Suba de tasas municipales con polémico "gatillo fácil"

La reciente aprobación de un aumento del 17 por ciento en las tasas municipales demostró que la Ordenanza General Impositiva merece una nueva revisión, porque es objetable la vigencia de una “cláusula gatillo” que propicia estos ajustes en función de la evolución de ciertos indicadores económicos que, para colmo, siempre ascienden, incluso contra toda lógica, como el precio del combustible, que continúa en alza, pese a que el barril de petróleo permanece con tendencia a la baja. Si bien los ediles del arco opositor aclaran que no existe ninguna “cláusula gatillo” (ajuste automático), porque es el Concejo quien tiene la última palabra en materia de tasas y tributos, la Intendencia, siempre necesitada de recursos, presionará una y otra vez con las conclusiones de dicha “tablita”, que no solo acorrala a la oposición, sino que también disminuye los costos políticos al oficialismo, sosteniendo sus pedidos de ajuste en normativas sancionadas con el consenso legislativo. En este sentido, el mismo presidente del Concejo, Miguel Pedrola, señaló que el aumento podría haber sido hasta del 23 por ciento. También argumentó que la Municipalidad debe seguir prestando servicios y no se puede desfinanciar. Todo eso es cierto. Pero, aun así, resulta discutible que, en ciertos períodos, las tasas deban “readecuarse” exclusivamente sobre la base del índice de precios, el valor del combustible y la escala salarial de los municipales. También importa evaluar el contexto social y económico en el momento de plantear esos ajustes, y además, los concejales deberían, tal vez, incluir otras referencias influyentes, como la calidad del gasto y la transparencia. Por ejemplo, un súbito aumento de las erogaciones en la planta de personal municipal, no justificaría un alza de las tasas, si es que dichas incorporaciones se vuelven improductivas o innecesarias. En consecuencia, esa cláusula, que no es “gatillo”, pero es “casi gatillo”, debería revisarse cuanto antes, sobre todo teniendo en cuenta que, desde diciembre de 2009, el actual oficialismo contará con una representación de -como mínimo- cinco ediles, es decir que tendría el número suficiente para aprobar todos los aumentos que demande el Departamento Ejecutivo, según la normativa vigente. También cabe acotar que las tarifas de los servicios de agua potable y cloacas, concesionados a la Cooperativa de Obras Sanitarias, se actualizan sobre la base de una fórmula polinómica compuesta por unas cuantas variables, aunque los nuevos valores recién se fijan cuando los aprueba el Concejo.
Sin embargo, no todas las culpas son achacables a la Intendencia en el segundo aumento consecutivo de tasas, previsible en medio de la crisis nacional e internacional, aunque al mismo tiempo sorprendente, si se recuerda que el scottismo se jactaba de gobernar sin tocar los impuestos.
En tal sentido, los ediles Roberto Meier y Delfor Hernández no hubieran querido que tan prontamente se verificaran las atribuciones de Pedrola en su rol de presidente del Concejo -el candidato que ambos acompañaron junto con el cuarteto oficialista-, pues con su determinante “doble voto”, acabó estableciendo el ajuste del 17 por ciento, sin dar lugar a mayores debates. Pero todavía es peor la situación política del radical Hernández, que no asistió a esa reunión extraordinaria, permitiendo que el flamante presidente -ahora en línea directa con la Intendencia- consumara la drástica suba. Casualmente, los tres concejales mencionados, que a fines del año próximo cumplirán ocho años de gestión, ya insinuaron otra coincidencia: todos ambicionan un tercer período consecutivo en la banca.
La concejala lucifuercista Patricia Romero -la más férrea opositora al porotismo a lo largo del año- se plantó desde el vamos en su negativa a avalar cualquier aumento de las tasas, por minúsculo que fuere; esa misma posición adoptó orgánicamente el Partido Socialista, alegando el ajuste concedido a principio de año y el incremento de la coparticipación a municipios y comunas desde la administración binnerista. También puntualizaron las contradicciones del Frente para la Victoria local, que vuelve a presionar a los contribuyentes en medio de la crisis y aprueba en Venado lo mismo que rechaza en Santa Fe. No sólo que esta vez coincidieron -raramente- el partido de la rosa y su terceto legislativo, sino que este último recobró la unidad de bloque, aunque sea por un rato.
En la misma tendencia crítica se enroló el ex concejal y actual secretario parlamentario santafesino, Lisandro Enrico, que repudió el aumento de las tasas municipales, condenando la “sobredimensión” del gasto público venadense y cuestionando a ediles opositores con excesiva predisposición a negociar con la Intendencia.
Tan cierto como que no se puede gobernar ni prestar servicios sin recursos, es que no se debe sobrecargar al contribuyente, pero ese equilibrio no se conseguirá solamente con la ayuda de “tablitas” que arrojan porcentajes en función de variables caprichosas, sino que se requiere el indispensable debate, que en esta ocasión no se generó con la intensidad deseable, ni en el Concejo ni, mucho menos, en la ciudad.