Bomberos: el Concejo alargó plazos para buscar consensos

Los concejales estaban dispuestos a considerar esta noche un mecanismo de financiamiento para los bomberos voluntarios, pero en la mañana de la víspera, tras un llamado del intendente José Freyre, el presidente del Concejo, Miguel Pedrola, adoptó la decisión más prudente, postergando el debate por una semana. Es que la sesión hubiera desembocado en una colisión de imprevisibles consecuencias entre la propuesta de los cinco concejales justicialistas y la de los cuatro del Frente Progresista; incluso, es posible que el condicionamiento político de las elecciones legislativas del domingo próximo hubiera reducido aún más el margen para la búsqueda de consensos. Pero no hay que inquietarse por la demora. Luego del fatídico fin de semana de la ciudad rodeada por incendios de campos, los venadenses estamos mejor que antes, porque se instaló el debate sobre las responsabilidades locales en el mantenimiento del servicio bomberil.
Además, como el cuartel de Italia y Chacabuco no saldrá de su empobrecida actualidad con proyectos elaborados a las apuradas, antes que demandar soluciones exprés, cabe reconocer como un sustancial progreso que el poder político municipal esté dedicado a ese tema con carácter de prioridad, aun cuando se transitan los últimos tramos de la campaña proselitista, y se amontonan asuntos pendientes que requieren la misma premura en el tratamiento.

Bloques inéditos
Entre las mayores sorpresas de este debate aún inconcluso sobresale la formación de dos bloques casi inéditos en el Concejo: el del cuarteto porotista (Miguel Pedrola, Gustavo Giner, Norma Orlanda y Bibiana Pieli) y la vianista Patricia Romero, y el del Frente Progresista, que reunió a los socialistas Roberto Meier, Oscar Pieroni y Fabián Vernetti, con el radical Delfor Hernández, sin pasar por alto el detalle de la unificación -al menos en este asunto- del trío binnerista.
Los cuatro ediles oficialistas, con la bendición del intendente José Freyre, anticiparon su intención de acompañar la iniciativa de Romero, que propicia la incorporación de un adicional a la tarifa eléctrica, de entre 25 centavos y dos pesos bimestrales. El pago sería opcional -mediante un troquelado- y la experiencia se implementaría durante un año, para luego evaluar sus resultados. Para algunos opositores, el oficialismo apela a la estrategia de tercerización para evitar que se sobrecarguen las tasas urbanas y rurales, y se resienta el ya flojo porcentaje de cobranza, sobre todo en la denominada tasa por hectárea. Otros, más suspicaces, la vinculan con un ardid electoralista destinado a mostrar la homogeneidad de la oferta peronista para la renovación legislativa.
Por su parte, el cuarteto del Frente Progresista, que no quiere crear cargos extra a la población, insistiría en afectar un 20 por ciento de la recaudación de la tasa rural al financiamiento de los bomberos, aclarando que el éxito de la fórmula estaría atado a que los productores agropecuarios perfeccionen su conducta tributaria y la Municipalidad cumpla con mayor eficiencia su rol de cobranza. Esta iniciativa se emparienta, en la orientación, con la ley provincial de bomberos -a punto de reglamentarse, según consignó el secretario parlamentario Lisandro Enrico-, que afectará el dos por ciento del impuesto inmobiliario urbano y rural que corresponde al Poder Ejecutivo, entre otros recursos, y a partir de 2010 será otra fuente de ingresos para los cuarteles santafesinos, en función de sus áreas de cobertura. Sin embargo, la propuesta en la que terció el candidato a concejal Carlos Díaz Vélez, disgustó al intendente Freyre y al presidente del Concejo, Miguel Pedrola, que cuestionaron a la oposición por sus posiciones “demagógicas, especulativas e inaplicables”. También el presidente de la institución bomberil, Sergio Gamberoni, se sumó a las críticas, abandonando el rol prescindente que debería conservar en orden a las usinas de financiamiento.

Lejos del consenso
Con esas acusaciones cruzadas entre los dos sectores que el domingo dirimirán la apetecida quinta banca, se arribó a las vísperas de la sesión decisiva, lejos de las condiciones ideales para establecer acuerdos políticos, sobre todo porque la cuestión en debate exige, si no la unanimidad de criterios, una amplia base de consenso para garantizar la masiva adhesión ciudadana a la normativa. En consecuencia, así como hubiera merecido repudios el binnerismo si aprovechaba la semana pasada la ausencia de Pedrola para aprobar su proyecto, también habría sido un error que la alianza de los cinco justicialistas apelara a la circunstancial mayoría simple para imponer el suyo, si hoy se llevaba a cabo la sesión. Es que no se trata de imponer el nombre a una nueva calle venadense, ni de un habitual pedido de informes a la Intendencia, sino de fijar una contribución económica para decenas de miles de asociados, aunque sea optativa y con destino a sostener un servicio público esencial.
Si hoy se realizaba la reunión de Concejo, cada bloque, además de defender su propuesta, hubiera agotado epítetos para descalificar al rival. El PJ alegaría que, aun con una cobrabilidad óptima, la recaudación en concepto de tasa por hectárea tendría que afectarse en un ciento por ciento al mantenimiento de los caminos rurales, como lo demandan los productores agropecuarios del distrito. Y el Frente Progresista insistiría, en sintonía con la Liga de Consumidores (Lideco), sobre la inconveniencia de anexar pagos adicionales, aunque sean troquelados opcionales, a las tarifas de cualquiera de los servicios públicos concesionados.
Sin embargo, en virtud de la sabia postergación, ahora se cuenta con un precioso plazo para obtener acuerdos, y en este sentido es indispensable que ninguna de las partes se atrinchere en defensa de planteos fundamentalistas. Una vez aplacadas las pasiones electorales, quizás exista el margen necesario para entablar una negociación generosa, en cuyo transcurso podrían caerse las propuestas que hoy se conocen, y en su lugar, irrumpir otras. Hoy mismo, aun antes de los comicios, habría puentes tendidos entre concejales justicialistas y binneristas para que grandes actores económicos locales, a través de un ajuste tributario, generen los aportes -se depositarían en una cuenta específica- para financiar a los bomberos en forma sustentable.
Si no hay vocación de consenso, hasta la más brillante iniciativa estará condenada al fracaso, y los perjuicios alcanzarán a todos: al poder político, desde ya, pero también a la comunidad y a los propios bomberos.

(Publicado el miércoles 23 de septiembre de 2009 en diario El Informe)