No hay dudas de que el flamante criterio de cálculo para la tasa general de inmuebles es más progresista en la distribución de las cargas para financiar la prestación de los servicios públicos básicos (recolección de residuos, limpieza de calles, desagües, atención primaria de la salud, etc.), sobre todo en la comparación con el antiguo sistema que tenía como referencia mixta los metros de frente de cada vivienda y una zonificación del alumbrado público de la década del ’70. En este verano, la Intendencia y el Concejo -con la sola excepción de la vianista Patricia Romero- dieron lugar a la reforma tantas veces postergada, que ahora genera la irritación de numerosos contribuyentes. Si bien es cierto que la Municipalidad no tiene porqué subsidiar los servicios que brinda al conjunto de la población (salvo a los que justifiquen su imposibilidad de pago) y que ni siquiera ahora, con ajustes de tasas que superaron el 300 por ciento, estará en condiciones desahogadas para cumplir con sus obligaciones elementales, el descontento popular con la medida era previsible. En primer lugar, la ciudadanía no es la culpable de que, desde principios de los ’90 hasta la fecha, las discrepancias de la clase política impidieran la actualización gradual de la tasa. El último retoque significativo data del ’91, con otro ajuste indirecto en febrero del ’93, cuando el intendente Ernesto De Mattía establece, con el aval legislativo, las sobretasas de salud (cinco por ciento) y desagües (10 por ciento). Luego, en 2000, el gobierno scottista, desconociendo al Concejo, impone ajustes unilaterales en algunos derechos (el DRI, por ejemplo), sin incluir las tasas, en el marco de una reforma a la Ordenanza General Impositiva, y enseguida se lleva a cabo una rezonificación parcial que, esta vez sí, aumenta las tasas en determinados sectores de la ciudad. No obstante, las correcciones que se requerían ante el paulatino encarecimiento de los servicios, se fueron dilatando una y otra vez, por especulaciones políticas, negligencia administrativa y afines.
Los memoriosos aún recuerdan el grave conflicto institucional de fines del ’93, en tiempos de De Mattía en la Intendencia y predominio del PJ en el Concejo; el mandatario radical de aquel entonces remitió a los ediles un proyecto de ordenanza solicitando un aumento de las tasas del 45 por ciento, pero los dos sectores peronistas coincidieron en frenar la iniciativa, tanto el de Haydée Guaci -con sólidos fundamentos-, como el del recién llegado Roberto Scott, cuya prioridad era poner piedras en el camino de la gestión dematiísta. Desde allí, la ciudad transcurrió más de 14 años -12 de ellos durante el mandato scottista- sin que la cuestión de las tasas se abordara con responsabilidad de estadista, y ahora esas miserias explotan en las manos del intendente José Freyre. Cabe acotar que, contra todos los pronósticos, en los tramos finales de su mandato, el viejo líder eludió asumir el costo político del aumento, aunque así lo aconsejaban las circunstancias para evitar el desgaste prematuro de la figura de Freyre con estas medidas impopulares. Hoy, sus incondicionales acólitos, en el marco de las fuertes internas que sacuden el gabinete bipolar, arriesgan que Scott buscaba cuidar la imagen, especulando con un posible regreso en 2011.
Gradualidad cero
En los meses previos a las elecciones del año pasado, la Intendencia enviaba todos los meses a cada contribuyente, junto con las tasas, una publicación oficial denominada “Noti Municipal”, con una frase elocuente: “12 años haciendo obras sin aumentar los impuestos”. La falsa propaganda del partido del gobierno -con dineros públicos- no tardaría en caerse a pedazos. Aun antes de asumir, Freyre debió apelar al arte de la negociación para persuadir a los ediles de la urgencia de actualizar las tasas y los impuestos, arguyendo que la ciudad ya no podía subsistir en esas condiciones. Como en la guerra, en los procesos electorales, la primera víctima es la verdad; pero poco después ya nadie negaba el brutal endeudamiento municipal, con el ex BID, con la Caja de Jubilaciones, con los proveedores, con el FAE, con el Hospital, con la concesionaria de la tercerización de Hacienda, con los profesionales foráneos contratados, y hasta con los concejales, sólo por citar algunos acreedores, y todo esto empeorado por la falta de obra pública y la nula capitalización, como lo corrobora el calamitoso estado del parque automotor, es decir que se consolidaba una creciente deuda pública sin ningún beneficio para la gente.
Ya con Freyre en el Sillón de Aufranc, como en las ciudades vecinas de Firmat y Rufino, la clase política local entendió que luego de tantos años de congelamiento demagógico de tasas, no había margen para establecer aumentos graduales, o escalonados, y así fue como se impuso un tarifazo que, para colmo, desnudó gruesos errores de instrumentación, a partir de la emisión del período febrero sin la correspondiente promulgación de la ordenanza, según revelaciones de las propias entrañas de San Martín y Marconi. En este sentido, tantas fueron las vacilaciones de la Intendencia en esta instancia, que en la facturación de las tasas se aclara que “el pago está sujeto a liquidación definitiva a practicar por esta administración”.
En la misma línea de controversias, cuentan que el oficialismo insistiría en subsanar un error propio cobrando un adicional -en virtud del ajuste de tasas- a los contribuyentes que, a principio de año, abonaron todo el período 2008 con el beneficio del 10 por ciento de descuento. Sin embargo, otras versiones aseguran que Freyre, en sintonía con el criterio de la mayoría de los concejales, anunciará en las próximas horas que no habrá una refacturación para los miles de venadenses que aprovecharon la tentadora rebaja. Otro desliz se habría dado con los aumentos en las sobretasas de salud y desagües, pese al acuerdo con el Concejo de congelar esos rubros, hasta tanto se decidiera su continuidad o discontinuidad. Luego, los legisladores conservaron la sobretasa de desagües y eliminaron la de salud, en función de los mayores ingresos garantizados a las arcas municipales por los incrementos de tasas, impuestos, coparticipación provincial y, en particular, las promesas binneristas de partidas específicas para la atención primaria de la salud. No obstante, trascendió que el intendente Freyre podría vetar la derogación de la sobretasa de salud, aun cuando ello resentiría sus buenas relaciones con el Concejo.
Luego, el gobierno porotista vuelve a equivocarse cuando procede a la emisión de las tasas sin ofrecer, al mismo tiempo, una información detallada a los contribuyentes del porqué de los aumentos; no apelaron a solicitadas en los diarios, ni tampoco -como hacían antes- a su publicación gráfica oficial, que esta vez habría sido oportuna para divulgar los pormenores del sistema de cálculo y así evitar que la actualización despertara tamaña indignación.
En el próximo gran debate del año, los concejales tratarán el Presupuesto 2008, donde tendrán la posibilidad de orientar los gastos; pero, de todos modos, no habría que esperar que estos mayores ingresos se transformen en futuras inversiones, como lo admitió el subsecretario de Hacienda, Guillermo Imbern; apenas si ayudarán a solventar la enorme masa salarial y achicar viejas cuentas pendientes.
(Publicado el lunes 10 de marzo de 2008 en diario El Informe)
El intendente Freyre fue al Concejo, ratificó promesas e insinuó estrategias
La asistencia del intendente José Freyre a la inauguración del período anual de sesiones ordinarias del Concejo se inscribió en la misma línea políticamente correcta desarrollada en este primer trimestre de gobierno, con un diálogo directo con los ediles de la oposición, las cooperativas de servicios públicos y las entidades intermedias más influyentes de la ciudad. “Tiene que mejorar nuestra democracia”, dijo Freyre, admitiendo tácitamente que las críticas a la falta de institucionalidad de la gestión scottista no habían sido fruto del ensañamiento, sino de la objetiva descripción de los hechos. Tanto es así que el miércoles último, después de más de un lustro de desplantes, los venadenses recién volvían a tener la presencia de un intendente, como lo mandan la ley y las buenas costumbres, en el estreno formal de las actividades legislativas. Conciente de que la transparencia administrativa tampoco se ubicó entre las fortalezas del gobierno del cercano antecesor, Freyre ratificó su voluntad de someter las cuentas públicas, no sólo a la fiscalización del Concejo, sino también a un control ciudadano, que bien podría complementarse con la convocatoria de ONG’s especializadas en auditar municipios y comunas, como el propio mandatario deslizó tiempo atrás. Hoy mismo, es imposible conocer la cantidad de empleados municipales (desde la oposición estiman que, en total, orillan los 1.500), ni tampoco resulta fácil acceder a datos oficiales sobre el plantel completo de cargos políticos y sus haberes. En función del renovado compromiso público del intendente, estas informaciones deberían suministrarse a la brevedad para fortalecer el discurso.
Perfil negociador
En otra marcada diferencia con Scott, Freyre no calificó al síndico de la quiebra del BID, Juan Venturini, como uno de los miembros del “eje del mal”, sino que reveló su intención de reiniciar las negociaciones con los acreedores a partir de una estrategia acordada con el Concejo. Realista, el intendente entiende que la ciudad no podrá desarrollarse sin créditos (“las obras no se hacen con buenas intenciones, sino con plata”, subrayó), pero esa opción de financiamiento seguirá vedada mientras no se destrabe la millonaria deuda con el ex BID, que arrastró a la Municipalidad a la incómoda categoría de “insolvente” en los registros del Banco Central. Scott insultaba a Venturini; Freyre acepta que debe negociar, sobre todo cuando las obras y los inmuebles adquiridos con el dinero prestado están a la vista de todos, más allá de los valores prohibitivos de la pavimentación ejecutada en la gestión de Ernesto De Mattía. Asimismo, Freyre aludió a la necesidad de empezar a resolver los cuantiosos endeudamientos con el Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y el Instituto de Previsión Social, que también se generaron entre los gobiernos de De Mattía y Scott.
Después de señalar que la Cooperativa de Obras Sanitarias podrá acelerar el ritmo de obras de agua potable y cloacas con la reciente actualización tarifaria del 30 por ciento en ambos servicios, ingresó en el delicado tema de la concesión eléctrica, con sugestivos tiros por elevación. “Nosotros vamos a poner todo el esfuerzo para lograrlo. Espero encontrar reciprocidad en las otras partes”, disparó el trajeado intendente, en referencia al Concejo y la Cooperativa Eléctrica. Es que así como en la Intendencia asumen que la oposición parlamentaria más encendida la ofrecerán, en este 2008, el ala dura del socialismo (Oscar Pieroni y Fabián Vernetti) y la vianista Patricia Romero, también son concientes de los costos políticos que ocasionaría otra negociación frustrada con la Eléctrica. Nadie olvida que por estos días se cumplen cinco años de la convocatoria a la Comisión Redactora del nuevo contrato de concesión; sin embargo, la comisión ni siquiera se completó y, obviamente, no se redactó ni un solo renglón. Para no volver a tropezar con la misma piedra, la primera estrategia porotista sería designar un negociador, con buenas aptitudes diplomáticas (alguna vez Scott convocó a José Elmir para destrabar “asuntos complicados”), y según se comentó en los corrillos previos al acto de apertura de las sesiones, el hombre en cuestión se erigiría en el delegado de la Municipalidad ante el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica. Cabe recordar que, para dicho rol, el Concejo designó a Miguel Pedrola en carácter de suplente, pero es la Intendencia quien debe nominar el representante del poder concedente.
Bendita obra pública
El caos del tránsito y la inseguridad reinante son un par de espadas de Damocles que penden, amenazantes, sobre la cabeza de Freyre. Sin vacilaciones, el intendente venadense asumió responsabilidades, incluyendo en el discurso ambos cometidos, aunque la experiencia dicta que no se trata de tareas de gobierno que vayan a fortalecer las simpatías de la gente con el oficialismo de turno. Por el contrario, son obligaciones indelegables del estadista que, por lo general, suelen convertirse en pesadas mochilas.
Por otra parte, entusiasmado con el súbito aumento de ingresos a las arcas municipales que le facilitó el Concejo (con el ajuste de tasas y tributos) y el gobierno provincial (mediante una mayor coparticipación), Freyre volvió a mencionar el lanzamiento de un plan sostenido de obras públicas, basado en la pavimentación, sin precisar todavía si apelará a la figura del fideicomiso, como ya lo hicieron los municipios de Río Cuarto y Paraná, entre otros.
Siempre en el ámbito de la obra pública, el mandatario renovó el compromiso de reanudar las gestiones por la erradicación del Basural que, desde ya, requiere en primer término una decisión política -urgente y realista- sobre la metodología de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios. A estas alturas, no se engaña a nadie echando culpas a Obras Sanitarias por las postergaciones, como lo hacía Scott para justificar su inoperancia; hoy, la Intendencia y el Concejo, deben resolver cómo se supera esta rémora ambiental, y recién después debería convocarse a la Cooperativa de Obras Sanitarias para la gestión del servicio de saneamiento.
Mientras tanto, la ciudadanía venadense, que sólo se escandaliza cuando la rotación del viento le recuerda a domicilio la existencia de tanta inmundicia acumulada y en constante estado de descomposición, tendría que demostrar más inquietud por esta gravísima problemática. Es que el árbol no nos deja ver el bosque, como se verifica cuando los vecinos piden la cabeza del intendente porque el recolector olvidó las bolsitas la noche anterior, pero ni abren la boca para demandar explicaciones por la subsistencia de una bomba de tiempo que, día tras día, alimentamos entre todos, sin importarnos las consecuencias.
(Publicado el viernes 7 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Perfil negociador
En otra marcada diferencia con Scott, Freyre no calificó al síndico de la quiebra del BID, Juan Venturini, como uno de los miembros del “eje del mal”, sino que reveló su intención de reiniciar las negociaciones con los acreedores a partir de una estrategia acordada con el Concejo. Realista, el intendente entiende que la ciudad no podrá desarrollarse sin créditos (“las obras no se hacen con buenas intenciones, sino con plata”, subrayó), pero esa opción de financiamiento seguirá vedada mientras no se destrabe la millonaria deuda con el ex BID, que arrastró a la Municipalidad a la incómoda categoría de “insolvente” en los registros del Banco Central. Scott insultaba a Venturini; Freyre acepta que debe negociar, sobre todo cuando las obras y los inmuebles adquiridos con el dinero prestado están a la vista de todos, más allá de los valores prohibitivos de la pavimentación ejecutada en la gestión de Ernesto De Mattía. Asimismo, Freyre aludió a la necesidad de empezar a resolver los cuantiosos endeudamientos con el Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y el Instituto de Previsión Social, que también se generaron entre los gobiernos de De Mattía y Scott.
Después de señalar que la Cooperativa de Obras Sanitarias podrá acelerar el ritmo de obras de agua potable y cloacas con la reciente actualización tarifaria del 30 por ciento en ambos servicios, ingresó en el delicado tema de la concesión eléctrica, con sugestivos tiros por elevación. “Nosotros vamos a poner todo el esfuerzo para lograrlo. Espero encontrar reciprocidad en las otras partes”, disparó el trajeado intendente, en referencia al Concejo y la Cooperativa Eléctrica. Es que así como en la Intendencia asumen que la oposición parlamentaria más encendida la ofrecerán, en este 2008, el ala dura del socialismo (Oscar Pieroni y Fabián Vernetti) y la vianista Patricia Romero, también son concientes de los costos políticos que ocasionaría otra negociación frustrada con la Eléctrica. Nadie olvida que por estos días se cumplen cinco años de la convocatoria a la Comisión Redactora del nuevo contrato de concesión; sin embargo, la comisión ni siquiera se completó y, obviamente, no se redactó ni un solo renglón. Para no volver a tropezar con la misma piedra, la primera estrategia porotista sería designar un negociador, con buenas aptitudes diplomáticas (alguna vez Scott convocó a José Elmir para destrabar “asuntos complicados”), y según se comentó en los corrillos previos al acto de apertura de las sesiones, el hombre en cuestión se erigiría en el delegado de la Municipalidad ante el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica. Cabe recordar que, para dicho rol, el Concejo designó a Miguel Pedrola en carácter de suplente, pero es la Intendencia quien debe nominar el representante del poder concedente.
Bendita obra pública
El caos del tránsito y la inseguridad reinante son un par de espadas de Damocles que penden, amenazantes, sobre la cabeza de Freyre. Sin vacilaciones, el intendente venadense asumió responsabilidades, incluyendo en el discurso ambos cometidos, aunque la experiencia dicta que no se trata de tareas de gobierno que vayan a fortalecer las simpatías de la gente con el oficialismo de turno. Por el contrario, son obligaciones indelegables del estadista que, por lo general, suelen convertirse en pesadas mochilas.
Por otra parte, entusiasmado con el súbito aumento de ingresos a las arcas municipales que le facilitó el Concejo (con el ajuste de tasas y tributos) y el gobierno provincial (mediante una mayor coparticipación), Freyre volvió a mencionar el lanzamiento de un plan sostenido de obras públicas, basado en la pavimentación, sin precisar todavía si apelará a la figura del fideicomiso, como ya lo hicieron los municipios de Río Cuarto y Paraná, entre otros.
Siempre en el ámbito de la obra pública, el mandatario renovó el compromiso de reanudar las gestiones por la erradicación del Basural que, desde ya, requiere en primer término una decisión política -urgente y realista- sobre la metodología de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios. A estas alturas, no se engaña a nadie echando culpas a Obras Sanitarias por las postergaciones, como lo hacía Scott para justificar su inoperancia; hoy, la Intendencia y el Concejo, deben resolver cómo se supera esta rémora ambiental, y recién después debería convocarse a la Cooperativa de Obras Sanitarias para la gestión del servicio de saneamiento.
Mientras tanto, la ciudadanía venadense, que sólo se escandaliza cuando la rotación del viento le recuerda a domicilio la existencia de tanta inmundicia acumulada y en constante estado de descomposición, tendría que demostrar más inquietud por esta gravísima problemática. Es que el árbol no nos deja ver el bosque, como se verifica cuando los vecinos piden la cabeza del intendente porque el recolector olvidó las bolsitas la noche anterior, pero ni abren la boca para demandar explicaciones por la subsistencia de una bomba de tiempo que, día tras día, alimentamos entre todos, sin importarnos las consecuencias.
(Publicado el viernes 7 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Ejemplo fueguino para una pauta oficial transparente
Semanas atrás se divulgó el decreto firmado por la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, que establece la forma en que el Poder Ejecutivo distribuirá su presupuesto publicitario, convirtiéndose en la primera provincia argentina que se regula la distribución de la publicidad oficial. Mientras tanto, en numerosas provincias ya existen proyectos de ley aguardando tratamiento legislativo, al igual que en ambas cámaras del Parlamento nacional.
Para la mandataria patagónica alineada con la ex candidata presidencial Elisa Carrió, se trata de “un paso imprescindible para evitar sospechas de favoritismos políticos y otorgar transparencia y control a la asignación de fondos públicos”.
El decreto obliga a las autoridades a “informar objetivamente sobre la gestión del gobierno, comunicar disposiciones normativas, preservar el medio ambiente y los derechos de usuarios y consumidores, difundir políticas públicas relevantes y afianzar principios constitucionales”. Además, en el texto se hace referencia a la Comisión de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando indica que “no existe un derecho intrínseco a recibir recursos del Estado por publicidad. Sólo cuando el Estado asigna estos recursos en forma discriminatoria, se viola el derecho fundamental a la libre expresión. Un Estado podría negarle (publicidad oficial) a todos los medios de comunicación, pero no puede negarle ese ingreso sólo a algunos medios con base en criterios discriminatorios”.
Al mismo tiempo, la norma crea un Registro Provincial de Medios de Comunicación, donde deberán inscribirse todos los interesados en contratar publicidad con el gobierno, estableciéndose un sistema que otorga puntajes según distintos criterios: producción local de contenidos, niveles de audiencia o tirada de ejemplares y cantidad de empleados, entre otros datos comprobables, y sobre la base de ese puntaje se prorrateará el monto disponible para publicidad. Hay otros requisitos exigibles para los medios, tales como tener a los trabajadores en situación regular y no poseer deudas impositivas.
Con esta herramienta, que contempla la divulgación pública de las pautas, se prevé una reducción drástica de la arbitrariedad y discrecionalidad en la distribución de las pautas, pues impedirá que los mandatarios de turno discriminen a los medios más críticos, en tanto que perderán intensidad las presiones desde los medios sobre los gobiernos, con exigencias de mayores contribuciones publicitarias a cambio de elogios o silencio.
(Publicado el jueves 6 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Para la mandataria patagónica alineada con la ex candidata presidencial Elisa Carrió, se trata de “un paso imprescindible para evitar sospechas de favoritismos políticos y otorgar transparencia y control a la asignación de fondos públicos”.
El decreto obliga a las autoridades a “informar objetivamente sobre la gestión del gobierno, comunicar disposiciones normativas, preservar el medio ambiente y los derechos de usuarios y consumidores, difundir políticas públicas relevantes y afianzar principios constitucionales”. Además, en el texto se hace referencia a la Comisión de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando indica que “no existe un derecho intrínseco a recibir recursos del Estado por publicidad. Sólo cuando el Estado asigna estos recursos en forma discriminatoria, se viola el derecho fundamental a la libre expresión. Un Estado podría negarle (publicidad oficial) a todos los medios de comunicación, pero no puede negarle ese ingreso sólo a algunos medios con base en criterios discriminatorios”.
Al mismo tiempo, la norma crea un Registro Provincial de Medios de Comunicación, donde deberán inscribirse todos los interesados en contratar publicidad con el gobierno, estableciéndose un sistema que otorga puntajes según distintos criterios: producción local de contenidos, niveles de audiencia o tirada de ejemplares y cantidad de empleados, entre otros datos comprobables, y sobre la base de ese puntaje se prorrateará el monto disponible para publicidad. Hay otros requisitos exigibles para los medios, tales como tener a los trabajadores en situación regular y no poseer deudas impositivas.
Con esta herramienta, que contempla la divulgación pública de las pautas, se prevé una reducción drástica de la arbitrariedad y discrecionalidad en la distribución de las pautas, pues impedirá que los mandatarios de turno discriminen a los medios más críticos, en tanto que perderán intensidad las presiones desde los medios sobre los gobiernos, con exigencias de mayores contribuciones publicitarias a cambio de elogios o silencio.
(Publicado el jueves 6 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Con agua potable y cloacas en marcha, ahora es el turno de la basura
Aunque sólo resta la formalidad de la aprobación legislativa después del visto bueno de la Intendencia y la Autoridad de Aplicación, la actualización del 30 por ciento para los servicios de agua potable y cloacas tranquilizó a la Cooperativa de Obras Sanitarias, que ya estaba sufriendo los efectos de un largo retraso de las tarifas, pues desde el comienzo de la concesión del agua potable -hace poco más de cinco años-, sólo le había sido reconocido un ajuste en el porcentaje de capitalización para el desarrollo de obras. Con el mismo criterio demagógico usado por el gobierno municipal para congelar los tributos en los últimos años, y sobre todo el pasado año electoral, a Obras Sanitarias también le habían negado esa posibilidad, complicando el ritmo de su plan de obras. Asimismo, algunos concejales continúan machacando con ciertos incumplimientos contractuales, olvidando que no es gas natural ni electricidad el fluido que se distribuye, sino agua potable, un alimento que -a pesar de su importancia vital- no es asumido como una prioridad por miles de venadenses, más aún cuando lo pueden obtener desde las napas subterráneas, claro está que al costo de una contaminación química y bacteriológica para los consumidores.
Como quedó dicho, con estas nuevas condiciones, la empresa podrá imprimir un ritmo más sostenido en el desarrollo del sistema de agua potable, como así también en el servicio cloacal. Además, en el marco de una relación más amigable con el poder político, es preciso fortalecer las gestiones para que la Cooperativa de Obras Sanitarias pueda acceder a subsidios nacionales o provinciales destinados a obras de saneamiento, a los efectos de que la ciudad, en el menor plazo posible, cuente en toda su geografía con ambos servicios tan vinculados a la calidad de vida.
Mientras la cooperativa lanza la batalla final por el despliegue de estos servicios, la Municipalidad tendrá que hacer lo suyo con una de sus tantas asignaturas pendientes: los residuos sólidos urbanos, en orden a su tratamiento y disposición final. Si bien Obras Sanitarias es la depositaria natural de una eventual concesión, la decisión política deben tomarla la Intendencia y el Concejo, dirimiendo, en primer lugar, la metodología de trabajo, pues ya se sabe que, además de la cooperativa, hay ediles que se oponen con firmeza al “enterramiento sanitario”. También existen propuestas intermedias, que aceptan el enterramiento en una primera etapa -será difícil encontrar el espacio físico para ello-, pero con la condición de impulsar, paralelamente, un arduo proceso de concientización comunitaria para sentar las bases de una planta de tratamiento y reciclado.
Así como la responsabilidad en el agua potable y las cloacas es hoy de Obras Sanitarias, por tratarse de la concesionaria de dichos servicios, la erradicación del basural a cielo abierto y la generación del nuevo sistema, es una cuestión inherente al poder político local, que cuanto antes tendrá que ponerse en línea con los requerimientos ambientales de las leyes santafesinas.
(Publicado el miércoles 5 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Como quedó dicho, con estas nuevas condiciones, la empresa podrá imprimir un ritmo más sostenido en el desarrollo del sistema de agua potable, como así también en el servicio cloacal. Además, en el marco de una relación más amigable con el poder político, es preciso fortalecer las gestiones para que la Cooperativa de Obras Sanitarias pueda acceder a subsidios nacionales o provinciales destinados a obras de saneamiento, a los efectos de que la ciudad, en el menor plazo posible, cuente en toda su geografía con ambos servicios tan vinculados a la calidad de vida.
Mientras la cooperativa lanza la batalla final por el despliegue de estos servicios, la Municipalidad tendrá que hacer lo suyo con una de sus tantas asignaturas pendientes: los residuos sólidos urbanos, en orden a su tratamiento y disposición final. Si bien Obras Sanitarias es la depositaria natural de una eventual concesión, la decisión política deben tomarla la Intendencia y el Concejo, dirimiendo, en primer lugar, la metodología de trabajo, pues ya se sabe que, además de la cooperativa, hay ediles que se oponen con firmeza al “enterramiento sanitario”. También existen propuestas intermedias, que aceptan el enterramiento en una primera etapa -será difícil encontrar el espacio físico para ello-, pero con la condición de impulsar, paralelamente, un arduo proceso de concientización comunitaria para sentar las bases de una planta de tratamiento y reciclado.
Así como la responsabilidad en el agua potable y las cloacas es hoy de Obras Sanitarias, por tratarse de la concesionaria de dichos servicios, la erradicación del basural a cielo abierto y la generación del nuevo sistema, es una cuestión inherente al poder político local, que cuanto antes tendrá que ponerse en línea con los requerimientos ambientales de las leyes santafesinas.
(Publicado el miércoles 5 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Coparticipación más justa, pero en todos los niveles
Bajo el argumento de que la provincia de Santa Fe tiene un “alto rendimiento fiscal”, los mandatarios municipales y comunales de extracción justicialista abroquelados en el Frente para la Victoria, se reunieron el último fin de semana en la ciudad de Cañada de Gómez para reclamar una nueva ley de coparticipación. Los participantes del foro -asistió el intendente venadense José Freyre- consideran oportuna la implementación de un modelo análogo al vigente en las provincias de Córdoba y Buenos Aires. En tal caso, la coparticipación se incrementaría en dos puntos, del 13,43 al 15,43 por ciento, que se traduciría en un aumento de los ingresos a distribuir en poco más de 100 millones de pesos. Si bien se ocuparon de establecer que no se trata de un reproche al gobierno del Frente Progresista -hasta el punto tal que valorizaron los adelantos de coparticipación otorgados-, los funcionarios opositores creen que “los municipios no tienen demasiadas opciones de financiamiento” y, en este sentido, los ingresos por coparticipación son indispensables para solventar el pago de los sueldos y la prestación de los servicios públicos. Asimismo, los protagonistas del Foro sostienen que la provincia “mantiene una excelente performance fiscal mientras que muchos de los municipios y comunas de la provincia están teniendo serios problemas para financiar su funcionamiento”.
En general, los planteos parten de bases ciertas, pero se debilitan por evitar las mismas consideraciones políticas respecto del Gobierno nacional, que reniega del federalismo, engrosando la recaudación mediante cuantiosos tributos no coparticipables con las provincias, como las retenciones al agro y la Ley del Cheque, perjudicando por consiguiente a municipios y comunas. Al mismo tiempo, desconoce el cumplimiento de los nuevos criterios de coparticipación federal contemplados en la reforma constitucional del ’94, aun contando con mayoría en ambas cámaras legislativas. Además, los que, desde el ’83 a la fecha, suscribieron pactos lesivos con la Casa Rosada para los intereses de sus municipalidades y comunas, fueron los gobiernos justicialistas que se sucedieron en el poder político santafesino, con el respaldo de la dirigencia territorial que recién ahora se atreve a levantar la voz. También puede citarse que desde diciembre pasado los mandatarios del PJ ya no cuentan con el auxilio discrecional de la caja provincial de un gobierno afín, y entonces están urgidos de estas reformas; caso contrario, no tendrían otra opción que fijar fuertes ajustes tributarios locales, como ocurrió en la vecina administración rufinense y, en menor medida, en Venado. Entre los gobiernos quejosos, también se incluyen algunos que no se caracterizaron por desarrollar administraciones prolijas, aun cuando fueron reelectos por la ciudadanía.
Hace largos años que las provincias sufren un despojo injusto e ilegítimo por parte del Estado nacional, en términos de distribución de impuestos, que se manifestó en la dictadura y se profundizó en la democracia, incluso de la mano de mandatarios y legisladores de origen provinciano. A estas alturas, para desterrar esta rémora, los dirigentes deberán sacarse de encima los condicionamientos de las disciplinas partidarias y actuar desde una perspectiva institucional; así pues, resultarían más creíbles las demandas de los intendentes y jefes comunales del kirchnerismo si, al mismo tiempo, se hicieran cargo de reclamarle al gobierno de su mismo signo en el orden nacional, la reinstauración de los conceptos elementales del federalismo, desde el enorme poder político que controla.
(Publicado el martes 4 de marzo de 2008 en diario El Informe)
En general, los planteos parten de bases ciertas, pero se debilitan por evitar las mismas consideraciones políticas respecto del Gobierno nacional, que reniega del federalismo, engrosando la recaudación mediante cuantiosos tributos no coparticipables con las provincias, como las retenciones al agro y la Ley del Cheque, perjudicando por consiguiente a municipios y comunas. Al mismo tiempo, desconoce el cumplimiento de los nuevos criterios de coparticipación federal contemplados en la reforma constitucional del ’94, aun contando con mayoría en ambas cámaras legislativas. Además, los que, desde el ’83 a la fecha, suscribieron pactos lesivos con la Casa Rosada para los intereses de sus municipalidades y comunas, fueron los gobiernos justicialistas que se sucedieron en el poder político santafesino, con el respaldo de la dirigencia territorial que recién ahora se atreve a levantar la voz. También puede citarse que desde diciembre pasado los mandatarios del PJ ya no cuentan con el auxilio discrecional de la caja provincial de un gobierno afín, y entonces están urgidos de estas reformas; caso contrario, no tendrían otra opción que fijar fuertes ajustes tributarios locales, como ocurrió en la vecina administración rufinense y, en menor medida, en Venado. Entre los gobiernos quejosos, también se incluyen algunos que no se caracterizaron por desarrollar administraciones prolijas, aun cuando fueron reelectos por la ciudadanía.
Hace largos años que las provincias sufren un despojo injusto e ilegítimo por parte del Estado nacional, en términos de distribución de impuestos, que se manifestó en la dictadura y se profundizó en la democracia, incluso de la mano de mandatarios y legisladores de origen provinciano. A estas alturas, para desterrar esta rémora, los dirigentes deberán sacarse de encima los condicionamientos de las disciplinas partidarias y actuar desde una perspectiva institucional; así pues, resultarían más creíbles las demandas de los intendentes y jefes comunales del kirchnerismo si, al mismo tiempo, se hicieran cargo de reclamarle al gobierno de su mismo signo en el orden nacional, la reinstauración de los conceptos elementales del federalismo, desde el enorme poder político que controla.
(Publicado el martes 4 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Real: La regionalización es el tiro de gracia para falsos gestores y traficantes de influencias
El martes último, el diputado provincial y presidente del bloque del Partido Demócrata Progresista, Gabriel Real, participó en nuestra ciudad de una reunión de las fuerzas políticas integrantes del Frente Progresista en busca de darle a la concertación una organicidad institucional en la región. Previo al encuentro con el resto de los referentes binneristas en la sede venadense del PDP, el dirigente visitó la Redacción de El Informe, y se refirió con entusiasmo a los proyectos de descentralización y regionalización impulsados por el gobierno provincial, destacando la importancia de dichos compromisos contenidos en la plataforma binnerista. Tras asegurar que en corto lapso estos nuevos conceptos se reflejarán en una mayor influencia de la región en las decisiones vinculadas a las funciones y servicios que presta la administración santafesina, tales como salud, educación, seguridad y justicia, Real aseveró que “con la regionalización en las cinco áreas de la provincia se producirá un cambio drástico en las formas de gestionar, pues se terminarán los falsos gestores y los traficantes de influencias. Estas políticas les darán el tiro de gracia a las prácticas que nada tienen que ver con la igualdad y la justicia distributiva, cuestiones esenciales de la vida republicana”, manifestó el vicepresidente del bloque de diputados provinciales del Frente Progresista, Cívico y Social. “Este novedoso criterio de gestión se complementa con la decisión política de garantizar un trato igualitario y justo para todos los municipios y comunas de la provincia, sin hacer ninguna distinción -ni favoritismo ni abuso- en función del color político de cada administración”, estableció.Pura transparencia
Más adelante, el legislador santafesino puntualizó que gestionan una pronta sanción en Senadores de la Ley de Acceso a la Información Pública -ya tiene media sanción de Diputados-, señalando que el objetivo es que “cualquier ciudadano, con un simple trámite, tenga el derecho de acceder a la información pública de su interés. Esta iniciativa de Carlos Favario, que se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados, y luego se trabó en la de Senadores, se complementa con un nuevo proyecto de de ley de nuestra autoría, que se denomina de ‘gestión de intereses’, a los efectos de que esas demandas de información pública queden registradas, es decir que conste de qué se trata el pedido, quién lo efectuó y qué funcionario lo atendió. Esta es una forma de asegurar la transparencia en la función pública”, sentenció el integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara baja.
Asimismo, Real se comprometió a seguir impulsando proyectos de suma trascendencia para la provincia, como el Tribunal Electoral independiente; el medio boleto estudiantil; la Ley de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios; y la ley de modificación del Samco. Sobre este último punto, el jefe departamental del PDP sostuvo que “llegó el final de la autogestión”, agregando que el gobierno provincial “está dispuesto a asumir sus responsabilidades en materia de salud pública”.
Luego, el diputado provincial estableció la necesidad de crear un instituto regional para la atención de la problemática de los menores drogadependientes y en conflicto con la ley penal. “Tiene que haber una respuesta urgente del Estado para la atención de estas graves cuestiones que se plantean cada día con más frecuencia y gravedad”, advirtió.
Autovía con traza
Gabriel Real, que también integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se mostró satisfecho por el consenso obtenido en la definición de la traza de la autovía desde Rufino hasta la A-0-12, en cercanías de Rosario. “Después de dos años aparecieron las cifras que estábamos esperando, sobre todo en orden a la tasa de retorno, ya que el costo del peaje se estima en función de la circulación proyectada en una u otra traza. Y en este sentido, está claro que por la ruta 33 el tránsito supera en más del doble la circulación de la otra alternativa, con las consiguientes ventajas para los usuarios”, consideró el legislador, destacando la eficiencia del gobierno provincial en sus contactos con la Casa Rosada para acelerar las gestiones. En principio, la autovía se extendería desde Rufino hasta Chabás, siguiendo -en su mayor parte- la traza de la 33, y luego continuaría entre la 33 y la 14 -para abaratar el costo de las expropiaciones- hasta la A-O-12 (cruce de Zavalla), con la particularidad de que la nueva ruta tendría -en la primera etapa- sólo dos carriles para la circulación en un mismo sentido, en tanto que en la 33, en ese mismo tramo, adoptará el sentido inverso de tránsito en sus dos carriles. “Serían dos carriles de ida y dos de vuelta, hasta que se complete la obra de los cuatro carriles, con dos de ida y dos de vuelta”, simplificó el diputado, interpretando el proyecto técnico que aún está sujeto a variantes. En breve se convocará a una reunión desde el Ministerio de Planificación Federal de la Nación para definir los últimos detalles de la obra caminera tan esperada para la región.
Piedras en el camino
Completando el repaso de temas de actualidad, Gabriel Real repudió las declaraciones de los dirigentes opositores que salieron a cuestionar las estrategias de seguridad de Hermes Binner, a poco más de dos meses de haber asumido, y con la mochila de 24 años de ineficiencia en políticas de prevención. “Están aplicando al pie de la letra la orden del congreso provincial del justicialismo de ponerle piedras en el camino al gobierno de Binner”, ironizó el firmatense. “Mientras algunos políticos, tal vez acelerados por urgencias internas, vociferan que el Frente Progresista no tiene planes de gobierno, o no brinda respuestas a la gente, desde la Casa Gris se replica con hechos, como la reciente partida adicional de 51 millones de pesos para la compra de camionetas, patrulleros, motocicletas, armamento, equipos de comunicación y uniformes. Tendrían que recordar aquello de que la única verdad es la única realidad”, concluyó un filoso Real.
El desmadre del tránsito explotó ante las narices de una ciudad desprovista de planificación
Mientras desanda un complicado período de transición -de duración incierta-, que se manifiesta en un gabinete bipolar, integrado por miembros del viejo tronco scottista y de la nueva impronta porotista, el intendente José Freyre siente que, a cada paso, se abren bajo sus pies enormes agujeros heredados de la administración del saliente Roberto Scott. A poco menos de tres meses de tomar la máxima responsabilidad de gobierno, el ex supersecretario cumple con las expectativas populares de cambio dentro del propio oficialismo, tendiendo puentes con la oposición política local y las cooperativas de servicios públicos -incluso antes de asumir- y hasta el con el gobierno santafesino del socialista Hermes Binner, el mismo a quien su suegro, desde el Sillón de Aufranc, había convocado a “echar a patadas de Venado”. Con paciencia de orfebre, Freyre intenta recomponer tantos vínculos deteriorados. Por aquellos tiempos de ejercicio del poder, el marcado personalismo de Scott seducía a la mayoría de los venadenses, tanto es así que los sondeos preelectorales de imagen positiva lo situaban en el segundo escalón entre los candidatos locales, apenas detrás de su propio delfín.
Sin embargo, pocos meses después, la ciudadanía empieza a darse cuenta de las deficiencias de las últimas gestiones de gobierno, que paradójicamente se convierten en los más grandes obstáculos para las pretensiones de Freyre. En este sentido, mientras apura las gestiones para encarar un plan de obras públicas sostenido, relanzar el transporte urbano y ordenar de una vez por todas la prestación de los servicios públicos básicos, la Intendencia se empecina en poner un freno al desmadre del tránsito vehicular, ya no sólo en las rutas cercanas, sino también en el rectángulo urbano. Saben que este año es clave, porque no hay comicios, y los disgustos emergentes de la implementación de una “tolerancia cero” con todas las letras, no se reflejarán en represalias electorales. Además, hoy mismo se corrobora en las calles el malhumor reinante, con episodios de riesgo en casi todas las esquinas, uno detrás de otro, con automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones, como sucesivos protagonistas, además de la saturación de los espacios de estacionamiento. Nada de esto fue previsto por las mismas autoridades municipales que se regodeaban de las “más de 100 mil personas” que residían en nuestra ciudad, presuntamente por sus cualidades dirigenciales. Al mismo tiempo que se lanzaban cifras exageradas, se gobernaba con criterios propios del jefe comunal de una pequeña aldea rural. Ahora, de pronto, las urgencias se levantan ante nuestras narices. Ni siquiera fue estudiado alguna vez el fenómeno de la circulación vehicular en Venado Tuerto, salvo aquella incursión de técnicos del Automóvil Club Argentino (ACA) en la gestión de Ernesto De Mattía -hace unos 20 años-, como ahora lo deja al desnudo la propuesta de la Facultad Regional de la UTN para hacerse cargo de dicha tarea, en el marco de las actividades de la Junta de Seguridad en el Tránsito. Como si se hubiesen puesto de acuerdo para forzar una crítica del estado general del tránsito, la otra propuesta conocida en esa reunión la presentó una agencia de publicidad para implementar una campaña de concientización en la vía pública a través de carteles que se colocarían en los nomencladores… que no están en sus lugares, o apuntan para cualquier lado, como consecuencia de otra fallida concesión -como la tercerización de Hacienda o los radares ruteros-, graficando la desorientación reinante en la materia durante largos años en San Martín y Marconi. No obstante, en esa misma oportunidad, el secretario de Gobierno, Sergio Druetta, fue más lejos aún, puntualizando que se habían encontrado con un plantel de inspectores sin las aptitudes indispensables para una función tan delicada como la de sancionar infracciones que desembocarán en multas pecuniarias, hasta el punto que algunos “no podían labrar las actas porque no sabían escribir”, testificó el funcionario más destacado del gabinete municipal, esclareciendo con cuánta precariedad se gestionaba en la Esmeralda del Sur.
El ataque sufrido por inspectores y policías días atrás, en represalia por el secuestro de algunas motos en inmediaciones de plaza San Martín, muestra que para el impostergable reordenamiento ya no basta con arrestos voluntaristas, sino que se requerirá de un plan integral de largo plazo y, sobre todo, de una firme convicción de las autoridades para enfrentar la tendencia transgresora de la mayoría de la ciudadanía. Tendrán que consolidarse la Educación Vial en las aulas; la Escuela de Conductores para otorgar la licencia, y las campañas de concientización permanentes para recoger frutos en el futuro, pero en lo inmediato es inevitable la aplicación de la celebérrima “tolerancia cero”, para lo cual la Intendencia deberá estar muy bien preparada en todos los aspectos (políticos, legales, operativos, etc.), sabiendo que una vez abierta la cruzada, no hay marcha atrás, y si la hubiese, equivaldría a caer en el ridículo político.
La época es propicia porque también los gobiernos nacional y provincial están urgidos por reducir la siniestralidad en las rutas, y es posible que, por primera vez en su historia, a partir del mes entrante, la Argentina cuente con un Plan de Seguridad Vial en todo el territorio, con una Agencia Nacional de Seguridad Vial, para coordinar y unificar políticas; un Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, para centralizar y penalizar las infracciones cometidas en cualquier punto del país; y una licencia única para conducir (al estilo del DNI), que seguirían emitiendo los municipios y las comunas, previa aprobación de un organismo nacional unificado, para terminar con la picardía de gestionar el carné en las comunas más flexibles. Si la Cámara de Diputados, después del tratamiento en Senadores, no opina lo contrario, a la par de estas reformas se establecería también la licencia por puntos (scoring), que propicia el retiro del carné a los infractores reincidentes.
(Publicado el viernes 29 de febrero de 2008 en diario El Informe)
Sin embargo, pocos meses después, la ciudadanía empieza a darse cuenta de las deficiencias de las últimas gestiones de gobierno, que paradójicamente se convierten en los más grandes obstáculos para las pretensiones de Freyre. En este sentido, mientras apura las gestiones para encarar un plan de obras públicas sostenido, relanzar el transporte urbano y ordenar de una vez por todas la prestación de los servicios públicos básicos, la Intendencia se empecina en poner un freno al desmadre del tránsito vehicular, ya no sólo en las rutas cercanas, sino también en el rectángulo urbano. Saben que este año es clave, porque no hay comicios, y los disgustos emergentes de la implementación de una “tolerancia cero” con todas las letras, no se reflejarán en represalias electorales. Además, hoy mismo se corrobora en las calles el malhumor reinante, con episodios de riesgo en casi todas las esquinas, uno detrás de otro, con automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones, como sucesivos protagonistas, además de la saturación de los espacios de estacionamiento. Nada de esto fue previsto por las mismas autoridades municipales que se regodeaban de las “más de 100 mil personas” que residían en nuestra ciudad, presuntamente por sus cualidades dirigenciales. Al mismo tiempo que se lanzaban cifras exageradas, se gobernaba con criterios propios del jefe comunal de una pequeña aldea rural. Ahora, de pronto, las urgencias se levantan ante nuestras narices. Ni siquiera fue estudiado alguna vez el fenómeno de la circulación vehicular en Venado Tuerto, salvo aquella incursión de técnicos del Automóvil Club Argentino (ACA) en la gestión de Ernesto De Mattía -hace unos 20 años-, como ahora lo deja al desnudo la propuesta de la Facultad Regional de la UTN para hacerse cargo de dicha tarea, en el marco de las actividades de la Junta de Seguridad en el Tránsito. Como si se hubiesen puesto de acuerdo para forzar una crítica del estado general del tránsito, la otra propuesta conocida en esa reunión la presentó una agencia de publicidad para implementar una campaña de concientización en la vía pública a través de carteles que se colocarían en los nomencladores… que no están en sus lugares, o apuntan para cualquier lado, como consecuencia de otra fallida concesión -como la tercerización de Hacienda o los radares ruteros-, graficando la desorientación reinante en la materia durante largos años en San Martín y Marconi. No obstante, en esa misma oportunidad, el secretario de Gobierno, Sergio Druetta, fue más lejos aún, puntualizando que se habían encontrado con un plantel de inspectores sin las aptitudes indispensables para una función tan delicada como la de sancionar infracciones que desembocarán en multas pecuniarias, hasta el punto que algunos “no podían labrar las actas porque no sabían escribir”, testificó el funcionario más destacado del gabinete municipal, esclareciendo con cuánta precariedad se gestionaba en la Esmeralda del Sur.
El ataque sufrido por inspectores y policías días atrás, en represalia por el secuestro de algunas motos en inmediaciones de plaza San Martín, muestra que para el impostergable reordenamiento ya no basta con arrestos voluntaristas, sino que se requerirá de un plan integral de largo plazo y, sobre todo, de una firme convicción de las autoridades para enfrentar la tendencia transgresora de la mayoría de la ciudadanía. Tendrán que consolidarse la Educación Vial en las aulas; la Escuela de Conductores para otorgar la licencia, y las campañas de concientización permanentes para recoger frutos en el futuro, pero en lo inmediato es inevitable la aplicación de la celebérrima “tolerancia cero”, para lo cual la Intendencia deberá estar muy bien preparada en todos los aspectos (políticos, legales, operativos, etc.), sabiendo que una vez abierta la cruzada, no hay marcha atrás, y si la hubiese, equivaldría a caer en el ridículo político.
La época es propicia porque también los gobiernos nacional y provincial están urgidos por reducir la siniestralidad en las rutas, y es posible que, por primera vez en su historia, a partir del mes entrante, la Argentina cuente con un Plan de Seguridad Vial en todo el territorio, con una Agencia Nacional de Seguridad Vial, para coordinar y unificar políticas; un Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, para centralizar y penalizar las infracciones cometidas en cualquier punto del país; y una licencia única para conducir (al estilo del DNI), que seguirían emitiendo los municipios y las comunas, previa aprobación de un organismo nacional unificado, para terminar con la picardía de gestionar el carné en las comunas más flexibles. Si la Cámara de Diputados, después del tratamiento en Senadores, no opina lo contrario, a la par de estas reformas se establecería también la licencia por puntos (scoring), que propicia el retiro del carné a los infractores reincidentes.
(Publicado el viernes 29 de febrero de 2008 en diario El Informe)
Promesa de Ley Seca no rima con "vista gorda" a Ley Antitabaco
Apenas regresado de su reunión en la ciudad capital de la provincia con el gobernador Hermes Binner por cuestiones vinculadas a la seguridad, el intendente José Freyre no solo divulgó las demandas planteadas en la Casa Gris, sino que también formuló duras apreciaciones sobre la tarea de las fuerzas policiales, deslizando que proceden con cierta pasividad, sin involucrarse en la prevención del delito y la disuasión de transgresiones menores, que sin alcanzar la categoría del ilícito, ocasionan malestar en el resto de la sociedad. En esa misma línea de pensamiento, Freyre insinuó la próxima implementación de una “ley seca”, aunque por ahora se asemeja más a un globo de ensayo, a los efectos de medir en la ciudadanía cuál es el verdadero interés de la gente en la aplicación de dicha norma, vigente en varios lugares de la Argentina, aunque con muchos matices en el grado de severidad.
En principio, el intendente esbozó la posibilidad de acotar aún más los horarios de venta de alcohol en kioscos, maxikioscos y almacenes. Por eso, convendría ser más cuidadosos en los conceptos, porque los títulos ampulosos generan fuertes expectativas y, con el tiempo, suelen volverse en contra. Así como el calificativo de “dream team” condiciona a un equipo de básquet o de fútbol en formación, las promesas de “tolerancia cero” en el tránsito vehicular, o de “ley seca” en el expendio de bebidas alcohólicas, puede complicar a las autoridades políticas de turno. Más aún con los antecedentes recientes del scottismo, que no hizo nada para aplicar en la ciudad la ley provincial antitabaco, a pesar de que el cigarrillo es tan nocivo para la salud como el alcohol. ¿Cómo se haría cumplir la “ley seca”? ¿Como hoy se hace con la ley antitabaco en la mayoría de los bares y otros espacios públicos cerrados?
En este sentido, cabe recordar que el concepto de “ley seca” remite a la aprobación por parte del Congreso de EEUU de la Enmienda 18 a la Constitución, prohibiendo la elaboración, transporte y venta de bebidas alcohólicas. Esa medida se extendió entre 1920 y 1933 y aún hoy se recuerdan las andanzas mafiosas para desafiar esa ley. Sin embargo, en Venado, solo se plantearía que el horario de prohibición (hoy es de 0 a 8) se adelante en algunas horas, incluyendo a todas las bebidas alcohólicas. Otras experiencias fueron bastante más duras, como en Capital Federal, vedando la venta de bebidas alcohólicas en los kioscos, maxikioscos y estaciones de servicio durante las 24 horas del día, incluso bajo la modalidad de delivery, y al mismo tiempo, se imponían severas multas a los comerciantes infractores, llegando hasta la inhabilitación para los reincidentes.
Con el debate inaugurado, habrá que cuidarse de caer en medidas aisladas, efectistas y meramente prohibitivas, porque Venado necesita un plan integral de adicciones, que contemple medidas preventivas en busca de resguardar a los chicos del mercado del alcohol y el tabaco, antes que contraatacar exclusivamente con acciones represivas.
(Publicado el martes 26 de febrero de 2008 en diario El Informe)
En principio, el intendente esbozó la posibilidad de acotar aún más los horarios de venta de alcohol en kioscos, maxikioscos y almacenes. Por eso, convendría ser más cuidadosos en los conceptos, porque los títulos ampulosos generan fuertes expectativas y, con el tiempo, suelen volverse en contra. Así como el calificativo de “dream team” condiciona a un equipo de básquet o de fútbol en formación, las promesas de “tolerancia cero” en el tránsito vehicular, o de “ley seca” en el expendio de bebidas alcohólicas, puede complicar a las autoridades políticas de turno. Más aún con los antecedentes recientes del scottismo, que no hizo nada para aplicar en la ciudad la ley provincial antitabaco, a pesar de que el cigarrillo es tan nocivo para la salud como el alcohol. ¿Cómo se haría cumplir la “ley seca”? ¿Como hoy se hace con la ley antitabaco en la mayoría de los bares y otros espacios públicos cerrados?
En este sentido, cabe recordar que el concepto de “ley seca” remite a la aprobación por parte del Congreso de EEUU de la Enmienda 18 a la Constitución, prohibiendo la elaboración, transporte y venta de bebidas alcohólicas. Esa medida se extendió entre 1920 y 1933 y aún hoy se recuerdan las andanzas mafiosas para desafiar esa ley. Sin embargo, en Venado, solo se plantearía que el horario de prohibición (hoy es de 0 a 8) se adelante en algunas horas, incluyendo a todas las bebidas alcohólicas. Otras experiencias fueron bastante más duras, como en Capital Federal, vedando la venta de bebidas alcohólicas en los kioscos, maxikioscos y estaciones de servicio durante las 24 horas del día, incluso bajo la modalidad de delivery, y al mismo tiempo, se imponían severas multas a los comerciantes infractores, llegando hasta la inhabilitación para los reincidentes.
Con el debate inaugurado, habrá que cuidarse de caer en medidas aisladas, efectistas y meramente prohibitivas, porque Venado necesita un plan integral de adicciones, que contemple medidas preventivas en busca de resguardar a los chicos del mercado del alcohol y el tabaco, antes que contraatacar exclusivamente con acciones represivas.
(Publicado el martes 26 de febrero de 2008 en diario El Informe)
Cumbre política por colectivos y radares aleja a Venado del "Estado bobo"
El miércoles último los venadenses fueron testigos de las bondades, en el ámbito político local, de la institucionalidad, esa palabreja tantas veces gastada con fines marketineros, o meramente academicistas, pero que, en rigor, está muy atada a los intereses tangibles de la gente. Sucedió en el Concejo, con los ediles como anfitriones, y el intendente José Freyre y sus principales colaboradores, como visitantes. ¿Temario? El transporte urbano de pasajeros y los radares, ambos estrechamente vinculados a esa bomba de tiempo que representa para las autoridades el tránsito en las calles de la ciudad y las rutas que la atraviesan. Tan lejos de los congresales del justicialismo santafesino que convocan a poner piedras en el camino del gobernador Hermes Binner, como de los arrebatos de patrón de estancia de un Roberto Scott que violaba sus deberes de funcionario público una y otra vez en su relación con los concejales (no les respondía los pedidos de informes, no asistía a la apertura del período de sesiones ordinarias, intentaba presionarlos demorando los pagos, los amenazaba con incendiarles el edificio o sustituirlos por una junta de notables, etc.), Freyre concurre al recinto, debate mano a mano con los líderes de la oposición, y en conjunto, se generan resoluciones favorables para los intereses de la población. Cualquiera que examine la propuesta de la misteriosa cooperativa de transporte (Cooptra), como también de las dos empresas de radares, se dará cuenta enseguida de las condiciones leoninas pretendidas. Asimismo, se sospecha que otro gobierno, más personalista, menos dispuesto al diálogo con el Concejo, y tradicional gestor del Estado bobo, se hubiera adaptado a esas condiciones, quién sabe con qué oscuros intereses de por medio. Pero en este miércoles inédito, la Intendencia y los cuatro bloques legislativos coincidieron en el enérgico rechazo de tan voraces demandas, que al estilo de las privatizaciones de los ’90, pugnaban por garantizarse desde el vamos generosos márgenes de rentabilidad a costa del erario público. Las empresas de radares, por ejemplo, solicitaban entre el 70 y el 77,5 por ciento de cada infracción cobrada. Para colmo, todo el proceso se encriptaría en sus propias bases de datos, es decir que la Municipalidad apenas cedía el nombre para legalizar la operación recaudatoria, sin incluirse ninguna herramienta de concientización de los transgresores.
Por otra parte, la Cooptra no presenta antecedentes, capital ni conformación. Tampoco especifica las características de los móviles y, alimentando las dudas deslizadas sobre su solvencia, admite que los mismos serían adquiridos por el sistema de leasing (alquiler con opción a compra mediante operatoria bancaria). Al mismo tiempo destacan que “los recorridos actuales están bien diseñados”, que Venado Tuerto es “una ciudad con más de 150 mil habitantes”, y que el servicio fracasó por la “incompetencia de los choferes”.
En otro párrafo, desbordante de voluntarismo, los presuntos cooperativistas foráneos, que ayer desembarcaron de improviso en el Concejo, advierten sobre la necesidad de subvencionar la prestación del servicio desde el comienzo, “hasta lograr la autosustentabilidad del mismo. Este período, creemos, que no va a ser demasiado extenso (sic)”.
En ambas cuestiones, mal que le pese, el oficialismo soportó ciertos costos políticos, pues la Cooptra fue bendecida solapadamente desde fines del año pasado por encumbrados funcionarios scottistas, que hoy integran el gabinete, y si bien el intendente Freyre se esforzó por despegarse, fue el propio secretario coordinador Hernán Roma el que depositó la carpeta en el Concejo, dándole a la iniciativa una solemnidad institucional que de ninguna manera merecía. Con relación a los radares, más allá del valioso consenso alcanzado para abortar ambas ofertas, los ediles recordaron a la delegación oficialista que el gobierno scottista no había cumplido en su momento con la obligación de enviarles los pliegos de la licitación. Ahora bien, no obstante la evidente matriz scottista de sendos proyectos, también es cierto que el porotismo estampó su firma en el certificado de defunción de los mismos, como supo hacerlo con la controvertida tercerización de Hacienda, aun cuando en este caso no habría idéntico consenso con los ediles opositores, que no estarían dispuestos a blanquear en el presupuesto la erogación de más de dos millones de pesos que requiere el acuerdo de rescisión hilvanado entre la Intendencia y la concesionaria.
De todos modos, estos episodios conflictivos no impedirían la maduración de futuros consensos, ni en uno ni en otro tema. Con el sistema de colectivos, resistida la embestida de Cooptra, se despliega un abanico de posibilidades, incluyendo la municipalización del servicio, según el criterio porotista; el otorgamiento de la concesión a una cooperativa venadense -a formar-, como postula la concejala vianista Patricia Romero; y un sistema mixto, impulsado desde el bloque socialista. Aun con diferencias, ninguna de ellas sería insalvable para conciliar posiciones, primero, y brindarle a la población, después, el transporte de excelencia que se necesita.
Mientras tanto, a los efectos del control de la velocidad en las rutas, se contempla la formación de una comitiva de la Intendencia y el Concejo para viajar a la Casa Gris en busca de sintonizar con los lineamientos provinciales en materia de seguridad vial, aunque si esta expectativa de uniformidad se dilatara, Freyre anticipó su propuesta de radares municipalizados y cobranza tercerizada. Aun así, la experiencia dicta que no bastan los radares para impedir los excesos de velocidad y, en ese sentido, es aconsejable, como lo sugirió el edil Fabián Vernetti, que se sistematicen los operativos -con inspectores de tránsito y policías- en los tramos urbanos de las rutas 8 y 33, que hasta ahora se erigieron en el método más efectivo para conseguir los objetivos planteados, aunque con ello se reduzca esa cuantiosa caja de recursos provenientes de las multas, que tanto desvela a muchos intendentes y jefes comunales.
(Publicado el viernes 22 de febrero de 2008 en diario El Informe)
Por otra parte, la Cooptra no presenta antecedentes, capital ni conformación. Tampoco especifica las características de los móviles y, alimentando las dudas deslizadas sobre su solvencia, admite que los mismos serían adquiridos por el sistema de leasing (alquiler con opción a compra mediante operatoria bancaria). Al mismo tiempo destacan que “los recorridos actuales están bien diseñados”, que Venado Tuerto es “una ciudad con más de 150 mil habitantes”, y que el servicio fracasó por la “incompetencia de los choferes”.
En otro párrafo, desbordante de voluntarismo, los presuntos cooperativistas foráneos, que ayer desembarcaron de improviso en el Concejo, advierten sobre la necesidad de subvencionar la prestación del servicio desde el comienzo, “hasta lograr la autosustentabilidad del mismo. Este período, creemos, que no va a ser demasiado extenso (sic)”.
En ambas cuestiones, mal que le pese, el oficialismo soportó ciertos costos políticos, pues la Cooptra fue bendecida solapadamente desde fines del año pasado por encumbrados funcionarios scottistas, que hoy integran el gabinete, y si bien el intendente Freyre se esforzó por despegarse, fue el propio secretario coordinador Hernán Roma el que depositó la carpeta en el Concejo, dándole a la iniciativa una solemnidad institucional que de ninguna manera merecía. Con relación a los radares, más allá del valioso consenso alcanzado para abortar ambas ofertas, los ediles recordaron a la delegación oficialista que el gobierno scottista no había cumplido en su momento con la obligación de enviarles los pliegos de la licitación. Ahora bien, no obstante la evidente matriz scottista de sendos proyectos, también es cierto que el porotismo estampó su firma en el certificado de defunción de los mismos, como supo hacerlo con la controvertida tercerización de Hacienda, aun cuando en este caso no habría idéntico consenso con los ediles opositores, que no estarían dispuestos a blanquear en el presupuesto la erogación de más de dos millones de pesos que requiere el acuerdo de rescisión hilvanado entre la Intendencia y la concesionaria.
De todos modos, estos episodios conflictivos no impedirían la maduración de futuros consensos, ni en uno ni en otro tema. Con el sistema de colectivos, resistida la embestida de Cooptra, se despliega un abanico de posibilidades, incluyendo la municipalización del servicio, según el criterio porotista; el otorgamiento de la concesión a una cooperativa venadense -a formar-, como postula la concejala vianista Patricia Romero; y un sistema mixto, impulsado desde el bloque socialista. Aun con diferencias, ninguna de ellas sería insalvable para conciliar posiciones, primero, y brindarle a la población, después, el transporte de excelencia que se necesita.
Mientras tanto, a los efectos del control de la velocidad en las rutas, se contempla la formación de una comitiva de la Intendencia y el Concejo para viajar a la Casa Gris en busca de sintonizar con los lineamientos provinciales en materia de seguridad vial, aunque si esta expectativa de uniformidad se dilatara, Freyre anticipó su propuesta de radares municipalizados y cobranza tercerizada. Aun así, la experiencia dicta que no bastan los radares para impedir los excesos de velocidad y, en ese sentido, es aconsejable, como lo sugirió el edil Fabián Vernetti, que se sistematicen los operativos -con inspectores de tránsito y policías- en los tramos urbanos de las rutas 8 y 33, que hasta ahora se erigieron en el método más efectivo para conseguir los objetivos planteados, aunque con ello se reduzca esa cuantiosa caja de recursos provenientes de las multas, que tanto desvela a muchos intendentes y jefes comunales.
(Publicado el viernes 22 de febrero de 2008 en diario El Informe)
Los infractores a las normas de tránsito también aplican la "tolerancia cero"
Los venadenses aún no salen de su asombro por los hechos ocurridos en calle 9 de Julio, entre Belgrano y Estrugamou, en los últimos minutos del domingo pasado, demostrando que la “tolerancia cero”, antes incluso que de parte de las autoridades de Tránsito, fue puesta en práctica por un grupo de aprendices de delincuentes, cuyas actitudes patoteriles frente al accionar de inspectores municipales y agentes del orden, merecen el más enérgico repudio de toda la comunidad.
Los “damnificados” por el secuestro de motocicletas estacionadas en el carril interior de plaza San Martín ocasionaron un episodio de violencia inédita, aunque ya se habían detectado algunos signos elocuentes de intolerancia e irracionalidad, con frecuentes agresiones verbales, escupitajos y empujones en perjuicio de los inspectores de tránsito, llegándose a tirar vehículos encima de los mismos, en algunos casos con graves consecuencias. Hasta ahí, algunos opinaban que se trataba de “hechos aislados”, hasta que el vandálico ataque del pasado fin de semana ratificó que también en nuestra ciudad se están perdiendo los límites, según se desprende de las costumbres de ciertos sujetos que no se conforman con ignorar las normas, sino que además están dispuestos a la agresión física contra los individuos que la propia comunidad, a través de sus representantes, delega a los efectos de preservar el equilibrio y la convivencia social.
El reventón de uno de los neumáticos del vehículo municipal, con un arma blanca, y la pedrada contra la sede del gobierno municipal y el domicilio particular del director de Tránsito, Daniel Virelaude, en una espiral de violencia incontenible, sugiere que estos hechos no obedecieron a un arrebato de furia, sino que había una marcada premeditación de los acontecimientos, como también lo insinúa la participación de decenas de personas en la insólita agresión.
Mientras se esclarece la patoteada -¿o quedará impune?-, cuyas consecuencias pudieron ser mucho más graves aún, en función de estos antecedentes, la Intendencia deberá replantear la metodología de los operativos de tránsito, aunque sin perder la compostura. En este sentido, la reacción del intendente José Freyre fue oportuna, señalando que “vamos a seguir haciendo los controles porque no sólo queremos que se cumpla le ley, sino generar buenos hábitos. Nosotros planteamos firmeza, equidad y constancia”, concluyó, resumiendo los tres ejes que se requieren para no morir en el intento: firmeza, para imponer el cambio de hábitos; equidad, para que la campaña se desarrolle con autoridad moral; y constancia, para que los transgresores, como suele suceder, no ganen por cansancio.
(Publicado el jueves 21 de febrero de 2008 en diario El Informe)
Los “damnificados” por el secuestro de motocicletas estacionadas en el carril interior de plaza San Martín ocasionaron un episodio de violencia inédita, aunque ya se habían detectado algunos signos elocuentes de intolerancia e irracionalidad, con frecuentes agresiones verbales, escupitajos y empujones en perjuicio de los inspectores de tránsito, llegándose a tirar vehículos encima de los mismos, en algunos casos con graves consecuencias. Hasta ahí, algunos opinaban que se trataba de “hechos aislados”, hasta que el vandálico ataque del pasado fin de semana ratificó que también en nuestra ciudad se están perdiendo los límites, según se desprende de las costumbres de ciertos sujetos que no se conforman con ignorar las normas, sino que además están dispuestos a la agresión física contra los individuos que la propia comunidad, a través de sus representantes, delega a los efectos de preservar el equilibrio y la convivencia social.
El reventón de uno de los neumáticos del vehículo municipal, con un arma blanca, y la pedrada contra la sede del gobierno municipal y el domicilio particular del director de Tránsito, Daniel Virelaude, en una espiral de violencia incontenible, sugiere que estos hechos no obedecieron a un arrebato de furia, sino que había una marcada premeditación de los acontecimientos, como también lo insinúa la participación de decenas de personas en la insólita agresión.
Mientras se esclarece la patoteada -¿o quedará impune?-, cuyas consecuencias pudieron ser mucho más graves aún, en función de estos antecedentes, la Intendencia deberá replantear la metodología de los operativos de tránsito, aunque sin perder la compostura. En este sentido, la reacción del intendente José Freyre fue oportuna, señalando que “vamos a seguir haciendo los controles porque no sólo queremos que se cumpla le ley, sino generar buenos hábitos. Nosotros planteamos firmeza, equidad y constancia”, concluyó, resumiendo los tres ejes que se requieren para no morir en el intento: firmeza, para imponer el cambio de hábitos; equidad, para que la campaña se desarrolle con autoridad moral; y constancia, para que los transgresores, como suele suceder, no ganen por cansancio.
(Publicado el jueves 21 de febrero de 2008 en diario El Informe)
Primeras piedras en el camino de Binner
Aunque el congreso del justicialismo santafesino realizado el sábado último en la ciudad capital de la provincia estuvo lejos del marco multitudinario que esperaban sus organizadores, de todos modos adquirió una fuerte repercusión mediática por el cuestionable discurso de uno de sus miembros, Angel Piaggio, quien convocó a la dirigencia partidaria a “ponerle piedras en el camino” al gobierno del Frente Progresista que lidera el socialista Hermes Binner. En esas mismas deliberaciones, los congresales formalizaron una suerte de pacto para que ninguno de los funcionarios y dirigentes santafesinos del peronismo aceptaran la iniciativa oficialista de propiciar una reforma de la Constitución, a los efectos de evitar un proceso electoral de convencionales constituyentes en 2009.
La actitud temeraria del ex intendente de Santo Tomé descoloca a todo el PJ, que más de una vez fue denostado por no actuar con criterios constructivos en el rol de la oposición. Más aún, no se escuchó ningún pronunciamiento de dirigentes de ese partido en discordancia con la desafortunada intervención de Piaggio, aunque sí se escandalizaron porque la vicegobernadora Griselda Tessio deslizó un vínculo histórico entre el movimiento peronista y el fascismo europeo.
La declaración es preocupante, sobre todo por el “efecto contagio” en las líneas inferiores (el lunes fue sugestiva la crítica mordaz de la concejala local Bibiana Pieli a la tarea comunitaria de pintar las deterioradas escuelas santafesinas, más aún desde su condición de docente), que a veces nubla la vista de la dirigencia, desembocando en el privilegio de los intereses partidarios, por encima de las necesidades de la gente. En este sentido, los peronistas deberían recordar la frase acuñada por su jefe: “Primero la Patria, después el Movimiento, y por último los hombres”. Hasta ahora, la actuación de los legisladores justicialistas en ambas cámaras no merece, de ningún modo, calificarse de “obstruccionista”, pero habrá que evaluar cómo se desenvuelven desde ahora, tras este congreso, donde, llamativamente, no se planteó una oposición a hipotéticos contenidos de la reforma constitucional -nuestra provincia es una de las más atrasadas en ese sentido-, sino que, directamente, se intenta frenar cualquier debate sobre esta cuestión, a pesar de su enorme trascendencia institucional. “Ningún órgano de inferior rango, ni dirigente partidario y/o legislador fijará posición hasta que un congreso extraordinario se pronuncie sobre el tema…”, sentencia el lapidario dictamen. “No queremos que nos pase lo mismo que con la ley de lemas. Nos empujaron a la derogación y así nos fue”, admiten en el justicialismo del sur-sur, que con esta medida se propone ganar tiempo en medio de la gran confusión reinante desde la derrota electoral, agravada por el progreso de la regionalización impulsada por Binner, que no sólo amenaza con recortar el poder político de los senadores, sino también con tender generosos puentes entre la Casa Gris y decenas de jefes comunales del PJ.
Nada mejor le pudo pasar al gobierno provincial que, desde un congreso justicialista, se blanqueara aquello de “las piedras en el camino”, aunque tampoco los binneristas deberían aprovecharse del desliz, y descalificar por presunto obstrucionismo a cualquier crítica proveniente de la oposición, sea del justicialismo, o de cualquier otro sector político o social de la sociedad santafesina.
(Publicado el miércoles 20 de febrero en diario El Informe)
La actitud temeraria del ex intendente de Santo Tomé descoloca a todo el PJ, que más de una vez fue denostado por no actuar con criterios constructivos en el rol de la oposición. Más aún, no se escuchó ningún pronunciamiento de dirigentes de ese partido en discordancia con la desafortunada intervención de Piaggio, aunque sí se escandalizaron porque la vicegobernadora Griselda Tessio deslizó un vínculo histórico entre el movimiento peronista y el fascismo europeo.
La declaración es preocupante, sobre todo por el “efecto contagio” en las líneas inferiores (el lunes fue sugestiva la crítica mordaz de la concejala local Bibiana Pieli a la tarea comunitaria de pintar las deterioradas escuelas santafesinas, más aún desde su condición de docente), que a veces nubla la vista de la dirigencia, desembocando en el privilegio de los intereses partidarios, por encima de las necesidades de la gente. En este sentido, los peronistas deberían recordar la frase acuñada por su jefe: “Primero la Patria, después el Movimiento, y por último los hombres”. Hasta ahora, la actuación de los legisladores justicialistas en ambas cámaras no merece, de ningún modo, calificarse de “obstruccionista”, pero habrá que evaluar cómo se desenvuelven desde ahora, tras este congreso, donde, llamativamente, no se planteó una oposición a hipotéticos contenidos de la reforma constitucional -nuestra provincia es una de las más atrasadas en ese sentido-, sino que, directamente, se intenta frenar cualquier debate sobre esta cuestión, a pesar de su enorme trascendencia institucional. “Ningún órgano de inferior rango, ni dirigente partidario y/o legislador fijará posición hasta que un congreso extraordinario se pronuncie sobre el tema…”, sentencia el lapidario dictamen. “No queremos que nos pase lo mismo que con la ley de lemas. Nos empujaron a la derogación y así nos fue”, admiten en el justicialismo del sur-sur, que con esta medida se propone ganar tiempo en medio de la gran confusión reinante desde la derrota electoral, agravada por el progreso de la regionalización impulsada por Binner, que no sólo amenaza con recortar el poder político de los senadores, sino también con tender generosos puentes entre la Casa Gris y decenas de jefes comunales del PJ.
Nada mejor le pudo pasar al gobierno provincial que, desde un congreso justicialista, se blanqueara aquello de “las piedras en el camino”, aunque tampoco los binneristas deberían aprovecharse del desliz, y descalificar por presunto obstrucionismo a cualquier crítica proveniente de la oposición, sea del justicialismo, o de cualquier otro sector político o social de la sociedad santafesina.
(Publicado el miércoles 20 de febrero en diario El Informe)
Más lomos de burro, ¿más de lo mismo?
El director de Tránsito, Daniel Virelaude, sorprendió sobre finales de la semana pasada con el anuncio de la próxima colocación de una decena de lomos de burro en distintos sectores de la ciudad. En esa oportunidad, el funcionario aludió también al secuestro de automóviles y motocicletas por incurrir en diversas irregularidades, como falta de documentación (del vehículo y/o del conductor), alcoholemias positivas y la circulación de motos con más de dos personas a bordo. Nada de eso asombró tanto como esa promesa de nuevos retardadores, a pesar de que el intendente José Freyre dijo en su momento que revisaría la continuidad de radares y lomos de burro, las recetas preferidas en la gestión de Roberto Scott, pero que no consiguió más resultados positivos que aumentar la recaudación (un poco para la Municipalidad y más aún para la empresa concesionaria) a través de los radares, y castigar a todos los automovilistas y motociclistas por igual, mediante los lomos de burro. Basta recorrer la Argentina para comprobar que hay un sinnúmero de ciudades, pequeñas, intermedias y grandes, que se las ingeniaron para controlar el tránsito urbano sin necesidad de apelar a estas estrategias en las que pagan justos por pecadores.
En rigor, cuando se alude al concepto de “tolerancia cero”, debe entenderse que es para los infractores y no para el conjunto de la comunidad. Con este criterio basado en los lomos de burro para el área de Tránsito, en Hacienda deberían reclamar el cobro de una sobretasa municipal a los buenos pagadores, para compensar el 30 o 40 por ciento de frentistas que desatienden sus obligaciones tributarias.
Si bien aún no se había objetado desde ningún sector la permanencia en estos últimos meses -desde el 10 de diciembre- de los lomos de burro -unos porque los creen indispensables, y otros por entender que debía desplegarse antes la nueva política de tránsito-, la sorpresa es que se insista con el gastado recurso, pues basta repasar la estadística de accidentes para establecer su fracaso, con el agravante de los perjuicios que ocasionan los montículos al conjunto de los automovilistas, incluyendo roturas mecánicas y contaminación ambiental. Asimismo, es preocupante que en esta etapa -propicia para los cambios- se insista en la siembra al voleo de los lomos de burro, como se jactaba de hacerlo el propio Scott, según el pedido de los vecinos, pero sin sujeción a ningún planeamiento integral del tránsito. ¿Será esto más de lo mismo? Si alguna vez los lomos de burro fueron prometedores, esas expectativas se diluyeron, y es de buen gobernante volver sobre sus pasos y buscar mejores soluciones.
En rigor, cuando se alude al concepto de “tolerancia cero”, debe entenderse que es para los infractores y no para el conjunto de la comunidad. Con este criterio basado en los lomos de burro para el área de Tránsito, en Hacienda deberían reclamar el cobro de una sobretasa municipal a los buenos pagadores, para compensar el 30 o 40 por ciento de frentistas que desatienden sus obligaciones tributarias.
Si bien aún no se había objetado desde ningún sector la permanencia en estos últimos meses -desde el 10 de diciembre- de los lomos de burro -unos porque los creen indispensables, y otros por entender que debía desplegarse antes la nueva política de tránsito-, la sorpresa es que se insista con el gastado recurso, pues basta repasar la estadística de accidentes para establecer su fracaso, con el agravante de los perjuicios que ocasionan los montículos al conjunto de los automovilistas, incluyendo roturas mecánicas y contaminación ambiental. Asimismo, es preocupante que en esta etapa -propicia para los cambios- se insista en la siembra al voleo de los lomos de burro, como se jactaba de hacerlo el propio Scott, según el pedido de los vecinos, pero sin sujeción a ningún planeamiento integral del tránsito. ¿Será esto más de lo mismo? Si alguna vez los lomos de burro fueron prometedores, esas expectativas se diluyeron, y es de buen gobernante volver sobre sus pasos y buscar mejores soluciones.
Estimado Juan Franco
He leído con atención tu última nota publicada en El Informe acerca de un nuevo estudio sobre la situación de salud de los venadenses, y -como sanitarista- me alegra que el periodismo se haga eco de este tipo de iniciativas, e instale en la agenda pública (y en la agenda política) los temas de salud y calidad de vida.
Al respecto, te cuento que durante el año 2006 dirigí una investigación sobre "Calidad de Vida, Vulnerabilidad Social y Riesgos en Salud en Firmat". Se trató de un proyecto que presenté oportunamente al Municipio, y que resultó un trabajo realmente muy interesante y fructífero para el diagnóstico socio-epidemiológico de los distintos barrios de la ciudad (te adjunto un resumen ejecutivo del Informe Final y una presentación en Power Point).
Esa investigación la realicé cuando aún no eran tan evidentes las diferencias políticas con Carlos Torres y no estaba aún en mis planes presentarme como precandidato por el PJ en las primarias del 2007, pero la presentación de el Informe Final con las conclusiones que elaboré, no fueron del agrado del Ejecutivo municipal, boicotearon su difusión pública y masiva, y hasta recibí presiones y condicionamientos que no acepté, y finalmente decidí renunciar a la Dirección del Observatorio (te adjunto la carta abierta que oportunamente fuera publicada en los medios locales).
Más allá del "episodio" de confrontación, rescato la importancia sanitaria de realizar evaluaciones periódicas serias y científicas de las condiciones de salud y calidad de vida en las distintas comunidades de la región, como insumo para la planificación de políticas públicas y para la toma de conciencia sanitaria de la población.
Saludos
Ramiro Huber
He leído con atención tu última nota publicada en El Informe acerca de un nuevo estudio sobre la situación de salud de los venadenses, y -como sanitarista- me alegra que el periodismo se haga eco de este tipo de iniciativas, e instale en la agenda pública (y en la agenda política) los temas de salud y calidad de vida.
Al respecto, te cuento que durante el año 2006 dirigí una investigación sobre "Calidad de Vida, Vulnerabilidad Social y Riesgos en Salud en Firmat". Se trató de un proyecto que presenté oportunamente al Municipio, y que resultó un trabajo realmente muy interesante y fructífero para el diagnóstico socio-epidemiológico de los distintos barrios de la ciudad (te adjunto un resumen ejecutivo del Informe Final y una presentación en Power Point).
Esa investigación la realicé cuando aún no eran tan evidentes las diferencias políticas con Carlos Torres y no estaba aún en mis planes presentarme como precandidato por el PJ en las primarias del 2007, pero la presentación de el Informe Final con las conclusiones que elaboré, no fueron del agrado del Ejecutivo municipal, boicotearon su difusión pública y masiva, y hasta recibí presiones y condicionamientos que no acepté, y finalmente decidí renunciar a la Dirección del Observatorio (te adjunto la carta abierta que oportunamente fuera publicada en los medios locales).
Más allá del "episodio" de confrontación, rescato la importancia sanitaria de realizar evaluaciones periódicas serias y científicas de las condiciones de salud y calidad de vida en las distintas comunidades de la región, como insumo para la planificación de políticas públicas y para la toma de conciencia sanitaria de la población.
Saludos
Ramiro Huber
Vuelven a estudiar los altos niveles de riesgo en la salud de los venadenses
En el ámbito local acaban de conocerse dos noticias auspiciosas vinculadas a la salud: la voluntad del gobierno provincial de construir un nuevo hospital y la próxima realización de la segunda etapa del “Estudio Venado Tuerto”, que en su primera edición, una década atrás, arrojó valiosas conclusiones sobre los factores de riesgo cardiovascular en nuestra población. Entre ellas, se supo que la hipertensión arterial (“el asesino silencioso”) afectaba casi al 40 por ciento de los venadenses, y trepaba al 50 por ciento entre los mayores de 50 años, y nada menos que hasta el 70 por ciento entre los mayores de 60 años, superando por varios puntos la media nacional. Impulsado por el Centro Regional para el Desarrollo, con la contribución de los clubes rotarios y la coordinación del recordado Carlos Cobeñas, el estudio descubrió también la incidencia de otros factores de riesgo, como obesidad, sobrepeso, diabetes y grasas en sangre (colesterol, triglicéridos, etc.). Al mismo tiempo, evaluaciones complementarias detectaron malos hábitos alimentarios y un pronunciado sedentarismo.
Tanta fue la rigurosidad científica del trabajo llevado a cabo en nuestra ciudad, que en conjunto con los realizados en Oncativo (Córdoba), Pehuajó (Buenos Aires) y Dean Funes (Córdoba), merecieron su publicación, en septiembre de 2004, en la prestigiosa revista especializada europea Diabetes & Metabolism, luego de haberse presentado -en mayo de ese mismo año- en un congreso francés. Poco después, el proyecto internacional con asiento en Dinamarca, “Detect 2” (detección de diabetes “tipo 2”), solicitó la base de datos del “Estudio Venado Tuerto I” para incorporar esa calificada información, pues hasta entonces solo disponían de estadísticas latinoamericanas procedentes del vecino Brasil.
Sin embargo, esas contundentes estadísticas epidemiológicas -con reconocimiento internacional- no dieron lugar a ninguna política pública municipal, ni provincial, para propiciar la modificación de tan riesgosas tendencias, como tampoco se conocieron reclamos de la sociedad ni de los medios de comunicación en ese sentido. De todos modos, entre las reacciones alentadoras posteriores a la medición de 1998, cabe mencionar la creación, en 2001, del Centro de Atención al Diabético, dado que dentro del 8 por ciento de afectados que se detectaron -en sintonía con la media nacional-, había quienes no respetaban la medicación ni la alimentación aconsejadas, “porque no sabían o porque no podían”, e incluso algunos recién se desayunaban del temible padecimiento.
Ya en 2003, después de muchas postergaciones, se inició en Venado el lento desarrollo del sistema de agua potable, considerado por los especialistas como una “obra clave” para optimizar la calidad de vida de la población. Consultado por la fuerte incidencia de la hipertensión arterial, el doctor Cobeñas advertía a través de este diario que “es altamente probable que este fenómeno responda a las aguas de mala calidad que se consumen”. Aunque cueste creerlo, el gobierno provincial no contribuyó con ningún subsidio para acelerar el ritmo de la trascendente obra pública, y desde la Municipalidad generaron más trabas que respaldos a la gestión de la Cooperativa de Obras Sanitarias.
En una nueva etapa, dos de los prestigiosos organizadores de la primera experiencia, la diabetóloga Marta de Sereday y el especialista en obesidad, Jorge Braguinsky, volverán a protagonizar este segundo muestreo, a mediados de año, que comprenderá un millar de casos, con la particularidad de que, entre ellos, se estudiará la evolución de las 380 personas examinadas en el ’98. Asimismo, en esta ocasión, con el impulso de la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), se investigará una decena de factores de riesgo, erigiendo al denominado “Estudio Venado Tuerto II”, en uno de los más destacados de la Argentina en 2008. En este sentido, el coordinador de los estudios de cardiología, Jorge Vilariño, destacó que la beca anual de la SAD será destinada exclusivamente a la financiación del próximo estudio, el cual contará con la participación de numerosos médicos de Buenos Aires, que junto con sus colegas venadenses, trabajarán durante cuatro días para llevar a cabo la medición. Luego, el procesamiento de las muestras se realizará en el laboratorio del Hospital de Clínicas porteño, y una parte de ellas sería enviada al instituto parisino “George Pompidou” para el desarrollo de bio-marcadores. Asimismo, en virtud de una subvención del Instituto Fleni, algunos de los examinados se beneficiarán con ecografías doppler de carótidas, a realizarse en la Capital Federal, para evaluar el estado arterial.
Para el mes entrante está previsto el lanzamiento oficial de este emprendimiento que jerarquiza a toda la región, con la presencia del presidente de la SAD, José Costa Gil, y de Marta de Sereday, junto con otros organizadores y auspiciantes.
Los pioneros que entre 1997 y 1998 impulsaron el primer “Estudio Venado Tuerto”, ante la indiferencia de muchos, hicieron posible que, en breve, la ciudad disfrute una vez más del privilegio de cuantificar los factores de riesgo predominantes en la comunidad. Con nuevas autoridades en la provincia (Hermes Binner) y en la ciudad (José Freyre), vinculadas profesionalmente al área de la salud, cabe ilusionarse en un resuelto apoyo oficial a este trabajo, como así también en una atenta lectura de sus conclusiones, a los efectos de promover las campañas de salud pública -preventivas y correctivas- que resulten necesarias. Si así fuere, es probable que el “Estudio Venado Tuerto III” demuestre dentro de algunos años que no seguimos tropezando, una y otra vez, con la misma piedra.
(Publicado el viernes 15 de febrero de 2008 en diario El Informe)
Tanta fue la rigurosidad científica del trabajo llevado a cabo en nuestra ciudad, que en conjunto con los realizados en Oncativo (Córdoba), Pehuajó (Buenos Aires) y Dean Funes (Córdoba), merecieron su publicación, en septiembre de 2004, en la prestigiosa revista especializada europea Diabetes & Metabolism, luego de haberse presentado -en mayo de ese mismo año- en un congreso francés. Poco después, el proyecto internacional con asiento en Dinamarca, “Detect 2” (detección de diabetes “tipo 2”), solicitó la base de datos del “Estudio Venado Tuerto I” para incorporar esa calificada información, pues hasta entonces solo disponían de estadísticas latinoamericanas procedentes del vecino Brasil.
Sin embargo, esas contundentes estadísticas epidemiológicas -con reconocimiento internacional- no dieron lugar a ninguna política pública municipal, ni provincial, para propiciar la modificación de tan riesgosas tendencias, como tampoco se conocieron reclamos de la sociedad ni de los medios de comunicación en ese sentido. De todos modos, entre las reacciones alentadoras posteriores a la medición de 1998, cabe mencionar la creación, en 2001, del Centro de Atención al Diabético, dado que dentro del 8 por ciento de afectados que se detectaron -en sintonía con la media nacional-, había quienes no respetaban la medicación ni la alimentación aconsejadas, “porque no sabían o porque no podían”, e incluso algunos recién se desayunaban del temible padecimiento.
Ya en 2003, después de muchas postergaciones, se inició en Venado el lento desarrollo del sistema de agua potable, considerado por los especialistas como una “obra clave” para optimizar la calidad de vida de la población. Consultado por la fuerte incidencia de la hipertensión arterial, el doctor Cobeñas advertía a través de este diario que “es altamente probable que este fenómeno responda a las aguas de mala calidad que se consumen”. Aunque cueste creerlo, el gobierno provincial no contribuyó con ningún subsidio para acelerar el ritmo de la trascendente obra pública, y desde la Municipalidad generaron más trabas que respaldos a la gestión de la Cooperativa de Obras Sanitarias.
En una nueva etapa, dos de los prestigiosos organizadores de la primera experiencia, la diabetóloga Marta de Sereday y el especialista en obesidad, Jorge Braguinsky, volverán a protagonizar este segundo muestreo, a mediados de año, que comprenderá un millar de casos, con la particularidad de que, entre ellos, se estudiará la evolución de las 380 personas examinadas en el ’98. Asimismo, en esta ocasión, con el impulso de la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), se investigará una decena de factores de riesgo, erigiendo al denominado “Estudio Venado Tuerto II”, en uno de los más destacados de la Argentina en 2008. En este sentido, el coordinador de los estudios de cardiología, Jorge Vilariño, destacó que la beca anual de la SAD será destinada exclusivamente a la financiación del próximo estudio, el cual contará con la participación de numerosos médicos de Buenos Aires, que junto con sus colegas venadenses, trabajarán durante cuatro días para llevar a cabo la medición. Luego, el procesamiento de las muestras se realizará en el laboratorio del Hospital de Clínicas porteño, y una parte de ellas sería enviada al instituto parisino “George Pompidou” para el desarrollo de bio-marcadores. Asimismo, en virtud de una subvención del Instituto Fleni, algunos de los examinados se beneficiarán con ecografías doppler de carótidas, a realizarse en la Capital Federal, para evaluar el estado arterial.
Para el mes entrante está previsto el lanzamiento oficial de este emprendimiento que jerarquiza a toda la región, con la presencia del presidente de la SAD, José Costa Gil, y de Marta de Sereday, junto con otros organizadores y auspiciantes.
Los pioneros que entre 1997 y 1998 impulsaron el primer “Estudio Venado Tuerto”, ante la indiferencia de muchos, hicieron posible que, en breve, la ciudad disfrute una vez más del privilegio de cuantificar los factores de riesgo predominantes en la comunidad. Con nuevas autoridades en la provincia (Hermes Binner) y en la ciudad (José Freyre), vinculadas profesionalmente al área de la salud, cabe ilusionarse en un resuelto apoyo oficial a este trabajo, como así también en una atenta lectura de sus conclusiones, a los efectos de promover las campañas de salud pública -preventivas y correctivas- que resulten necesarias. Si así fuere, es probable que el “Estudio Venado Tuerto III” demuestre dentro de algunos años que no seguimos tropezando, una y otra vez, con la misma piedra.
(Publicado el viernes 15 de febrero de 2008 en diario El Informe)
Sin señales políticas por el estado de abandono de los nomencladores
La Intendencia continúa sin contestar los reclamos del Concejo por la irregular situación de los nomencladores de las calles de la ciudad, en el marco de la concesión municipal a una empresa local de cartelería en la vía pública. Mientras tanto, en algunas esquinas, los carteles se transformaron en “giratorios”, es decir que las flechas orientadoras apuntan para cualquier lado -según el capricho del viento o del manotazo que golpea los frágiles indicadores-, incluso en el sentido de contramano, agregando factores de riesgo al tránsito urbano, ya que pueden confundir a los automovilistas visitantes, como también a los propios venadenses, que más de una vez se apoyan en la señalización, de un golpe de vista, para orientarse en el arribo a los cruces. Además, muchos de los carteles están colocados a muy baja altura -fuera de toda norma-, facilitando la tarea de los destructores del patrimonio público. Otros nomencladores, más relegados aún, descansan sobre la vereda, lejos de cumplir con su cometido específico. Asimismo, y sin mediar explicaciones, en los últimos tiempos se habría detenido la instalación de nuevos carteles.
Semanas atrás, el concejal socialista Oscar Pieroni denunció estas anormalidades, recordando que más allá de que se le haya concesionado el emprendimiento a una empresa privada, es la Municipalidad la responsable del sistema, y más precisamente la Intendencia la que debe hacer cumplir las cláusulas contractuales. En esa misma línea, el edil se quejó por la falta de información oficial sobre cantidad y destino de la cartelería sustituida, que aún no fue colocada en los barrios periféricos, según atestiguan los vecinos.
El año pasado, el secretario de Obras Públicas, Daniel Dabove, también había manifestado su disgusto, tanto con la evolución de los trabajos, como con los materiales utilizados, que no serían los pactados en la concesión. En esas mismas declaraciones, adelantó que se estudiaría la rescisión del contrato. Poco después, en una sesión legislativa, el edil Gustavo Giner aseguró que el contrato estaba caído. Sin embargo, a pesar de los reiterados pedidos de informes de la oposición, la Intendencia aún no brinda respuestas.
Esta historia de desencuentros tiene sus orígenes sobre fines de junio de 2006, con la instalación de los primeros nomencladores alrededor de la plaza San Martín, en virtud del convenio suscripto nueve meses antes por la Municipalidad con una empresa local. El acuerdo contemplaba que la prestadora retiraría las señalizaciones del área comprendida entre las calles Quintana, Presidente Perón, Ruta 8 y Santa Fe, y las reemplazaría por los nuevos nomencladores fabricados en material Gel-Coat Isoftálico (material de uso náutico) con texto y flechas en reflectivo 3M grado ingeniería, montados sobre columnas de caño galvanizado, de idéntico diámetro y altura que los originales. Según el convenio, la concesionaria también construiría refugios para paradas de micros, carteles para plazas y carteleras porta-afiches. En carácter de contraprestación, se le otorgaría -por el término de 10 años- la explotación del ciento por ciento de la publicidad de los nomencladores para calles y la cartelería a disponerse en plazas y paradas de micros, incluyendo la Terminal, en tanto que la Municipalidad se reservaría el 10 por ciento de los espacios para la difusión de cuestiones de interés público. A su vez, los nomencladores de chapa removidos serían reacondicionados por la prestadora y colocados luego en los barrios periféricos, todo ello en un generoso plazo a cumplirse recién el 30 de septiembre de 2010. Sin embargo, aún cuando faltan más de dos años para la expiración de los términos, la situación comienza a desmadrarse en función del notorio estado de abandono de los nomencladores instalados y las versiones de un presunto fracaso de la campaña de venta de publicidad de la concesionaria. En consecuencia, se impone que el Departamento Ejecutivo aclare ante la ciudadanía y el Concejo, cuál es el vínculo que une a la Municipalidad con la empresa -si es que todavía lo hay-, a los efectos de reprogramar los trabajos para saldar prontamente una de las tantas asignaturas pendientes vinculada con el ordenamiento del tránsito urbano.
(Publicado el jueves 14 de febrero de 2008 en diario El Informe)
Semanas atrás, el concejal socialista Oscar Pieroni denunció estas anormalidades, recordando que más allá de que se le haya concesionado el emprendimiento a una empresa privada, es la Municipalidad la responsable del sistema, y más precisamente la Intendencia la que debe hacer cumplir las cláusulas contractuales. En esa misma línea, el edil se quejó por la falta de información oficial sobre cantidad y destino de la cartelería sustituida, que aún no fue colocada en los barrios periféricos, según atestiguan los vecinos.
El año pasado, el secretario de Obras Públicas, Daniel Dabove, también había manifestado su disgusto, tanto con la evolución de los trabajos, como con los materiales utilizados, que no serían los pactados en la concesión. En esas mismas declaraciones, adelantó que se estudiaría la rescisión del contrato. Poco después, en una sesión legislativa, el edil Gustavo Giner aseguró que el contrato estaba caído. Sin embargo, a pesar de los reiterados pedidos de informes de la oposición, la Intendencia aún no brinda respuestas.
Esta historia de desencuentros tiene sus orígenes sobre fines de junio de 2006, con la instalación de los primeros nomencladores alrededor de la plaza San Martín, en virtud del convenio suscripto nueve meses antes por la Municipalidad con una empresa local. El acuerdo contemplaba que la prestadora retiraría las señalizaciones del área comprendida entre las calles Quintana, Presidente Perón, Ruta 8 y Santa Fe, y las reemplazaría por los nuevos nomencladores fabricados en material Gel-Coat Isoftálico (material de uso náutico) con texto y flechas en reflectivo 3M grado ingeniería, montados sobre columnas de caño galvanizado, de idéntico diámetro y altura que los originales. Según el convenio, la concesionaria también construiría refugios para paradas de micros, carteles para plazas y carteleras porta-afiches. En carácter de contraprestación, se le otorgaría -por el término de 10 años- la explotación del ciento por ciento de la publicidad de los nomencladores para calles y la cartelería a disponerse en plazas y paradas de micros, incluyendo la Terminal, en tanto que la Municipalidad se reservaría el 10 por ciento de los espacios para la difusión de cuestiones de interés público. A su vez, los nomencladores de chapa removidos serían reacondicionados por la prestadora y colocados luego en los barrios periféricos, todo ello en un generoso plazo a cumplirse recién el 30 de septiembre de 2010. Sin embargo, aún cuando faltan más de dos años para la expiración de los términos, la situación comienza a desmadrarse en función del notorio estado de abandono de los nomencladores instalados y las versiones de un presunto fracaso de la campaña de venta de publicidad de la concesionaria. En consecuencia, se impone que el Departamento Ejecutivo aclare ante la ciudadanía y el Concejo, cuál es el vínculo que une a la Municipalidad con la empresa -si es que todavía lo hay-, a los efectos de reprogramar los trabajos para saldar prontamente una de las tantas asignaturas pendientes vinculada con el ordenamiento del tránsito urbano.
(Publicado el jueves 14 de febrero de 2008 en diario El Informe)
Nuevo Hospital, la inversión provincial que merece la zona
Venado fue, y aún es, una ciudad históricamente desatendida por los gobiernos santafesinos, tanto como el resto del sur-sur, tildado de “rico y opulento” en la ciudad capital, incluso cuando el campo y la agroindustria no se mostraban florecientes como en nuestros días. Sin embargo, a partir de esas discriminaciones, la falta de representación en la mesa de las decisiones y, además, la distancia que nos separa de la Casa Gris, los venadenses, junto con algunos vecinos, nos acostumbramos a vivir con lo nuestro.
A partir de la asunción del nuevo gobierno provincial, proyecto de regionalización mediante, las distancias empiezan a acortarse, pues al erigirse en uno de los cinco nodos estratégicos, la ciudad deberá ser dotada de la infraestructura adecuada mediante las indispensables inversiones. En este sentido, no sólo se menciona la posibilidad de trasladar en los próximos meses las oficinas de Trabajo y el Registro Civil a un ámbito digno y funcional, sino que también crecen las expectativas por la posible construcción de un nuevo hospital para el sur santafesino, según deslizó el jefe regional de Salud, Armando Alianak, tras la reunión mantenida una semana atrás con el ministro del área, Miguel Angel Capiello. Si bien esa misma expresión de deseos la había planteado hace tres años el entonces ministro de Salud obeidista, Juan Silvestre Begnis, hoy el contexto político es más favorable, precisamente por la urgencia binnerista de que cada una de las ciudades cabecera de región cuente con las fortalezas para asumir esa condición.
A estas alturas, está claro que el viejo Hospital “Alejandro Gutiérrez” no puede satisfacer la creciente demanda de prestaciones desde todos los puntos de la zona, y que se requiere destinar una inversión millonaria para edificar un centro médico moderno. Mientras tanto, el gobernador Hermes Binner acaba de ratificar en su reciente visita a Venado la inminente derogación de la “ley Samco”, a los efectos de modificar drásticamente este insostenible sistema de administración de los hospitales provinciales.
Asimismo, cabe destacar la flexibilidad oficialista para los nombramientos en el área, pues lejos de distribuir los cargos entre sus militantes, además de designar como director médico a Reynaldo Casco -ex candidato a concejal scottista-, acaba de ungir como interventor del Samco a un contador oriundo de San Gregorio, de apellido Martino, que había ingresado -por concurso- durante la gestión administrativa liderada por Luis Cuicchi, ligado el dirigente justicialista Jorge Viano. Lejos de las controversias judiciales y las internas partidarias de antaño, es casi un sueño que ahora se esté hablando de la construcción del nuevo “Hospital Gutiérrez”.
(Publicado el miércoles 13 de febrero de 2008 en diario El Informe)
A partir de la asunción del nuevo gobierno provincial, proyecto de regionalización mediante, las distancias empiezan a acortarse, pues al erigirse en uno de los cinco nodos estratégicos, la ciudad deberá ser dotada de la infraestructura adecuada mediante las indispensables inversiones. En este sentido, no sólo se menciona la posibilidad de trasladar en los próximos meses las oficinas de Trabajo y el Registro Civil a un ámbito digno y funcional, sino que también crecen las expectativas por la posible construcción de un nuevo hospital para el sur santafesino, según deslizó el jefe regional de Salud, Armando Alianak, tras la reunión mantenida una semana atrás con el ministro del área, Miguel Angel Capiello. Si bien esa misma expresión de deseos la había planteado hace tres años el entonces ministro de Salud obeidista, Juan Silvestre Begnis, hoy el contexto político es más favorable, precisamente por la urgencia binnerista de que cada una de las ciudades cabecera de región cuente con las fortalezas para asumir esa condición.
A estas alturas, está claro que el viejo Hospital “Alejandro Gutiérrez” no puede satisfacer la creciente demanda de prestaciones desde todos los puntos de la zona, y que se requiere destinar una inversión millonaria para edificar un centro médico moderno. Mientras tanto, el gobernador Hermes Binner acaba de ratificar en su reciente visita a Venado la inminente derogación de la “ley Samco”, a los efectos de modificar drásticamente este insostenible sistema de administración de los hospitales provinciales.
Asimismo, cabe destacar la flexibilidad oficialista para los nombramientos en el área, pues lejos de distribuir los cargos entre sus militantes, además de designar como director médico a Reynaldo Casco -ex candidato a concejal scottista-, acaba de ungir como interventor del Samco a un contador oriundo de San Gregorio, de apellido Martino, que había ingresado -por concurso- durante la gestión administrativa liderada por Luis Cuicchi, ligado el dirigente justicialista Jorge Viano. Lejos de las controversias judiciales y las internas partidarias de antaño, es casi un sueño que ahora se esté hablando de la construcción del nuevo “Hospital Gutiérrez”.
(Publicado el miércoles 13 de febrero de 2008 en diario El Informe)
Alternativas en danza para el financiamiento de la obra pública
Las inundaciones de la semana pasada, si bien no fueron sorpresivas para los venadenses, causaron inquietud en la comandancia municipal, hasta el punto que el intendente José Freyre deslizó que podría postergar sus vacaciones previstas para el corriente mes. Sucede que, más allá de cierto acostumbramiento, es cada vez más notorio el malhumor ciudadano como consecuencia de estos constantes anegamientos en el sector céntrico, aun cuando los coletazos son más impiadosos en los barrios periféricos, como se demostró con varias decenas de familias que debieron ser atendidas en la emergencia. Atento como pocos a las demandas del vecindario, Freyre se comprometió en esta ocasión a “romper pavimento y cambiar cañerías”, una megaobra en calles céntricas que en la docena de años de gestión del intendente Roberto Scott había sido ignorada, tanto en la época de crisis como en la de mayor holgura económica. Ahora, el nuevo mandatario entendió que es tiempo de asumir ese compromiso con la población, aunque sin ponerle plazos a esos trabajos. También es cierto que en nuestra ciudad la obra pública fue muy postergada en la última década -salvo algunas inversiones provinciales de mediocres resultados- y, mientras tanto, las demandas de la gente se fueron acumulando.
Uno de los objetivos del gobierno municipal es destacarse prontamente en la ejecución de obra pública (gas, cloacas, cordón-cuneta, pavimento, etc.), pero se enfrenta con dos obstáculos: el delicado estado de las cuentas públicas no le permite financiar los proyectos con recursos propios, y la deuda millonaria que no supieron negociar en tantos años con la Sindicatura del ex BID, condena a la Municipalidad a la categoría de “insolvente” para el Banco Central, trabando la gestión de ayudas crediticias.
Como alternativa ante tamañas dificultades, en los despachos de San Martín y Marconi macera un planteo de “fondo de obra pública”, administrado por un fideicomiso y alimentado con el aporte del Banco Hipotecario y entidades mutualistas locales, en tanto que, como garantía de repago, se evalúa la aplicación de una sobretasa del 10 por ciento, al estilo de los emprendimientos vigentes en las ciudades de Río Cuarto y Paraná.
Según la actualidad de las arcas municipales, se desprende que esta metodología sería la única que podría asegurar un ritmo de trabajo constante, con una cuenta asignada específicamente a esos destinos, aunque el Concejo, desde su rol fiscalizador, deberá estudiar, más adelante, hasta dónde podrá comprometerse la Municipalidad para garantizar la devolución de las contribuciones de las entidades financieras, estimadas en diez millones de pesos para la etapa inicial.
(Publicado el martes 12 de febrero de 2008 en diario El Informe)
Uno de los objetivos del gobierno municipal es destacarse prontamente en la ejecución de obra pública (gas, cloacas, cordón-cuneta, pavimento, etc.), pero se enfrenta con dos obstáculos: el delicado estado de las cuentas públicas no le permite financiar los proyectos con recursos propios, y la deuda millonaria que no supieron negociar en tantos años con la Sindicatura del ex BID, condena a la Municipalidad a la categoría de “insolvente” para el Banco Central, trabando la gestión de ayudas crediticias.
Como alternativa ante tamañas dificultades, en los despachos de San Martín y Marconi macera un planteo de “fondo de obra pública”, administrado por un fideicomiso y alimentado con el aporte del Banco Hipotecario y entidades mutualistas locales, en tanto que, como garantía de repago, se evalúa la aplicación de una sobretasa del 10 por ciento, al estilo de los emprendimientos vigentes en las ciudades de Río Cuarto y Paraná.
Según la actualidad de las arcas municipales, se desprende que esta metodología sería la única que podría asegurar un ritmo de trabajo constante, con una cuenta asignada específicamente a esos destinos, aunque el Concejo, desde su rol fiscalizador, deberá estudiar, más adelante, hasta dónde podrá comprometerse la Municipalidad para garantizar la devolución de las contribuciones de las entidades financieras, estimadas en diez millones de pesos para la etapa inicial.
(Publicado el martes 12 de febrero de 2008 en diario El Informe)
Madura la licencia de conducir "por puntos"
En Venado Tuerto se habla de la futura “tolerancia acero” en el control del tránsito, donde las motocicletas serían especialmente observadas, tras detectarse que son protagonistas de siete de cada decena de accidentes. En esa misma tendencia rigurosa se inscribe la licencia de conducir por puntos, que acaba de aprobarse en Capital Federal y está cerca de habilitarse en la provincia de Santa Fe, sobre todo desde que el gobernador Hermes Binner reclamó el pronto tratamiento del proyecto en Senadores (ya tiene media sanción de Diputados). En sus tiempos de legislador provincial, el promotor de la ley había sido el ahora ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti. Con estos antecedentes, y las ola de muertes en las rutas argentinas, se cree que los senadores del PJ -son mayoría en la Cámara alta- no pondrán reparos en acompañar la reforma.
La iniciativa ya está vigente en Europa, Estados Unidos y algunos países de América latina, con auspiciosos resultados, ya que la tasa de accidentes viales se redujo hasta en un 30 por ciento.
Mientras en la Capital el sistema “scoring” entrará en vigencia en agosto y en nuestra provincia podría estrenarse este mismo año, en la Casa Rosada consideran que esta metodología debería aplicarse en todo el país.
En Santa Fe, el proyecto contempla la acreditación de cinco puntos por año de vigencia del carné (es decir, 25 puntos en cinco años) y tipifica las faltas en tres categorías: leves, graves y muy graves. Cada infracción ocasionará la pérdida de puntos en la medida en que es sancionada por un juez de Faltas, de modo tal que los reincidentes pueden perder la licencia de conducir.
La licencia por puntos despierta justificadas expectativas, pero no hay que suponer que en la Argentina tendrá éxito por el sólo hecho de haberlo tenido en otras naciones, en contextos económicos, sociales y culturales diferentes. Así pues, para una imitación completa habrá que tomar ciertos recaudos, como garantizar que aquel conductor que perdió la licencia por acumulación de faltas, no pueda recurrir a otro distrito para gestionarla (debería existir un registro único, como para el DNI). También es medular la adecuada instrucción a los inspectores, ya que sus decisiones serán más influyentes. Además, en los países desarrollados que cuentan con este sistema, la obtención del carné requiere de un curso teórico-práctico muy riguroso, y la infraestructura y la señalización suelen ser óptimas. Nada de eso ocurre en la Argentina. En principio, el sistema es prometedor, siempre y cuando se incorporen, al mismo tiempo, una serie de medidas elementales ya impuestas en el denominado Primer Mundo. Ya es tiempo de castigar severamente a los infractores que ponen en riesgo la integridad del prójimo -además de la suyas-, pero el Estado -en todos sus niveles- debe cumplir también con sus obligaciones en materia de organización, infraestructura y controles de tránsito.
(Publicado el lunes 11 de febrero de 2008 en diario El Informe)
La iniciativa ya está vigente en Europa, Estados Unidos y algunos países de América latina, con auspiciosos resultados, ya que la tasa de accidentes viales se redujo hasta en un 30 por ciento.
Mientras en la Capital el sistema “scoring” entrará en vigencia en agosto y en nuestra provincia podría estrenarse este mismo año, en la Casa Rosada consideran que esta metodología debería aplicarse en todo el país.
En Santa Fe, el proyecto contempla la acreditación de cinco puntos por año de vigencia del carné (es decir, 25 puntos en cinco años) y tipifica las faltas en tres categorías: leves, graves y muy graves. Cada infracción ocasionará la pérdida de puntos en la medida en que es sancionada por un juez de Faltas, de modo tal que los reincidentes pueden perder la licencia de conducir.
La licencia por puntos despierta justificadas expectativas, pero no hay que suponer que en la Argentina tendrá éxito por el sólo hecho de haberlo tenido en otras naciones, en contextos económicos, sociales y culturales diferentes. Así pues, para una imitación completa habrá que tomar ciertos recaudos, como garantizar que aquel conductor que perdió la licencia por acumulación de faltas, no pueda recurrir a otro distrito para gestionarla (debería existir un registro único, como para el DNI). También es medular la adecuada instrucción a los inspectores, ya que sus decisiones serán más influyentes. Además, en los países desarrollados que cuentan con este sistema, la obtención del carné requiere de un curso teórico-práctico muy riguroso, y la infraestructura y la señalización suelen ser óptimas. Nada de eso ocurre en la Argentina. En principio, el sistema es prometedor, siempre y cuando se incorporen, al mismo tiempo, una serie de medidas elementales ya impuestas en el denominado Primer Mundo. Ya es tiempo de castigar severamente a los infractores que ponen en riesgo la integridad del prójimo -además de la suyas-, pero el Estado -en todos sus niveles- debe cumplir también con sus obligaciones en materia de organización, infraestructura y controles de tránsito.
(Publicado el lunes 11 de febrero de 2008 en diario El Informe)
Venado disfruta del ascenso a "nodo" de la región sur-sur
En menos de dos meses de gobierno, Hermes Binner y sus colaboradores, consiguieron demostrar, al menos en el plano de los gestos políticos, que existía otro modelo de gestionar la provincia de Santa Fe. Pomposamente, el gobernador ratificó en Venado Tuerto su intención de “construir una nueva forma de gobernar”, y lo están llevando a cabo, a juzgar por los favorables comentarios de los intendentes y presidentes comunales de las distintas regiones santafesinas, que obtienen respuestas inmediatas -aunque no siempre sea un “sí”- a sus demandas, cualquiera fuere su signo partidario. En este sentido, es tanta la exigencia de Binner para con los suyos, que hasta los obliga a contar con teléfonos móviles aptos, tanto para navegar en Internet, como para recibir y responder mails, estén donde estén, sea el contacto con la Casa Gris, con intendentes, entidades intermedias o ciudadanos comunes. Asimismo, en su reciente estancia en Venado, los agentes de prensa de la Gobernación recolectaron todas las direcciones de portales y blogs regionales dedicados a informar y opinar a través de Internet, al tiempo que gestionaron minuciosamente el puntual arribo a la ciudad capital de los medios gráficos más influyentes.
Es cierto que recién cuando transcurran algunos meses podrá evaluarse a ciencia cierta la eficiencia de estas metodologías, mediante la lectura de los resultados iniciales, pero el golpe de efecto, después de tanta rutina burocrática, ya fue asestado, teniendo en cuenta además que la inmensa provincia de Santa Fe, que pedía a gritos una genuina regionalización, con la consecuente descentralización de funciones, ya transita con ese rumbo, según los conceptos de la denominada “democracia de proximidad”, donde la población tiene más cerca el lugar de decisión de sus problemas. Que los ministros, secretarios y directores, sepan que durante toda la gestión deberán entablar frecuentes mano a mano con los intendentes y presidentes comunales, como en la reunión de trabajo realizada el miércoles último en esta ciudad (incluso el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, atendió durante largo rato a la mamá de Clemente, Ana Braghieri), establece un cambio sustancial de metodologías que, en principio, jerarquiza la función de las autoridades locales, y al mismo tiempo blanquea sus relaciones con el gobierno provincial. Por ejemplo, hasta hace un par de días, todas las responsabilidades por la demora del sorteo de las viviendas del Plan Federal en Venado eran atribuidas a la Provincia, hasta que el director de Vivienda aclaró que hay obras de infraestructura pendientes que debe completar la Municipalidad, antes de proceder al sorteo de las casas, como ahora reconocen desde la Secretaría de Obras Públicas.
Por otra parte, esta modalidad de trabajo, aunque sea en forma indirecta, se propone devolver los roles naturales a los legisladores provinciales, que deberían destacarse por su cometido específico en los ámbitos parlamentarios, antes que por otras tradicionales prácticas, tales como el reparto de subsidios a diestra y siniestra, o el pecaminoso tráfico de influencias.
Ni Blanco ni negro
El gobierno del Frente Progresista, que se muestra tan sólido en la cúpula, por ahora no luce idéntica fortaleza en sus bases locales, a partir de la enclenque actualidad política de sus referentes históricos, Juan Moscoso y Roberto Meier. Con estos antecedentes, el diputado provincial Joaquín Blanco, un operador socialista residente en Rosario, pero oriundo de San Gregorio, desató un tembladeral interno una semana atrás, cuando comentó que los legisladores del partido de la rosa se habían distribuido en las distintas regiones para oficiar de nexos con la Casa Gris. Aunque la declaración no asomaba con aristas polémicas, varios dirigentes vernáculos de la UCR frentista y el ARI, interpretaron el planteo como una autoproclamación de Blanco en la función de nuevo líder regional. “Acá no queremos que nadie nos imponga un comisario político”, bramó uno de los más ofuscados, mientras se pintaba la cara. No obstante, las ambiciones del legislador -esposo de la viceministra de Trabajo y referente de los equipos técnicos binneristas, Alicia Ciciliani- no irían tan lejos, hasta el punto que ni siquiera estaría definida la creación de una futura “coordinación regional”, en sintonía con el progreso del plan de regionalización, que está dando sus primeros pasos bajo la supervisión del padre de la criatura, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, y la secretaria de Municipios, Comunas y Regiones, Mónica Bifarello.
Aunque algunos referentes oficialistas de la región aún están disconformes por ciertas designaciones del gobierno provincial en el área de Salud, por ejemplo, y temen que esos mismos “desplantes” a los caciques territoriales se reiteren en otras reparticiones, quien acaba de ser confirmado en el rol de delegado regional del Ministerio de la Producción santafesino es el caudillo isabelense Juan Enrique Lombardi, que se desempeñará desde la semana próxima en la dependencia con asiento en Saavedra y Colón de esta ciudad. Casi en coincidencia con el centenario de su localidad -se cumple hoy-, el ex candidato a senador provincial recibió una noticia que lo satisface doblemente, pues el nombramiento no lo trasladará a la ciudad capital, sino que podrá permanecer en la región, y muy cerca de la Santa Isabel que dejó en manos de su delfín Mario Kovacevic. En cambio, por el momento ni siquiera se mencionan cargos provinciales para el Tío Meier -que se mantendrá en un único bloque socialista con sus pares Oscar Pieroni y Fabián Vernetti-, y las ofertas de premio consuelo que en los últimos días le acercaron a Moscoso, están lejos de aliviar su íntimo disgusto con los nombramientos de Binner en la salud pública zonal.
Gobierno nuevo busca casa
En el reciente desembarco del gabinete binnerista, y en paralelo al desarrollo de los poblados talleres, volvió a tratarse la cuestión de los edificios públicos en Venado, cuya situación adquirió trascendencia provincial luego de que la viceministra de Trabajo definiera como “vergonzoso” el estado edilicio de la delegación regional de esa área. Para los cerebros del gobierno, en cada rincón de la provincia las reparticiones públicas deben lucir condiciones dignas y brindar un servicio excelente, pero más aún en las cabeceras de los nodos. Así como en la ciudad capital llegó a evaluarse la compra de un edificio que antaño albergó a un hotel para trasladar el Centro de Cómputos que hoy funciona en un inmueble poco propicio, en nuestra ciudad se pidieron condiciones por varios lugares, entre ellos las ex oficinas de la Anses (en calle Chacabuco) y la ex sede social del Club Centenario (en avenida Casey). En principio, la prioridad es el traslado de las dependencias de Trabajo y el Registro Civil, aunque el objetivo mediato es concentrar la totalidad de las oficinas provinciales en un mismo ámbito, como lo había manifestado semanas atrás el secretario parlamentario de la Cámara Baja, Lisandro Enrico. Mientras tanto, una alternativa intermedia que se estaría barajando es que, en el corto plazo, se solucionen las situaciones más apremiantes, y se postergue la unificación edilicia para el año próximo, dado que no es sencillo encontrar un espacio que reúna, al mismo tiempo, una ubicación geográfica relativamente céntrica, con disponibilidad para el estacionamiento y de fácil acceso, teniendo en cuenta que el flamante carácter de cabecera regional asignado a Venado, convertirá a sus oficinas provinciales en escala obligada para la población de una amplia porción del sur-sur.
(Publicado el viernes 8 de febrero de 2008 en diario El Informe)
Es cierto que recién cuando transcurran algunos meses podrá evaluarse a ciencia cierta la eficiencia de estas metodologías, mediante la lectura de los resultados iniciales, pero el golpe de efecto, después de tanta rutina burocrática, ya fue asestado, teniendo en cuenta además que la inmensa provincia de Santa Fe, que pedía a gritos una genuina regionalización, con la consecuente descentralización de funciones, ya transita con ese rumbo, según los conceptos de la denominada “democracia de proximidad”, donde la población tiene más cerca el lugar de decisión de sus problemas. Que los ministros, secretarios y directores, sepan que durante toda la gestión deberán entablar frecuentes mano a mano con los intendentes y presidentes comunales, como en la reunión de trabajo realizada el miércoles último en esta ciudad (incluso el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, atendió durante largo rato a la mamá de Clemente, Ana Braghieri), establece un cambio sustancial de metodologías que, en principio, jerarquiza la función de las autoridades locales, y al mismo tiempo blanquea sus relaciones con el gobierno provincial. Por ejemplo, hasta hace un par de días, todas las responsabilidades por la demora del sorteo de las viviendas del Plan Federal en Venado eran atribuidas a la Provincia, hasta que el director de Vivienda aclaró que hay obras de infraestructura pendientes que debe completar la Municipalidad, antes de proceder al sorteo de las casas, como ahora reconocen desde la Secretaría de Obras Públicas.
Por otra parte, esta modalidad de trabajo, aunque sea en forma indirecta, se propone devolver los roles naturales a los legisladores provinciales, que deberían destacarse por su cometido específico en los ámbitos parlamentarios, antes que por otras tradicionales prácticas, tales como el reparto de subsidios a diestra y siniestra, o el pecaminoso tráfico de influencias.
Ni Blanco ni negro
El gobierno del Frente Progresista, que se muestra tan sólido en la cúpula, por ahora no luce idéntica fortaleza en sus bases locales, a partir de la enclenque actualidad política de sus referentes históricos, Juan Moscoso y Roberto Meier. Con estos antecedentes, el diputado provincial Joaquín Blanco, un operador socialista residente en Rosario, pero oriundo de San Gregorio, desató un tembladeral interno una semana atrás, cuando comentó que los legisladores del partido de la rosa se habían distribuido en las distintas regiones para oficiar de nexos con la Casa Gris. Aunque la declaración no asomaba con aristas polémicas, varios dirigentes vernáculos de la UCR frentista y el ARI, interpretaron el planteo como una autoproclamación de Blanco en la función de nuevo líder regional. “Acá no queremos que nadie nos imponga un comisario político”, bramó uno de los más ofuscados, mientras se pintaba la cara. No obstante, las ambiciones del legislador -esposo de la viceministra de Trabajo y referente de los equipos técnicos binneristas, Alicia Ciciliani- no irían tan lejos, hasta el punto que ni siquiera estaría definida la creación de una futura “coordinación regional”, en sintonía con el progreso del plan de regionalización, que está dando sus primeros pasos bajo la supervisión del padre de la criatura, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, y la secretaria de Municipios, Comunas y Regiones, Mónica Bifarello.
Aunque algunos referentes oficialistas de la región aún están disconformes por ciertas designaciones del gobierno provincial en el área de Salud, por ejemplo, y temen que esos mismos “desplantes” a los caciques territoriales se reiteren en otras reparticiones, quien acaba de ser confirmado en el rol de delegado regional del Ministerio de la Producción santafesino es el caudillo isabelense Juan Enrique Lombardi, que se desempeñará desde la semana próxima en la dependencia con asiento en Saavedra y Colón de esta ciudad. Casi en coincidencia con el centenario de su localidad -se cumple hoy-, el ex candidato a senador provincial recibió una noticia que lo satisface doblemente, pues el nombramiento no lo trasladará a la ciudad capital, sino que podrá permanecer en la región, y muy cerca de la Santa Isabel que dejó en manos de su delfín Mario Kovacevic. En cambio, por el momento ni siquiera se mencionan cargos provinciales para el Tío Meier -que se mantendrá en un único bloque socialista con sus pares Oscar Pieroni y Fabián Vernetti-, y las ofertas de premio consuelo que en los últimos días le acercaron a Moscoso, están lejos de aliviar su íntimo disgusto con los nombramientos de Binner en la salud pública zonal.
Gobierno nuevo busca casa
En el reciente desembarco del gabinete binnerista, y en paralelo al desarrollo de los poblados talleres, volvió a tratarse la cuestión de los edificios públicos en Venado, cuya situación adquirió trascendencia provincial luego de que la viceministra de Trabajo definiera como “vergonzoso” el estado edilicio de la delegación regional de esa área. Para los cerebros del gobierno, en cada rincón de la provincia las reparticiones públicas deben lucir condiciones dignas y brindar un servicio excelente, pero más aún en las cabeceras de los nodos. Así como en la ciudad capital llegó a evaluarse la compra de un edificio que antaño albergó a un hotel para trasladar el Centro de Cómputos que hoy funciona en un inmueble poco propicio, en nuestra ciudad se pidieron condiciones por varios lugares, entre ellos las ex oficinas de la Anses (en calle Chacabuco) y la ex sede social del Club Centenario (en avenida Casey). En principio, la prioridad es el traslado de las dependencias de Trabajo y el Registro Civil, aunque el objetivo mediato es concentrar la totalidad de las oficinas provinciales en un mismo ámbito, como lo había manifestado semanas atrás el secretario parlamentario de la Cámara Baja, Lisandro Enrico. Mientras tanto, una alternativa intermedia que se estaría barajando es que, en el corto plazo, se solucionen las situaciones más apremiantes, y se postergue la unificación edilicia para el año próximo, dado que no es sencillo encontrar un espacio que reúna, al mismo tiempo, una ubicación geográfica relativamente céntrica, con disponibilidad para el estacionamiento y de fácil acceso, teniendo en cuenta que el flamante carácter de cabecera regional asignado a Venado, convertirá a sus oficinas provinciales en escala obligada para la población de una amplia porción del sur-sur.
(Publicado el viernes 8 de febrero de 2008 en diario El Informe)
Tránsito, con buen rumbo, pero aún falta la campaña
Tal vez antes de que termine el verano el intendente José Freyre habrá visitado el Concejo en más ocasiones que su antecesor, optimizando el funcionamiento del sistema democrático municipal, que hasta diciembre solía ubicar a los ediles como elementos decorativos. Sin embargo, esta apuesta de la Intendencia a trabajar en tándem con los legisladores en la resolución de los temas de Estado de la ciudad, marca un sensible progreso desde el punto de vista institucional, porque las decisiones se equilibran y perfeccionan con la contribución de otros sectores políticos votados por los venadenses. Además, de este modo, los concejales son depositarios de elementos de juicio que, más adelante, serán decisivos para la fiscalización de esos mismos proyectos. Como tantas veces reprochamos a la gestión scottista ante el incumplimiento del envío puntual del Boletín Oficial, insistimos que el ocultamiento de la información pública no sólo viola la Constitución y perjudica la labor periodística, sino que obstaculiza la sagrada tarea de control de la oposición en el Concejo.
En esta oportunidad, Freyre visitará a los ediles con una batería de asuntos ligados al tránsito local, desmadrado desde hace años por falencias de planificación y control por parte del gobierno municipal. Ahora, en busca de recuperar el tiempo perdido, a la par del lanzamiento de la multipartita Junta de Tránsito, la Intendencia intenta vertebrar acuerdos políticos locales y regionales para unificar los procedimientos, en el inicio de un arduo camino en pos de modificar hábitos tan nocivos como arraigados en nuestro cuerpo social.
También cabe destacar como un aspecto positivo de la gestión las recientes charlas de capacitación a los inspectores, ya que es indispensable que los mismos estén correctamente instruidos, entre otro tópicos, sobre la documentación obligatoria que debe portar quien se traslade en automotor o motocicleta, no sólo para aplicar las normas con justicia, sino también para enfrentar los embates autoritarios de los cientos de transgresores que circulan por las calles de la ciudad.
Sin embargo, el gobierno municipal vuelve a pecar de falta de imaginación a la hora de imaginar una campaña publicitaria creativa y sostenida en los medios locales para sensibilizar a la población acerca de las nuevas estrategias para el tránsito urbano. Si bien es cierto que los funcionarios del área son consultados con frecuencia por el periodismo, nada reemplaza a un repiqueteo sistemático, que además de informar, invita al ciudadano a reflexionar sobre la convicción de las autoridades en la severidad de la próxima etapa. No debería ser un impedimento para ello que la Municipalidad adeude varios meses de pauta publicitaria a la mayoría de los medios locales, como se deslizó en un corrillo de San Martín y Marconi, pues estamos en presencia de una cuestión vital para la convivencia de los venadenses en la vía pública, hoy devenida en un caos.
(Publicado el miércoles 6 de febrero de 2008 en diario El Informe)
En esta oportunidad, Freyre visitará a los ediles con una batería de asuntos ligados al tránsito local, desmadrado desde hace años por falencias de planificación y control por parte del gobierno municipal. Ahora, en busca de recuperar el tiempo perdido, a la par del lanzamiento de la multipartita Junta de Tránsito, la Intendencia intenta vertebrar acuerdos políticos locales y regionales para unificar los procedimientos, en el inicio de un arduo camino en pos de modificar hábitos tan nocivos como arraigados en nuestro cuerpo social.
También cabe destacar como un aspecto positivo de la gestión las recientes charlas de capacitación a los inspectores, ya que es indispensable que los mismos estén correctamente instruidos, entre otro tópicos, sobre la documentación obligatoria que debe portar quien se traslade en automotor o motocicleta, no sólo para aplicar las normas con justicia, sino también para enfrentar los embates autoritarios de los cientos de transgresores que circulan por las calles de la ciudad.
Sin embargo, el gobierno municipal vuelve a pecar de falta de imaginación a la hora de imaginar una campaña publicitaria creativa y sostenida en los medios locales para sensibilizar a la población acerca de las nuevas estrategias para el tránsito urbano. Si bien es cierto que los funcionarios del área son consultados con frecuencia por el periodismo, nada reemplaza a un repiqueteo sistemático, que además de informar, invita al ciudadano a reflexionar sobre la convicción de las autoridades en la severidad de la próxima etapa. No debería ser un impedimento para ello que la Municipalidad adeude varios meses de pauta publicitaria a la mayoría de los medios locales, como se deslizó en un corrillo de San Martín y Marconi, pues estamos en presencia de una cuestión vital para la convivencia de los venadenses en la vía pública, hoy devenida en un caos.
(Publicado el miércoles 6 de febrero de 2008 en diario El Informe)
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