Anoche, a pesar del mal tiempo, familiares, amigos y vecinos de Brian Díaz, el chico asesinado de un tiro el jueves último por otro adolescente en el barrio Ciudad Nueva, marcharon por el sector céntrico en demanda de justicia y seguridad, reforzando con esa presencia callejera la nota entregada el martes al intendente Roberto Scott “para prevenir males mayores y nuevos conflictos”. En esa ocasión, la treintena de firmantes solicitó que la Municipalidad disponga el inmediato traslado de la familia del joven agresor, alegando que los mayores no están nunca, “y los chicos se juntan y hacen lo que quieren”. En este sentido, la abuela de la víctima, y una de las promotoras de la marcha, Luisa Reina, fue contundente en sus dichos: “El barrio es el nido de la droga, y la policía lo sabe muy bien”.
Ya no se trata de episodios de violencia aislados en distintos puntos de la ciudad, ni tampoco de presuntos delincuentes foráneos que desembarcan para cometer fechorías y regresar de inmediato a sus lugares de origen. Estas teorías, tantas veces esgrimidas para deslindar responsabilidades, ya no tienen lugar, porque en el tejido social venadense se están generando las condiciones para arrojar a los adolescentes a la vagancia, el delito, el consumo de drogas y hasta la manipulación de armas de fuego.
Más allá de los pedidos de justicia y controles policiales, que son propios de estas circunstancias, ahora se incorpora el dramático reclamo de “traslado forzoso” de la familia Vélez, que sin bien es comprensible desde el punto de vista del dolor de los deudos, merece un análisis social más profundo, pues una aceptación de las autoridades municipales daría lugar a la formación de un ghetto en busca de recluir a las familias marginales. Lejos de haber hallado una solución, estaríamos agigantando la problemática social de los excluidos que existen en Venado, y que son más de los que la mayoría supone.
“Queremos un barrio seguro, un lugar en donde podamos criar con libertad a nuestros hijos…”, sostienen los vecinos del Ciudad Nueva, pero ese loable objetivo no se conseguirá mudando familias de una punta a otra de la ciudad, sino conteniendo a todos estos grupos de riesgo, mediante la Supersecretaría de Promoción Social que debutaría en el gobierno de José Freyre. A pesar de las inexplicables dificultades económicas que atraviesa, la Municipalidad está en condiciones de montar la estructura suficiente para generar emprendimientos productivos donde incluir a los jefes de estas familias en problemas y, junto con las autoridades regionales de Educación, garantizar la escolaridad de los hijos, todo bajo la supervisión cotidiana de asistentes sociales. Si nada de esto se lleva a cabo, no tiene sentido pedir más policías, o “mano dura”, ni tampoco demandar “traslados” que equivaldrían, una vez más, a barrer la tierra debajo de la alfombra. Si la marginalidad es una situación social, por lo general forzada, que apremia y tortura, la marginación por parte del resto de la sociedad es una fuente inagotable de resentimientos que pueden desbordar de la peor manera.
(Publicado el jueves 1 de noviembre de 2007 en diario El Informe)
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