Desde que en la última sesión legislativa los concejales votaron por unanimidad un aumento de de 1.200 pesos en sus ingresos, se desató una intensa polémica, con más rechazos que adhesiones. Sin embargo, conviene recordar que la fórmula polinómica que habilita estos periódicos ajustes, aprobada en 2004, sirvió en un principio para terminar con la discrecionalidad reinante hasta entonces, achicando los ingresos de 4 mil pesos a 1.300. Antes, bastaba que las dos terceras partes de los ediles acordaran una cifra para hacerla ley. En cambio, con la creación de la formulita, la dieta quedó atada al ajuste de los haberes de la categoría 15 del escalafón municipal, y los “gastos inherentes a la función pública” se actualizan con la evolución de los ingresos municipales. Precisamente este último ítem es el que se incrementó de 3.400 a 4.600 pesos, los que sumados a los 8 mil pesos de dieta, totalizan los 12.600 que percibirían ahora los nueve ediles.
La primera ola de críticas se generó por el inevitable efecto comparación, tanto con los 1.400 pesos de la mayoría de los jubilados, como por la mayoría de los salarios, que a duras penas pueden empatarle a la inflación. Y también con los ingresos del intendente de la ciudad, que a pesar de su dedicación full time (la mayoría de los concejales mantiene sus actividades particulares), gana el equivalente a dos dietas, es decir 16 mil pesos (14.800 pesos de bolsillo), una cifra apenas superior a la de los ediles. Sobre el primer caso, nunca es aconsejable igualar para abajo, pero también es cierto que los sectores más postergados acaban repudiando a los legisladores que se transforman en privilegiados, despertando sospechas sobre su genuina “vocación de cambio”. Sobre el segundo aspecto, sin dudas que un intendente debe tener mayores ingresos y tal vez lo más justo sea el equivalente a tres dietas. En cambio, la comparación que beneficia a los ediles venadenses es con el Concejo de Rafaela, cuyos sueldos superan los 11 mil pesos.
En paralelo, se registró un fenómeno saludable, cuando muchos venadenses comenzaron a evaluar, concejal por concejal, en qué medida merecen dichas retribuciones. Y de ese análisis se desprende que algunos ediles -los menos- compensan largamente los casi 13 mil pesos, y otros están por debajo de las expectativas, en especial por su escasa participación en el trabajo de las comisiones. Obviamente, como sería imposible conciliar una referencia objetiva para dimensionar el rendimiento de cada uno, y en función de ello, abonarle por sus servicios, surge que el premio o el castigo sólo puede ejercerlo el elector con el voto. No obstante, Vernetti machaca con una alternativa intermedia, proponiendo penalizar con descuentos a los que falten sin justificación a las reuniones de comisión.
Por su parte, el concejal Roberto Meier, autor de la polinómica, consideró que para un legislador que trabaja, “son razonables” los haberes actuales, aun cuando se manifestó dispuesto a revisar la fórmula de ajuste, en función de la disconformidad de la población. Luego, el Tío aclaró que no cuentan con partidas para el funcionamiento general, y todos los gastos deben ser soportados por ellos mismos, deslizando que a veces el ingreso neto mensual no es mucho mayor que los 8 mil pesos de la dieta, al menos cuando destinan la partida de “gastos inherentes a la función” (4.600 pesos) para destacarse (contratar asesores, por ejemplo) en su desempeño legislativo.
En rigor, el Concejo, que además de legislar, debe fiscalizar a la Intendencia y también a las prestadoras de servicios públicos concesionados, no está en condiciones de ejercer esas tareas con tan exiguo presupuesto. Aun trabajando a destajo, los ediles no podrían equiparar las estructuras profesionales del Departamento Ejecutivo, y ni siquiera de las cooperativas. De todos modos, en numerosas ocasiones, el Concejo evitó dispendios millonarios de la Intendencia, como lo recordó Meier sobre la tercerización scottista de la cobranza, que se rescindió con ayuda de la presión legislativa, y que hoy significaría una fuga de varios millones de pesos anuales. También señaló el concejal que ahora mismo el cuerpo resultó clave para que la Intendencia volviera sobre sus pasos, desechando el proyecto original del área de Planeamiento, que exceptuaba a los promotores de la Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) de la cesión al patrimonio municipal del 15 por ciento de las tierras adquiridas, es decir que una vez más, la oportuna intervención del Concejo favoreció a la comunidad, en este caso, en un valor millonario en dólares.
A favor de los castigados concejales también cabe mencionar que suelen ser el blanco predilecto de la crítica fácil, aun cuando en los ejecutivos municipales, por ejemplo, los gabinetes políticos suelen inflarse más de la cuenta, como también se sobredimensionan las plantas de personal, entre permanentes y contratados, y eso significa erogaciones mucho más significativas que las del ámbito legislativo, pero que no causan la misma irritación social.
(Publicado en El Informe de Venado Tuerto el lunes 26 de septiembre de 2011)
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