El mes pasado el presidente de la Cooperativa de Obras Sanitarias, Martín Bonadeo, denunció que numerosos venadenses estaban conectados ilegalmente a la red domiciliaria de agua potable, en algunos casos pinchando la cañería antes del cruce de los relojes medidores, y en otros, en obras en construcción de presupuestos millonarios, perjudicando así al conjunto de los asociados, que a la larga deben afrontar esas cuantiosas pérdidas económicas acumuladas. El directivo cooperativista también advirtió a través de los medios, con un carácter de ultimátum, que las inspecciones serían inflexibles y los infractores descubiertos tendrían que abonar fuertes multas. La mayoría creyó que se trataba de una amenaza más, como tantas otras veces, pero en esta oportunidad el Consejo de Administración de Obras Sanitarias habría adoptado la decisión política de actuar con severidad ante reiteradas situaciones como las que se citan, al estilo de la Cooperativa Eléctrica, que sanciona a los “enganchados” a las redes de electricidad, o a los que toquetean el medidor. Sin embargo, esta semana la apuesta se redobló, desde que los consejeros de Italia al 500, por unanimidad, resolvieron que las medidas ejemplarizadoras no se limitarían a cortar temporalmente el servicio de agua potable, que requiere de una sencilla operación y obliga a pagar un cargo por reconexión, sino que también se extenderían al sistema de cloacas. Luego de un concienzudo repaso del contrato de concesión y la ley provincial 11.220, que contempla estas penalizaciones, siempre que se lleven a cabo las notificaciones previas al usuario deudor, la empresa, que tiene decenas de asociados en dicha situación irregular, ya habría cursado varias cartas documento a los efectos de iniciar la serie de advertencias. Y en algunos casos estarían dadas las condiciones para el corte del servicio cloacal. “Hay casos de deudores de más de 60 meses, que demuestran sistemáticamente su negativa a pagar, y eso la Cooperativa no lo puede permitir”, expresó un directivo de la COS. “Sería fácil para nosotros pasar esta clase de incobrables a pérdida, pero también es injusto, porque así se legitima la impunidad, favoreciendo al infractor y perjudicando a la masa de asociados. Nuestra tarea es gestionar y en eso estamos”, agregó la misma fuente. Sobre la fecha estimada de los primeros cortes del servicio cloacal, trascendió que podrían concretarse la semana próxima, en cualquiera de los domicilios donde ya se agotaron las instancias previas de conciliación. “Se ejecuta una pequeña rotura en la vereda y se coloca un cepo en la cañería”, simplificó un miembro de la empresa, consultado sobre la metodología de trabajo.
Más allá de que los infractores castigados puedan tramitar un amparo judicial con diversos argumentos, el objetivo de la empresa cooperativa es establecer mecanismos reglamentarios para “acotar los comportamientos abusivos”. No obstante, el propio Bonadeo aclaró en la víspera que la medida sólo está planteada para casos de morosidad escandalosa y evidente renuencia al pago de las obligaciones, en tanto que se tendrían en cuenta los casos de usuarios de comprobada imposibilidad de pago (con certificación de asistentes sociales), hasta el punto que se estudia la incorporación de una tarifa social que se sumaría a los descuentos que actualmente se hacen a los jubilados.
(Publicado el viernes 4 de marzo de 2011 en diario El Informe)
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