En junio de 2005 se sancionó, a principio de 2006 entró en vigencia, y en agosto del mismo año se reglamentó la “ley antitabaco”, con la cual Santa Fe se anticipó a varias provincias, y al Gobierno nacional, cuyo proyecto de ley aún no consiguió atravesar el filtro del Senado. Sin embargo, no basta con la sanción de la ley, sino que también hay que hacerla cumplir. A veces, las nuevas normas no hacen más que adaptarse a los usos y costumbres, y entonces no hay mayores polémicas; pero en otras ocasiones, el texto y el espíritu de la ley chocan con hábitos culturales fuertemente arraigados en la sociedad, como el de fumar en lugares públicos, sin olvidar los lobbies de las tabacaleras, que también hacen lo suyo. Es aquí donde a la función del legislador debe suceder de inmediato la de los ejecutivos, ejerciendo sin dobleces el poder de policía, hasta convertir en sentido común la utopía de los no fumadores de respirar aire puro en bares y restaurantes, junto con restricciones a la publicidad y la venta de cigarrillos a menores, como lo hicieron con éxito tantos países, con el beneficio para la salud pública de reducir la morbimortalidad causada por el consumo activo y pasivo del tabaco.
La Ley 12.432, en su artículo 10, involucra a municipios y comunas, dentro de sus jurisdicciones, como “responsables de ejercer el debido cumplimiento de la presente ley”. Pero dicha norma sólo funciona en las municipalidades y comunas que razonaron con estatura de estadistas, mientras que en aquellas donde cada acto se evalúa en función de las próximas elecciones, prefieren dejar las cosas como están. Así, están todos en paz: los fumadores, porque pueden disfrutar de su vicio en cualquier lado; los empresarios, por no correr el riesgo de perder algún cliente; y los no fumadores… porque se muestran resignados a la indefensión.
Con otro compromiso con la comunidad, en junio del año pasado, el Concejo rafaelino -respetado por el intendente Omar Perotti- dispuso adherir a la ley provincial; autorizar a la Intendencia a firmar un convenio de colaboración con el Ministerio de Salud provincial para hacer efectiva la aplicación de la ley en el ámbito de la ciudad; y ordenar la realización de campañas de concientización y prevención contra el consumo del tabaco.
El objetivo de los rafaelinos era, en primer lugar, sensibilizar a la población, y recién en una segunda etapa, comenzar con las sanciones a través de inspectores municipales, pero una vez que todos supieran de qué se trata la ley. En Venado no se hizo nada.
Las autoridades locales, que no ignoran cuáles son sus obligaciones, descubren que sólo unos pocos se atreven a reclamar por sus derechos, y entonces se despreocupan de temas vinculados con la salud pública que deberían considerar prioritarios.
(Publicado el martes 9 de octubre de 2007 en diario El Informe)
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