Bustos y Scott sólo coinciden en politizar el enigmático secuestro

El 2006 a punto de concluir había comenzado con signos de intolerancia política desde que el intendente Roberto Scott amenazó con enjuiciar a toda la oposición legislativa por ordenar la suspensión de los pagos -considerados abusivos- a los abogados Albarracín. Luego, la convivencia entre los distintos sectores resultó condicionada por esas demandas de Scott y sus asesores esperancinos, que en las últimas semanas empezaron a desvanecerse en los tribunales locales. Como se recordará, la violencia verbal alcanzó su clímax a mediados de abril, con los escarceos de pugilato entre Scott y el edil radical Lisandro Enrico, al término de uno de los micros radiales -contratados con dineros públicos- que el primer mandatario municipal manipuló en reiteradas ocasiones para descalificar a rivales políticos, empresarios, sindicalistas y periodistas, entre otros.
El intendente venadense, que ya había sido demandado por amenazas a militantes de organismos de derechos humanos, se encontró otra vez, en el cierre del año, como protagonista de pleitos judiciales, aunque ya no en el rol de querellante, sino como uno de los sospechados por el militante kirchnerista Darío Bustos, todavía hospitalizado, luego de padecer torturas en su reciente cautiverio.
De una punta a la otra del año, el común denominador local fue la politización de los acontecimientos. El propio Bustos había politizado sus penurias aún antes de ocurrir, mencionando nada menos que a Scott y sus secretarios José Freyre y Juan Vidal como los eventuales agresores. También su madre, Nélida Caseri, había profundizado en esa línea de análisis durante la ausencia de Bustos. Como respuesta, Scott se afirma en la misma politización, salpicando a sus adversarios de la interna justicialista: “Alguien le tiene que haber pagado para que diga eso (…) esto está armado y alguien le pagó”, presumió el jefe del Departamento Ejecutivo, abonando, sin disimulos, la temeraria hipótesis de la autoflagelación. Sin embargo, se contradijo a poco de andar en declaraciones a una radio rosarina, señalando que “todo se trata de un ajuste de cuentas”, con lo cual la agresión no habría sido consentida, para recordar enseguida que Bustos fue denunciado en diversos juzgados por golpear a su ex mujer. Según Scott, “todo está armado para perjudicar políticamente” a Freyre, a quien nunca antes había mencionado tan enfáticamente como precandidato a intendente por la agrupación que lidera.
Paradójicamente, Roberto Scott y los dirigentes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de ideologías diametralmente opuestas, coinciden en restarle trascendencia a la militancia por los derechos humanos de Darío Bustos. De todos modos, estos últimos repudiaron la violencia ejercida sobre el vecino del barrio Güemes, en tanto que Scott lo trata de mentiroso y mercenario, sin apiadarse de él en ningún momento. “No está tan lastimado como dice”, arriesga, chocando de frente contra la interpretación del mismísimo secretario de Derechos Humanos del gobierno obeidista, Domingo Pochettino, para quien las lesiones que presenta Bustos son “gravísimas”.
Entre Bustos y los funcionarios municipales cuestionados emerge otro personaje clave de esta enigmática historia: Nélida Caseri, madre de la víctima, y militante peronista de los ’70, que no sólo marcó la cancha cargando contra el intendente Scott y sus más cercanos colaboradores, sino también sobre la policía, la ex nuera, el juez de la causa y las autoridades del Hospital Gutiérrez. Si bien en sus frecuentes diálogos con la prensa ventiló intimidades de la tortuosa relación de su hijo con la ex esposa, Caseri siempre insistió en el móvil político del secuestro, reforzando esa teoría tras la aparición de Bustos en tan lamentables condiciones físicas y psicológicas.
El furioso contraataque de Scott era esperable, porque para salvaguardar su imagen, y la de su gobierno, necesita que la sociedad descrea de la versión de Bustos, o bien que el Poder Judicial, a través de las pericias y las testimoniales, descubra cuanto antes que se trata de un impostor autoflagelado, o bien que los tormentos existieron, pero a causa de un “ajuste de cuentas” por motivos pasionales o de negocios. En tal caso, el militante correría el riesgo de que le suelten la mano los organismos de derechos humanos de fuerte influencia kirchnerista -como Abuelas de Plaza de Mayo- que hasta hoy lo contienen.
Más allá de Scott y de Bustos, no es un buen epílogo del año para los venadenses. No lo habíamos empezado bien, desde el punto de vista de la armonía política, y lo terminamos muy mal. Ya no se habla en los medios nacionales ni del “paraíso sojero”, ni de los shopings, ni de las inversiones millonarias de Soros; se habla de desapariciones, torturas, amenazas y “gatillo fácil”.
Que el 2007 sea mejor.

(Publicado el viernes 29 de diciembre de 2006 en diario El Informe de Venado Tuerto)