Las fotos de Rostom, con apoyo popular e indiferencia de los suyos

La concejala oficialista Liliana Rostom, con bastante inocencia política, confesó el viernes último que estaba “sorprendida” por la repercusión nacional de sus últimas iniciativas legislativas. Según ella, no había motivos para que su proyecto de resolución generara tamaña polvareda. Pero tendría que saber Rostom que no era más de lo mismo solicitar autorización a la Cámara de Apelaciones en lo Penal para que, cada 30 días, el Concejo pudiera disponer de un informe sobre la evolución de las causas judiciales. Sin embargo, ese pedido fue eclipsado por el otro requerimiento incluido en el mismo proyecto, con la solicitud de autorización para que los medios de prensa pudieran publicar las fotografías de los delincuentes condenados por episodios de robo con uso de armas.
Sucede que Rostom, en su larga trayectoria como secretaria del Departamento Ejecutivo, tanto en Maestranza, con Roberto Scott, como en Espacios Públicos, con José Freyre, se destacaba por su prepotencia de trabajo, y no por trenzarse en debates de fondo. Pero en este tema que planteó con tanta naturalidad, incluso subestimando su trascendencia (“sólo es un pedido de autorización”, deslizó), se involucra en una honda porfía ideológica, alinéandose con los defensores de la “mano dura”, en oposición a la tendencia de los denominados “garantistas”.
A fines de la semana pasada, una encuesta en la edición electrónica de La Capital estableció que más del 90 por ciento de los votantes coincide con el Proyecto Rostom, y en una medición del envío televisivo regional En la Tecla (Canal 12), durante una entrevista en vivo con la autora de la polémica iniciativa, entre varias decenas de mensajes de texto y llamados telefónicos, las adhesiones crecieron hasta un 95 por ciento. Tan abrumadora mayoría tal vez obedezca a la falta de respuestas desde los poderes político y judicial ante el fenómeno de la inseguridad, aunque ya se probó en la Argentina, con el paquete de leyes impulsada por Juan Carlos Bloomberg, que ese endurecimiento no sirvió de nada, así como tampoco se redujeron los índices de delincuencia en los países, o estados, que legalizaron la pena de muerte.
Rostom alega que con la divulgación de los retratos de los condenados, la sociedad podrá protegerse, aunque la verdad es que la prevención desde el Estado tendría que empezar mucho antes, y por eso debería priorizarse otra clase de proyectos, que tiendan a evitar sucesos desagradables en virtud de la exclusión social, en lugar de resignarse a fotografiar a los autores de los mismos. Además, si el sistema carcelario está bien lejos de resocializar a sus pobladores (las más peligrosas bandas se forman en los presidios), la circulación de fotos impediría la inclusión social hasta de los pocos que en ese ambiente pueden regenerarse. Así, nadie tendría una “nueva oportunidad” y hasta se correría el riesgo de retroceder a la proliferación de “escraches”.
Sindicada como una de las sobrevivientes del viejo tronco scottista en el gabinete porotista, a partir de 2007, la técnica vial, ahora desde el Concejo, hubiera tenido el camino liberado para estos proyectos en la etapa scottista; en cambio, el psicólogo Freyre se habría disgustado con el arranque de Rostom, que no lo consultó previamente. Y esa misma actitud independiente acabó aislando a la concejala, que tampoco consiguió el apoyo de sus pares oficialistas, que habrían consultado al teléfono más cercano al Sillón de Aufranc. Con el intendente enojado, sus compañeros dándole la espalda -hasta Gustavo Giner, el más scottista del porotismo- y los opositores saliendo al cruce, como el radical Carlos Díaz Vélez, la propia Liliana Rostom descuenta que, más allá del abrumador respaldo popular y la inusitada trascendencia mediática, el proyecto acabará en el olvido en la Comisión de Gobierno, y si tiene un poco más de suerte, desembarcará en el recinto para que la mayoría del cuerpo fagocite la defensa casi solitaria de la autora.