Más fondos para bomberos, pero con control público y sin dependencias políticas

Cara a cara con la prensa, el intendente José Freyre se descargó la semana pasada con reflexiones sobre el financiamiento del servicio de los bomberos voluntarios, luego de la escalada de incendios de campos que, incluso, ocasionó averías en una de las unidades móviles del cuerpo activo. Así como la típica reacción localista ante las frecuentes olas delictivas es la cita de urgencia a la Junta de Seguridad Urbana, era previsible que después de tantas hogueras y humaredas rodeando la manzana, las autoridades políticas -Intendencia y Concejo- reinstalaran en la agenda pública la recurrente problemática de los bomberos. Como lo dijo Freyre, en sintonía con casi todo el espectro político, a estas alturas, no basta con bomberos meramente voluntarios, como tampoco podría admitirse esa condición en un maestro o en un médico hospitalario, salvo en sus tiempos de practicantes. Así como una escuela o un hospital, la comunidad comprende que el servicio bomberil es indispensable y, en consecuencia, no debería depender exclusivamente de la solidaridad de sus asociados, o de bonos de colaboración que, a veces, tienen que vender los mismísimos bomberos.
Más allá de los recursos provenientes de la Nación y la Provincia para estos fines (que no se caracterizan por su abundancia), un servicio eficiente sólo podrá garantizarse desde la propia ciudad, y para eso es preciso reforzar la contribución comunitaria y, en paralelo, implementar un riguroso control de las cuentas -alimentadas con fondos públicos- mediante delegados de la Intendencia y el Concejo.
Hasta ahora, asistimos a una suerte de maridaje entre el gobierno municipal y los bomberos, con cargos jerárquicos rentados para algunos oficiales, como el jefe Daniel Romos, y el director de Tránsito, Daniel Virelaude, otro oficial procedente de Italia y Chacabuco. Además, otra docena de miembros del servicio revistan como empleados municipales, en una ayuda oficial (orilla los 600 mil pesos anuales) que, además de resultar insuficiente, genera riesgos de dependencia política. En cambio, el nuevo orden debería institucionalizar el vínculo, a los efectos de que los bomberos cuenten con los recursos necesarios en función de una política de Estado venadense, y queden liberados de comprometedoras “beneficencias” municipales, cualquiera sea el gobierno de turno.
Si bien en el largo plazo habría que desembocar en la profesionalización (¿cómo los zapadores de Rosario o Santa Fe?) del servicio, la prioridad debe ser el equipamiento, mantenimiento y actualización del cuartel (también ampliación, a través de un destacamento en el Parque Industrial, por ejemplo). En tal sentido, es oportuna la discusión sobre estrategias recaudatorias e injerencia estatal en la administración de los recursos, recordando, en principio, que nada hay más desigual que el aporte igualitario de cada uno de los ciudadanos, y por eso mismo deberán estudiarse a fondo las distintas propuestas, sin apuros ni presiones.
La primera metodología barajada fue la de las sobretasas, tanto sea la urbana o la rural. Más rápido que un bombero, el concejal Roberto Meier recicló un proyecto de su autoría, y para justificar el esfuerzo solicitado a los productores agropecuarios, estimó que casi la tercera parte del costo de las salidas bomberiles la ocasionan los incendios en zonas rurales. Pero, en este punto, el intendente descolocó al Tío, y puso en evidencia al grueso de los chacareros, revelando que de la tasa rural (por hectárea), a pesar de su módico costo, se cobró el 70 por ciento en 2007; el 50 por ciento en 2008 y apenas el 35 por ciento este año. “Algunos productores no podrán pagar, pero otros no tienen voluntad”, reprochó José Freyre. Después de ese planteo, se anuncian inminentes reuniones de las autoridades municipales con las entidades ruralistas en busca de regularizar esta situación, pues con tan magros porcentajes de pago, poco influirían las sobretasas que se impusieran por ese concepto. De todos modos, ante la baja cobrabilidad (temen que caiga más aún si se engrosan las tasas municipales con adicionales), el mandatario venadense habría entreabierto las puertas para cobrar el aporte para bomberos junto con los servicios prestados por la Cooperativa Eléctrica, o por la Cooperativa de Obras Sanitarias. Sin vacilar, la concejala vianista Patricia Romero impulsó en la sesión del último miércoles un proyecto para que los socios de la Eléctrica abonen una suma fija (entre 25 centavos y dos pesos) en función de las escalas de consumo. Además, la iniciativa contempla la presentación de balances y planes de inversión que deberá refrendar el poder político. Por su parte, el socialista Oscar Pieroni, considera que la prioridad es elaborar un presupuesto anual de necesidades por parte de los bomberos, que luego tendría que contar con la autorización del poder político, aclarando que “deberá respetarse la suma fija convenida”, es decir que no simpatiza con el proyecto meierista de sobretasas de recaudación variable, ni tampoco con la tercerización para la percepción de los recursos que impulsa Romero. Según Pieroni, las partidas para sostener a los bomberos deben surgir de las rentas generales, con el refuerzo de contribuciones específicas del campo y la industria. “Y una vez definido ese aporte comunitario, se establecerá el monitoreo municipal de los fondos, como no puede ser de otra manera”, dijo el concejal, en tanto que el radical Delfor Hernández ya adelantó su rechazo a cualquier tipo de sobretasa.
Intencionales o accidentales, los incendios que cercaron a la ciudad y la sumieron en el pánico, podrían quedar en el recuerdo como el principio del fin del voluntarismo, si es que por fin se concilia un criterio ecuánime de recaudación y se garantizan las prestaciones de los bomberos, en un marco de relación exclusivamente institucional con el gobierno venadense, y con un férreo control municipal y comunitario de los recursos.

(Publicado el lunes 7 de septiembre de 2009 en diario El Informe)