El juez de Menores Javier Prado, uno de los pocos magistrados de la región que da la cara ante las requisitorias periodísticas -sin perder la prudencia ni entorpecer la investigación-, y está siempre dispuesto a aclarar los casos judiciales cuya notoriedad pública así lo reclama, una vez más optó por llevar calma a la sociedad venadense tras la golpiza contra un alumno de séptimo grado del Colegio Sagrado Corazón, cometida el 15 del corriente por tres chicos de su misma edad. En esa ocasión, poco antes de comenzar la clase de Educación Física, según consta en la denuncia policial radicada por el padre del chico, lo tiraron al suelo, lo patearon, le hicieron tragar tierra y le introdujeron ramas por debajo de la ropa interior. En una entrevista concedida al programa En la Tecla (Canal 12), Prado confirmó que el viernes último los padres del damnificado se presentaron a ratificar la denuncia (también hay versiones de que impulsarían demandas civiles contra la escuela y los padres de los chicos agresores), es decir que ese día comenzó la investigación judicial del hecho, y subrayó que sólo se trató de lesiones leves. “De ninguna manera fue una agresión de índole sexual”, aseguró el funcionario, basado en constataciones médicas. “Pudo haber sido un hecho de consecuencias mucho más graves si el chico no conseguía escapar”, añadió, considerando que el episodio no debe minimizarse ni sobredimensionarse.
Luego aclaró que, más allá de las sanciones disciplinarias adoptadas por la entidad educativa y de la intervención del Ministerio de Educación provincial, el rol del Juzgado de Menores se limita a investigar qué tipo de delito se pudo haber cometido y quiénes son los involucrados, pero “como son menores y, por lo tanto, no punibles, y hasta ahora son lesiones leves, no trae consecuencias desde lo penal”, es decir que ninguna resolución judicial puede suspender a los alumnos agresores ni, mucho menos, ordenar un cambio de colegio. “No es competencia del Juzgado actuar en cuestiones disciplinarias internas”, ratificó Prado.
Próximos pasos
Sobre los próximos pasos, Javier Prado detalló que a partir de esta semana los alumnos sindicados como agresores deberán concurrir al Juzgado de Menores en compañía de sus padres. “Se los interrogará y tendrán el derecho de declarar o abstenerse de hacerlo y continuará la investigación con el objetivo de esclarecer el hecho, determinando quiénes fueron los involucrados y su grado de responsabilidad, pero insisto que por tratarse de chicos de 12 años, no son punibles, no se los puede condenar”, explicó el funcionario. “Lo único que podemos hacer desde el Juzgado es monitorear el desenvolvimiento social de los chicos, pero nada más”, advirtió. Y agregó que “si la investigación lo amerita, o lo pide el asesor de menores, también podría citarse a declarar a las autoridades del colegio”.
Más adelante, el juez señaló que por justa y rápida que sea la sentencia judicial, siempre es posterior al delito cometido, y en este sentido sugirió privilegiar la prevención, para lo cual dijo que tanto el colegio como el Ministerio de Educación tendrán que extremar las precauciones para disminuir los riesgos de nuevos sucesos violentos en el interior de la institución. “Sin dudas que dentro de la escuela se tendrá que dar un debate intenso, adoptar ciertas medidas y luego anunciarlas a la comunidad”, estimó el juez. Aun así, reflexionó que los comportamientos violentos entre jóvenes y adolescentes se detectan en todos los ámbitos sociales, hasta el punto que las familias más atentas a las andanzas de sus hijos suelen encontrarse con sorpresas desagradables ante el inmenso caudal de información y estímulos -de los buenos y de los malos- que reciben los chicos en la actualidad. También planteó que no ayudan en nada las versiones sensacionalistas que suelen echarse a rodar, porque a veces ocasionan daños imposibles de subsanar.
Daño psicológico
Más adelante, el juez de Menores opinó que si bien las lesiones físicas leves las sufrió el chico agredido, tanto él como los tres agresores son víctimas de un daño psicológico, como se desprende de que cientos de padres del colegio junten firmas para echar a los agresores de la escuela, y hasta para declarar “personas no gratas” a sus familiares. “El carácter de víctimas de este episodio lo sufren los cuatro, porque los tres imputados están siendo segregados y excluidos socialmente (…) la agresión física la habría sufrido un solo chico, pero el daño psicológico ahora lo padecen los cuatro”, evaluó Javier Prado. Tantas son las pasiones desatadas en torno a este tema que sobre el final de la semana pasada, apenas se rumoreó que los tres chicos podrían pasar al Instituto Santa Rosa, en el tradicional establecimiento religioso venadense de calle Belgrano, algunos grupos de padres ya estaban dispuestos a impedirlo apelando a la metodología de las firmas, en otra demostración más de que, a veces, la judicialización y la mediatización de un hecho delicado, con la inevitable exposición de las víctimas, no produce efectos tan benéficos como tal vez lo hubiera logrado un diálogo franco, sincero y autocrítico, con las autoridades corazonistas como mediadoras, entre todos los chicos involucrados y sus familias.
(Publicado el lunes 27 de septiembre de 2010 en diario El Informe)
