Tal vez el mayor escándalo sea cómo se naturalizó en los últimos años la incertidumbre sobre el comienzo de las clases en la Argentina, y en particular en Santa Fe. Resulta asimismo lamentable que en este conflicto sistemático, que coloca a los alumnos en la condición de rehenes, los antagonistas sean el gobierno provincial y los sindicatos docentes, ante la absoluta prescindencia de los padres, que deberían intervenir activamente, a través de las cooperadoras escolares, o de otras organizaciones, sea para mediar, sea para apoyar alguna de las posiciones en pugna.
Algunos gremios ya adelantaron su rechazo al aumento del 7 por ciento ofrecido por la Provincia, y otros, como Amsafe, tienen asambleas departamentales mañana y asamblea provincial el viernes, aunque, a juzgar por las declaraciones de sus más encumbrados referentes, “la oferta oficial es insatisfactoria” y, en todo caso, la discrepancia estará centrada en la mayor o menor rigurosidad del plan de lucha a iniciarse el lunes próximo.
Una vez más hay que redactar la crónica de una huelga docente anunciada. Una vez más hay que alertar sobre el fracaso de todos los actores por no encontrar solución para un cúmulo de reclamos que tiene como principal ingrediente a la cuestión salarial.
Gobierno y sindicatos docentes entraron una vez más en una espiral belicosa que colisiona con sus propios discursos, en una suerte de guerra fría que resiente la formación de los alumnos y conspira contra la igualdad de oportunidades que otrora distinguió a la escuela pública argentina. Incluso, en esta oportunidad, desde el Ministerio de Educación binnerista se deslizó la alternativa de descontar los días de ausencia a los huelguistas, agregando así otro elemento de tensión.
Hay argumentos de sobra para defender cada tesitura: los maestros santafesinos alegan que el 7 por ciento de aumento que les ofrece el gobierno para esta etapa ni siquiera compensa la inflación que les carcomió los salarios en los últimos meses, sin olvidar que, más allá de los porcentajes, poco y nada se puede hacer en la Argentina de hoy con haberes inferiores a 2 mil pesos mensuales en la base de la escala. Contra estos planteos, la Provincia recuerda que aun con los aumentos acordados en paritarias entre el Gobierno y los sindicatos docentes nacionales, dichos salarios no alcanzarán a igualar la línea de lo que ya se paga en Santa Fe. También advierte que en otros gremios son pocos los que consiguieron en los últimos tiempos un incremento del 7 por ciento. Y reprocha a los sindicalistas por no valorizar el proceso de titularización por concurso que comenzó el año pasado y continúa hoy y mañana con el ofrecimiento de 1.200 cargos.
Además, en el terreno político la gestión del Frente Progresista le achaca culpas a la oposición justicialista en la Legislatura, que levanta la mano para aprobar los tributos coparticipables (como inmobiliarios y patente automotor), pero niega la reincorporación del impuesto a los ingresos brutos a la industria y la construcción, por ejemplo, que permitiría al Estado provincial contar con recursos para afrontar en mejores condiciones la ola de reclamos salariales de los empleados públicos. Y objeta a la Nación, que cuenta con un Ministerio de Educación pero no tiene escuelas ni docentes, por el dinero que adeuda a Santa Fe en virtud de una descomunal concentración de recursos que afecta a todas las provincias, y que tiene su origen en la década menemista, cuando se transfirieron los servicios educativos a las provincias, pero no los recursos para sostenerlos. Hoy, esa distorsión presupuestaria, continúa sin corregirse.
En consecuencia, si entre gobernantes y maestros no hay atisbos de conciliación, los primeros porque no tienen con qué, y los segundos porque necesitan un poco más, habría que embarcarse en un debate de fondo, hasta generar una fórmula de equilibrio, como la que existe en Venado para ajustar las tasas o las tarifas de Obras Sanitarias, o en la Nación con la movilidad jubilatoria, para evitar que cada inicio de ciclo lectivo se transforme en un callejón sin salida -hasta que una de las partes tiene que ceder por el desgaste o el costo político-, con los chicos como mudos testigos de una porfía que les niega el rol de sujetos protagónicos del proceso de enseñanza-aprendizaje y los relega a la condición de objetos marginales.
Tal vez pueda ser posible esa política de Estado para 2011, porque en el Año del Bicentenario, entre tantas asignaturas pendientes, y tantas promesas grandilocuentes, las clases no empiezan, y así, por más que vibren los atriles, la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, se seguirá agrandando, y los privilegiados, como la realidad se empecina en demostrar, no serán precisamente los niños.
(Publicado el miércoles 24 de febrero de 2010 en diario El Informe)
