor, ese combate tendría que darlo, en conjunto, el Gobierno -con mayores responsabilidades- y, tal vez, una porción de la dirigencia agropecuaria; pero unos y otros, por distintos motivos, están en otra cosa.
Una ruta peligrosa
Como respuesta orgánica a las retenciones móviles, el campo lanzó un paro sin precedentes, con centenares de piquetes en las rutas, que ahora reforzaron su poderío negociador rumbo a la reanudación del diálogo con el Gobierno, pero “con alguien con poder político y que sepa de campo”, como demandó uno de los líderes gremiales en la Cumbre de Gualeguaychú. Sin embargo, los piquetes ruralistas enseguida comenzaron a desbordarse, sobre todo por la proliferación de los autoconvocados que no respondían a la Federación Agraria, ni a las restantes entidades. En algunos cortes, se demoraba el tránsito sólo por cierto lapso y se distribuían panfletos, atrayendo la atención mediática y punto. Ni siquiera se temía por un desabastecimiento. Sin embargo, en otros puntos, donde los piquetes eran más radicalizados, las cámaras de TV amplificaron los efectos, provocando el contagio. Además, los camioneros que se sentían discriminados, formaban “contrapiquetes”. “O pasamos todos, o no pasa nadie”, se plantaron. La situación empeoraba en las rutas, la angustia crecía en pueblos y ciudades. El Gobierno, con el sentido de la oportunidad que no había demostrado antes, comprendía que una intervención directa con fuerzas federales podía desembocar en una escalada de violencia. En tanto, los sucesivos discursos presidenciales no ayudaban. Desabastecimiento, suba de los precios, ruptura de la cadena de pagos, suspensiones, alertaban sobre los riesgos crecientes del desmadre. Aunque no se escuchó ninguna autocrítica ruralista, es probable -y deseable- que si las conversaciones no prosperan y el campo insiste en la protesta a partir de mayo, no se reiteren las recientes metodologías. No sólo porque ocasionan daños evitables al conjunto de la sociedad -aislando, a la larga, a los manifestantes-, sino también porque la práctica piquetera es funcional a la estrategia kirchnerista de vincular estas demandas, y las críticas en general, con cometidos golpistas y de victimización. Qué tendría que decir Raúl Alfonsín, entonces, asediado en todo su mandato presidencial por las corporaciones militar y sindical, con cachetazos eclesiásticos y ruralistas (¿quién se olvida de los silbidos en la exposición de Palermo?), hasta abdicar ante los saqueos y un lapidario golpe de mercado.
Una de conspiradores
Según la teoría de la conspiración, tanto el puñado de “caceroleros” porteños, como los miles de piqueteros ruralistas, estarían confabulados en una maniobra desestabilizadora del Gobierno, o al menos coincidirían en esos objetivos. Nada más falso, aún cuando haya nostálgicos de la dictadura que nunca faltan en ningún lado. Pero los análisis no deben basarse en anécdotas, conjeturas o paralelismos históricos, sino en las realidades objetivas. Y, en este momento, no hay ninguna posibilidad de amenaza institucional, porque el Gobierno es fuerte, porque no existe el sujeto golpista interno, ni tampoco el contexto internacional propiciatorio; y, sobre todo, porque la inmensa mayoría de los argentinos entendió -a los golpes- que incluso la peor de las democracias es preferible a la mejor de las dictaduras. Así se comprendió en los sucesos del diciembre negro de 2001, con un gobierno constitucional que se caía a pedazos y debía ser reemplazado por otro, liderado por la oposición, con sucesivos recambios presidenciales hasta la asunción de Eduardo Duhalde. Si no hubo amenaza golpista entonces, porqué la habría hoy. Aquí es donde el Gobierno trazó una frontera de intolerancia, colocando “del otro lado” a todos los críticos, por igual, como había hecho con los chacareros de 50 hectáreas y los pools que las cuentan de a miles. Merced a estos episodios, el Gobierno califica a los propios como buenos y democráticos, y a los “no alineados” como malos, golpistas o, con más indulgencia, funcionales a la derecha. En un fuerte rasgo autoritario, el oficialismo no admite que se pueda acordar con las políticas de derechos humanos, o de reformas en el Poder Judicial, pero al mismo tiempo disentir con sus políticas agropecuarias. Parafraseando al intendente José Freyre, cabe preguntarse porqué se obliga a los argentinos a comprar paquetes enteros. “O estás conmigo o estás con el enemigo”, sería el peligroso mensaje.
En rigor, el Gobierno arremetió con una medida aislada de suba de los derechos de exportación de la soja y el girasol, que, en principio, sólo garantiza un fuerte incremento recaudatorio para el Tesoro nacional -o la caja presidencial-, porque la demonizada “sojización” no se detendrá, aun con estas retenciones móviles, si persiste la baja de la rentabilidad de actividades como la ganadería y la lechería, entre otras. ¿Hizo falta un paro de tres semanas para que el Gobierno ofreciera medidas complementarias para el resto de los sectores? En lugar de decretar que todos los “no kirchneristas” yacen a su derecha, deberían haber instrumentado medidas concretas en este lustro de gestión para acotar la expansión de los pools de siembra, a través de nuevas leyes de arrendamiento, como Federación Agraria le demanda desde hace tiempo, sin ser escuchada. Es cierto, las arcas nacionales se ensanchan por igual, se trate de los tributos de inversionistas timberos o de los chacareros, pero el drama social sobreviene cuando estos últimos abandonan la actividad, arrendando sus campos a los grandes productores, con el inmediato resentimiento de la economía de los pueblos, y el quiebre de la tradición familiar de labor agropecuaria. ¿O por qué creen los sesudos tecnócratas que los jefes comunales apoyaron la huelga? Además, el Gobierno tendría que haber apurado los subsidios para agricultores familiares, en lugar de privilegiar a los grupos económicos amigos, como molinos, lácteas y aceiteras. Si así lo hubiera hecho, nadie dudaría de sus promesas. Para más datos, la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, clave para la atención de los pequeños productores, había sido anunciada con bombos y platillos en octubre, pero aún hoy es un proyecto incierto.
Modelo para armar
En suma, así como se avanzó en otros ámbitos, el Gobierno no demostró actitudes progresistas en política agropecuaria y, más aún, todavía debe aclararle a la ciudadanía el supuesto concepto redistributivo del reciente aumento de las retenciones. No basta con un discurso florido para eso, como tampoco con un enunciado de buenas intenciones para convencer a los desconfiados dirigentes del agro de que, esta vez, los reintegros les llegarán en tiempo y forma.
Estas demandas sectoriales del campo, aunque algunos las visualicen como una conspiración golpista, comienzan a generar un enriquecedor debate político sobre el “modelo de país”, donde no sólo hay que discutir la distribución del ingreso, sino también un nuevo marco de institucionalidad, porque ya es insostenible que la Argentina se maneje como en un “estado de emergencia permanente”, con “superpoderes” delegados en la Presidencia de la Nación, y una influencia en caída libre del Congreso y las provincias. En marzo de 2002, el presidente Duhalde restableció las retenciones, con carácter transitorio, para financiar planes sociales, acordando con las provincias que el impuesto no sería coparticipable para poder eliminarlo con más ejecutividad, apenas superada la crisis. Seis años más tarde, las retenciones dejaron de ser transitorias, porque ningún sector las rechaza, y aumentan una y otra vez en un contexto macroeconómico favorable para el país. En consecuencia, el desteñido Congreso de la Nación deberá reasumir cuanto antes las funciones que le son propias y debatir sobre las retenciones a las exportaciones (según lo prescribe la Constitución), en sintonía con los gobernadores, que hoy asisten a una millonaria fuga de recursos originados en sus propios suelos, distorsionando las autonomías provinciales y el federalismo, a partir de las discrecionalidades de la Casa Rosada.
(Publicado el viernes 4 de abril de 2008 en diario El Informe)
Gobierno y entidades del agro, en el campo de la racionalidad
En el arranque del acto en la Casa Rosada, el ministro de Economía, Martín Lousteau, anunció las medidas compensatorias, y después, la presidenta Cristina Fernández abundó en argumentos políticos. Si bien, como se suponía, el Gobierno defendió a ultranza las retenciones móviles, en la primera de sus propuestas, estableció que los más de 60 mil pequeños y medianos productores de soja y girasol (que comercien hasta 500 toneladas) recibirían un reintegro automático para conservar la rentabilidad proyectada antes de la suba de las retenciones. Sorprendió que estos planteos no se hubieran divulgado antes, porque nos habrían evitado muchos dolores de cabeza, aunque los dirigentes del campo aseguran que no existían y ahora los improvisaron para descomprimir la situación, ante la fortaleza de un paro que concitó respaldos en las grandes urbes y en los pequeños pueblos.
Sin embargo, ni esa, ni las restantes iniciativas, conformaron a la desconfiada dirigencia agropecuaria, a la que muchas veces se le prometieron reintegros o subsidios desde el Estado, pero por lo general llegaron a los grandes grupos industriales y exportadores, y casi nunca a los pequeños y medianos productores, con un cuestionable criterio redistributivo. En esa misma línea, apelando al sentido común, alguien preguntó si no es más fácil, en lugar de retener por un lado y reintegrar por el otro, aplicar gravámenes excepcionales al dos por ciento de grandes productores (“pools de siembra”) que controlan casi la mitad de la producción de soja y girasol, y en los pueblos del interior no dejan más que caminos rotos y suelos sin nutrientes. Asimismo, como Cristina y Lousteau, los dirigentes del campo mostraron su inquietud por el impetuoso crecimiento de los pools de siembra, aun cuando los huelguistas cuestionaron que no se hiciera ninguna mención en los discursos oficiales a una ley de contrato agrario (arrendamientos).
Tan lejos quedó el Gobierno de suspender transitoriamente las polémicas retenciones móviles, como los productores agropecuarios de levantar el paro. Con el diálogo cortado por el momento (cada parte observó a la otra por televisión), aun cuando algunas medidas oficiales abrieron ciertas expectativas, todo se empantanó hasta una próxima cumbre, aún sin fecha cierta. Por ahora, la medida de protesta continuará hasta mañana, cuando las entidades vuelvan a reunirse.
“Liberen las rutas”, sugirió Cristina, que en el tercero de sus discursos sobre la problemática del campo, encontró el tono adecuado; y si bien no se acató el consejo presidencial, la cúpula agropecuaria admitió que ya había mostrado el poder de fuego del sector, y que, desde anoche, los piquetes sólo frenarían los traslados de carne y granos, en tanto que se restablecería la comercialización de lácteos y productos perecederos (hortalizas, verduras, cítricos, etc.), alejando el fantasma del desabastecimiento que ya estaba creando una sensación de angustia en todo el país. Con ese categórico mensaje lanzado a las bases, el paro podría desgastarse si los piquetes más radicalizados se rebelan. Entre las sugerencias gubernamentales de liberar las rutas y las de los propios dirigentes de moderar las formas, los productores más combativos corren el riesgo de aislarse políticamente, recorriendo un camino inverso al de la popularidad que cosecharon en los últimos días. Llegado este punto extremo de tensiones, el campo podría instrumentar otras metodologías de repudio a las propuestas oficiales, sin que ello debilite sus posiciones, apoyadas desde diversos sectores.
Tampoco será factible, si la dureza del piquete ruralista recrudece, que los dirigentes del agro puedan volver esta misma semana a la Casa Rosada en busca de precisiones sobre el paquete de medidas, como tampoco ayudará demasiado al diálogo y la concordia la movilización kirchnerista organizada para esta tarde en la Plaza de Mayo, que no hará otra cosa que denostar a los díscolos chacareros, con los que el Gobierno debería reunirse a la brevedad; para colmo, mañana, las cuatro entidades decidirán las próximas acciones, y no será tarea fácil apaciguar a las bases campesinas que hoy estarán viendo por televisión cómo son insultadas desde la mítica plaza. Si bien en el segmento más ácido de su discurso, la Presidenta acusó a los productores de creerse los “propietarios del país”, con sensatez, esta vez excluyó de su alocución el mote de “golpistas”.
Así pues, Cristina Fernández, Eduardo Buzzi (FAA), Luciano Miguens (SR), Mario Llambías (CRA) y Fernando Gioino (Coninagro), con sus discursos de la víspera, entendieron que el delicado escenario requiere, ante todo, mesura y equilibrio, pero ambas partes tienen delfines, como el piquetero urbano Luis D’Elía y el piquetero rural Alfredo De Angelis, que no exhiben esa misma racionalidad.
(Publicado el martes 1 de abril de 2008 en diario El Informe)
Sin embargo, ni esa, ni las restantes iniciativas, conformaron a la desconfiada dirigencia agropecuaria, a la que muchas veces se le prometieron reintegros o subsidios desde el Estado, pero por lo general llegaron a los grandes grupos industriales y exportadores, y casi nunca a los pequeños y medianos productores, con un cuestionable criterio redistributivo. En esa misma línea, apelando al sentido común, alguien preguntó si no es más fácil, en lugar de retener por un lado y reintegrar por el otro, aplicar gravámenes excepcionales al dos por ciento de grandes productores (“pools de siembra”) que controlan casi la mitad de la producción de soja y girasol, y en los pueblos del interior no dejan más que caminos rotos y suelos sin nutrientes. Asimismo, como Cristina y Lousteau, los dirigentes del campo mostraron su inquietud por el impetuoso crecimiento de los pools de siembra, aun cuando los huelguistas cuestionaron que no se hiciera ninguna mención en los discursos oficiales a una ley de contrato agrario (arrendamientos).
Tan lejos quedó el Gobierno de suspender transitoriamente las polémicas retenciones móviles, como los productores agropecuarios de levantar el paro. Con el diálogo cortado por el momento (cada parte observó a la otra por televisión), aun cuando algunas medidas oficiales abrieron ciertas expectativas, todo se empantanó hasta una próxima cumbre, aún sin fecha cierta. Por ahora, la medida de protesta continuará hasta mañana, cuando las entidades vuelvan a reunirse.
“Liberen las rutas”, sugirió Cristina, que en el tercero de sus discursos sobre la problemática del campo, encontró el tono adecuado; y si bien no se acató el consejo presidencial, la cúpula agropecuaria admitió que ya había mostrado el poder de fuego del sector, y que, desde anoche, los piquetes sólo frenarían los traslados de carne y granos, en tanto que se restablecería la comercialización de lácteos y productos perecederos (hortalizas, verduras, cítricos, etc.), alejando el fantasma del desabastecimiento que ya estaba creando una sensación de angustia en todo el país. Con ese categórico mensaje lanzado a las bases, el paro podría desgastarse si los piquetes más radicalizados se rebelan. Entre las sugerencias gubernamentales de liberar las rutas y las de los propios dirigentes de moderar las formas, los productores más combativos corren el riesgo de aislarse políticamente, recorriendo un camino inverso al de la popularidad que cosecharon en los últimos días. Llegado este punto extremo de tensiones, el campo podría instrumentar otras metodologías de repudio a las propuestas oficiales, sin que ello debilite sus posiciones, apoyadas desde diversos sectores.
Tampoco será factible, si la dureza del piquete ruralista recrudece, que los dirigentes del agro puedan volver esta misma semana a la Casa Rosada en busca de precisiones sobre el paquete de medidas, como tampoco ayudará demasiado al diálogo y la concordia la movilización kirchnerista organizada para esta tarde en la Plaza de Mayo, que no hará otra cosa que denostar a los díscolos chacareros, con los que el Gobierno debería reunirse a la brevedad; para colmo, mañana, las cuatro entidades decidirán las próximas acciones, y no será tarea fácil apaciguar a las bases campesinas que hoy estarán viendo por televisión cómo son insultadas desde la mítica plaza. Si bien en el segmento más ácido de su discurso, la Presidenta acusó a los productores de creerse los “propietarios del país”, con sensatez, esta vez excluyó de su alocución el mote de “golpistas”.
Así pues, Cristina Fernández, Eduardo Buzzi (FAA), Luciano Miguens (SR), Mario Llambías (CRA) y Fernando Gioino (Coninagro), con sus discursos de la víspera, entendieron que el delicado escenario requiere, ante todo, mesura y equilibrio, pero ambas partes tienen delfines, como el piquetero urbano Luis D’Elía y el piquetero rural Alfredo De Angelis, que no exhiben esa misma racionalidad.
(Publicado el martes 1 de abril de 2008 en diario El Informe)
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