Calendario electoral, un debate que elude el fondo de la cuestión

La reciente determinación del calendario electoral santafesino, decretado por el gobernador Hermes Binner para el 28 de junio, las primarias (internas abiertas y obligatorias), y el 30 de agosto, las generales, desató el esperable repudio del peronismo, que pretendía superponer las generales santafesinas con los comicios para la elección de diputados y senadores nacionales del 25 de octubre.
Los distintos referentes del PJ provincial centraron sus discursos críticos en la presunta dilapidación de recursos por no hacer coincidir dichos actos electorales, como así también porque la mayoría de los actuales autoridades municipales y comunales estarán más ocupadas en campañas proselitistas que en atender sus responsabilidades en la función pública, más aún en las comunas, con renovaciones totales de las comisiones cada dos años.
Desde el Frente Progresista, las respuestas no se hicieron esperar: en primer lugar, desmintiendo que la coincidencia de fechas pueda generar un ahorro de dinero, porque, según argumentaron varios de sus legisladores, la Provincia y la Nación tienen que afrontar los gastos organizativos de cada elección, por su cuenta, más allá de la simultaneidad o no de las votaciones; y en cuanto a los tres comicios consecutivos que nos esperan (junio, agosto y octubre), consideran que esa “incomodidad” es preferible antes que la superposición de elecciones de distintas categorías, que suelen ocasionar efectos distorsivos, como, por ejemplo, que un brillante postulante provincial traccione a un mediocre candidato comunal, aun cuando no se trate de lista sábana horizontal. También es cierto que en este fenómeno de repetidas visitas a las urnas influye la modalidad de doble votación (primarias y generales), la cual -a no olvidarlo- fue conciliada por la mayoría de la dirigencia para sepultar la ley de lemas, tal vez el sistema más oneroso en función de sus nocivas consecuencias políticas.
También incorporan otro ingrediente a la polémica los que insinúan que la Casa Gris evitó la superposición de fechas para impedir que el senador Carlos Reutemann -el gran elector de la provincia junto con Binner-, desde su candidatura a la reelección, precipite el “efecto arrastre” a favor de los postulantes municipales y comunales de su sector, que competirán contra los binneristas sin Binner en la boleta. Desde ya, el PJ se afirma en esta hipótesis, y la coalición oficialista la niega tajantemente.
Sin embargo, lo medular del debate sobre el cronograma electoral está bastante lejos de estos cruces mediáticos. En este sentido, importa poco si el binnerismo acomodó el calendario para esquivar al Lole, o si el peronismo, en el flamante rol de oposición, cuestiona hoy lo mismo que hubiera impuesto sin ponerse colorado en el ejercicio del gobierno santafesino. En realidad, el pecado es que, a estas alturas, el gobernante de turno, cualquiera que fuere, cuente con la prerrogativa de establecer los cronogramas electorales con absoluta discrecionalidad, más allá de las consultas que pueda efectuar con el resto de los partidos políticos. En consecuencia, la reforma de la Constitución santafesina, que requiere una urgente actualización -incluso adaptarse a las reformas de la Carta Magna del ’94-, debería cobijar de una vez por todas el sistema electoral, que hasta hoy se puede modificar mediante un mero trámite legislativo. Para acabar con las polémicas, nuestra provincia, a través de una asamblea constituyente -¿en 2010 será el momento?-, tendrá que consagrar un capítulo electoral con rango constitucional, que elimine todas las especulaciones. Para ello, se deberían conciliar fechas fijas para las elecciones (como Estados Unidos, que en más de dos siglos jamás infringió para sus turnos presidenciales de cada cuatro años, el primer martes -posterior al primer lunes- de noviembre), o bien definir cierto período para esas convocatorias. Asimismo, resultaría oportuno debatir en dicha oportunidad otras propuestas en danza, como la prohibición de elecciones simultáneas en distintas categorías; la boleta única de votación; eliminación de las sumatorias entre partidos y de la doble candidatura; la extensión a cuatro años de los mandatos comunales, entre otras muchas cuestiones aún irresueltas. Sería muy saludable que los santafesinos contemplemos este tipo de iniciativas en una próxima reforma constitucional, en lugar de las tristemente célebres intentonas provinciales -explícitas o encubiertas- para impulsar mecanismos de reelección indefinida u otros intereses políticos subalternos, que flaco favor le hacen a la calidad institucional y a la legitimidad de la representación popular.

(Publicado el lunes 23 de febrero de 2009 en El Informe)