La confirmación de la quiebra de Olimpia en segunda instancia fue, en cierto modo, una noticia previsible, aun cuando el club tiene plazo hasta el 10 del mes entrante para interponer un recurso salvador. Es que la entidad de barrio San Martín, que conoció la gloria en la década de los ’90, auspiciado por el Banco Integrado Departamental, hace más de ocho años que viene eludiendo la liquidación patrimonial con la misma cintura que exhibían el Puma Montecchia o Lucas Victoriano desde la base del quinteto rojo. En marzo del ‘99, la institución había impulsado su propio concurso preventivo para zafar de un inminente pedido de quiebra por parte de algunos de sus acreedores. Caído el BID, su principal patrocinante, Olimpia extendió el período de éxitos deportivos, pero a costa de un fuerte endeudamiento económico. A partir de entonces, con el juez Federico Longobardi a cargo del caso, asume sus funciones el síndico Daniel Lesnaberes y Osvaldo Di Benedetto continúa en sus funciones como presidente. Hasta que en octubre de 2000, el club decide acogerse a los beneficios de la flamante ley de salvataje de entidades deportivas, dando lugar a la suspensión del concurso y, en principio, alejándose un poco más de la quiebra tan temida. Así pues, se forma un triunvirato fiduciario, compuesto por Víctor Hugo Berra, Juan Manzini y Hugo Caviasso, que administra el club bajo la supervisión judicial. El objetivo era conservar la plaza en el torneo de ascenso y, si fuera posible, ascender de categoría, pero también obtener excedentes, a través de la publicidad y los ingresos televisivos, para satisfacer los reclamos de los acreedores, que superaban los 600 mil pesos, según la primera verificación de créditos (más adelante se sumaron los perjudicados por la malograda tómbola). Sin embargo, ante la presión de los damnificados que seguían sin cobrar (API, ex entrenadores y ex jugadores), el juez Longobardi determina la quiebra en junio de 2004, pero la presentación de un recurso ante la Cámara de Apelaciones por parte del triunvirato posterga los efectos de la sentencia, en busca de ganar tiempo para conseguir nuevos patrocinantes. Desde entonces, Olimpia se mezcla entre los animadores de la segunda división del básquet nacional, aunque jamás logra reunir los ingresos suficientes para cumplir con sus acreedores. Tampoco el arribo de la “Gerenciadora Roja” alcanza para ello, a pesar de las buenas campañas. Y ahora acecha la quiebra, entrando en dudas la continuidad de la práctica profesional de básquet en Venado, e incluso el futuro del estadio Olimpia. Llegada esta instancia, la única alternativa para evitar la liquidación patrimonial, y sobrevivir, es el pago a los acreedores, o bien la suscripción de planes de pago. Recién entonces podría pensarse seriamente en la continuidad en los torneos de ascenso. De todos modos, el estadio, construido en el marco de la ley provincial del deporte -impulsada por el entonces legislador santafesino Julio Eggimann-, no puede ser objeto de liquidación, sino que debe permanecer dedicado a fines deportivos. Y aun en la peor de las hipótesis, la disolución de la entidad en el proceso de quiebra, el inmueble sería transferido directamente a manos del gobierno provincial.(Publicado el martes 31 de julio de 2007 en diario El Informe)
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