Que las cuentas sean públicas y no privadas

Con el reciente contrapunto entre el concejal Roberto Meier y el subsecretario de Hacienda, Guillermo Imbern, se desató una de esas polémicas valiosas que deberían darse más a menudo. Uno y otro discurrieron sobre las cuentas públicas venadenses, más allá de que lo hicieran con distintas interpretaciones. Todo comenzó cuando el demorado envío desde la Intendencia de la ejecución presupuestaria 2006 (¿el plazo no vencía en abril?) permitió a los ediles opositores elaborar las primeras conclusiones. En principio, los números municipales explicarían porqué la documentación fue presentada después de las elecciones generales, ya que los mismos no tienen ningún parentesco con la evolución que caracterizan a las economías de la Provincia y la Nación. El déficit de la administración local es millonario, y más preocupante aún resulta que no se visualizan estrategias para superar un estancamiento expresado claramente en la cuantiosa deuda acumulada con los proveedores y las amenazas para la prestación de los servicios.
En la misma línea de pensamiento del intendente Roberto Scott, Imbern le echa la culpa a la Sindicatura del BID por la pésima categorización de la Municipalidad en los registros del Banco Central, situación que le obstaculiza la gestión de créditos bancarios, desconociendo que el síndico está obligado -por ley- a brindar esa información ante la millonaria deuda municipal con la masa acreedora. También llama la atención que desde la Intendencia se insista, para justificar cuentas que no cierran, con el argumento de las tasas congeladas desde hace más una década, siendo que dicha decisión política se erigió en uno de los puntales de la campaña oficialista. En este sentido, otro dato sugestivo es que el descalabro se blanqueó después de las elecciones, como en el caso de los jubilados municipales y la publicidad oficial, aunque deslicen que el recorte del gasto comenzó a principio de año.
Todavía es una incógnita el comportamiento del cuarto gobierno scottista, con José Freyre sustituyendo a Scott en el Sillón de Aufranc, pero Imbern estableció la impronta de esta gestión en sus respuestas a Meier, lamentando tener que “hablar de estas cosas (las cuentas públicas) en los medios en lugar de estar trabajando”. Grosero error conceptual -y acto fallido- del subsecretario, sobre todo porque acababa de advertirle al edil opositor que no había comparación posible entre la función pública y la empresa privada. Con su particular definición, Imbern se ubicó en el rol de un empresario, que no tiene que rendirle cuentas a nadie, porque hace y deshace con su propia plata, más allá de las responsabilidades sociales que le caben. En la gestión estatal, debe privilegiarse la transparencia por sobre todas las cosas, pues se administra nada menos que dineros públicos, aunque ello no siempre ocurre, como acaba de ratificarlo el informe de Transparencia Internacional que coloca a la Argentina entre los países más corruptos del mundo, concluyendo, que “existe un alto nivel de informalidad en la gestión pública, una baja institucionalidad y las organizaciones de control son muy débiles”. Además, sostiene el organismo que “hay mucha concentración del poder en el Ejecutivo y mucho riesgo de que la función pública no se controle; hay muy poca transparencia y de ahí se genera mucho riesgo de corrupción”. Cualquier parecido… es pura coincidencia.
En Venado, las recientes declaraciones del funcionario mencionado como próximo secretario de Hacienda de Freyre, no auguran una tendencia distinta a la conocida hasta el momento en el gobierno local, con el agravante de que el Concejo, a partir de diciembre, al menos en lo cuantitativo, perderá poder de control ante el Departamento Ejecutivo. Asimismo, los antecedentes de esta gestión no son esperanzadores, a juzgar por celebérrimos desplantes al Concejo en la tercerización de Hacienda, los radares y los pagos a los Albarracín, como también por la sistemática falta de respuesta de la Intendencia a las solicitudes legislativas, hasta el punto tal que los propios ediles oficialistas rechazan con frecuencia los pedidos de informes de la oposición, y sin ponerse colorados. En este sentido, cabe recordar el lapidario trabajo estadístico sobre la falta de transparencia en la función pública venadense divulgado por el IERAL, instituto de la Fundación Mediterránea que también se hizo conocido en nuestra región por sus sucesivas distinciones a Corven y Essen Aluminio.
Entre las inusuales expectativas que deberá satisfacer el próximo gobierno provincial de Hermes Binner, donde algunos, incluso, se preparan para exigir que en pocos meses se solucione lo que otros no hicieron en largos años, habrá que incorporar el reclamo de una voluntad fiscalizadora de las cuentas de municipios y comunas que, hasta hoy, actúan con absoluta discrecionalidad, sin cumplir ni siquiera con las reglas más elementales de transparencia en la función pública.

(Publicado el viernes 28 de septiembre de 2007 en diario El Informe)

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