Fiel al avasallante personalismo que supo desplegar en su largo mandato como intendente venadense, Roberto Scott, desde la condición de máximo referente del omnipresente scottismo -aunque él se empecine en negarlo-, conmovió el tablero político local anticipando su enrolamiento con la postulación de Agustín Rossi en la pugna por la conducción del peronismo santafesino con el venadense Ricardo Spinozzi. No sobresaltó tanto el respaldo al mismo dirigente que había defenestrado pocos meses atrás, cuando Scott se aliaba con Rafael Bielsa (y Spinozzi) para ganarle la primaria del Frente para la Victoria al propio Rossi, y después caer en los comicios generales ante el socialista Hermes Binner. Sí, en cambio, sorprendió a propios y extraños que el veterano caudillo rompiera un vínculo político de 15 años con el senador Spinozzi, proveniente del sector que orientaba el barbado Juan Di Paolo. Como producto de un acuerdo interno, el Tino integró en el ’93 la lista que depositó a Scott en el Concejo, y lo reemplazó en la banca en diciembre del ’95, cuando el Mago asumió como intendente de la ciudad. Desde entonces, y aunque varias veces estuvo a un paso de quebrarse, esa alianza se conservó, tanto es así que para muchos observadores ambos dirigentes se abroquelaban en un mismo grupo. Hoy, nada de eso ha quedado en pie. Ayer mismo trascendió que el último encuentro personal entre el senador provincial Spinozzi y el intendente José Freyre -que también admitió su inclinación por Rossi-, no concluyó en los mejores términos. Abundaron los tonos exaltados y los reproches mutuos. No es para menos. Como senador reelecto en General López, aunque contaría con el aval de la mayoría de las comunas, el Tino se encuentra con cierres rossistas en las tres ciudades peronistas: Venado, Villa Cañás y Rufino, donde los chacareros ya le habían sentir el rigor al intendente Jorge Giordano por su indiferencia ante la protesta. Y Venado, más allá de la influencia de su caudal electoral, ofrecía el agravante de una ruptura que, como tantas otras que se sucedieron a partir de las retenciones móviles, se precipitó por el pésimo manejo del Gobierno de la demanda agropecuaria. Bastó que el senador nacional Carlos Reutemann adhiriera a los reclamos ruralistas para que el Chivo Rossi saliera a despedazarlo con ese maniqueísmo kirchnerista, según el cual los buenos son los propios… y los demás que se atajen. Ese día, Spinozzi se pintó la cara y decidió correrle la carrera al caballo del comisario, como suele calificar al presidente del bloque de diputados nacionales K. En busca de evitar el choque de trenes entre kirchneristas y reutemistas, y con el antecedente inmediato de una derrota electoral en septiembre último, cuyos coletazos no convenía ventilar en público, una y otra vez se mencionó la alternativa del candidato de la unidad, pero la apertura del conflicto con el campo abortó ese proyecto conciliador.
Conocedor de que Spinozzi y el Lole sostenían una posición crítica hacia las retenciones móviles y la política agropecuaria oficial, Kirchner envió a sus operadores para desarticular cualquier ensayo de unidad que no se anclara en el liderazgo de Rossi. “La unidad es alrededor del Chivo”, fue la orden tajante que invitaba al venadense a desensillar hasta que aclare. Sin embargo, con el regreso de Reutemann a las lides internas -integraría la lista como candidato a congresal provincial-, el incansable Spinozzi confía en obtener un “sorprendente resultado”, apuntalado por el efecto arrastre del ex piloto y las simpatías generadas por sus planteos afines con las demandas del campo y los pueblos del interior, aun cuando estas internas no son abiertas, ya que en ellas sólo pueden participar los afiliados. Nadie se hubiera imaginado que el conflicto del agro afectaría en tamaña magnitud a la interna del justicialismo, hasta el punto que la lista de Spinozzi se denomina “Federalismo por Santa Fe”, en un evidente distingo con su rival en la interna que, según los reutemistas, obedece sin chistar los centralistas dictados porteños.
De Viano a los ruralistas
Los sacudones de la interna del PJ también dieron lugar a la intervención del líder de la agrupación “17 de Octubre-Lealtad”, Jorge Viano, que mediante una solicitada arremetió contra el scottismo por armar una “lista de unidad” entre gallos y medianoche con Freyre a la cabeza, así como Jorge Lagna en el orden departamental, y por escaparle al debate partidario, aunque sus ataques más cruentos fueron para Roberto Scott, denunciando que controla la Intendencia desde las sombras y, al mismo tiempo, exponiendo una dependencia política del intendente José Freyre. Asimismo, manifestó que la verdadera razón del apoyo a Rossi no es el temor a que los Kirchner marginen a Venado, sino la necesidad de impedir el ascenso de figuras que, como Spinozzi, podrían ambicionar en el futuro el Sillón de Aufranc sin pertenecer a la familia. Si esa fue la especulación, tal vez haya sido un error de cálculo del scottismo. Es posible que el Tino, después del brutal desplante de sus ex aliados, tenga más ganas de pelear por la Intendencia -su más preciado objetivo político- en 2011, que en 2015.
Por último, el líder lucifuercista aclaró que su agrupación no trabajará para ninguno de los candidatos -dejarán que sus adherentes se expresen con libertad de acción-, añadiendo, en medio de sus impugnaciones a Scott, que “Spinozzi es un referente local muy conocido”, con quien, además, coincide en su demanda de una corrección en serio de las abusivas retenciones móviles agrícolas. Más allá del eventual vuelco hacia uno u otro núcleo provincial que puedan definir a último momento, los vianistas se fortalecen como nunca antes en la historia reciente con este virtual cisma de scottistas y spinozzistas.
Cerrando una semana plagada de contrariedades para el intendente Freyre, la Mesa de Enlace Regional del campo publica hoy en este diario una solicitada, que titula ¿Dignidad o sometimiento?, cuestionando -aunque sin dar nombres- el alineamiento vertical de la Intendencia con el candidato que Néstor Kirchner pretende imponer en el peronismo provincial como condecoración por su defensa fundamentalista de la Resolución 125. Apenas enterados de la decisión de Scott y Freyre de apuntalar a Rossi desde el sur, los productores reunidos en el campamento del cruce de rutas 8 y 33, se irritaron con el intendente, a pesar de sus frecuentes visitas a la rotonda. Como efecto de ese enojo, en dicho texto señalan: “… porque se confía en las buenas personas y en las buenas intenciones, es difícil comprender a quienes hipotecan esa confianza que otorgamos a través del voto, simplemente por un tentador cheque o el avaro poder de pertenecer y permanecer”. Y agrega que “hemos sido testigos en estos tiempos de muchas de estas situaciones, repetidas impúdicamente. La suma de voluntades a ‘la caja’ de la esclavitud pervierte a los hombres, pero también enferma y quebranta lentamente la democracia”.
El desacuerdo de las entidades agropecuarias con las medidas correctivas anunciadas anoche por el Gobierno, después de una chicanera parrafada a los productores de parte de uno de los tantos Fernández de Kirchner, amenaza con una prolongación del conflicto y, desde ya, con una influencia mayor aún en toda la actividad política y económica nacional, incluyendo la convulsionada interna del peronismo santafesino.
(Publicado el viernes 30 de mayo de 2008 en diario El Informe)
Antes que pecar de acuerdistas, los Kirchner se refugiaron en la lógica de la confrontación
Anoche, luego de una larga jornada de vigilia, a la espera de una señal que nunca llegó, los gremios agropecuarios decidieron volver al cese de comercialización de granos para exportación y ganado para faena, desde hoy hasta el lunes 2 inclusive, en el comienzo de un plan de acción que contempla la convocatoria a un paro general de actividades el viernes próximo, entre otras medidas. Desde la mañana se intuía que el Gobierno había resuelto no reanudar el diálogo con la dirigencia ruralista. Después de la “demostración de fuerza” chacarera del domingo en Rosario, los Kirchner interpretaron que cualquier acuerdo con el campo sería interpretado por los medios, por la oposición y por la gente, como un retroceso. Entonces, no fue casual que sus más encumbrados referentes lanzaran una escalada de rezongos, que alcanzó el clímax en el comunicado oficial del PJ, ya en horas de la noche, insistiendo con el mote de “golpistas” para los productores y, por extensión, a todos los que apoyan la protesta. Había sido una forma de cerrar el círculo, porque con esos mismos epítetos, los Kirchner trataron de combatir las primeras protestas campesinas.
Así pues, el superministro Julio De Vido, que habla poco pero dice mucho, consideró en el congreso de los trabajadores del transporte, en alusión al conflicto con el campo, que “no es hora para tibios”, completando el concepto con un lapidario mensaje a gobernadores, intendentes y jefes comunales vacilantes ante las presiones de sus pueblos: “El que no suma, resta”, espetó la mano derecha de Néstor Kirchner. “Quien quiere oír, que oiga”, cabe agregar, sin ironías.
En Venado Tuerto, referentes políticos de la influencia de Roberto Scott y José Freyre, acaban de reconocer que, a pesar de sus entrañables relaciones de amistad, vecindad y coincidencias políticas, en las próximas internas del peronismo santafesino no podrán respaldar a Ricardo Spinozzi porque el candidato de Kirchner es Agustín Rossi. “Kirchner es muy duro y no perdona”, soltó Scott, que ya se había cubierto -a pura verticalidad- del ultimátum de De Vido.
Por su parte, en el anuncio de un plan de viviendas en Avellaneda, la presidenta Cristina Fernández usó a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo para chicanear a los productores agropecuarios. Tal vez disgustada porque una de las míticas abuelas respaldó el acto del campo en Rosario, les tributó un elogio que contenía la premeditada crítica: “Nunca una amenaza, nunca un ejercicio de intolerancia hacia el otro, y eso que no les habían cobrado un impuesto ni pedido dinero: les habían quitado los hijos”, sentenció la mandataria, con su rictus siempre crispado, en un flaco favor a la tolerancia y la pacificación que ella le reclama a los demás.
La agresividad oficialista sobresalía aún más ante la actitud diplomática de Alfredo De Angeli, que desde el km 53 de la ruta 14, pidió disculpas a la Presidenta por sus expresiones del acto del 25, cuando le marcó la cancha advirtiendo que si el lunes 26 no se ofrecían soluciones, el campo regresaría a las acciones. De todos modos, dejando a la prensa sensacionalista sedienta de sangre, el entrerriano detalló el mismo domingo que con las “acciones” se refería, entre otras cosas, a ejercer presiones sobre gobernadores y legisladores, obviando cualquier referencia a medidas extremas, como los cortes de rutas. Sin embargo, el líder de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, no se arrepintió de haber señalado que “el gobierno de los Kirchner es un obstáculo para el crecimiento”, frase que fue recogida por el PJ para justificar la ruptura de relaciones, como aquella otra de que para el campo no había más opciones que “ganar o ganar”, que puede haber sido desafortunada, pero que de ninguna manera alcanzaba para prolongar la incertidumbre en todo el país.
Otra vez la Argentina está de paro, perdiendo mercados externos, retardando la economía, con la gente irascible en las calles, reavivando falsas antinomias, con un Gobierno que todo lo mide con la brújula de la especulación, sin la grandeza de aceptar la “corrección” de una medida que repudia la mayoría de los argentinos, incluidos muchos de sus votantes y funcionarios, ahora víctimas de las brutales amenazas de De Vido, como el intendente venadense José Freyre. Con esta politización del conflicto, los Kirchner también consiguieron que aquellos que no se habían inquietado con las retenciones móviles, se enojaran con su estilo autoritario, que hasta ahora aceptaban. No es golpismo, ni clima destituyente, como adornan los intelectuales, sino rechazo a una forma de gobernar divorciada de las tradiciones democráticas, federales y republicanas, que nadie votó en las últimas elecciones. No es una conspiración contra las pretensiones redistributivas, sino el reclamo de acabar con las políticas agropecuarias estimulantes de la concentración de la tierra que en el lustro K no variaron en nada respecto de la década menemista, salvo en los precios internacionales.
(Publicado el miércoles 28 de mayo de 2008 en diario El Informe)
Así pues, el superministro Julio De Vido, que habla poco pero dice mucho, consideró en el congreso de los trabajadores del transporte, en alusión al conflicto con el campo, que “no es hora para tibios”, completando el concepto con un lapidario mensaje a gobernadores, intendentes y jefes comunales vacilantes ante las presiones de sus pueblos: “El que no suma, resta”, espetó la mano derecha de Néstor Kirchner. “Quien quiere oír, que oiga”, cabe agregar, sin ironías.
En Venado Tuerto, referentes políticos de la influencia de Roberto Scott y José Freyre, acaban de reconocer que, a pesar de sus entrañables relaciones de amistad, vecindad y coincidencias políticas, en las próximas internas del peronismo santafesino no podrán respaldar a Ricardo Spinozzi porque el candidato de Kirchner es Agustín Rossi. “Kirchner es muy duro y no perdona”, soltó Scott, que ya se había cubierto -a pura verticalidad- del ultimátum de De Vido.
Por su parte, en el anuncio de un plan de viviendas en Avellaneda, la presidenta Cristina Fernández usó a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo para chicanear a los productores agropecuarios. Tal vez disgustada porque una de las míticas abuelas respaldó el acto del campo en Rosario, les tributó un elogio que contenía la premeditada crítica: “Nunca una amenaza, nunca un ejercicio de intolerancia hacia el otro, y eso que no les habían cobrado un impuesto ni pedido dinero: les habían quitado los hijos”, sentenció la mandataria, con su rictus siempre crispado, en un flaco favor a la tolerancia y la pacificación que ella le reclama a los demás.
La agresividad oficialista sobresalía aún más ante la actitud diplomática de Alfredo De Angeli, que desde el km 53 de la ruta 14, pidió disculpas a la Presidenta por sus expresiones del acto del 25, cuando le marcó la cancha advirtiendo que si el lunes 26 no se ofrecían soluciones, el campo regresaría a las acciones. De todos modos, dejando a la prensa sensacionalista sedienta de sangre, el entrerriano detalló el mismo domingo que con las “acciones” se refería, entre otras cosas, a ejercer presiones sobre gobernadores y legisladores, obviando cualquier referencia a medidas extremas, como los cortes de rutas. Sin embargo, el líder de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, no se arrepintió de haber señalado que “el gobierno de los Kirchner es un obstáculo para el crecimiento”, frase que fue recogida por el PJ para justificar la ruptura de relaciones, como aquella otra de que para el campo no había más opciones que “ganar o ganar”, que puede haber sido desafortunada, pero que de ninguna manera alcanzaba para prolongar la incertidumbre en todo el país.
Otra vez la Argentina está de paro, perdiendo mercados externos, retardando la economía, con la gente irascible en las calles, reavivando falsas antinomias, con un Gobierno que todo lo mide con la brújula de la especulación, sin la grandeza de aceptar la “corrección” de una medida que repudia la mayoría de los argentinos, incluidos muchos de sus votantes y funcionarios, ahora víctimas de las brutales amenazas de De Vido, como el intendente venadense José Freyre. Con esta politización del conflicto, los Kirchner también consiguieron que aquellos que no se habían inquietado con las retenciones móviles, se enojaran con su estilo autoritario, que hasta ahora aceptaban. No es golpismo, ni clima destituyente, como adornan los intelectuales, sino rechazo a una forma de gobernar divorciada de las tradiciones democráticas, federales y republicanas, que nadie votó en las últimas elecciones. No es una conspiración contra las pretensiones redistributivas, sino el reclamo de acabar con las políticas agropecuarias estimulantes de la concentración de la tierra que en el lustro K no variaron en nada respecto de la década menemista, salvo en los precios internacionales.
(Publicado el miércoles 28 de mayo de 2008 en diario El Informe)
El Gobierno lo empuja a la ruta y el campo se aferra al alambrado
Como si se tratara de una pelea de novios adolescentes, hasta descubrir quién aguanta más sin llamar al otro para ceder y volver a empezar, el Gobierno se declaró ofendido por los discursos del contundente acto rosarino del domingo 25 y suspendió la reunión pactada para la tarde de ayer con las entidades agropecuarias.
La concentración a orillas del Paraná fue un mazazo político para el Gobierno, en primer lugar por el número y la diversidad de manifestantes, aunque estas virtudes nunca las reconocería, y luego por el tono de las arengas, que se convirtieron en la excusa oficial para evitar, una vez más, negociar bajo las presiones del campo y sus aliados.
El viernes último, en el análisis titulado En repudio al acto del 25, el Gobierno dilata los tiempos y agiganta los riesgos, señalamos que “ahora el acto adquiere una influencia mayor aún, porque la cantidad de manifestantes, el tono de los discursos, la presencia opositora y la interpretación mediática, podrían incidir en el humor de los negociadores”. Desde entonces era previsible que en un acto con cinco oradores, ante tamaña multitud, y luego de dos meses y medio de tensión, se pronunciarían discursos duros contra las políticas agropecuarias kirchneristas. Sin embargo, referentes kirchneristas rescataron las palabras conciliadoras de Luciano Miguens (Sociedad Rural) y denostaron a Eduardo Buzzi y Alfredo De Angeli, los dirigentes de la Federación Agraria. Todo un símbolo de la contradicción oficialista. Son los productores más chicos, propietarios o arrendatarios -la clase media rural-, los más indignados con el Gobierno, porque temen que las retenciones abusivas los saquen de la cancha, tal vez no en lo inmediato, pero sí más adelante, cuando las condiciones globales no sean tan favorables. Con otra escala de producción, los grandes productores no resultan tan damnificados por las retenciones, desmintiendo el relato K en dos aspectos medulares: 1) Los pequeños y medianos productores no son funcionales a ninguna oligarquía terrateniente, sino que defienden sus propios intereses; y 2) Las retenciones abusivas estimulan la concentración de la tierra, y por ende de la riqueza, en tanto los más grandes tienden a absorber a los más chicos, en contraste con la declamada redistribución.
En la evaluación de la símbología, los Kirchner se habrán encolerizado por el apoyo al campo de Darwina Gallicchio, una de las abuelas de Plaza de Mayo, y por haber quedado más contentos con Miguens que con Buzzi, un hombre que supo estar cerca del hoy diluido proyecto K, después de haber votado en distintas elecciones presidenciales a Patricia Walsh y Fernando “Pino” Solanas, que no son exponentes de esa derecha con que el Gobierno se propone encapsular a la masiva protesta del interior del país.
Ayer se especuló hasta entrada la noche con la presentación unilateral de las correcciones a las retenciones móviles, a los efectos prácticos de fijar un techo a dicha movilidad, tal vez hasta un 50 por ciento, si es que la tonelada de soja excediera de los 600 dólares, la misma enmienda que el Gobierno tiene en carpeta hace más de tres semanas, pero que oculta a la espera del tiempo político más conveniente para sus intereses, o que menos daño le adicione. Tal vez las entidades del agro se conformarían con esas modificaciones, pero antes que a dicho acuerdo, Kirchner estaría apostando a que la base chacarera se descontrole, se desvincule de las organizaciones, se anarquice, vuelva al corte de rutas, genere desabastecimiento, y pierda las mayoritarias simpatías de la población.
Mientras la Casa Rosada culpaba al campo de “romper el diálogo” en el acto de Rosario, los ruralistas llamaban a “no caer en las provocaciones del Gobierno”. Todos se cuidan de mostrarse intransigentes, porque el grueso de los argentinos demanda una salida.
Es cierto que hubo discursos ásperos, pero también lo es que el Gobierno está admitiendo un error que no se decide a corregir de una buena vez, a pesar de que con esa tozudez mantiene en vilo a todo un país. Anoche, tras cuestionar el desplante del Gobierno, los líderes del agro interrumpieron una larga reunión para anunciar un cuarto intermedio hasta hoy a las 10, cuando volverán a encontrarse a la espera de señales positivas. Apelando a la racionalidad política, hasta los piquetes más radicalizados evitaron caer en la trampa kirchnerista, y optaron por extender la tregua un día más. Un De Angeli totalmente calmo y orgánico a la vera de la ruta 14, a pesar del enjambre de micrófonos, fue otro cachetazo para el Gobierno, cuya estrategia de desgaste tiene las horas contadas, porque su descapitalización política también se acelera, y todo tiene un límite, hasta para los Kirchner, cuyo mayor éxito de los últimos tiempos es haber consumado la transversalidad, pero en su contra.
(Publicado el martes 27 de mayo de 2008 en diario El Informe)
La concentración a orillas del Paraná fue un mazazo político para el Gobierno, en primer lugar por el número y la diversidad de manifestantes, aunque estas virtudes nunca las reconocería, y luego por el tono de las arengas, que se convirtieron en la excusa oficial para evitar, una vez más, negociar bajo las presiones del campo y sus aliados.
El viernes último, en el análisis titulado En repudio al acto del 25, el Gobierno dilata los tiempos y agiganta los riesgos, señalamos que “ahora el acto adquiere una influencia mayor aún, porque la cantidad de manifestantes, el tono de los discursos, la presencia opositora y la interpretación mediática, podrían incidir en el humor de los negociadores”. Desde entonces era previsible que en un acto con cinco oradores, ante tamaña multitud, y luego de dos meses y medio de tensión, se pronunciarían discursos duros contra las políticas agropecuarias kirchneristas. Sin embargo, referentes kirchneristas rescataron las palabras conciliadoras de Luciano Miguens (Sociedad Rural) y denostaron a Eduardo Buzzi y Alfredo De Angeli, los dirigentes de la Federación Agraria. Todo un símbolo de la contradicción oficialista. Son los productores más chicos, propietarios o arrendatarios -la clase media rural-, los más indignados con el Gobierno, porque temen que las retenciones abusivas los saquen de la cancha, tal vez no en lo inmediato, pero sí más adelante, cuando las condiciones globales no sean tan favorables. Con otra escala de producción, los grandes productores no resultan tan damnificados por las retenciones, desmintiendo el relato K en dos aspectos medulares: 1) Los pequeños y medianos productores no son funcionales a ninguna oligarquía terrateniente, sino que defienden sus propios intereses; y 2) Las retenciones abusivas estimulan la concentración de la tierra, y por ende de la riqueza, en tanto los más grandes tienden a absorber a los más chicos, en contraste con la declamada redistribución.
En la evaluación de la símbología, los Kirchner se habrán encolerizado por el apoyo al campo de Darwina Gallicchio, una de las abuelas de Plaza de Mayo, y por haber quedado más contentos con Miguens que con Buzzi, un hombre que supo estar cerca del hoy diluido proyecto K, después de haber votado en distintas elecciones presidenciales a Patricia Walsh y Fernando “Pino” Solanas, que no son exponentes de esa derecha con que el Gobierno se propone encapsular a la masiva protesta del interior del país.
Ayer se especuló hasta entrada la noche con la presentación unilateral de las correcciones a las retenciones móviles, a los efectos prácticos de fijar un techo a dicha movilidad, tal vez hasta un 50 por ciento, si es que la tonelada de soja excediera de los 600 dólares, la misma enmienda que el Gobierno tiene en carpeta hace más de tres semanas, pero que oculta a la espera del tiempo político más conveniente para sus intereses, o que menos daño le adicione. Tal vez las entidades del agro se conformarían con esas modificaciones, pero antes que a dicho acuerdo, Kirchner estaría apostando a que la base chacarera se descontrole, se desvincule de las organizaciones, se anarquice, vuelva al corte de rutas, genere desabastecimiento, y pierda las mayoritarias simpatías de la población.
Mientras la Casa Rosada culpaba al campo de “romper el diálogo” en el acto de Rosario, los ruralistas llamaban a “no caer en las provocaciones del Gobierno”. Todos se cuidan de mostrarse intransigentes, porque el grueso de los argentinos demanda una salida.
Es cierto que hubo discursos ásperos, pero también lo es que el Gobierno está admitiendo un error que no se decide a corregir de una buena vez, a pesar de que con esa tozudez mantiene en vilo a todo un país. Anoche, tras cuestionar el desplante del Gobierno, los líderes del agro interrumpieron una larga reunión para anunciar un cuarto intermedio hasta hoy a las 10, cuando volverán a encontrarse a la espera de señales positivas. Apelando a la racionalidad política, hasta los piquetes más radicalizados evitaron caer en la trampa kirchnerista, y optaron por extender la tregua un día más. Un De Angeli totalmente calmo y orgánico a la vera de la ruta 14, a pesar del enjambre de micrófonos, fue otro cachetazo para el Gobierno, cuya estrategia de desgaste tiene las horas contadas, porque su descapitalización política también se acelera, y todo tiene un límite, hasta para los Kirchner, cuyo mayor éxito de los últimos tiempos es haber consumado la transversalidad, pero en su contra.
(Publicado el martes 27 de mayo de 2008 en diario El Informe)
Interna del PJ: Scott arregló con Rossi para evitar represalias de Kirchner contra Venado
Después de 15 años de recorrer los mismos espacios políticos con Spinozzi, ahora el ex intendente Scott acató la orden de Kirchner de alinearse con Agustín Rossi, el candidato de la Casa Rosada y rival del senador venadense en las próximas internas. Scott cree que Freyre debe hacer lo mismo para evitar que la ciudad se quede sin obra pública. “Kichner es muy duro y no perdona”, alertó. Sin embargo, admitió que Rossi no puede ni pisar la provincia por su defensa de las retenciones móviles.
El próximo 13 de julio se realizarán las internas justicialistas santafesinas con -hasta ahora- dos postulantes a la presidencia: el jefe del bloque de diputados nacionales oficialista, Agustín Rossi, y el jefe del bloque de senadores provinciales del mismo sector, Ricardo Spinozzi, aun cuando desde distintos ámbitos partidarios insisten en la probable aparición de un candidato de la unidad.
Aunque el reutemista admitió que “uno está dándole pelea al caballo del comisario (Agustín Rossi), a un dirigente santafesino con gran proyección en los medios nacionales”, también acotó filosamente que “es muy difícil desarrollar una campaña cuando uno tiene dificultades para llegar a determinados lugares”, en referencia a las duras posiciones de Rossi en defensa de las retenciones móviles, que generaron disgustos entre legisladores, intendentes y jefes comunales del PJ, como así también entre los afiliados peronistas de los pueblos afectados por la controvertida resolución kirchnerista. Más aún, en una reciente gira por departamentos del norte, Spinozzi anticipó que la lista que lidera se bautizó “Federalismo por Santa Fe”, con el evidente objetivo de distinguirse más aún de un Rossi que, según definió el Tino, “practica un estilo más ligado con las decisiones que se toman en Buenos Aires”.
Hasta el viernes último, ni el siempre influyente Roberto Scott, ni su sucesor José Freyre, se habían pronunciado sobre esta interna, pero esa noche, en el envío televisivo En la Tecla (Canal 12), el ex intendente entregó declaraciones que sorprendieron a propios y extraños. Lejos de embanderarse con la candidatura de Spinozzi, con quien cultiva una relación política desde hace 15 años, Scott sentenció que “el presidente del partido (Néstor Kirchner) ha elegido a Agustín Rossi y lamentablemente no hay mucho que pensar. Los santafesinos saben quién es Spinozzi, pero si la orden del presidente es que el candidato debe ser Rossi, el desgaste de esta interna sería terrible”, señaló el caudillo peronista, sugiriendo que el Tino debería declinar su postulación.
Más adelante, aunque aclaró que no hablaba en nombre de Freyre, alertó que sería “un error” que el intendente se pronuncie en apoyo de Spinozzi. “Todos sabemos que cualquier Gobierno central te niega la obra pública o cualquier otro beneficio cuando uno se le pone en contra. Hasta la misma gente terminaría diciendo que Venado fue castigada (por el Gobierno) porque su intendente jugó con Spinozzi. Y eso le pasó al presidente comunal chabasense (Osvaldo Salomón), que firmó una solicitada a favor del campo con mucho coraje, pero ahora será imposible que la autovía (Rufino-Rosario) vaya a pasar por Chabás”.
“Me gustaría que esta interna pueda evitarse, porque a Spinozzi lo conozco desde chico y me costaría mucho votarle en contra, pero también digo que si Freyre juega con Spinozzi, que se olvide de tener obras públicas para la ciudad”, machacó Scott.
“Freyre va a optar por Rossi”, subrayó en el panel televisivo, corrigiendo de inmediato el desliz: “Que él (Freyre) haga lo que quiera… si el intendente fuera yo, optaría por Rossi. En estas condiciones, insisto que preferiría no ir a votar, pero debo reconocer que si me pronuncio por Spinozzi, le corto a la ciudad la relación con el Gobierno nacional”. Enseguida, como si aludiera al Presidente en funciones, Scott advirtió que “Kirchner tiene un carácter muy duro y no perdona”, aun cuando en ese punto incurrió en una contradicción, pues tanto Freyre como él mismo, no están alineados con las retenciones móviles del Gobierno -aunque tampoco hayan cerrado filas con el campo-, y esa actitud también podría precipitar represalias del Gobierno.
Luego, el ex intendente admitió, en sintonía con Spinozzi, que el Chivo Rossi no está en condiciones de desembarcar en muchos lugares de la provincia por los repudios de origen chacarero, afirmándose en su deseo de evitar las internas mediante una figura de consenso.
Consultado sobre el porqué de la marcada parcialidad de la Casa Rosada, Scott consideró que hasta antes de desatarse el conflicto del campo, los Kirchner aceptaban una interna libre de intromisiones en Santa Fe, pero sostuvo que el alineamiento de Rossi con el Gobierno y las simpatías de Spinozzi y el mismísmo senador nacional Carlos Reutemann con las posiciones del campo, definieron, al mismo tiempo, la bendición presidencial al primero y la crucifixión de los dos últimos.
Luego, Scott reconoció que en las elecciones primarias provinciales del año pasado, su sector se enroló en la línea del ex canciller Rafael Bielsa, en contra de Rossi, que en esa instancia tenía como representantes locales a los sectores de Julio Eggimann y Oscar Barotto y, por otro lado, a los peronistas disidentes de Jorge Viano. “Me costaría mucho trabajar para Rossi, que ya perdió varias elecciones, pero el Presidente fue tajante y no nos deja chances”, afirmó.
Sobre la virtual ruptura política con el spinozzismo, que con esta decisión scottista pierde a uno sus respaldos más cercanos, el ex intendente dijo que el Tino es inteligente y “sabrá comprender” esta situación política, aun cuando admitió que el actual senador provincial podría erigirse en un rival de fuste en 2011 para las pretensiones reeleccionistas de Freyre como intendente.
Ni con el campo, ni con el Gobierno
El conflicto entre el Gobierno y el campo mereció un análisis de Roberto Scott, que además de contar con la experiencia de 12 años en la Intendencia local, supo desempeñarse como productor agropecuario y acopiador, sin olvidar que su abuelo Juan Scott fue uno de los pioneros de la Sociedad Rural de nuestra ciudad. “El Gobierno se equivocó adoptando una medida polémica que desencadenó estas rispideces y las entidades agropecuarias se equivocaron con protestas extremas de las que no pueden volver, como los cortes de rutas. Si Cristina aflojaba, la gobernabilidad se hubiera debilitado, pues cada sector que se considerara afectado por una decisión oficial se creería con derechos para cortar rutas. Hace pocos meses se votó por este Gobierno para que ejerza el poder político, aunque este empecinamiento en no corregir nada le está generando un enorme costo político”, razonó Scott, equidistante.
“La solución es retrotraer las retenciones al 11 de marzo, volviendo al 35 por ciento, y suscribir un compromiso con los productores de no vender ni un solo grano de cereal en negro. Así, el Gobierno recaudaría mucho más y la gente cumplidora del campo podría recobrar la tranquilidad, en tanto que los transgresores tendrían que caer presos por estafar al Estado. No quisiera equivocarme, pero estimo que hoy el 40 por ciento del cereal se vende en negro, y si estas medidas del Gobierno se mantienen, será peor aún. Nadie dice nada de esto, ni el Gobierno, ni el campo, ni el periodismo, pero alguien tiene que decirlo, aunque lo que diga yo no vaya a llegar muy lejos”, remató el ex intendente.
Conocedor de la problemática desde su etapa empresarial en Cereal Sur, Scott recordó que la evasión no era tan sencilla con los controles de la Junta Nacional de Granos, y minutos después recordó que en los ’90, el presidente Carlos Menem le ofreció un cargo en el Gobierno: “Yo le dije que lo único que aceptaría es la dirección en la Junta Nacional de Granos, aunque sea por unos pocos meses. No sólo que no me convocó, sino que al poco tiempo disolvió la Junta, porque afectaba muchos intereses, sobre todo de los grupos exportadores. Hoy mismo, el Gobierno es muy duro con los productores, pero no lo es tanto con los exportadores. Hay que reconocer que el campo, en las épocas buenas y en las épocas malas, siempre invirtió en el país, en su pueblo, en su campo, incorporando tecnología, cambiando la camioneta, fertilizando y hasta pintando los postes. Sólo algunos grandes productores sacaron la plata del país”, resumió, añadiendo que “a partir del próximo lunes (por hoy) las dos partes tienen que dejar de lado las confrontaciones y apurar las gestiones para salir del conflicto, porque los argentinos estamos perdiendo muchas oportunidades. En el resto del mundo se ríen de nosotros por todo esto”.
(Publicado el lunes 26 de mayo de 2008 en diario El Informe)
El próximo 13 de julio se realizarán las internas justicialistas santafesinas con -hasta ahora- dos postulantes a la presidencia: el jefe del bloque de diputados nacionales oficialista, Agustín Rossi, y el jefe del bloque de senadores provinciales del mismo sector, Ricardo Spinozzi, aun cuando desde distintos ámbitos partidarios insisten en la probable aparición de un candidato de la unidad.
Aunque el reutemista admitió que “uno está dándole pelea al caballo del comisario (Agustín Rossi), a un dirigente santafesino con gran proyección en los medios nacionales”, también acotó filosamente que “es muy difícil desarrollar una campaña cuando uno tiene dificultades para llegar a determinados lugares”, en referencia a las duras posiciones de Rossi en defensa de las retenciones móviles, que generaron disgustos entre legisladores, intendentes y jefes comunales del PJ, como así también entre los afiliados peronistas de los pueblos afectados por la controvertida resolución kirchnerista. Más aún, en una reciente gira por departamentos del norte, Spinozzi anticipó que la lista que lidera se bautizó “Federalismo por Santa Fe”, con el evidente objetivo de distinguirse más aún de un Rossi que, según definió el Tino, “practica un estilo más ligado con las decisiones que se toman en Buenos Aires”.
Hasta el viernes último, ni el siempre influyente Roberto Scott, ni su sucesor José Freyre, se habían pronunciado sobre esta interna, pero esa noche, en el envío televisivo En la Tecla (Canal 12), el ex intendente entregó declaraciones que sorprendieron a propios y extraños. Lejos de embanderarse con la candidatura de Spinozzi, con quien cultiva una relación política desde hace 15 años, Scott sentenció que “el presidente del partido (Néstor Kirchner) ha elegido a Agustín Rossi y lamentablemente no hay mucho que pensar. Los santafesinos saben quién es Spinozzi, pero si la orden del presidente es que el candidato debe ser Rossi, el desgaste de esta interna sería terrible”, señaló el caudillo peronista, sugiriendo que el Tino debería declinar su postulación.
Más adelante, aunque aclaró que no hablaba en nombre de Freyre, alertó que sería “un error” que el intendente se pronuncie en apoyo de Spinozzi. “Todos sabemos que cualquier Gobierno central te niega la obra pública o cualquier otro beneficio cuando uno se le pone en contra. Hasta la misma gente terminaría diciendo que Venado fue castigada (por el Gobierno) porque su intendente jugó con Spinozzi. Y eso le pasó al presidente comunal chabasense (Osvaldo Salomón), que firmó una solicitada a favor del campo con mucho coraje, pero ahora será imposible que la autovía (Rufino-Rosario) vaya a pasar por Chabás”.
“Me gustaría que esta interna pueda evitarse, porque a Spinozzi lo conozco desde chico y me costaría mucho votarle en contra, pero también digo que si Freyre juega con Spinozzi, que se olvide de tener obras públicas para la ciudad”, machacó Scott.
“Freyre va a optar por Rossi”, subrayó en el panel televisivo, corrigiendo de inmediato el desliz: “Que él (Freyre) haga lo que quiera… si el intendente fuera yo, optaría por Rossi. En estas condiciones, insisto que preferiría no ir a votar, pero debo reconocer que si me pronuncio por Spinozzi, le corto a la ciudad la relación con el Gobierno nacional”. Enseguida, como si aludiera al Presidente en funciones, Scott advirtió que “Kirchner tiene un carácter muy duro y no perdona”, aun cuando en ese punto incurrió en una contradicción, pues tanto Freyre como él mismo, no están alineados con las retenciones móviles del Gobierno -aunque tampoco hayan cerrado filas con el campo-, y esa actitud también podría precipitar represalias del Gobierno.
Luego, el ex intendente admitió, en sintonía con Spinozzi, que el Chivo Rossi no está en condiciones de desembarcar en muchos lugares de la provincia por los repudios de origen chacarero, afirmándose en su deseo de evitar las internas mediante una figura de consenso.
Consultado sobre el porqué de la marcada parcialidad de la Casa Rosada, Scott consideró que hasta antes de desatarse el conflicto del campo, los Kirchner aceptaban una interna libre de intromisiones en Santa Fe, pero sostuvo que el alineamiento de Rossi con el Gobierno y las simpatías de Spinozzi y el mismísmo senador nacional Carlos Reutemann con las posiciones del campo, definieron, al mismo tiempo, la bendición presidencial al primero y la crucifixión de los dos últimos.
Luego, Scott reconoció que en las elecciones primarias provinciales del año pasado, su sector se enroló en la línea del ex canciller Rafael Bielsa, en contra de Rossi, que en esa instancia tenía como representantes locales a los sectores de Julio Eggimann y Oscar Barotto y, por otro lado, a los peronistas disidentes de Jorge Viano. “Me costaría mucho trabajar para Rossi, que ya perdió varias elecciones, pero el Presidente fue tajante y no nos deja chances”, afirmó.
Sobre la virtual ruptura política con el spinozzismo, que con esta decisión scottista pierde a uno sus respaldos más cercanos, el ex intendente dijo que el Tino es inteligente y “sabrá comprender” esta situación política, aun cuando admitió que el actual senador provincial podría erigirse en un rival de fuste en 2011 para las pretensiones reeleccionistas de Freyre como intendente.
Ni con el campo, ni con el Gobierno
El conflicto entre el Gobierno y el campo mereció un análisis de Roberto Scott, que además de contar con la experiencia de 12 años en la Intendencia local, supo desempeñarse como productor agropecuario y acopiador, sin olvidar que su abuelo Juan Scott fue uno de los pioneros de la Sociedad Rural de nuestra ciudad. “El Gobierno se equivocó adoptando una medida polémica que desencadenó estas rispideces y las entidades agropecuarias se equivocaron con protestas extremas de las que no pueden volver, como los cortes de rutas. Si Cristina aflojaba, la gobernabilidad se hubiera debilitado, pues cada sector que se considerara afectado por una decisión oficial se creería con derechos para cortar rutas. Hace pocos meses se votó por este Gobierno para que ejerza el poder político, aunque este empecinamiento en no corregir nada le está generando un enorme costo político”, razonó Scott, equidistante.
“La solución es retrotraer las retenciones al 11 de marzo, volviendo al 35 por ciento, y suscribir un compromiso con los productores de no vender ni un solo grano de cereal en negro. Así, el Gobierno recaudaría mucho más y la gente cumplidora del campo podría recobrar la tranquilidad, en tanto que los transgresores tendrían que caer presos por estafar al Estado. No quisiera equivocarme, pero estimo que hoy el 40 por ciento del cereal se vende en negro, y si estas medidas del Gobierno se mantienen, será peor aún. Nadie dice nada de esto, ni el Gobierno, ni el campo, ni el periodismo, pero alguien tiene que decirlo, aunque lo que diga yo no vaya a llegar muy lejos”, remató el ex intendente.
Conocedor de la problemática desde su etapa empresarial en Cereal Sur, Scott recordó que la evasión no era tan sencilla con los controles de la Junta Nacional de Granos, y minutos después recordó que en los ’90, el presidente Carlos Menem le ofreció un cargo en el Gobierno: “Yo le dije que lo único que aceptaría es la dirección en la Junta Nacional de Granos, aunque sea por unos pocos meses. No sólo que no me convocó, sino que al poco tiempo disolvió la Junta, porque afectaba muchos intereses, sobre todo de los grupos exportadores. Hoy mismo, el Gobierno es muy duro con los productores, pero no lo es tanto con los exportadores. Hay que reconocer que el campo, en las épocas buenas y en las épocas malas, siempre invirtió en el país, en su pueblo, en su campo, incorporando tecnología, cambiando la camioneta, fertilizando y hasta pintando los postes. Sólo algunos grandes productores sacaron la plata del país”, resumió, añadiendo que “a partir del próximo lunes (por hoy) las dos partes tienen que dejar de lado las confrontaciones y apurar las gestiones para salir del conflicto, porque los argentinos estamos perdiendo muchas oportunidades. En el resto del mundo se ríen de nosotros por todo esto”.
(Publicado el lunes 26 de mayo de 2008 en diario El Informe)
En repudio al acto del 25, el Gobierno dilata los tiempos y agiganta los riesgos
Tanta expectativa para nada; o, tal vez, nada, por tantas expectativas. Tanto se había rumoreado en los últimos días la inclusión por parte del Gobierno de la alícuota de las retenciones móviles en el temario de la reunión con las entidades del campo, que eso mismo habría influido para postergar una vez más -hasta un incierto lunes próximo- el tratamiento de la espinosa cuestión. Hasta la redacción oficial del orden del día había sido ambigua, pues no se estableció ese punto como “retenciones móviles”, sino como “mercados a futuro”. Todo un detalle de la actitud condicional con que los Fernández de Kirchner recibirían a los líderes ruralistas.
En la columna de El Informe de anteayer, titulada Diálogo con las retenciones sobre la mesa y el acto del 25 en el horizonte, habíamos anticipado que “la definición se anunciaría la semana que viene, después de acallados los efectos de acto rosarino”. También señalamos que este nuevo capítulo de las negociaciones se desarrollaría “sin tanto margen para una discusión a largo plazo, ni tanto apuro para negociar bajo presión”. En otras palabras, aun cuando las distintas alternativas de corrección de las retenciones móviles eran relativamente fáciles de conciliar, la política está entorpeciendo cualquier solución técnica, por obvia que resulte.
Anoche, el jefe de Gabinete y líder de los negociadores oficialistas, Alberto Fernández, admitió en TN que el del domingo en el Monumento a la Bandera es un acto de la oposición (aunque la protesta incluye a influyentes funcionarios K) y, desde esa perspectiva se desprende que en modo alguno se hubiera facilitado, después de tanto tiempo, un acuerdo que pudiera ser presentado por el campo como “la derrota del Gobierno”, en el marco de una celebración multitudinaria.
Mientras la marcha de la economía y la paz social requieren de una inmediata desactivación del conflicto, el Gobierno aguarda el instante propicio para aceptar la indispensable corrección, a pesar de que este calvario ya le ocasionó un fuerte desgaste político a la presidenta Cristina Fernández y una enorme pérdida de credibilidad a la gestión. Las propias encuestas le dan la espalda a los temores de la Casa Rosada, porque a la par de su propia caída en popularidad, ni uno solo de los líderes opositores se beneficia políticamente por estos días. Pero el Acto Federal es insoportable para el Gobierno, y no cederá en nada hasta la semana que viene, aunque todos saben que esa misma demostración de fuerza del campo entraña riesgos para la continuidad del diálogo. Decenas de miles de personas en Rosario -ya están todas las plazas hoteleras reservadas- no solo opacarían el acto oficial en Salta, sino que podrían precipitar una catarata de discursos sobrecargados ante la presión de la multitud. El carismático entrerriano Alfredo De Angeli ya había augurado que la concentración del 25 sería de festejo, o bien se convertiría en una asamblea popular. Así como no levantaron el paro después de la palabra presidencial del 14 de mayo en la asunción de Néstor Kirchner como jefe del PJ, porque las bases no lo permitían, la cúpula ruralista necesitaba que anoche mismo se hubieran establecido más definiciones que una enésima postergación hasta el lunes. Si bien el campo se declaró en estado de alerta y movilización, sin volver al paro de las exportaciones, los piquetes agrarios más exaltados regresaron ayer a la vera de las rutas, como primer coletazo del desencanto. Ahora, el acto del domingo adquiere una influencia mayor aún, porque la cantidad de manifestantes, el tono de los discursos, la presencia opositora y la interpretación mediática, podrían incidir en el humor de los negociadores.
Con los líderes del campo apurados por la demanda de sus propias bases y el Gobierno dispuesto a no resolver bajo presión para no perder autoridad, el conflicto se dilata eternamente, en un contexto tragicómico, donde las partes ni siquiera se tienen la confianza recíproca -nadie cree en nadie- para unificar las conclusiones ante la prensa, agigantando la incertidumbre de todos los actores involucrados en esta porfía, desde el obrero cuya fuente laboral está en riesgo, hasta el inversor vacilante en apostar a la Argentina, o emigrar a los más predecibles Chile, Uruguay o Brasil.
Tanto es así que, incluso, está en duda la reanudación de las conversaciones, pero son los tiempos políticos los que mandan, sobrepasando las urgencias que impone el sentido común. Desde hace un buen tiempo se juega con fuego. El acto rosarino del domingo 25 será sinónimo de bronca y catarisis y, en este marco, los organizadores deberán extremar las precauciones para impedir desbordes propios y provocaciones ajenas. Todo estará otra vez en peligro. Mientras la dirigencia agropecuaria se desespera para no reiterar una factible radicalización de la protesta que les quitaría el respaldo popular y mediático, hasta aislarlos, los Kirchner, como si se tratara de una interna de menor cuantía, lejos de asumir una estatura de estadistas, no se esfuerzan en absoluto para acelerar la pacificación antes de que sea demasiado tarde.
(Publicado el viernes 23 de mayo de 2008 en diario El Informe)
En la columna de El Informe de anteayer, titulada Diálogo con las retenciones sobre la mesa y el acto del 25 en el horizonte, habíamos anticipado que “la definición se anunciaría la semana que viene, después de acallados los efectos de acto rosarino”. También señalamos que este nuevo capítulo de las negociaciones se desarrollaría “sin tanto margen para una discusión a largo plazo, ni tanto apuro para negociar bajo presión”. En otras palabras, aun cuando las distintas alternativas de corrección de las retenciones móviles eran relativamente fáciles de conciliar, la política está entorpeciendo cualquier solución técnica, por obvia que resulte.
Anoche, el jefe de Gabinete y líder de los negociadores oficialistas, Alberto Fernández, admitió en TN que el del domingo en el Monumento a la Bandera es un acto de la oposición (aunque la protesta incluye a influyentes funcionarios K) y, desde esa perspectiva se desprende que en modo alguno se hubiera facilitado, después de tanto tiempo, un acuerdo que pudiera ser presentado por el campo como “la derrota del Gobierno”, en el marco de una celebración multitudinaria.
Mientras la marcha de la economía y la paz social requieren de una inmediata desactivación del conflicto, el Gobierno aguarda el instante propicio para aceptar la indispensable corrección, a pesar de que este calvario ya le ocasionó un fuerte desgaste político a la presidenta Cristina Fernández y una enorme pérdida de credibilidad a la gestión. Las propias encuestas le dan la espalda a los temores de la Casa Rosada, porque a la par de su propia caída en popularidad, ni uno solo de los líderes opositores se beneficia políticamente por estos días. Pero el Acto Federal es insoportable para el Gobierno, y no cederá en nada hasta la semana que viene, aunque todos saben que esa misma demostración de fuerza del campo entraña riesgos para la continuidad del diálogo. Decenas de miles de personas en Rosario -ya están todas las plazas hoteleras reservadas- no solo opacarían el acto oficial en Salta, sino que podrían precipitar una catarata de discursos sobrecargados ante la presión de la multitud. El carismático entrerriano Alfredo De Angeli ya había augurado que la concentración del 25 sería de festejo, o bien se convertiría en una asamblea popular. Así como no levantaron el paro después de la palabra presidencial del 14 de mayo en la asunción de Néstor Kirchner como jefe del PJ, porque las bases no lo permitían, la cúpula ruralista necesitaba que anoche mismo se hubieran establecido más definiciones que una enésima postergación hasta el lunes. Si bien el campo se declaró en estado de alerta y movilización, sin volver al paro de las exportaciones, los piquetes agrarios más exaltados regresaron ayer a la vera de las rutas, como primer coletazo del desencanto. Ahora, el acto del domingo adquiere una influencia mayor aún, porque la cantidad de manifestantes, el tono de los discursos, la presencia opositora y la interpretación mediática, podrían incidir en el humor de los negociadores.
Con los líderes del campo apurados por la demanda de sus propias bases y el Gobierno dispuesto a no resolver bajo presión para no perder autoridad, el conflicto se dilata eternamente, en un contexto tragicómico, donde las partes ni siquiera se tienen la confianza recíproca -nadie cree en nadie- para unificar las conclusiones ante la prensa, agigantando la incertidumbre de todos los actores involucrados en esta porfía, desde el obrero cuya fuente laboral está en riesgo, hasta el inversor vacilante en apostar a la Argentina, o emigrar a los más predecibles Chile, Uruguay o Brasil.
Tanto es así que, incluso, está en duda la reanudación de las conversaciones, pero son los tiempos políticos los que mandan, sobrepasando las urgencias que impone el sentido común. Desde hace un buen tiempo se juega con fuego. El acto rosarino del domingo 25 será sinónimo de bronca y catarisis y, en este marco, los organizadores deberán extremar las precauciones para impedir desbordes propios y provocaciones ajenas. Todo estará otra vez en peligro. Mientras la dirigencia agropecuaria se desespera para no reiterar una factible radicalización de la protesta que les quitaría el respaldo popular y mediático, hasta aislarlos, los Kirchner, como si se tratara de una interna de menor cuantía, lejos de asumir una estatura de estadistas, no se esfuerzan en absoluto para acelerar la pacificación antes de que sea demasiado tarde.
(Publicado el viernes 23 de mayo de 2008 en diario El Informe)
Un millón de firmas contra el tren bala podrían precipitar el "descarrilamiento"
El conflicto que mantiene el Gobierno con el campo por las retenciones y la falta de política agropecuaria, y al mismo tiempo con una gran porción del interior del país, por la ausencia de federalismo, todavía eclipsa las críticas que suscita el faraónico proyecto kirchnerista del tren bala, que uniría Mar del Plata, Buenos Aires, Rosario y Córdoba.
En el acto de firma del contrato para la construcción del tren de alta velocidad -valuado en unos 4 mil millones de dólares-, la presidenta Cristina Fernández definió la iniciativa como “un salto a la modernidad”, agregando, con una dosis de realismo, que “no hay que preocuparse por los palos”, conciente de la inminente catarata de rechazos. Y no se equivocó. No sólo en el conurbano bonaerense -donde la gente viaja todos los días como ganado-, sino también en centenares de poblaciones del interior del país, donde aún se sufre el brutal desmantelamiento de los ferrocarriles nacionales en los ’90, sólo se oyen rezongos. En Venado, y en la región, como suele suceder con los grandes temas nacionales, casi no hubo pronunciamientos en los primeros tiempos, aunque se aguardan actitudes más comprometidas a partir de los próximos días.
En principio, las objeciones de sectores políticos y sociales no son caprichosas, ni ideologistas, ni siquiera meramente opositoras, tanto es así que, como en la porfía kirchnerista con las entidades agropecuarias, son multitud los peronistas que saltaron del otro lado de las vías para reclamarle al Gobierno, con carácter de prioridad, la reconstrucción del sistema ferroviario nacional y popular, como supo hacerlo el justicialismo 60 años atrás, en lugar de propiciar el elitista tren bala.
Si bien el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, y el intendente rosarino Miguel Lifschitz, asistieron a la firma del contrato con el consorcio liderado por la cuestionada francesa Alston, a mediados de semana el ministro de Economía del gobierno provincial, Angel Sciara, reacomodó en el tablero político la posición socialista, advirtiendo desde la óptica de los intereses santafesinos que “lo que tenemos que hacer es recomponer el ferrocarril, y particularmente el ferrocarril de carga. Hoy tenemos un problema serio, la congestión de la carga terrestre, vial, es impresionante, y esto tiene mucho que ver con las deficiencias del transporte de carga ferroviaria (…) Yo creo que es mucho más importante para la proyección de la economía argentina tener un buen sistema ferroviario de cargas antes que tener un tren bala de pasajeros”, añadió. Más adelante, el funcionario reconoció que “nosotros no tenemos ninguna injerencia, y eso es una deficiencia de todos estos proyectos”, alimentando los reproches generalizados contra el Gobierno por el excesivo centralismo en sus procedimientos. Como las súbitas retenciones agrícolas (hoy en lenta instancia de revisión), con el tren bala en el transporte público se reedita el mismo modelo de gestión, sin búsqueda de consensos, ni marco estratégico de contención.
Mientras tanto, esos grupos más resueltos del campo nacional y popular lanzaron intensas campañas, pero no sólo para apurar la anulación de los compromisos del tren bala (los pasajes serían muy onerosos y aun así se requerirían subsidios estatales para sostener el sistema), sino también para incentivar la reconstrucción del sistema ferroviario estatal de pasajeros y de carga, caracterizado como un transporte económico, ecológico, seguro y rápido (120 km/h), con sus virtudes de integrar el país, reactivar las economías regionales, utilizar una tecnología propia y generar miles de puestos de trabajo, con el consiguiente renacimiento de la industria ferroviaria para la fabricación y mantenimiento de locomotoras, vagones y vías férreas.
Los defensores de la resurrección del ferrocarril, entre los que descuellan el cineasta Pino Solanas (Proyecto Sur); la firmatense Vilma Ripoll (MST); organizaciones estudiantiles; y sindicalistas ferroviarios y estatales, puntualizan que el proyecto contempla la reconstrucción a nuevo de 18 mil kilómetros de vías y la interconexión de cientos de ciudades y pueblos, a un costo de 3.100 millones de dólares, en tanto que el tren bala, que ascendería -con los intereses- a más de 10 mil millones de dólares, sólo se extendería a mil kilómetros de vías, uniría apenas cuatro grandes ciudades y crearía una fuerte dependencia tecnológica del exterior. Asimismo, manifiestan que este desarrollo ferroviario nacional ayudaría a reducir drásticamente la siniestralidad en las rutas, hoy saturadas de micros y camiones. En este sentido, cabe destacar que no se resentirían los puestos laborales de los transportistas, sino que les permitiría reducir las distancias de los interminables viajes y acotar a lapsos razonables las extenuantes jornadas laborales.
Centenares de planillas se están completando todos los días en distintos puntos de la Argentina por la anulación del contrato del tren K y el relanzamiento del sistema ferroviario nacional y estatal, al mismo tiempo que en el sitio web www.trenparatodos.com.ar se puede firmar on line desde el 14 del corriente. Con una velocidad propia del tren bala, en los primeros minutos de hoy, se habían registrado más de 321 mil firmas, y a causa de la masiva afluencia de visitantes, la página web está, por momentos, colapsada. En función del ritmo de los respaldos, que antes de fines de mayo se alcanzará el objetivo del millón de firmas requerido para que el Congreso de la Nación agende el tema.
(Publicado el viernes 23 de mayo de 2008 en diario El Informe)
En el acto de firma del contrato para la construcción del tren de alta velocidad -valuado en unos 4 mil millones de dólares-, la presidenta Cristina Fernández definió la iniciativa como “un salto a la modernidad”, agregando, con una dosis de realismo, que “no hay que preocuparse por los palos”, conciente de la inminente catarata de rechazos. Y no se equivocó. No sólo en el conurbano bonaerense -donde la gente viaja todos los días como ganado-, sino también en centenares de poblaciones del interior del país, donde aún se sufre el brutal desmantelamiento de los ferrocarriles nacionales en los ’90, sólo se oyen rezongos. En Venado, y en la región, como suele suceder con los grandes temas nacionales, casi no hubo pronunciamientos en los primeros tiempos, aunque se aguardan actitudes más comprometidas a partir de los próximos días.
En principio, las objeciones de sectores políticos y sociales no son caprichosas, ni ideologistas, ni siquiera meramente opositoras, tanto es así que, como en la porfía kirchnerista con las entidades agropecuarias, son multitud los peronistas que saltaron del otro lado de las vías para reclamarle al Gobierno, con carácter de prioridad, la reconstrucción del sistema ferroviario nacional y popular, como supo hacerlo el justicialismo 60 años atrás, en lugar de propiciar el elitista tren bala.
Si bien el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, y el intendente rosarino Miguel Lifschitz, asistieron a la firma del contrato con el consorcio liderado por la cuestionada francesa Alston, a mediados de semana el ministro de Economía del gobierno provincial, Angel Sciara, reacomodó en el tablero político la posición socialista, advirtiendo desde la óptica de los intereses santafesinos que “lo que tenemos que hacer es recomponer el ferrocarril, y particularmente el ferrocarril de carga. Hoy tenemos un problema serio, la congestión de la carga terrestre, vial, es impresionante, y esto tiene mucho que ver con las deficiencias del transporte de carga ferroviaria (…) Yo creo que es mucho más importante para la proyección de la economía argentina tener un buen sistema ferroviario de cargas antes que tener un tren bala de pasajeros”, añadió. Más adelante, el funcionario reconoció que “nosotros no tenemos ninguna injerencia, y eso es una deficiencia de todos estos proyectos”, alimentando los reproches generalizados contra el Gobierno por el excesivo centralismo en sus procedimientos. Como las súbitas retenciones agrícolas (hoy en lenta instancia de revisión), con el tren bala en el transporte público se reedita el mismo modelo de gestión, sin búsqueda de consensos, ni marco estratégico de contención.
Mientras tanto, esos grupos más resueltos del campo nacional y popular lanzaron intensas campañas, pero no sólo para apurar la anulación de los compromisos del tren bala (los pasajes serían muy onerosos y aun así se requerirían subsidios estatales para sostener el sistema), sino también para incentivar la reconstrucción del sistema ferroviario estatal de pasajeros y de carga, caracterizado como un transporte económico, ecológico, seguro y rápido (120 km/h), con sus virtudes de integrar el país, reactivar las economías regionales, utilizar una tecnología propia y generar miles de puestos de trabajo, con el consiguiente renacimiento de la industria ferroviaria para la fabricación y mantenimiento de locomotoras, vagones y vías férreas.
Los defensores de la resurrección del ferrocarril, entre los que descuellan el cineasta Pino Solanas (Proyecto Sur); la firmatense Vilma Ripoll (MST); organizaciones estudiantiles; y sindicalistas ferroviarios y estatales, puntualizan que el proyecto contempla la reconstrucción a nuevo de 18 mil kilómetros de vías y la interconexión de cientos de ciudades y pueblos, a un costo de 3.100 millones de dólares, en tanto que el tren bala, que ascendería -con los intereses- a más de 10 mil millones de dólares, sólo se extendería a mil kilómetros de vías, uniría apenas cuatro grandes ciudades y crearía una fuerte dependencia tecnológica del exterior. Asimismo, manifiestan que este desarrollo ferroviario nacional ayudaría a reducir drásticamente la siniestralidad en las rutas, hoy saturadas de micros y camiones. En este sentido, cabe destacar que no se resentirían los puestos laborales de los transportistas, sino que les permitiría reducir las distancias de los interminables viajes y acotar a lapsos razonables las extenuantes jornadas laborales.
Centenares de planillas se están completando todos los días en distintos puntos de la Argentina por la anulación del contrato del tren K y el relanzamiento del sistema ferroviario nacional y estatal, al mismo tiempo que en el sitio web www.trenparatodos.com.ar se puede firmar on line desde el 14 del corriente. Con una velocidad propia del tren bala, en los primeros minutos de hoy, se habían registrado más de 321 mil firmas, y a causa de la masiva afluencia de visitantes, la página web está, por momentos, colapsada. En función del ritmo de los respaldos, que antes de fines de mayo se alcanzará el objetivo del millón de firmas requerido para que el Congreso de la Nación agende el tema.
(Publicado el viernes 23 de mayo de 2008 en diario El Informe)
Diálogo con las retenciones sobre la mesa y el acto del 25 en el horizonte
Mañana se reanudaría el diálogo del Gobierno con el campo después de levantarse en la medianoche el paro agroexportador, dando apertura a una segunda tregua, mientras las cuatro entidades mantienen el estado de alerta y movilización e impulsan un acto federal multitudinario para el domingo 25 en la ciudad de Rosario. Si bien anoche hasta el áspero entrerriano Alfredo De Angeli aceptó bajarse de la ruta 14 en busca de no entorpecer el reinicio de las conversaciones, para los jefes del campo fue una ardua tarea convencer a los manifestantes de la necesidad de volver a creer en las buenas intenciones kirchneristas de negociar un acuerdo global, ahora contemplando en el orden del día la revisión de las retenciones móviles. Estas dificultades para recuperar la credibilidad demuestran la equivocación de la mayoría de los analistas, incluidos los más afines a la protesta agraria, que la semana pasada criticaban a la dirigencia por no haber desactivado el paro después del discurso de la presidenta Cristina Fernández en la cancha de Almagro. En ese momento, un levantamiento de la medida hubiera significado una ruptura entre las cúpulas ruralistas y sus bases, con el riesgo de desembocar en decenas de piquetes incontrolables. Sólo la actitud racional de los líderes gremiales, aun cuando debieron pagar altos costos políticos por ello, evitó un previsible desborde en las rutas de todo el país. En rigor, el discurso presidencial del 14 de mayo -en el acto de asunción de Néstor Kirchner como jefe del justicialismo-, no había sido tan explícito como algunos intentaron presentarlo, aunque también es cierto que marcaba un progreso conciliador luego de los soberbios retos del tumultuoso marzo. “Tengan la certeza de que quien preside los destinos de la República va a ejercer con responsabilidad, sin rencores, sin antagonismos y sin falsas o artificiales divisiones en el pueblo”, dijo Cristina la tarde que Néstor optó por el silencio. La tarde que los Kirchner sepultaron los alardes de transversalidad para refugiarse en el aparato pejotista.
Movilidad acotada
Las inminentes negociaciones del campo con los Fernández de Kirchner estarán en sintonía con la exigencia de tres de cada cuatro argentinos de una “pronta salida” del conflicto que desencadenó una caída de la actividad económica e incertidumbres financieras varias, sin tanto margen para una discusión a largo plazo, ni tanto apuro para negociar bajo presión. Tanto es así que el diálogo se iniciaría mañana, pero la definición se anunciaría la semana que viene, después de acallados los efectos del acto rosarino.
Por eso, aunque nadie descarta de plano la aparición de un mediador como salvataje de última instancia, hoy suena con fuerza la opción de introducir correcciones en la controvertida medida gubernamental del 11 de marzo, de modo tal que las retenciones móviles se sigan denominando como tales, pero estableciendo una movilidad acotada entre ciertos porcentajes. Entonces, la desavenencia podría desembocar en los próximos días en una salida sin vencedores ni vencidos, la más deseable para que los adversarios de hoy se conviertan en aliados estratégicos de mañana, primero para elaborar una política agropecuaria de largo plazo y, luego, creadas las condiciones técnicas y restablecida la confianza recíproca, para multiplicar la producción de los alimentos que el mundo demanda con avidez, mientras los argentinos alegremente perdemos mercados.
No hay dudas de que el Gobierno es el más damnificado en esta confrontación, porque hasta la más saludable de las medidas puede transformarse en un problema si no se adoptan elementales prevenciones. Habituados a imponer en lugar de convencer, los Kirchner lanzaron con las retenciones móviles una estocada más, como tantas otras, con la seguridad de que nadie levantaría la voz, salvo algún opositor aislado, o un líder campesino necesitado de guardar las formas. Pero ocurrió lo imprevisto. Con la Federación Agraria despechada después de tantas frustradas visitas a la Casa Rosada para solicitar un trato preferencial a los pequeños y medianos productores (sobre todo en regiones desfavorecidas y con actividades menos rentables), una reforma en los contratos agrarios para impedir el avasallamiento de los pools sojeros, y una intervención estatal en el mercado contra el atropello de los grupos exportadores, apenas se precipitaron las retenciones, nadie vaciló en arracimarse, a la defensiva, en un frente común con los más recoletos miembros de la Sociedad Rural.
Hasta muchos de los funcionarios K, desde gobernadores hasta concejales -algunos por convicción, otros por especulación-, saltaron la tranquera en los pueblos del interior más ligados a la actividad agropecuaria, para no quedar pegados con el Gobierno y divorciados de la gente.
Decretada a escasas semanas de una cosecha; igualando a los desiguales; con una metodología que liquidaba los mercados a término; ignorando una vez más las atribuciones del Congreso para fijar impuestos a las exportaciones; y en medio de una merma de la rentabilidad de distintas actividades (obligando a los productores a refugiarse en el boom de la soja), la medida enardeció al gigante dormido. Y los beligerantes Kirchner bebieron de su propia medicina, más amarga aún que las dosis paladeadas con las marchas de Blumberg y el revés de la reelección en Misiones; y más indigesta que las estadísticas reveladoras de un crecimiento de la economía, con una pobreza también en aumento, jaqueando el discurso oficial de la redistribución de la riqueza.
Partido del Campo
Como si el destino le cobrara intereses por sus errores, los Kirchner, que eludieron el Tedeum del cardenal Bergoglio en la Capital Federal mudando los actos centrales del 25 de Mayo a la ciudad de Salta, donde se aguarda un módico gentío, se encuentran ante la amenaza, el mismo día y a la misma hora, de un populoso acto federal en Rosario, convocado por las cuatro entidades del agro, que aún dudan si la marcha y posterior concentración servirán para festejar el acuerdo con el Gobierno, o para anunciar otra escalada de protestas. No obstante, con independencia de las demandas sectoriales que desataron el conflicto, el Monumento a la Bandera sería testigo de los reverdecidos reclamos de federalismo y división de poderes, pero no tanto por la convicción de gobernadores y legisladores, sino porque el tema de las retenciones disparó críticas generalizadas contra un Gobierno que practica una excesiva concentración de los recursos, en detrimento del derecho de los estados provinciales, reduciendo a su mínima expresión la influencia de los gobernadores y del Congreso de la Nación, con el resultante debilitamiento de los controles institucionales. En este sentido, también se multiplican los pedidos de una mayor coparticipación a las empobrecidas provincias; la devolución en obra pública de un porcentaje de las suculentas retenciones (no coparticipables) que recauda el Gobierno; y la anulación de los insostenibles superpoderes para la Casa Rosada -propios de la emergencia económica- que no se condicen con el florecimiento de las cuentas públicas que pregonan.
Otros sectores se regodean con dar, en el acto del domingo, el puntapié inicial para fundar el PC (Partido del Campo), tal vez confundidos por el amplio apoyo popular a la protesta. En rigor, ese proyecto es el más funcional al Gobierno, como lo deslizó la propia Cristina en un párrafo no tan observado de su discurso del 14 de mayo: “También quiero convocar a la necesaria reconstrucción del sistema político argentino, porque es necesario que todos, aun aquellos que tal vez estén en las antípodas de nuestro pensamiento, puedan expresarse democráticamente a través de un partido político”.
En la política se supone que debería unir el amor, pero entre los dirigentes del campo, como dijo Buzzi en alusión a la protesta, “nos une el espanto”. Todo dicho. Individualista por definición, en tiempos de crisis y en tiempos de bonanza, el productor debería aprovechar esta lección para incorporarse a la política y, antes aun, a la actividad gremial del sector. En este sentido, algunos dirigentes destacan la conveniencia de militar en distintos partidos políticos y luego defender desde las bancas del Congreso -transversalmente- los intereses de la actividad. Sin embargo, desde otros sectores, como el Grupo Pampa Sur, que integra la secretaria binnerista María del Carmen Alarcón, consiguieron constituirse en un partido político de fuerte base agropecuaria, al estilo del Partido Nacional del Campo australiano.
Como partido propio, o dentro de los espacios tradicionales, el campo se erigió en un actor político insoslayable para el Gobierno y la oposición, escenario que le otorga más poder y, también, más responsabilidades.
(Publicado el miércoles 21 de mayo de 2008 en diario El Informe)
Movilidad acotada
Las inminentes negociaciones del campo con los Fernández de Kirchner estarán en sintonía con la exigencia de tres de cada cuatro argentinos de una “pronta salida” del conflicto que desencadenó una caída de la actividad económica e incertidumbres financieras varias, sin tanto margen para una discusión a largo plazo, ni tanto apuro para negociar bajo presión. Tanto es así que el diálogo se iniciaría mañana, pero la definición se anunciaría la semana que viene, después de acallados los efectos del acto rosarino.
Por eso, aunque nadie descarta de plano la aparición de un mediador como salvataje de última instancia, hoy suena con fuerza la opción de introducir correcciones en la controvertida medida gubernamental del 11 de marzo, de modo tal que las retenciones móviles se sigan denominando como tales, pero estableciendo una movilidad acotada entre ciertos porcentajes. Entonces, la desavenencia podría desembocar en los próximos días en una salida sin vencedores ni vencidos, la más deseable para que los adversarios de hoy se conviertan en aliados estratégicos de mañana, primero para elaborar una política agropecuaria de largo plazo y, luego, creadas las condiciones técnicas y restablecida la confianza recíproca, para multiplicar la producción de los alimentos que el mundo demanda con avidez, mientras los argentinos alegremente perdemos mercados.
No hay dudas de que el Gobierno es el más damnificado en esta confrontación, porque hasta la más saludable de las medidas puede transformarse en un problema si no se adoptan elementales prevenciones. Habituados a imponer en lugar de convencer, los Kirchner lanzaron con las retenciones móviles una estocada más, como tantas otras, con la seguridad de que nadie levantaría la voz, salvo algún opositor aislado, o un líder campesino necesitado de guardar las formas. Pero ocurrió lo imprevisto. Con la Federación Agraria despechada después de tantas frustradas visitas a la Casa Rosada para solicitar un trato preferencial a los pequeños y medianos productores (sobre todo en regiones desfavorecidas y con actividades menos rentables), una reforma en los contratos agrarios para impedir el avasallamiento de los pools sojeros, y una intervención estatal en el mercado contra el atropello de los grupos exportadores, apenas se precipitaron las retenciones, nadie vaciló en arracimarse, a la defensiva, en un frente común con los más recoletos miembros de la Sociedad Rural.
Hasta muchos de los funcionarios K, desde gobernadores hasta concejales -algunos por convicción, otros por especulación-, saltaron la tranquera en los pueblos del interior más ligados a la actividad agropecuaria, para no quedar pegados con el Gobierno y divorciados de la gente.
Decretada a escasas semanas de una cosecha; igualando a los desiguales; con una metodología que liquidaba los mercados a término; ignorando una vez más las atribuciones del Congreso para fijar impuestos a las exportaciones; y en medio de una merma de la rentabilidad de distintas actividades (obligando a los productores a refugiarse en el boom de la soja), la medida enardeció al gigante dormido. Y los beligerantes Kirchner bebieron de su propia medicina, más amarga aún que las dosis paladeadas con las marchas de Blumberg y el revés de la reelección en Misiones; y más indigesta que las estadísticas reveladoras de un crecimiento de la economía, con una pobreza también en aumento, jaqueando el discurso oficial de la redistribución de la riqueza.
Partido del Campo
Como si el destino le cobrara intereses por sus errores, los Kirchner, que eludieron el Tedeum del cardenal Bergoglio en la Capital Federal mudando los actos centrales del 25 de Mayo a la ciudad de Salta, donde se aguarda un módico gentío, se encuentran ante la amenaza, el mismo día y a la misma hora, de un populoso acto federal en Rosario, convocado por las cuatro entidades del agro, que aún dudan si la marcha y posterior concentración servirán para festejar el acuerdo con el Gobierno, o para anunciar otra escalada de protestas. No obstante, con independencia de las demandas sectoriales que desataron el conflicto, el Monumento a la Bandera sería testigo de los reverdecidos reclamos de federalismo y división de poderes, pero no tanto por la convicción de gobernadores y legisladores, sino porque el tema de las retenciones disparó críticas generalizadas contra un Gobierno que practica una excesiva concentración de los recursos, en detrimento del derecho de los estados provinciales, reduciendo a su mínima expresión la influencia de los gobernadores y del Congreso de la Nación, con el resultante debilitamiento de los controles institucionales. En este sentido, también se multiplican los pedidos de una mayor coparticipación a las empobrecidas provincias; la devolución en obra pública de un porcentaje de las suculentas retenciones (no coparticipables) que recauda el Gobierno; y la anulación de los insostenibles superpoderes para la Casa Rosada -propios de la emergencia económica- que no se condicen con el florecimiento de las cuentas públicas que pregonan.
Otros sectores se regodean con dar, en el acto del domingo, el puntapié inicial para fundar el PC (Partido del Campo), tal vez confundidos por el amplio apoyo popular a la protesta. En rigor, ese proyecto es el más funcional al Gobierno, como lo deslizó la propia Cristina en un párrafo no tan observado de su discurso del 14 de mayo: “También quiero convocar a la necesaria reconstrucción del sistema político argentino, porque es necesario que todos, aun aquellos que tal vez estén en las antípodas de nuestro pensamiento, puedan expresarse democráticamente a través de un partido político”.
En la política se supone que debería unir el amor, pero entre los dirigentes del campo, como dijo Buzzi en alusión a la protesta, “nos une el espanto”. Todo dicho. Individualista por definición, en tiempos de crisis y en tiempos de bonanza, el productor debería aprovechar esta lección para incorporarse a la política y, antes aun, a la actividad gremial del sector. En este sentido, algunos dirigentes destacan la conveniencia de militar en distintos partidos políticos y luego defender desde las bancas del Congreso -transversalmente- los intereses de la actividad. Sin embargo, desde otros sectores, como el Grupo Pampa Sur, que integra la secretaria binnerista María del Carmen Alarcón, consiguieron constituirse en un partido político de fuerte base agropecuaria, al estilo del Partido Nacional del Campo australiano.
Como partido propio, o dentro de los espacios tradicionales, el campo se erigió en un actor político insoslayable para el Gobierno y la oposición, escenario que le otorga más poder y, también, más responsabilidades.
(Publicado el miércoles 21 de mayo de 2008 en diario El Informe)
Venado se sumó a los grandes actos de protesta del campo
En el anillo de la rotonda de las rutas 8 y 33, el último miércoles se concentraron más de dos mil personas de Venado y la región, donde se destacó la heterogeneidad de la manifestación, reuniendo a representantes de todo el arco político, desde el Frente Progresista hasta el Frente para la Victoria, a la par de un generoso abanico de entidades ligadas a la industria, el comercio y los servicios. Después de un par de concurridas asambleas en el predio ruralista, la protesta venadense recién se lució en esta ocasión, a través de una convocatoria más agresiva de los organizadores, que incluyó la presencia de las cámaras de canales de noticias nacionales y el interés de radios porteñas por el Acto Federal, también cubierto esta vez por la TV local, para redondear un clima fervoroso e inusual para las conservadoras tradiciones venadenses. Las originales reverencias de tres avionetas en vuelo rasante sobre la atestada rotonda; la pegadiza “Canción del Campo” -ya suena en actos y radios de todo el país- gestada por la venadense Gimena Colombres; y las banderas patrias desplegadas sobre los fierros agrícolas que rodeaban el escenario, también contribuyeron a realzar una tarde de discursos de repudio a la escalada de las retenciones y a la ausencia de una política agropecuaria nacional. Al mismo tiempo, en sintonía con sus aliados urbanos, los oradores pidieron por el regreso a un genuino federalismo y la jerarquización del Congreso de la Nación, aunque sobresalieron otros denominadores comunes, como el respeto de la investidura presidencial, la convicción democrática y la esperanza en la reapertura del diálogo con el Gobierno para suspender el paro agropecuario.
Desde el improvisado palco, el animador Eduardo Marroquín relataba el incesante arribo de manifestantes, pero los miembros de la Comisión de Enlace Regional ya se habían dado por satisfechos con el chequeo de las autoridades participantes en el Acto Federal. No era para menos. Estaban casi todos los que tenían que estar, incluida la robusta delegación del Frente para la Victoria regional, con el senador Ricardo Spinozzi, el diputado Jorge Lagna y el intendente venadense José Freyre, como referentes más encumbrados del oficialismo.
El discurso de Mónica Polidoro -el mejor de la tarde-, de las mujeres de Federación Agraria, arrancó los más fuertes aplausos, advirtiendo sobre las medias verdades del supuesto progresismo kirchnerista, que hasta ahora no generó ni una sola estrategia para frenar el proceso de concentración y extranjerización de la tierra, ni para desactivar las zonas liberadas que ayudan a los procedimientos discrecionales de los grupos exportadores de granos que son los grandes beneficiarios de la comercialización. Con el mismo énfasis, Polidoro denunció que en otros sectores de la economía se concretan brutales entregas de los recursos naturales, ante la mirada cómplice de un Gobierno que no traslada a la práctica sus constantes apelaciones a la distribución de la riqueza y la calidad institucional. Impiadosa con el doble discurso oficialista, la dirigente alertó que la sojización es propiciada por el propio Gobierno, con su desinterés ante las advertencias agropecuarias por la caída de la rentabilidad de la ganadería y la lechería, por ejemplo, como así también por ignorar los proyectos de reformas a las leyes de arrendamiento que pretendían frenar la voracidad de los pools de siembra.
Contagiado por el entusiasta entorno, el presidente de la Sociedad Rural, Eduardo Sánchez de Bustamante, no necesitó levantar la voz para marcar que “vamos a estar en las rutas mientras haga falta”, cosechando los primeros vítores de su alocución.
A su turno, también se destacó la secretaria de Integración Regional del gobierno santafesino, María del Carmen Alarcón, y hasta el coordinador de la Comisión Plan Autopistas, Ovidio Butani, se alzó con un espontáneo reconocimiento de la multitud cuando fue mencionado por el animador, simbolizando con esa reacción una crítica a los recursos que se quitan de la región y luego no regresan, ni siquiera para financiar la indispensable autovía Rufino-Rosario que con tanta urgencia se requiere para salvar vidas humanas de siniestros fatales y facilitar el transporte de la producción de la ciudad y el campo a los puertos de embarque.
Expectativas frustradas
Pasadas las cinco de la tarde, los manifestantes de la rotonda se desconcentraron rápidamente, con la expectativa de descubrir por TV una señal favorable en el acto de asunción de Néstor Kirchner como jefe supremo del PJ. Pero el ex mandatario ni siquiera habló en el bochornoso mitín de la cancha de Almagro (un tragicómico Hugo Moyano llamaba a los ruralistas al “diálogo” mientras sus muchachos camioneros se molían a palos con los albañiles de la Uocra), y la presidenta Cristina Fernández volvió a evitar -en su inesperada intervención- el tema del campo, aun cuando destacó su voluntad de gobernar sin rencores, ni falsos antagonismos. Un día antes de completarse el segundo tramo de la protesta, resultó inquietante la ausencia de gestos desde la Casa Rosada, aunque peor hubiera sido otro discurso incendiario detrás del atril, en momentos que las pasiones se exacerban y las posiciones se radicalizan. El Gobierno no complicó las cosas, es cierto, pero tampoco las mejoró. Arrinconado por los acontecimientos, Néstor Kirchner creyó que sumergiéndose en el conflicto alimentaría los rumores de “doble comando” o, peor aún, del “golpe de estado conyugal”, y así cedió el protagonismo a una Presidenta que se cuidó de insistir con las arengas de subido tono que tanto afectaron su imagen en los últimos 60 días. En consecuencia, no se entregaron definiciones políticas, y no es un dato auspicioso que la incertidumbre se extienda, porque mientras más lejos se ubique la mesa de negociaciones, más riesgos de divisiones corremos los argentinos, además del notorio enfriamiento de la economía que se experimenta en la actualidad.
En la asunción de Kirchner se esperaban gestos -los necesitaban como el agua los líderes ruralistas para apaciguar a sus bases-, pero todo acabó en una mueca; los que se fueron apurados del Acto Federal de la rotonda, se quedaron con las ganas. Ayer, después de recoger el apoyo del gobernador santafesino Hermes Binner en la Casa Gris, las cuatro entidades del campo decidieron prolongar la medida de fuerza hasta el próximo miércoles, juntar un millón de firmas para exigir que se le restituyan al Congreso sus facultades indelegables en la fijación de impuestos a las exportaciones, y solicitaron una “urgente audiencia” a la Presidenta, en tanto que confirmaron una movilización y acto el 25 de mayo en la ciudad de Rosario.
Mientras los argentinos somos el hazmerreír del mundo por haber entrado en una espiral de dislates hasta el ridículo de chocar la calesita, el conflicto agrario posterga -sin plazos- la alianza estratégica entre el Gobierno y los sectores nacionales del campo para multiplicar la producción en función de las crecientes demandas del mundo, en un marco de políticas consensuadas en el largo plazo por un Consejo Federal Agropecuario (ampliado con los gobernadores), incluido un sistema de retenciones racional y previsible (con la participación del Parlamento), y contemplando el componente solidario y redistributivo de las mismas, pero sin deteriorar las legítimas expectativas de rentabilidad, inversión y desarrollo de los productores. No es tan difícil, bastaría con un gesto.
(Publicado el viernes 16 de mayo de 2008 en diario El Informe)
Desde el improvisado palco, el animador Eduardo Marroquín relataba el incesante arribo de manifestantes, pero los miembros de la Comisión de Enlace Regional ya se habían dado por satisfechos con el chequeo de las autoridades participantes en el Acto Federal. No era para menos. Estaban casi todos los que tenían que estar, incluida la robusta delegación del Frente para la Victoria regional, con el senador Ricardo Spinozzi, el diputado Jorge Lagna y el intendente venadense José Freyre, como referentes más encumbrados del oficialismo.
El discurso de Mónica Polidoro -el mejor de la tarde-, de las mujeres de Federación Agraria, arrancó los más fuertes aplausos, advirtiendo sobre las medias verdades del supuesto progresismo kirchnerista, que hasta ahora no generó ni una sola estrategia para frenar el proceso de concentración y extranjerización de la tierra, ni para desactivar las zonas liberadas que ayudan a los procedimientos discrecionales de los grupos exportadores de granos que son los grandes beneficiarios de la comercialización. Con el mismo énfasis, Polidoro denunció que en otros sectores de la economía se concretan brutales entregas de los recursos naturales, ante la mirada cómplice de un Gobierno que no traslada a la práctica sus constantes apelaciones a la distribución de la riqueza y la calidad institucional. Impiadosa con el doble discurso oficialista, la dirigente alertó que la sojización es propiciada por el propio Gobierno, con su desinterés ante las advertencias agropecuarias por la caída de la rentabilidad de la ganadería y la lechería, por ejemplo, como así también por ignorar los proyectos de reformas a las leyes de arrendamiento que pretendían frenar la voracidad de los pools de siembra.
Contagiado por el entusiasta entorno, el presidente de la Sociedad Rural, Eduardo Sánchez de Bustamante, no necesitó levantar la voz para marcar que “vamos a estar en las rutas mientras haga falta”, cosechando los primeros vítores de su alocución.
A su turno, también se destacó la secretaria de Integración Regional del gobierno santafesino, María del Carmen Alarcón, y hasta el coordinador de la Comisión Plan Autopistas, Ovidio Butani, se alzó con un espontáneo reconocimiento de la multitud cuando fue mencionado por el animador, simbolizando con esa reacción una crítica a los recursos que se quitan de la región y luego no regresan, ni siquiera para financiar la indispensable autovía Rufino-Rosario que con tanta urgencia se requiere para salvar vidas humanas de siniestros fatales y facilitar el transporte de la producción de la ciudad y el campo a los puertos de embarque.
Expectativas frustradas
Pasadas las cinco de la tarde, los manifestantes de la rotonda se desconcentraron rápidamente, con la expectativa de descubrir por TV una señal favorable en el acto de asunción de Néstor Kirchner como jefe supremo del PJ. Pero el ex mandatario ni siquiera habló en el bochornoso mitín de la cancha de Almagro (un tragicómico Hugo Moyano llamaba a los ruralistas al “diálogo” mientras sus muchachos camioneros se molían a palos con los albañiles de la Uocra), y la presidenta Cristina Fernández volvió a evitar -en su inesperada intervención- el tema del campo, aun cuando destacó su voluntad de gobernar sin rencores, ni falsos antagonismos. Un día antes de completarse el segundo tramo de la protesta, resultó inquietante la ausencia de gestos desde la Casa Rosada, aunque peor hubiera sido otro discurso incendiario detrás del atril, en momentos que las pasiones se exacerban y las posiciones se radicalizan. El Gobierno no complicó las cosas, es cierto, pero tampoco las mejoró. Arrinconado por los acontecimientos, Néstor Kirchner creyó que sumergiéndose en el conflicto alimentaría los rumores de “doble comando” o, peor aún, del “golpe de estado conyugal”, y así cedió el protagonismo a una Presidenta que se cuidó de insistir con las arengas de subido tono que tanto afectaron su imagen en los últimos 60 días. En consecuencia, no se entregaron definiciones políticas, y no es un dato auspicioso que la incertidumbre se extienda, porque mientras más lejos se ubique la mesa de negociaciones, más riesgos de divisiones corremos los argentinos, además del notorio enfriamiento de la economía que se experimenta en la actualidad.
En la asunción de Kirchner se esperaban gestos -los necesitaban como el agua los líderes ruralistas para apaciguar a sus bases-, pero todo acabó en una mueca; los que se fueron apurados del Acto Federal de la rotonda, se quedaron con las ganas. Ayer, después de recoger el apoyo del gobernador santafesino Hermes Binner en la Casa Gris, las cuatro entidades del campo decidieron prolongar la medida de fuerza hasta el próximo miércoles, juntar un millón de firmas para exigir que se le restituyan al Congreso sus facultades indelegables en la fijación de impuestos a las exportaciones, y solicitaron una “urgente audiencia” a la Presidenta, en tanto que confirmaron una movilización y acto el 25 de mayo en la ciudad de Rosario.
Mientras los argentinos somos el hazmerreír del mundo por haber entrado en una espiral de dislates hasta el ridículo de chocar la calesita, el conflicto agrario posterga -sin plazos- la alianza estratégica entre el Gobierno y los sectores nacionales del campo para multiplicar la producción en función de las crecientes demandas del mundo, en un marco de políticas consensuadas en el largo plazo por un Consejo Federal Agropecuario (ampliado con los gobernadores), incluido un sistema de retenciones racional y previsible (con la participación del Parlamento), y contemplando el componente solidario y redistributivo de las mismas, pero sin deteriorar las legítimas expectativas de rentabilidad, inversión y desarrollo de los productores. No es tan difícil, bastaría con un gesto.
(Publicado el viernes 16 de mayo de 2008 en diario El Informe)
No es cuestión de "aguante", sino de racionalidad política
En su fase dos, el paro agropecuario no empezó desde cero, sino que arrancó a partir de las mismas tensiones extremas que se dieron a finales de marzo, hasta decretarse la tregua del 2 de abril, en la cumbre ruralista de Gualeguaychú. En este nuevo capítulo, los cuatro líderes de las entidades gremiales, desandando despachos gubernamentales y estudios televisivos como nunca habían imaginado, cedieron el protagonismo ante el regreso del mediático caudillo entrerriano Alfredo De Angeli, apurado por volver a la ruta 14 e imponer su impronta asambleísta, en tanto que otros sectores del agro, como ocurre en nuestra ciudad, cumplen el mandato de las cúpulas, sin sobrepasar -por ahora- el límite de las banquinas en la rotonda de las rutas 8 y 33, salvo en esporádicas incursiones para distribuir panfletos entre automovilistas y camioneros. Al mismo tiempo, decenas de militantes reparten volantes y escarapelas en la zona de los bancos, y prometen continuar el fin de semana en el centro y en los barrios. Ningún medio televisivo nacional se interesaría por este tipo de manifestaciones locales, así como los piquetes más activos ganan pantalla en los canales de noticias. “Sin acción en las rutas, no hay De Angeli que valga”, es la consigna de los productores de TV, para desesperación de los capataces del campo, que acotaron el cierre de la exportación de granos y carnes hasta el jueves 15, en busca de reanudar el diálogo con el Gobierno, pero fortalecidos por los efectos de la medida de fuerza en la actividad económica. Penosamente, aunque el abastecimiento de alimentos para las familias argentinas no entre en riesgo, la continuidad del paro está pegando duro, con la agroindustria, los pueblos del interior y hasta el sistema financiero (mayor demanda de dólares, caída de bonos y alza de tasas de interés), que empiezan a sufrir las consecuencias de la parálisis. Hasta se postergó la próxima Agroactiva, en Oncativo, y Mercoláctea, en San Francisco, se inauguró en un clima de luto, con crespones negros incluidos.
“Tengo aguante”, dijo la presidenta Cristina Fernández desde Jujuy, doblando la apuesta chacarera, con ese estilo poco conciliador que cultiva el kirchnerismo -que tal vez era recomendable para 2003, pero provoca irritación en 2008-, en el mismo discurso donde se jactó de la “calidad institucional” de su gobierno (aunque sobrevivan los obscenos superpoderes y decrezca cada día la influencia del Congreso de la Nación) y se comprometió a “federalizar la riqueza”, a pesar de que, en la práctica, aumenta los impuestos no coparticipables con las provincias (como las retenciones agropecuarias) y se resiste a debatir la ley de Coparticipación Federal.
Después de las conversaciones frustradas con las autoridades nacionales, la dirigencia del campo se dispone a iniciar una cabalgata de visitas a gobernadores; legisladores nacionales y provinciales; intendentes y presidentes comunales, a los efectos de explicarles los motivos del paro y, sobre todo, obtener los respaldos políticos para sostener la protesta. Anoche, el diputado provincial Jorge Lagna, junto con otros legisladores justicialistas de la Región Centro (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos), participó en el envío Código Político (TN), reclamando un criterio federal para el debate de los temas agropecuarios. En el documento -también es cofirmante el senador provincial Ricardo Spinozzi-, los oficialistas piden la “participación activa de los gobiernos provinciales que conforman la Región Centro, y de los gobiernos de las provincias que sin formar parte de la misma son productoras agroalimentarias”. Sostienen que “el diálogo es la herramienta racional y democrática para construir consenso y este solo se logra con actos de grandeza, donde los interlocutores efectúan concesiones en pos del resultado superador”, agregando que “las retenciones no deben desalentar a la producción, a la vez que deben preservar la rentabilidad para los pequeños y medianos productores, sin lesionar el aparato productivo ni menoscabar las expectativas de obtener mejoras frente a la coyuntura internacional”.
Mientras desde las rutas, o desde los atriles, se intercambien tiros por elevación, ambas partes saben que, tarde o temprano, deberán sentarse otra vez a dialogar. Según la actual relación de fuerzas, el campo está lejos de la rendición deshonrosa que, según dicen, propiciaba el ex Presidente en funciones, Néstor Kirchner; en tanto, más allá de la súbita caída de la imagen positiva de Cristina, el Gobierno tiene espaldas anchas para aguantar la protesta un tiempo más. Pero todo tiene un límite, y nada más saludable podría suceder que este conflicto se desactivara sin vencedores ni vencidos, porque un retroceso oficialista, a estas alturas, resentiría aún más su mellada credibilidad; pero una victoria pírrica del kirchnerismo profundizaría sus tendencias hegemónicas.
(Publicado el viernes 9 de mayo de 2008 en diario El Informe)
“Tengo aguante”, dijo la presidenta Cristina Fernández desde Jujuy, doblando la apuesta chacarera, con ese estilo poco conciliador que cultiva el kirchnerismo -que tal vez era recomendable para 2003, pero provoca irritación en 2008-, en el mismo discurso donde se jactó de la “calidad institucional” de su gobierno (aunque sobrevivan los obscenos superpoderes y decrezca cada día la influencia del Congreso de la Nación) y se comprometió a “federalizar la riqueza”, a pesar de que, en la práctica, aumenta los impuestos no coparticipables con las provincias (como las retenciones agropecuarias) y se resiste a debatir la ley de Coparticipación Federal.
Después de las conversaciones frustradas con las autoridades nacionales, la dirigencia del campo se dispone a iniciar una cabalgata de visitas a gobernadores; legisladores nacionales y provinciales; intendentes y presidentes comunales, a los efectos de explicarles los motivos del paro y, sobre todo, obtener los respaldos políticos para sostener la protesta. Anoche, el diputado provincial Jorge Lagna, junto con otros legisladores justicialistas de la Región Centro (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos), participó en el envío Código Político (TN), reclamando un criterio federal para el debate de los temas agropecuarios. En el documento -también es cofirmante el senador provincial Ricardo Spinozzi-, los oficialistas piden la “participación activa de los gobiernos provinciales que conforman la Región Centro, y de los gobiernos de las provincias que sin formar parte de la misma son productoras agroalimentarias”. Sostienen que “el diálogo es la herramienta racional y democrática para construir consenso y este solo se logra con actos de grandeza, donde los interlocutores efectúan concesiones en pos del resultado superador”, agregando que “las retenciones no deben desalentar a la producción, a la vez que deben preservar la rentabilidad para los pequeños y medianos productores, sin lesionar el aparato productivo ni menoscabar las expectativas de obtener mejoras frente a la coyuntura internacional”.
Mientras desde las rutas, o desde los atriles, se intercambien tiros por elevación, ambas partes saben que, tarde o temprano, deberán sentarse otra vez a dialogar. Según la actual relación de fuerzas, el campo está lejos de la rendición deshonrosa que, según dicen, propiciaba el ex Presidente en funciones, Néstor Kirchner; en tanto, más allá de la súbita caída de la imagen positiva de Cristina, el Gobierno tiene espaldas anchas para aguantar la protesta un tiempo más. Pero todo tiene un límite, y nada más saludable podría suceder que este conflicto se desactivara sin vencedores ni vencidos, porque un retroceso oficialista, a estas alturas, resentiría aún más su mellada credibilidad; pero una victoria pírrica del kirchnerismo profundizaría sus tendencias hegemónicas.
(Publicado el viernes 9 de mayo de 2008 en diario El Informe)
El del cigarrillo, un humo que no tiene tanta prensa
Casi como una voz clamando en el desierto, el vecino Juan Lacelli -esta vez por escrito- volvió a recordarnos a los venadenses, y en particular a las autoridades políticas, que la promocionada ley antitabaco santafesina todavía no se cumple en todos los bares, ni comercios, ni restaurantes de nuestra ciudad -salvo honrosas excepciones-, ni tampoco en las dependencias municipales, según denuncia la nota remitida al Concejo en la sesión de la semana pasada.
Reglamentada en agosto de 2006, la normativa provincial lanzada por el entonces gobernador Jorge Obeid se impuso en pocas ciudades, desde la gigantesca Rosario hasta pequeñas comunas de 1.500 habitantes, pero con el común denominador de gobiernos que adoptaron la decisión política de hacerla cumplir a rajatabla. Hace tiempo señalamos en este diario que “era previsible que los fumadores, a partir de su propia adicción, se convirtieran en los más estoicos combatientes de esta ley, como así también que los comerciantes antepusieran intereses económicos a los reclamos de aire puro, aun cuando el incumplimiento deteriorara su propia salud. Al mismo tiempo, discriminados por décadas, los no fumadores, en su mayoría, aún no están preparados para ensayar la defensa plena de sus derechos ante fumadores dispuestos a todo para seguir disfrutando, sin limitaciones, de un placer nocivo para ellos y su entorno”. En esa misma opinión, agregamos que “ante tamaña colisión de intereses, sólo las autoridades podían actuar como equilibrante social, pero con la ley provincial en la mano, y despojadas de mezquinos cálculos electorales”.
En este sentido, es llamativo que en Venado se hagan tantos alardes de “tolerancia cero” para el tránsito urbano, pero reine la vista gorda con el consumo de tabaco, incluso en las propias dependencias municipales, según los planteos de Lacelli.
La Ley 12.432, en su artículo 10, involucra a municipios y comunas, dentro de sus jurisdicciones, como “responsables de ejercer el debido cumplimiento de la presente ley”. Así como Rosario y algunas pequeñas localidades, también Rafaela se destaca por sus procedimientos pues hace dos años el Concejo de esa ciudad adhirió a la ley provincial; autorizó a la Intendencia a suscribir un convenio de colaboración con el Ministerio de Salud provincial para hacer cumplir la ley en el ámbito de su jurisdicción; y promover campañas de concientización y prevención contra el consumo del tabaco.
En Venado, todo sigue igual que antes, con la misma desaprensión, como si nada hubiera sucedido desde el punto de vista legal. En la Intendencia, el tema es despreciado, al mismo tiempo que se ufanan de sus prestaciones en la atención primaria de la salud, y desde el Concejo tampoco se vislumbra ni un atisbo de presión política, como se ejerció en Rafaela, para que la ciudad no quede contaminada por la peor de las humaredas, más aún cuando el próximo invierno acecha, y no sea tan fácil que los empedernidos fumadores opten por salir al patio o la vereda para dar rienda suelta a ese vicio tan perjudicial para la salud de todos.
(Publicado el miércoles 7 de mayo de 2008 en diario El Informe)
Reglamentada en agosto de 2006, la normativa provincial lanzada por el entonces gobernador Jorge Obeid se impuso en pocas ciudades, desde la gigantesca Rosario hasta pequeñas comunas de 1.500 habitantes, pero con el común denominador de gobiernos que adoptaron la decisión política de hacerla cumplir a rajatabla. Hace tiempo señalamos en este diario que “era previsible que los fumadores, a partir de su propia adicción, se convirtieran en los más estoicos combatientes de esta ley, como así también que los comerciantes antepusieran intereses económicos a los reclamos de aire puro, aun cuando el incumplimiento deteriorara su propia salud. Al mismo tiempo, discriminados por décadas, los no fumadores, en su mayoría, aún no están preparados para ensayar la defensa plena de sus derechos ante fumadores dispuestos a todo para seguir disfrutando, sin limitaciones, de un placer nocivo para ellos y su entorno”. En esa misma opinión, agregamos que “ante tamaña colisión de intereses, sólo las autoridades podían actuar como equilibrante social, pero con la ley provincial en la mano, y despojadas de mezquinos cálculos electorales”.
En este sentido, es llamativo que en Venado se hagan tantos alardes de “tolerancia cero” para el tránsito urbano, pero reine la vista gorda con el consumo de tabaco, incluso en las propias dependencias municipales, según los planteos de Lacelli.
La Ley 12.432, en su artículo 10, involucra a municipios y comunas, dentro de sus jurisdicciones, como “responsables de ejercer el debido cumplimiento de la presente ley”. Así como Rosario y algunas pequeñas localidades, también Rafaela se destaca por sus procedimientos pues hace dos años el Concejo de esa ciudad adhirió a la ley provincial; autorizó a la Intendencia a suscribir un convenio de colaboración con el Ministerio de Salud provincial para hacer cumplir la ley en el ámbito de su jurisdicción; y promover campañas de concientización y prevención contra el consumo del tabaco.
En Venado, todo sigue igual que antes, con la misma desaprensión, como si nada hubiera sucedido desde el punto de vista legal. En la Intendencia, el tema es despreciado, al mismo tiempo que se ufanan de sus prestaciones en la atención primaria de la salud, y desde el Concejo tampoco se vislumbra ni un atisbo de presión política, como se ejerció en Rafaela, para que la ciudad no quede contaminada por la peor de las humaredas, más aún cuando el próximo invierno acecha, y no sea tan fácil que los empedernidos fumadores opten por salir al patio o la vereda para dar rienda suelta a ese vicio tan perjudicial para la salud de todos.
(Publicado el miércoles 7 de mayo de 2008 en diario El Informe)
Acceso a la información: sólo tiene sentido con sanciones ante la falta de respuestas
Después de larga espera, en la sesión legislativa de la semana pasada se presentaron dos proyectos de ordenanza en busca de garantizar el acceso de la ciudadanía venadense a la información pública, objetivo que suele transformarse en una misión imposible en todos lados, a pesar de que es un derecho consagrado por la Constitución, íntimamente vinculado al principio de publicidad de los actos de gobierno. Asimismo, el acceso a la información es un derecho de carácter instrumental, ya que permite el ejercicio de otros.
Por otra parte, la transparencia en la función pública, sobre todo en países de baja calidad institucional como la Argentina, no debe depender de la buena voluntad del gobierno de turno, sino que tiene que estar asegurada por una rigurosa estructura legal de acceso a la información pública basada en estándares internacionales, de modo tal de propiciar que la ciudadanía -control social-, la oposición -control político- y la prensa -contrapoder-, cuenten con las herramientas para fiscalizar las tareas de los ejecutivos nacional, provinciales y municipales. En este sentido, es meritorio que, en el plano local, el edil oficialista Miguel Pedrola y el opositor Fabián Vernetti, hayan presentado iniciativas que ahora esperan tratamiento en comisión. Al mismo tiempo, dichas propuestas sirvieron para que la mayoría de los venadenses se desayunara de la existencia -desde hace ocho años- de una normativa (2762 del año 2000) sobre el acceso de la ciudadanía a la información pública, creada a instancias del edil Esteban Stiepovich, pero que nunca se instrumentó, como tantas otras ordenanzas que nacen muertas. Tanto es así que ni los periodistas la conocían, hasta el punto tal que el 7 de junio de 2005, la Asociación Regional de Trabajadores de Prensa (Artrap) depositó un proyecto de su autoría en manos del concejal Pedrola.
De todos modos, la ordenanza 2762, que hoy se adopta como base para las reformas, contiene aspectos destacables, pues contempla un trámite sencillo, ágil y gratuito para el pedido de la información, estableciendo que no es necesario “indicar las razones que lo motiven”, en contraste con el Senado santafesino, que desde hace años obstaculiza la sanción de la ley provincial de acceso a la información -con media sanción en Diputados-, argumentando que el solicitante debe demostrar un “interés legítimo” en el requerimiento. Cabe esperar que en este nuevo período, la mayoría justicialista archive esas cláusulas restrictivas, pues en una democracia republicana, son los funcionarios los que deben justificar el motivo de la negativa a informar, y de ninguna manera es admisible que se obligue al ciudadano a probar la legitimidad de su interés.
La desempolvada ordenanza 2762 define un plazo razonable de 10 días hábiles para proveer la información, resultando exagerados los 30 días hábiles que propicia Pedrola. Otra arista negativa de la propuesta oficialista es que no prevé sanciones para los funcionarios responsables de eventuales incumplimientos. Sólo incluye una instancia de reconsideración -ante el intendente o el presidente del Concejo-, si la solicitud hubiera sido denegada, pero no especifica castigos para la inobservancia. En cambio, es aceptable la inclusión de las prestadoras de servicios públicos, en sintonía con las más modernas legislaciones sobre el acceso a la información pública, como la sancionada recientemente en la ciudad de Santa Fe, aunque es inocultable la intencionalidad política de incomodar a las cooperativas tantas veces enfrentadas con el scottismo.
Desde la oposición
El proyecto del bloque socialista impulsa la creación de una Oficina de Acceso a la Información Pública, absorbiendo las funciones del área de Prensa y Difusión, y así como Miguel Pedrola lo presentó “en el marco de la política de modernización del Estado y transparencia de los actos públicos que promueve el intendente José Luis Freyre…”, Vernetti lo hizo considerando que “ni para el ciudadano común ni para los funcionarios elegidos por el voto democrático se puede acceder a información clave del Municipio” (ver “Pedidos sin respuesta”).
En los detalles, el PS propone que se elimine del núcleo de excepciones informativas de la ordenanza 2762, a las declaraciones juradas patrimoniales, pero conserva el plazo máximo de 10 hábiles para evacuar las consultas, y establece que “se considerará como información a los efectos de esta normativa, cualquier tipo de documento que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas de reuniones oficiales. El órgano requerido no tiene la obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, salvo que el Departamento Ejecutivo y/o el Concejo Municipal se encuentre legalmente obligado a producirla, en cuyo caso debe proveerla, una vez producida según la normativa vigente”.
El concejal Vernetti también advierte que “si la demanda de información no hubiera sido satisfecha en los plazos perentorios establecidos en la ordenanza 2762, si no hubiera sido fundadamente denegada, o si la respuesta a la requisitoria hubiere sido inexacta, el solicitante se encuentra habilitado para actuar conforme lo establecido en la Ley Nº 9286 del Estatuto y Escalafón Municipal”. En consecuencia, el socialismo impulsa explícitamente una penalización para los transgresores, a los efectos de evitar que la ordenanza se transforme en otro catálogo de buenas intenciones y nula efectividad. En esta misma línea dura se inscribe el proyecto de los periodistas venadenses. Según el proyecto de la Artrap, “el funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministrase en forma incompleta, u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta ordenanza, es considerado incurso en falta grave, iniciándose en forma inmediata las acciones administrativas pertinentes”.
Pedidos sin respuesta
En una suerte de efecto dominó, así como el refrescante debate sobre el acceso a la información pública descubrió una ordenanza vigente desde 2000, también resucitó la 2315 de septiembre de 1995 (tres meses antes de la asunción de Roberto Scott como intendente), sobre “Plazos para respuesta de la Intendencia al Concejo”. Ante el sistemático desconocimiento del gobierno de Ernesto De Mattía a las demandas de información del Concejo, se estableció -seguramente con la firma del entonces edil Scott- un plazo de 10 días hábiles para que se cumpliera con los requerimientos, con un adicional de otros 10 días por razones fundadas. Pero, así como el gobierno radical mostraba una exasperante pereza para brindar esas respuestas, el scottismo actuó con la misma impronta a lo largo de 12 años -llegando al extremo de desconocer facultades indelegables del Concejo-, y tampoco se vislumbran cambios en ese sentido en la flamante gestión municipal. En otra expresión de voluntarismo, con la ordenanza 2315/95, los ediles generaron un hecho político en su tiempo, pero la norma casi nunca fue cumplida, sin que por ello merecieran reprimenda alguna los funcionarios involucrados. Si los concejales pretenden legislar con responsabilidad en esta cuestión, deberán incluir referencias concretas a las sanciones para los transgresores, porque sino estarán redactando letra muerta una vez más.
Trabas de Cristina
Según trascendió en diarios porteños, la presidenta Cristina Fernández modificará el Reglamento General del Acceso a la Información Pública, que había dispuesto Néstor Kirchner en los albores de su mandato con el decreto 1172/03, estableciendo que si no hubiera contestación, o si la información brindada fuera ambigua, parcial o inexacta, una vez cumplido el plazo de 10 días (con prórroga del mismo lapso), se puede iniciar una demanda judicial y una denuncia ante la Oficina Anticorrupción. En cambio, ahora se corre el riesgo de un entorpecimiento del trámite de protesta ante el incumplimiento de un funcionario, ya que las denuncias tendrán que ser presentadas exclusivamente ante la Oficina Anticorrupción, acompañando documentación que debería incluir hasta la “respuesta negativa” de quien debió haber informado. En principio, estas restricciones obedecerían a que el decreto de acceso a la información está siendo aprovechado por la oposición, que fracasaba -igual que los concejales opositores venadenses- en cada uno de sus pedidos de informes en el Congreso. Tanto es así que en los últimos cuatro años, el Gobierno sufrió varios sofocones por investigaciones legislativas surgidas a partir de la información obtenida por medio de esta herramienta. Paradójicamente, Cristina, que llegó a la Casa Rosada con las ínfulas de una restauradora de la calidad institucional, insinúa inquietantes retrocesos con estos presuntos intentos de restringir información pública. Pero la actitud no es nueva, porque -durante el gobierno de su marido- fue ella misma, desde la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación, la que desnaturalizó el proyecto de Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, que además de contar con media sanción de la Cámara baja, tenía el aval de académicos, periodistas, empresarios, ONG’s, funcionarios, consultores, asociaciones industriales y cámaras de comercio. Con ese consenso de la sociedad civil, la iniciativa permitía a cualquier ciudadano acceder a la información que se encuentra en los tres poderes del Estado -el actual decreto sólo comprende parcialmente al PEN-; algunas excepciones enumeradas en forma taxativa; un sistema de sanciones para los responsables que nieguen información injustificadamente y acciones judiciales rápidas a las que pueda recurrir la ciudadanía ante la violación de su derecho. En cambio, el texto aprobado por el Senado, con los cambios introducidos por la Comisión que presidía Cristina -con mayoría K-, acotaba sustancialmente el derecho y no respetaba estándares internacionales y constitucionales en la materia. Entre las modificaciones que auspiciaba la actual Presidenta, sobresalía la obligación de especificar los motivos para solicitar información; el carácter de declaración jurada del formulario; la fijación de aranceles para el trámite, entre otras. Finalmente, el ambicioso proyecto de ley perdió estado parlamentario, y la mayoría kirchnerista nunca recibió instrucciones para relanzarlo. Como planteó la periodista y senadora nacional por la Coalición Cívica, María Eugenia Estensoro en Crítica del último miércoles, “si el Gobierno quiere transparentar el manejo de la información en la Argentina (…) entonces no podemos discutir solamente la Ley de Radiodifusión, tenemos que debatir abiertamente, en el Congreso de la Nación -no en la Casa Rosada-, un paquete integral de normas: la normalización del Comfer, la ley de acceso a la información, la ley de medios públicos, una ley que establezca criterios de distribución de la pauta publicitaria oficial”.
(Publicado el viernes 2 de mayo de 2008 en diario El Informe)
Por otra parte, la transparencia en la función pública, sobre todo en países de baja calidad institucional como la Argentina, no debe depender de la buena voluntad del gobierno de turno, sino que tiene que estar asegurada por una rigurosa estructura legal de acceso a la información pública basada en estándares internacionales, de modo tal de propiciar que la ciudadanía -control social-, la oposición -control político- y la prensa -contrapoder-, cuenten con las herramientas para fiscalizar las tareas de los ejecutivos nacional, provinciales y municipales. En este sentido, es meritorio que, en el plano local, el edil oficialista Miguel Pedrola y el opositor Fabián Vernetti, hayan presentado iniciativas que ahora esperan tratamiento en comisión. Al mismo tiempo, dichas propuestas sirvieron para que la mayoría de los venadenses se desayunara de la existencia -desde hace ocho años- de una normativa (2762 del año 2000) sobre el acceso de la ciudadanía a la información pública, creada a instancias del edil Esteban Stiepovich, pero que nunca se instrumentó, como tantas otras ordenanzas que nacen muertas. Tanto es así que ni los periodistas la conocían, hasta el punto tal que el 7 de junio de 2005, la Asociación Regional de Trabajadores de Prensa (Artrap) depositó un proyecto de su autoría en manos del concejal Pedrola.
De todos modos, la ordenanza 2762, que hoy se adopta como base para las reformas, contiene aspectos destacables, pues contempla un trámite sencillo, ágil y gratuito para el pedido de la información, estableciendo que no es necesario “indicar las razones que lo motiven”, en contraste con el Senado santafesino, que desde hace años obstaculiza la sanción de la ley provincial de acceso a la información -con media sanción en Diputados-, argumentando que el solicitante debe demostrar un “interés legítimo” en el requerimiento. Cabe esperar que en este nuevo período, la mayoría justicialista archive esas cláusulas restrictivas, pues en una democracia republicana, son los funcionarios los que deben justificar el motivo de la negativa a informar, y de ninguna manera es admisible que se obligue al ciudadano a probar la legitimidad de su interés.
La desempolvada ordenanza 2762 define un plazo razonable de 10 días hábiles para proveer la información, resultando exagerados los 30 días hábiles que propicia Pedrola. Otra arista negativa de la propuesta oficialista es que no prevé sanciones para los funcionarios responsables de eventuales incumplimientos. Sólo incluye una instancia de reconsideración -ante el intendente o el presidente del Concejo-, si la solicitud hubiera sido denegada, pero no especifica castigos para la inobservancia. En cambio, es aceptable la inclusión de las prestadoras de servicios públicos, en sintonía con las más modernas legislaciones sobre el acceso a la información pública, como la sancionada recientemente en la ciudad de Santa Fe, aunque es inocultable la intencionalidad política de incomodar a las cooperativas tantas veces enfrentadas con el scottismo.
Desde la oposición
El proyecto del bloque socialista impulsa la creación de una Oficina de Acceso a la Información Pública, absorbiendo las funciones del área de Prensa y Difusión, y así como Miguel Pedrola lo presentó “en el marco de la política de modernización del Estado y transparencia de los actos públicos que promueve el intendente José Luis Freyre…”, Vernetti lo hizo considerando que “ni para el ciudadano común ni para los funcionarios elegidos por el voto democrático se puede acceder a información clave del Municipio” (ver “Pedidos sin respuesta”).
En los detalles, el PS propone que se elimine del núcleo de excepciones informativas de la ordenanza 2762, a las declaraciones juradas patrimoniales, pero conserva el plazo máximo de 10 hábiles para evacuar las consultas, y establece que “se considerará como información a los efectos de esta normativa, cualquier tipo de documento que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas de reuniones oficiales. El órgano requerido no tiene la obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, salvo que el Departamento Ejecutivo y/o el Concejo Municipal se encuentre legalmente obligado a producirla, en cuyo caso debe proveerla, una vez producida según la normativa vigente”.
El concejal Vernetti también advierte que “si la demanda de información no hubiera sido satisfecha en los plazos perentorios establecidos en la ordenanza 2762, si no hubiera sido fundadamente denegada, o si la respuesta a la requisitoria hubiere sido inexacta, el solicitante se encuentra habilitado para actuar conforme lo establecido en la Ley Nº 9286 del Estatuto y Escalafón Municipal”. En consecuencia, el socialismo impulsa explícitamente una penalización para los transgresores, a los efectos de evitar que la ordenanza se transforme en otro catálogo de buenas intenciones y nula efectividad. En esta misma línea dura se inscribe el proyecto de los periodistas venadenses. Según el proyecto de la Artrap, “el funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministrase en forma incompleta, u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta ordenanza, es considerado incurso en falta grave, iniciándose en forma inmediata las acciones administrativas pertinentes”.
Pedidos sin respuesta
En una suerte de efecto dominó, así como el refrescante debate sobre el acceso a la información pública descubrió una ordenanza vigente desde 2000, también resucitó la 2315 de septiembre de 1995 (tres meses antes de la asunción de Roberto Scott como intendente), sobre “Plazos para respuesta de la Intendencia al Concejo”. Ante el sistemático desconocimiento del gobierno de Ernesto De Mattía a las demandas de información del Concejo, se estableció -seguramente con la firma del entonces edil Scott- un plazo de 10 días hábiles para que se cumpliera con los requerimientos, con un adicional de otros 10 días por razones fundadas. Pero, así como el gobierno radical mostraba una exasperante pereza para brindar esas respuestas, el scottismo actuó con la misma impronta a lo largo de 12 años -llegando al extremo de desconocer facultades indelegables del Concejo-, y tampoco se vislumbran cambios en ese sentido en la flamante gestión municipal. En otra expresión de voluntarismo, con la ordenanza 2315/95, los ediles generaron un hecho político en su tiempo, pero la norma casi nunca fue cumplida, sin que por ello merecieran reprimenda alguna los funcionarios involucrados. Si los concejales pretenden legislar con responsabilidad en esta cuestión, deberán incluir referencias concretas a las sanciones para los transgresores, porque sino estarán redactando letra muerta una vez más.
Trabas de Cristina
Según trascendió en diarios porteños, la presidenta Cristina Fernández modificará el Reglamento General del Acceso a la Información Pública, que había dispuesto Néstor Kirchner en los albores de su mandato con el decreto 1172/03, estableciendo que si no hubiera contestación, o si la información brindada fuera ambigua, parcial o inexacta, una vez cumplido el plazo de 10 días (con prórroga del mismo lapso), se puede iniciar una demanda judicial y una denuncia ante la Oficina Anticorrupción. En cambio, ahora se corre el riesgo de un entorpecimiento del trámite de protesta ante el incumplimiento de un funcionario, ya que las denuncias tendrán que ser presentadas exclusivamente ante la Oficina Anticorrupción, acompañando documentación que debería incluir hasta la “respuesta negativa” de quien debió haber informado. En principio, estas restricciones obedecerían a que el decreto de acceso a la información está siendo aprovechado por la oposición, que fracasaba -igual que los concejales opositores venadenses- en cada uno de sus pedidos de informes en el Congreso. Tanto es así que en los últimos cuatro años, el Gobierno sufrió varios sofocones por investigaciones legislativas surgidas a partir de la información obtenida por medio de esta herramienta. Paradójicamente, Cristina, que llegó a la Casa Rosada con las ínfulas de una restauradora de la calidad institucional, insinúa inquietantes retrocesos con estos presuntos intentos de restringir información pública. Pero la actitud no es nueva, porque -durante el gobierno de su marido- fue ella misma, desde la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación, la que desnaturalizó el proyecto de Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, que además de contar con media sanción de la Cámara baja, tenía el aval de académicos, periodistas, empresarios, ONG’s, funcionarios, consultores, asociaciones industriales y cámaras de comercio. Con ese consenso de la sociedad civil, la iniciativa permitía a cualquier ciudadano acceder a la información que se encuentra en los tres poderes del Estado -el actual decreto sólo comprende parcialmente al PEN-; algunas excepciones enumeradas en forma taxativa; un sistema de sanciones para los responsables que nieguen información injustificadamente y acciones judiciales rápidas a las que pueda recurrir la ciudadanía ante la violación de su derecho. En cambio, el texto aprobado por el Senado, con los cambios introducidos por la Comisión que presidía Cristina -con mayoría K-, acotaba sustancialmente el derecho y no respetaba estándares internacionales y constitucionales en la materia. Entre las modificaciones que auspiciaba la actual Presidenta, sobresalía la obligación de especificar los motivos para solicitar información; el carácter de declaración jurada del formulario; la fijación de aranceles para el trámite, entre otras. Finalmente, el ambicioso proyecto de ley perdió estado parlamentario, y la mayoría kirchnerista nunca recibió instrucciones para relanzarlo. Como planteó la periodista y senadora nacional por la Coalición Cívica, María Eugenia Estensoro en Crítica del último miércoles, “si el Gobierno quiere transparentar el manejo de la información en la Argentina (…) entonces no podemos discutir solamente la Ley de Radiodifusión, tenemos que debatir abiertamente, en el Congreso de la Nación -no en la Casa Rosada-, un paquete integral de normas: la normalización del Comfer, la ley de acceso a la información, la ley de medios públicos, una ley que establezca criterios de distribución de la pauta publicitaria oficial”.
(Publicado el viernes 2 de mayo de 2008 en diario El Informe)
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