Solamente el destino, o la voluntad popular de ratificar con holgura el proyecto kirchnerista, evitaron que la jornada de las elecciones presidenciales desembocara en un escándalo nacional, porque la catarata de denuncias de electores y dirigentes damnificados, dejó al desnudo que en varios sectores del conurbano bonaerense se perpetró un sistemático robo de boletas, que obligó a muchos ciudadanos a votar forzosamente en blanco, o hacerlo por un candidato que no era el de su preferencia. Sin embargo, los líderes de la oposición comprendieron que Cristina Fernández había superado la línea del 40 por ciento con el margen necesario para eludir la segunda vuelta, y limitaron el tono de las acusaciones, pero distinto hubiera sido el escenario si la candidata oficialista terminaba más cerca de la frontera entre la consagración de Cristina como presidenta electa y la convocatoria a un ballotage entre las dos más votadas para el 25 de noviembre. Como arguyó el Gobierno, los partidos de la oposición debían tener fiscales en todas las mesas para impedir estos atropellos, pero también es cierto que desde el poder político se negaron los episodios, como lo hizo el ministro del Interior, Aníbal Fernández, jactándose de haber monitoreado un comicio “sin ningún incidente en todo el país”, con la vana pretensión de ocultar la operación de robo de boletas.
Los electores, además de soportar su propia apatía, padecieron exageradas demoras para poder votar en muchos puntos del país, tanto por la sobrecarga de electores (así redujeron la cantidad de mesas), como por las dificultades para habilitar las urnas ante la masiva deserción de autoridades, que no solo demoraron el comienzo del acto, sino que también generaron dudas en cuanto a la transparencia del comicio, porque la fiscalización corrió por cuenta, en numerosos casos, de improvisados, en tanto que se desaprovechó la experiencia de los presidentes designados, como también de sus auxiliares, que al menos tenían los instructivos pertinentes. El Gobierno, como organizador de las elecciones, tampoco supo prever esta ola de renuncias, más allá de que el comportamiento de las autoridades de mesa que no cumplieron con sus deberes cívicos, es condenable, sobre todo porque en su mayoría pertenecen a los sectores medios, esos que con más énfasis demandan conductas intachables a sus dirigentes.
Tanto por el robo de boletas, como por las largas colas, se reabrió tímidamente el debate por la instrumentación del denominado “voto electrónico” para 2009, que ya funciona en varios países, y en la Argentina se vienen haciendo pruebas piloto en los últimos años. La iniciativa merece evaluarse en el marco de la tantas veces postergada reforma política aunque, en rigor, los antecedentes establecen que tampoco es la panacea.
(Publicado el martes 30 de octubre de 2007 en diario El Informe)
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