Entre las varias asignaturas pendientes que deberá enfrentar, a partir del 10 de diciembre, el intendente electo José Freyre, se encuentra el ordenamiento del tránsito vehicular en la ciudad, un problema sin solución para las tres gestiones consecutivas del scottismo. Desde el gobierno municipal se recurrió, una y otra vez, a sendas justificaciones, absolutamente comprobables, tales como el espíritu transgresor de los conductores, incluyendo desde camiones hasta bicicletas, y el alto promedio de unidades por habitante. Sin embargo, estas realidades, por influyentes que sean, en modo alguno eximen al oficialismo de la responsabilidad de no haber impulsado ninguna estrategia sostenida para ponerle límites al caótico tránsito venadense, que ya se cobró varias vidas en el sector céntrico, además de las tragedias que se repiten en las dos rutas nacionales que seccionan la ciudad. Suele decirse que la rigurosidad en materia de inspección de tránsito suele ser “piantavotos”, sobre todo cuando las normas se aplican sin privilegios para nadie, pero en las comunas que se ocuparon del tema con seriedad de estadistas, el tiempo demostró que esas decisiones políticas terminaron siendo alabadas por la población, simplemente por haber contribuido a una mejor calidad de vida.
Aún se desconoce en qué categoría del organigrama municipal encuadrará Freyre al área de Tránsito, pero lo más factible es que decida no perder tiempo y aprovechar los primeros meses de mandato para lanzar una estrategia capaz de evitar que la cuestión se convierta más adelante en un dolor de cabeza, aun cuando, a juzgar por los resultados electorales, este desmadre no significó mayores costos políticos para Roberto Scott.
Mientras tanto, desde la oposición promueven reformas para el ordenamiento del tránsito urbano, como el bloque legislativo pueblense que, entre otras cosas, propone fundar un sistema de premios y castigos para los conductores, bajo el mismo espíritu de proyectos existentes en las cámaras legislativas santafesinas. A la usanza de los modelos vigentes en ciertos países desarrollados, la iniciativa impulsa la entrega de la licencia para conducir, con un cierto puntaje inicial, que disminuye en función de la acumulación de sanciones, hasta desembocar en el retiro de la misma. También se imponen plazos de castigo para volver a tramitar el carné, como así también la obligatoriedad de aprobar un curso de reeducación vial, entre otras pruebas de aptitud. El proyecto meierista, que se estudia en una de las comisiones del Concejo, también contempla premios para los buenos conductores, como la reducción del costo de renovación de la licencia.
(Publicado el martes 31 de octubre de 2007 en diario El Informe)
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