Las declaraciones del actual secretario de Salud de Rosario y futuro ministro de Salud santafesino, Juan Carlos Capiello, a favor de la despenalización del aborto, desataron numerosas adhesiones, aunque también algunos rechazos, como el del concejal scottista venadense Gustavo Giner, que se mostró escandalizado por la iniciativa. Mientras tanto, en nuestro país se desarrolla una campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en el marco de una alianza de organizaciones sociales, culturales y sindicales, junto con personalidades ligadas a los ámbitos académicos y científicos. El eslogan que propicia el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos básicos de todas las personas, es el siguiente: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Y el objetivo de la campaña es despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en hospitales públicos y obras sociales. Para los promotores de este movimiento progresista, “la despenalización del aborto significa que las decisiones reproductivas pertenecen a la conciencia (de la mujer o de la pareja), y no al Estado o a las iglesias”, advirtiendo también que “la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a practicarlo, pero sí exige del Estado garantizar las opciones, el acompañamiento y la calidad de atención a mujeres y niñas que atraviesan estas decisiones”.
También alertan que las mujeres pertenecientes a los sectores mejor ubicados social y económicamente acuden en forma privada a profesionales idóneos, en tanto que las originarias de las franjas más carecientes sólo tienen acceso a procedimientos caseros o de baja calidad, y por lo tanto, riesgosos para su salud y su vida. En este sentido, fuentes estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación afirman que el 70 por ciento de las muertes por gestación son totalmente evitables. Así pues, garantizar servicios de aborto legal, seguro y gratuito, se fundamenta en una razón de salud pública: la gran cantidad de abortos que se producen a diario con graves secuelas y daños para las mujeres que acuden a esta practica, y que podrían evitarse si estuvieran garantizados servicios integrales para mujeres y niñas. Por otra parte, estimaciones del Indec consignan que el 37 por ciento de los embarazos que se registran en el país terminan en aborto; y de ellos, cerca del 15 por ciento corresponde a adolescentes menores de 20 años.
Está muy claro que la clandestinidad del aborto no impide su realización, solamente aumenta los riesgos y atenta contra la dignidad de las mujeres y de toda la sociedad. Por el contrario, se sabe que la legalización del aborto los hace disminuir, en la medida en que suele estar acompañada de otras políticas públicas en el mismo sentido de vigencia del derecho a la vida de las mujeres. Tanto es así que en la Argentina hay 20 veces más muertes por aborto que en los países que lo han legalizado.
(Publicado el miércoles 28 de noviembre de 2007 en diario El Informe)
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