Apenas el intendente Carlos Torres me honró con la invitación para compartir este acto oficial en la ciudad de Firmat por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en el mismísimo Paseo “Rodolfo Walsh”, como homenaje a un periodista erigido en emblema de dignidad y rebeldía ante los dictadores, creí que era una buena oportunidad, sobre todo ante la presencia de tantos alumnos, de recordar que en aquel Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 -pocos meses antes de las elecciones anticipadas-, la sociedad civil también tuvo muchas culpas, aun cuando esté fuera de discusión la existencia de un perverso plan norteamericano de siembra de dictaduras en casi todo el continente. Sin embargo, la nuestra fue la más cruel y entreguista de todas, y así como hubo héroes de la resistencia, también se conocieron muchas complicidades, de los propios gobernantes víctimas del derrocamiento, de la oposición, el sindicalismo, el empresariado, la Iglesia y los principales medios periodísticos, único sector que no hizo ninguna autocrítica por su colaboracionismo con los usurpadores, que no sólo persiguieron, secuestraron, torturaron, violaron, robaron bebés y mataron compatriotas, sino que desmantelaron el aparato productivo nacional, concentraron la economía en pocas manos y multiplicaron la deuda externa.
“Nadie resiste un archivo”, suele decirse, y basta repasar los titulares y editoriales de la época para comprobar la actitud claudicante de la mayor parte de la prensa, con la salvedad de una larga lista de periodistas que desde el vamos supo de qué se trataba, como el combativo Rodolfo Walsh, emboscado y asesinado el 25 de marzo del ’77 -hoy se cumplen 31 años-, un día después de distribuir la premonitoria Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar, esa que terminó de redactar “sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles”.
También conviene recordar que así como hoy padecemos una creciente violencia urbana, acicateada por la exclusión, la droga y el delito, en la antesala de la dictadura, el país asistía a una espiral de violencia política, en un claro desprecio por el estado de derecho y los procesos electorales como escenario de resolución de las diferencias. De hecho, desde mediados del siglo pasado, era común que distintos sectores políticos “golpearan las puertas de los cuarteles” para apurar el fin del gobierno de turno; ya en los ’70, de regreso en el poder tras 18 años de enfermiza proscripción, el peronismo saldaba sus internas a los tiros entre la derecha y la izquierda, como en Ezeiza del ’73, a la par de las andanzas siniestras de la Triple A prohijada por José López Rega.
Sobre la base de estos datos clave de la historia reciente, así como debemos cuidarnos del olvido, para no repetir los mismos errores del pasado, tendremos que evitar la oficialización de una memoria sesgada y selectiva, porque, insisto, los militares golpistas no fueron un grupo de paracaidistas que descendió una madrugada sorprendiendo a la sociedad civil libre de pecados.
Nuestras contradicciones se prolongaron en los casi 25 años de gobiernos constitucionales, a partir de la democracia restaurada el 10 de diciembre del ’83, con bruscos vaivenes, más evidentes en el período alfonsinista, con el poder militar todavía gozando de buena salud, cuando del Informe de la Conadep y el histórico Juicio a las Juntas, se mutó a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida; y entre los gobiernos de Carlos Menem y Néstor Kirchner -ambos del mismo partido-, saltando del indulto a los criminales, en los ‘90, a las actuales reivindicaciones de los derechos humanos, rescate de la memoria y apoyo oficial a los juicios por la verdad y la justicia, con las garantías de defensa que no tuvieron las víctimas de la tiranía, aunque sin la celeridad en los procesos que todos deseamos y, para mayor desazón, con Jorge Julio López como un “desaparecido” de la democracia.
Minutos atrás recapitulaba las históricas dificultades de los argentinos para sintetizar coincidencias y las facilidades para desembocar en falsas antinomias. Por eso es inquietante, a 32 años del Golpe, que el Gobierno se afane en enfrentar a la sociedad con los productores agropecuarios; es escandaloso que uno de los sindicatos más beneficiados por el kirchnerismo boicotee la protesta del campo contra retenciones sin distingos entre débiles y poderosos; y es sorprendente que el mismo Gobierno que bendijo cuanto corte de ruta gestó su propia tropa piquetera, se horrorice cuando le pagan con esa misma moneda. Hoy, es el campo, con sus agricultores, ganaderos y tamberos; en 2001, fueron los sectores medios, cuando se metieron con sus ahorros; y mañana, serán otros, a menos que entendamos que Democracia es mucho más que ausencia de dictadores y elecciones cada dos años.
Para cuestionar el Terrorismo de Estado a la distancia, no basta con encendidos testimonios de repudio; también es preciso que esta democracia, todavía acotada a las formalidades electorales, sea más justa, igualitaria, progresista, solidaria y transparente, en todos los niveles de gobierno, desde la Casa Rosada hasta la más pequeña de las comunas. En otras palabras, tenemos que reivindicar esa misma práctica política que los dictadores cortaron de cuajo para establecer una dominación absoluta. En este sentido, el más flaco favor que podemos hacernos hoy como sociedad es entender la política como una cosa de los gobernantes, que no nos compete, que no nos involucra, que no nos importa, llegando hasta el ridículo de vanagloriarnos de esa indiferencia. Uno de los mayores éxitos de la dictadura -hay que admitirlo- fue la meticulosa desarticulación, a través del terror, de los tejidos comunitarios, generando la pérdida de la confianza en el otro y el descreimiento en los proyectos colectivos. Muchas de esas secuelas, aún hoy sobreviven, bajo las máscaras del individualismo, la resignación, el “no se puede” y hasta el tristemente célebre “no te metás”. Por lo contrario, el cometido de este tiempo es involucrarse, tomar partido, asumir protagonismo, ejercer los derechos, llenar de contenido esta democracia adolescente, de la que no tenemos que esperar tanto, sino, a la que le tenemos que dar mucho, para que ella nos premie con sus frutos, como consecuencia de nuestras propias realizaciones.
(Discurso en el acto oficial realizado el 25 de marzo de 2008 en la ciudad de Firmat con motivo del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia)
Sociedad Rural y Federación Agraria, unidos por el espanto; Freyre y Scott, uno de cada lado del piquete
El paro de las actividades agropecuarias contra el nuevo aumento de las retenciones encendió todas las luces de alerta en la Casa Rosada. Sobre todo después de conocerse la brusca caída de la imagen positiva de la presidenta Cristina Fernández por los estragos de la inflación. En tanto, otra amenaza agazapada es el desabastecimiento de productos cárnicos y lácteos, que en el curso de esta misma semana podría ocasionar el repudio de los díscolos sectores medios. Con su discurso, el Gobierno intenta enfrentar a la sociedad con los productores, y sembrar discordias internas en el cuarteto de entidades convocantes, más aún entre la Sociedad Rural y Federación Agraria, cuyas diferencias son harto conocidas. “No nos une el amor, sino el espanto”, aclaró la semana pasada el presidente de la FAA, Eduardo Buzzi, graficando que fueron las medidas unilaterales y confiscatorias las que consiguieron el milagro de la transitoria unidad. “Estamos juntos, pero no mezclados”, apreció el dirigente chovetense Aldo Viscovich, también integrante de la misma Federación, que hasta hace poco tiempo exhibía sólidos vínculos con el kirchnerismo, hasta que las políticas ortodoxas –retenciones a mansalva sin compensaciones ni reintegros a las pymes del campo- resquebrajaron las relaciones. Ahora, preocupado por los efectos políticos del paro, el Gobierno promete ventajas para los pequeños y medianos productores, pero advierte que no se sentará a negociar hasta tanto se suspenda la medida de fuerza; por su parte, los manifestantes sostienen que la huelga de actividades y los cortes de rutas sólo serían interrumpidos ante una marcha atrás en el último aumento de las retenciones. “Vamos camino a una rebeldía incontrolable”, auguró Buzzi el Viernes Santo, deslizando que de no haber un pronto acuerdo las bases podrían sobrepasar a las dirigencias.
En tanto, el gobernador santafesino Hermes Binner, aprovechó el fin de semana largo para pulir su discurso y ubicarse en un rol de moderador del conflicto, llamando a la apertura de un diálogo entre las partes, en igualdad de condiciones, “sin vencedores ni vencidos”, subrayó. Más enfático que otras veces, el socialista criticó a la Presidenta por lanzar las medidas en forma intempestiva, al tiempo que objetó la ausencia de una política agro-ganadera nacional. Antes, Binner había recurrido a un planteo más diplomático y equidistante, aunque también es cierto que mandó a los piquetes chacareros a su secretaria de Integración Regional, la combativa María del Carmen Alarcón, que en la concentración realizada en nuestra ciudad, por ejemplo, dijo que “estamos acá porque no le tenemos miedo a la reacción de la Casa Rosada y porque el gobierno al que pertenezco está decidido a defender los intereses de sus productores…”.
Con el control de la Presidencia de la Nación; el Congreso; los sindicatos (¿se viene el contra-piquete de los camioneros?); su propia tropa piquetera y, en breve, la estructura nacional del PJ, sólo los puntanos Rodríguez Saá (no le aceptaron ni el cambio de hora) encarnan una simbólica oposición a los Kirchner. Sin embargo, numerosos dirigentes oficialistas están indignados por la torpeza política de arremeter contra todos los productores, sin distingos, aunque se expresan en silencio, temerosos de quedar expuestos a la ira de la sociedad presidencial.
En Tucumán, por ejemplo, el gobernador José Alperovich, alineado con las retenciones, sufrió las renuncias del ministro de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz, y del presidente del Ente Tucumán Turismo, Roberto Martínez Zavalía, que son dirigentes ruralistas. También en nuestra región asomaron excepciones entre mandatarios enrolados en el Frente para la Victoria, como el jefe comunal chabasense Osvaldo Salomón, quien en este mismo diario interrogó desde el titular de un artículo de su autoría: “¿Quién la asesora, señora Presidenta?” Con valentía política y lucidez analítica, el funcionario puntualizó que “es la hora del diálogo, se deben suspender las últimas medidas”. En el mismo texto, Salomón definió que “no hay tiempo que perder, no dejemos que la bronca gane nuestras rutas (…) Es de necios no admitir errores, y de grandes, rectificarlos”. Más mesurada, pero también destacable, fue la actitud del intendente venadense José Luis Freyre, que se hizo presente en el corte de ruta para solidarizarse con los productores agropecuarios, junto con el secretario coordinador Hernán Roma, ambos de muy buena relación con algunos de los dirigentes locales que impulsan la protesta. Poco después, en la noche del viernes, en el envío En la Tecla (Canal 12), el ex intendente Roberto Scott tomaba distancia de las estrategias de su sucesor en el Sillón de Aufranc, criticando sin piedad a los productores del campo y proponiendo que la Gendarmería se ocupe prontamente de despejar las rutas de hombres y mujeres manifestantes. Toda una profecía: ayer los gendarmes de Paraná reprimieron la protesta.
Así pues, mientras la histórica movilización contra las retenciones gana en coherencia interna y respaldos externos, en las filas del oficialista Frente para la Victoria se agigantan los miedos por un posible desborde del conflicto en las próximas horas, como así también crece la incertidumbre sobre la interpretación de los hechos que haga la gente a partir de hoy, cuando se normalicen las actividades tras el largo feriado. También se desprende que, a estas alturas, las medidas del Gobierno generan más grietas dentro del mismísimo kirchnerismo -aunque sean silenciosas-, que entre los sectores dispuestos a resistir codo a codo, unidos por el espanto, un regresivo embate recaudatorio que, según los productores, ayudará a profundizar la concentración de la tierra y de la economía.
(Publicado el martes 25 de marzo de 2008 en diario El Informe)
En tanto, el gobernador santafesino Hermes Binner, aprovechó el fin de semana largo para pulir su discurso y ubicarse en un rol de moderador del conflicto, llamando a la apertura de un diálogo entre las partes, en igualdad de condiciones, “sin vencedores ni vencidos”, subrayó. Más enfático que otras veces, el socialista criticó a la Presidenta por lanzar las medidas en forma intempestiva, al tiempo que objetó la ausencia de una política agro-ganadera nacional. Antes, Binner había recurrido a un planteo más diplomático y equidistante, aunque también es cierto que mandó a los piquetes chacareros a su secretaria de Integración Regional, la combativa María del Carmen Alarcón, que en la concentración realizada en nuestra ciudad, por ejemplo, dijo que “estamos acá porque no le tenemos miedo a la reacción de la Casa Rosada y porque el gobierno al que pertenezco está decidido a defender los intereses de sus productores…”.
Con el control de la Presidencia de la Nación; el Congreso; los sindicatos (¿se viene el contra-piquete de los camioneros?); su propia tropa piquetera y, en breve, la estructura nacional del PJ, sólo los puntanos Rodríguez Saá (no le aceptaron ni el cambio de hora) encarnan una simbólica oposición a los Kirchner. Sin embargo, numerosos dirigentes oficialistas están indignados por la torpeza política de arremeter contra todos los productores, sin distingos, aunque se expresan en silencio, temerosos de quedar expuestos a la ira de la sociedad presidencial.
En Tucumán, por ejemplo, el gobernador José Alperovich, alineado con las retenciones, sufrió las renuncias del ministro de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz, y del presidente del Ente Tucumán Turismo, Roberto Martínez Zavalía, que son dirigentes ruralistas. También en nuestra región asomaron excepciones entre mandatarios enrolados en el Frente para la Victoria, como el jefe comunal chabasense Osvaldo Salomón, quien en este mismo diario interrogó desde el titular de un artículo de su autoría: “¿Quién la asesora, señora Presidenta?” Con valentía política y lucidez analítica, el funcionario puntualizó que “es la hora del diálogo, se deben suspender las últimas medidas”. En el mismo texto, Salomón definió que “no hay tiempo que perder, no dejemos que la bronca gane nuestras rutas (…) Es de necios no admitir errores, y de grandes, rectificarlos”. Más mesurada, pero también destacable, fue la actitud del intendente venadense José Luis Freyre, que se hizo presente en el corte de ruta para solidarizarse con los productores agropecuarios, junto con el secretario coordinador Hernán Roma, ambos de muy buena relación con algunos de los dirigentes locales que impulsan la protesta. Poco después, en la noche del viernes, en el envío En la Tecla (Canal 12), el ex intendente Roberto Scott tomaba distancia de las estrategias de su sucesor en el Sillón de Aufranc, criticando sin piedad a los productores del campo y proponiendo que la Gendarmería se ocupe prontamente de despejar las rutas de hombres y mujeres manifestantes. Toda una profecía: ayer los gendarmes de Paraná reprimieron la protesta.
Así pues, mientras la histórica movilización contra las retenciones gana en coherencia interna y respaldos externos, en las filas del oficialista Frente para la Victoria se agigantan los miedos por un posible desborde del conflicto en las próximas horas, como así también crece la incertidumbre sobre la interpretación de los hechos que haga la gente a partir de hoy, cuando se normalicen las actividades tras el largo feriado. También se desprende que, a estas alturas, las medidas del Gobierno generan más grietas dentro del mismísimo kirchnerismo -aunque sean silenciosas-, que entre los sectores dispuestos a resistir codo a codo, unidos por el espanto, un regresivo embate recaudatorio que, según los productores, ayudará a profundizar la concentración de la tierra y de la economía.
(Publicado el martes 25 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar
1- La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta años. El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el ochenta por ciento de los argentinos y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese "ser nacional" que ustedes invocan tan a menudo. Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la Nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. 2- Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio.(1) Más de siete mil recursos de hábeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los cincuenta o sesenta que lo hacían fueron a su turno secuestrados. De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en diez días según manda un ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana y el "submarino", el soplete de las actualizaciones contemporáneas.(2) Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerilla justifica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido.
3- La negativa de esa Junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. Extremistas que panfletean el campo, pintan acequias o se amontonan de a diez en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla mientras en lo interno se subraya el carácter de represalias desatadas en los mismos lugares y en fecha inmediata a las acciones guerrilleras. Setenta fusilados tras la bomba en Seguridad Federal, 55 en respuesta a la voladura del Departamento de Policía de La Plata, 30 por el atentado en el Ministerio de Defensa, 40 en la Masacre del Año Nuevo que siguió a la muerte del coronel Castellanos, 19 tras la explosión que destruyó la comisaría de Ciudadela forman parte de 1.200 ejecuciones en 300 supuestos combates donde el oponente no tuvo heridos y las fuerzas a su mando no tuvieron muertos. Depositarios de una culpa colectiva abolida en las normas civilizadas de justicia, incapaces de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son represaliados, muchos de esos rehenes son delegados sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros, opositores no armados, simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas según la doctrina extranjera de "cuenta-cadáveres" que usaron los SS en los países ocupados y los invasores en Vietnam. El remate de guerrilleros heridos o capturados en combates reales es asimismo una evidencia que surge de los comunicados militares que en un año atribuyeron a la guerrilla 600 muertos y sólo 10 ó 15 heridos, proporción desconocida en los más encarnizados conflictos. Esta impresión es confirmada por un muestreo periodístico de circulación clandestina que revela que entre el 18 de diciembre de 1976 y el 3 de febrero de 1977, en 40 acciones reales, las fuerzas legales tuvieron 23 muertos y 40 heridos, y la guerrilla 63 muertos. (3) Más de cien procesados han sido igualmente abatidos en tentativas de fuga cuyo relato oficial tampoco está destinado a que alguien lo crea sino a prevenir a la guerrilla y los partidos de que aún los presos reconocidos son la reserva estratégica de las represalias de que disponen los Comandantes de Cuerpo según la marcha de los combates, la conveniencia didáctica o el humor del momento. Así ha ganado sus laureles el general Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, antes del 24 de marzo con el asesinato de Marcos Osatinsky, detenido en Córdoba, después con la muerte de Hugo Vaca Narvaja y otros cincuenta prisioneros en variadas aplicaciones de la ley de fuga ejecutadas sin piedad y narradas sin pudor. (4) El asesinato de Dardo Cabo, detenido en abril de 1975, fusilado el 6 de enero de 1977 con otros siete prisioneros en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército que manda el general Suárez Masson, revela que estos episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores, discuten en sus reuniones de gabinete, imponen como comandantes en jefe de las 3 Armas y aprueban como miembros de la Junta de Gobierno.
4- Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto después que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas. (5) Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza, incluyendo el chico de 15 años, Floreal Avellaneda, atado de pies y manos, "con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles", según su autopsia. Un verdadero cementerio lacustre descubrió en agosto de 1976 un vecino que buceaba en el Lago San Roque de Córdoba, acudió a la comisaría donde no le recibieron la denuncia y escribió a los diarios que no la publicaron. (6) Treinta y cuatro cadáveres en Buenos Aires entre el 3 y el 9 de abril de 1976, ocho en San Telmo el 4 de julio, diez en el Río Luján el 9 de octubre, sirven de marco a las masacres del 20 de agosto que apilaron 30 muertos a 15 kilómetros de Campo de Mayo y 17 en Lomas de Zamora. En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3 A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea (7), sin que se enteren el general Videla, el almirante Massera o el brigadier Agosti. Las 3 A son hoy las 3 Armas, y la Junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre "violencias de distintos signos" ni el árbitro justo entre "dos terrorismos", sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el discurso de la muerte. (8) La misma continuidad histórica liga el asesinato del general Carlos Prats, durante el anterior gobierno, con el secuestro y muerte del general Juan José Torres, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruíz y decenas de asilados en quienes se ha querido asesinar la posibilidad de procesos democráticos en Chile, Boliva y Uruguay. (9) La segura participación en esos crímenes del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, conducido por oficiales becados de la CIA a través de la AID, como los comisarios Juan Gattei y Antonio Gettor, sometidos ellos mismos a la autoridad de Mr. Gardener Hathaway, Station Chief de la CIA en Argentina, es semillero de futuras revelaciones como las que hoy sacuden a la comunidad internacional que no han de agotarse siquiera cuando se esclarezcan el papel de esa agencia y de altos jefes del Ejército, encabezados por el general Menéndez, en la creación de la Logia Libertadores de América, que reemplazó a las 3 A hasta que su papel global fue asumido por esa Junta en nombre de las 3 Armas. Este cuadro de exterminio no excluye siquiera el arreglo personal de cuentas como el asesinato del capitán Horacio Gándara, quien desde hace una década investigaba los negociados de altos jefes de la Marina, o del periodista de "Prensa Libre" Horacio Novillo apuñalado y calcinado, después que ese diario denunció las conexiones del ministro Martínez de Hoz con monopolios internacionales. A la luz de estos episodios cobra su significado final la definición de la guerra pronunciada por uno de sus jefes: "La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza más allá del bien y del mal". (10)
5- Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar (11), resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisioncs internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% (12) prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron. (13) Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas; enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la "racionalización". Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de diez millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros sin agua porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas, millares de cuadras convertidas en un solo bache porque ustedes sólo pavimentan los barrios militares y adornan la Plaza de Mayo, el río más grande del mundo contaminado en todas sus playas porque los socios del ministro Martínez de Hoz arrojan en él sus residuos industriales, y la única medida de gobierno que ustedes han tomado es prohibir a la gente que se bañe. Tampoco en las metas abstractas de la economía, a las que suelen llamar "el país", han sido ustedes más afortunados. Un descenso del producto bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza a 600 dólares por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en solo una semana de diciembre llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión externa constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda inepcia. Mientras todas las funciones creadoras y protectoras del Estado se atrofian hasta disolverse en la pura anemia, una sola crece y se vuelve autónoma. Mil ochocientos millones de dólares que equivalen a la mitad de las exportaciones argentinas presupuestados para Seguridad y Defensa en 1977, cuatro mil nuevas plazas de agentes en la Policía Federal, doce mil en la provincia de Buenos Aires con sueldos que duplican el de un obrero industrial y triplican el de un director de escuela, mientras en secreto se elevan los propios sueldos militares a partir de febrero en un 120%, prueban que no hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte, único campo de la actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más rápido que el dólar.
6- Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S. Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda: "Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos". (14) El espectáculo de una Bolsa de Comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el cien y el doscientos por ciento, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el "festín de los corruptos". Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera, indemnizando a la ITT y a la Siemens se premia a empresas que estafaron al Estado, devolviendo las bocas de expendio se aumentan las ganancias de la Shell y la Esso, rebajando los aranceles aduaneros se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales, dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos, cuál es la ideologia que amenaza al ser nacional. Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados no pretendiera que esa Junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Massera ama la vida, aún cabría pedir a los señores Comandantes en Jefe de las 3 Armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aún si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de veinte años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.
Rodolfo Walsh, C. I. 2845022 Buenos Aires, 24 de marzo de 1977.
Notas:
1) Desde enero de 1977 la Junta empezó a publicar nóminas incompletas de nuevos detenidos y de "liberados" que en su mayoría no son tales sino procesados que dejan de estar a su disposición pero siguen presos. Los nombres de millares de prisioneros son aún secreto militar y las condiciones para su tortura y posterior fusilamiento permanecen intactas.
2) El dirigente peronista Jorge Lizaso fue despellejado en vida, el ex diputado radical Mario Amaya muerto a palos, el ex diputado Muñiz Barreto desnucado de un golpe. Testimonio de una sobreviviente: "Picana en los brazos, las manos, los muslos, cerca de la boca cada vez que lloraba o rezaba... Cada veinte minutos abrían la puerta y me decían que me iban hacer fiambre con la máquina de sierra que se escuchaba".
3) "Cadena Informativa", mensaje Nro. 4, febrero de 1977.
4) Una versión exacta aparece en esta carta de los presos en la Cárcel de Encausados al obispo de Córdoba, monseñor Primatesta: "El 17 de mayo son retirados con el engaño de ir a la enfermería seis compañeros que luego son fusilados. Se trata de Miguel Angel Mosse, José Svagusa, Diana Fidelman, Luis Verón, Ricardo Yung y Eduardo Hernández, de cuya muerte en un intento de fuga informó el Tercer Cuerpo de Ejército. El 29 de mayo son retirados José Pucheta y Carlos Sgadurra. Este úItimo había sido castigado al punto de que no se podía mantener en pie sufriendo varias fracturas de miembros. Luego aparecen también fusilados en un intento de fuga".
5) En los primeros 15 días de gobierno militar aparecieron 63 cadáveres, según los diarios. Una proyección anual da la cifra de 1500. La presunción de que puede ascender al doble se funda en que desde enero de 1976 la información periodística era incompleta y en el aumento global de la represión después del golpe. Una estimación global verosímil de las muertes producidas por la Junta es la siguiente. Muertos en combate: 600. Fusilados: 1.300. Ejecutados en secreto: 2.000. Varios. 100. Total: 4.000.
6) Carta de Isaías Zanotti, difundida por ANCLA, Agencia Clandestina de Noticias.
7) "Programa" dirigido entre julio y diciembre de 1976 por el brigadier Mariani, jefe de la Primera Brigada Aérea del Palomar. Se usaron transportes Fokker F-27.
8) El canciller vicealmirante Guzzeti en reportaje publicado por "La Opinión" el 3-10-76 admitió que "el terrorismo de derecha no es tal" sino "un anticuerpo".
9) El general Prats, último ministro de Ejército del presidente Allende, muerto por una bomba en setiembre de 1974. Los ex parlamentarios uruguayos Michelini y Gutiérrez Ruiz aparecieron acribillados el 2-5-76. El cadáver del general Torres, ex presidente de Bolivia, apareció el 2-6-76, después que el ministro del Interior y ex jefe de Policía de Isabel Martínez, general Harguindeguy, lo acusó de "simular" su secuestro.
10) Teniente Coronel Hugo Ildebrando Pascarelli según "La Razón" del 12-6-76. Jefe del Grupo I de Artillería de Ciudadela. Pascarelli es el presunto responsable de 33 fusilamientos entre el 5 de enero y el 3 de febrero de 1977.
11) Unión de Bancos Suizos, dato correspondiente a junio de 1976. Después la situación se agravó aún más.
12) Diario "Clarín".
13) Entre los dirigentes nacionales secuestrados se cuentan Mario Aguirre de ATE, Jorge Di Pasquale de Farmacia, Oscar Smith de Luz y Fuerza. Los secuestros y asesinatos de delegados han sido particularmente graves en metalúrgicos y navales.
14) Prensa Libre, 16-12-76.
Amenaza de otro aumento de tasas bajo el disfraz de la renovación del parque automotor
En la Intendencia venadense, cada amanecer alumbra nuevas dificultades para el desarrollo de la gestión, y no son consecuencia de piedras en el camino diseminadas por la oposición, sino de las ineficiencias del pasado scottista que ahora se vuelven en contra y de las contiendas internas que se prolongan aun hoy, ocasionando sacudones y parálisis igualmente perjudiciales. A estas alturas, el conflicto sobresaliente es el deterioro del parque automotor municipal, que conspira contra la normal prestación de los servicios públicos, circunstancia que se potencia con los palos en la rueda que algunos peso pesado de Maestranza le estarían poniendo al jefe del área, Raúl Debonis, por haber osado establecer elementales inspecciones en el sector. “¿Pretender controlar a los muchachos?, ¡más fácil será que el ‘Ruly’ lleve a Rivadavia a jugar la Libertadores!”, reveló un indiscreto conocedor de ese delicado espacio de la administración. De hecho, el intendente José Freyre se enfrentó con el gremio municipal en sus primeras semanas en el cargo y ahora sufre presiones por los insistentes reclamos de aumentos salariales. Como era esperable, tras los incrementos de tasas, derechos y coparticipación, que mejoraron notablemente los ingresos, los trabajadores irán por lo suyo, y la ciudadanía saldrá en demanda de servicios públicos más eficientes.
En tanto, imposibilitado Freyre -por obvias razones- de plantarse para denunciar la obsolescencia de los vehículos, máquinas y herramientas de Maestranza, el que lanzó el tema fue el presidente radical del Concejo, Delfor Hernández, desembocando en un proyecto de su autoría para fijar un “aumento encubierto” de la tasa general de inmuebles, del cinco por ciento, a los efectos de destinar los fondos para la renovación de equipos. Cabe recordar que, por decisión del Concejo, en el marco de una profunda reforma tributaria municipal, se conservó la sobretasa de desagües (equivalente al 10 por ciento del valor de la TGI), y se derogó la tasa de salud del cinco por ciento.
En el caso de los desagües pluviales, los ediles se mostraron convencidos de que se requiere comenzar cuanto antes con el recambio de las cañerías, y estiman que los 550 mil pesos que podrían recaudarse este año con dicha sobretasa, constituirán una valiosa contribución en la primera etapa de obras. Como anécdota de la semana legislativa, los concejales sufrieron en carne propia los anegamientos, cuando el último miércoles, apenas concluida la sesión, quedaron literalmente varados en el cruce de Sarmiento y Alem, uno de los tantos sectores de la ciudad que presenta serias dificultades para el escurrimiento de las aguas. Tiempo atrás, angustiado por los sistemáticos aguaceros, el intendente intentó demostrar agilidad operativa con el alquiler de un camión desobstructor, que resultó más rendidor por las fotos en los diarios que por su tarea específica en la limpieza de las tuberías subterráneas. “No desobstruirá todas las cañerías, pero descomprimió un poco el malestar de la gente”, ironizó un creativo allegado porotista. Por su parte, la blonda opositora Patricia Romero se desquitó con las fotografías en los diarios, pues el que lució semicubierto por el agua en avenida Sarmiento, como si se tratara de un bote, fue su pequeño automóvil de color blanco.
Luego, con respecto a la sobretasa de salud, la mayoría de los ediles coincidió en su razonable eliminación, en virtud de que un 80 por ciento de aumento global de tasas y tributos solamente en el ámbito venadense (unos 10 millones de pesos anuales más que en 2007 de recaudación proyectada), hacía innecesaria la continuidad de una sobretasa del 2,5 por ciento (otro tanto debía destinarse al Hospital Gutiérrez), equivalente a menos de 140 mil pesos anuales, una suma irrisoria frente a las millonarias actualizaciones concedidas. Así pues, se desmoronó el concepto de excepcionalidad que exige una sobretasa, siendo que la Intendencia dispone de los dineros suficientes para diseñar el Presupuesto 2008 según las necesidades de las distintas áreas de la administración. En conclusión, el Concejo no será responsable de las cualidades del servicio de atención primaria de la salud, ya que se trata de una facultad del Departamento Ejecutivo, pero al menos cumplió con el otorgamiento de los recursos, aun cuando deba cuestionarse la brusquedad del ajuste impulsado por el mismo grupo político que en la primavera pasada promocionaba el largo congelamiento de las tasas… como una virtud.
Pero, ¿cuál es el verdadero objetivo de Hernández? A primera vista, ofrendarle al oficialismo, después de todos los aumentos ya conocidos, una yapa del cinco por ciento, que vendría a restituir los dineros perdidos por la derogación de la sobretasa de salud. Con envidiable timing mediático, Delfor -ante la sospechosa complacencia oficialista- criticó el estado calamitoso del parque automotor, pero unos días después sorprendió con la iniciativa de instaurar una sobretasa para la renovación de los equipos. Dispuesto a desmentir la teoría del “aumento encubierto”, el edil describió que se trata de un reemplazo de la sobretasa de renovación de equipos por la de salud, pero, en rigor, esta última, y por justificados motivos, ya no existe más. Y no se puede sustituir lo que ya no es. Sí, en cambio, resulta loable la intención del presidente del Concejo de solicitar dicha renovación con carácter de urgente para anticiparse a un probable colapso, a corto plazo, en la prestación de los servicios. Sin embargo, de ningún modo implicaría una erogación de naturaleza excepcional, que amerite recaudar fondos mediante una distorsiva sobretasa, sino que la Intendencia, después de sucesivas gestiones que no supieron -o no quisieron- prever este inevitable deterioro, tendrá que orientar los recursos en ese sentido, como complemento de los créditos que deberá tramitar para esa millonaria inversión.
Con buen olfato político, Freyre se abstuvo de vetar la derogación de la sobretasa de salud, como también de ordenar la refacturación del año completo de tasas que miles de contribuyentes abonaron con el 10 por ciento de descuento y sin la carga de los recientes ajustes. En esta ocasión, según el desarrollo de los acontecimientos, es factible que el oficialismo, con la valiosa ayuda de Delfor Hernández, imponga en los próximos días un lapidario 5 a 4 en el Concejo, para establecer el “aumento encubierto” de las tasas, con la oportunista coartada de la renovación del parque automotor municipal, pero a los verdaderos fines de recuperar la sobretasa perdida, y sin infligirle costos políticos al intendente, aunque la medida repercutirá una vez más en los magros bolsillos de la mayoría de los venadenses.
(Publicado el viernes 21 de marzo de 2008 en diario El Informe)
En tanto, imposibilitado Freyre -por obvias razones- de plantarse para denunciar la obsolescencia de los vehículos, máquinas y herramientas de Maestranza, el que lanzó el tema fue el presidente radical del Concejo, Delfor Hernández, desembocando en un proyecto de su autoría para fijar un “aumento encubierto” de la tasa general de inmuebles, del cinco por ciento, a los efectos de destinar los fondos para la renovación de equipos. Cabe recordar que, por decisión del Concejo, en el marco de una profunda reforma tributaria municipal, se conservó la sobretasa de desagües (equivalente al 10 por ciento del valor de la TGI), y se derogó la tasa de salud del cinco por ciento.
En el caso de los desagües pluviales, los ediles se mostraron convencidos de que se requiere comenzar cuanto antes con el recambio de las cañerías, y estiman que los 550 mil pesos que podrían recaudarse este año con dicha sobretasa, constituirán una valiosa contribución en la primera etapa de obras. Como anécdota de la semana legislativa, los concejales sufrieron en carne propia los anegamientos, cuando el último miércoles, apenas concluida la sesión, quedaron literalmente varados en el cruce de Sarmiento y Alem, uno de los tantos sectores de la ciudad que presenta serias dificultades para el escurrimiento de las aguas. Tiempo atrás, angustiado por los sistemáticos aguaceros, el intendente intentó demostrar agilidad operativa con el alquiler de un camión desobstructor, que resultó más rendidor por las fotos en los diarios que por su tarea específica en la limpieza de las tuberías subterráneas. “No desobstruirá todas las cañerías, pero descomprimió un poco el malestar de la gente”, ironizó un creativo allegado porotista. Por su parte, la blonda opositora Patricia Romero se desquitó con las fotografías en los diarios, pues el que lució semicubierto por el agua en avenida Sarmiento, como si se tratara de un bote, fue su pequeño automóvil de color blanco.
Luego, con respecto a la sobretasa de salud, la mayoría de los ediles coincidió en su razonable eliminación, en virtud de que un 80 por ciento de aumento global de tasas y tributos solamente en el ámbito venadense (unos 10 millones de pesos anuales más que en 2007 de recaudación proyectada), hacía innecesaria la continuidad de una sobretasa del 2,5 por ciento (otro tanto debía destinarse al Hospital Gutiérrez), equivalente a menos de 140 mil pesos anuales, una suma irrisoria frente a las millonarias actualizaciones concedidas. Así pues, se desmoronó el concepto de excepcionalidad que exige una sobretasa, siendo que la Intendencia dispone de los dineros suficientes para diseñar el Presupuesto 2008 según las necesidades de las distintas áreas de la administración. En conclusión, el Concejo no será responsable de las cualidades del servicio de atención primaria de la salud, ya que se trata de una facultad del Departamento Ejecutivo, pero al menos cumplió con el otorgamiento de los recursos, aun cuando deba cuestionarse la brusquedad del ajuste impulsado por el mismo grupo político que en la primavera pasada promocionaba el largo congelamiento de las tasas… como una virtud.
Pero, ¿cuál es el verdadero objetivo de Hernández? A primera vista, ofrendarle al oficialismo, después de todos los aumentos ya conocidos, una yapa del cinco por ciento, que vendría a restituir los dineros perdidos por la derogación de la sobretasa de salud. Con envidiable timing mediático, Delfor -ante la sospechosa complacencia oficialista- criticó el estado calamitoso del parque automotor, pero unos días después sorprendió con la iniciativa de instaurar una sobretasa para la renovación de los equipos. Dispuesto a desmentir la teoría del “aumento encubierto”, el edil describió que se trata de un reemplazo de la sobretasa de renovación de equipos por la de salud, pero, en rigor, esta última, y por justificados motivos, ya no existe más. Y no se puede sustituir lo que ya no es. Sí, en cambio, resulta loable la intención del presidente del Concejo de solicitar dicha renovación con carácter de urgente para anticiparse a un probable colapso, a corto plazo, en la prestación de los servicios. Sin embargo, de ningún modo implicaría una erogación de naturaleza excepcional, que amerite recaudar fondos mediante una distorsiva sobretasa, sino que la Intendencia, después de sucesivas gestiones que no supieron -o no quisieron- prever este inevitable deterioro, tendrá que orientar los recursos en ese sentido, como complemento de los créditos que deberá tramitar para esa millonaria inversión.
Con buen olfato político, Freyre se abstuvo de vetar la derogación de la sobretasa de salud, como también de ordenar la refacturación del año completo de tasas que miles de contribuyentes abonaron con el 10 por ciento de descuento y sin la carga de los recientes ajustes. En esta ocasión, según el desarrollo de los acontecimientos, es factible que el oficialismo, con la valiosa ayuda de Delfor Hernández, imponga en los próximos días un lapidario 5 a 4 en el Concejo, para establecer el “aumento encubierto” de las tasas, con la oportunista coartada de la renovación del parque automotor municipal, pero a los verdaderos fines de recuperar la sobretasa perdida, y sin infligirle costos políticos al intendente, aunque la medida repercutirá una vez más en los magros bolsillos de la mayoría de los venadenses.
(Publicado el viernes 21 de marzo de 2008 en diario El Informe)
En la ciudad capital se liberó el acceso a la información pública
La ciudad de Santa Fe acaba de brindar un ejemplo al resto de la provincia con la reciente aprobación en el Concejo de la ordenanza que garantiza el libre acceso a la información pública a cualquier ciudadano, en virtud de un proyecto impulsado en diciembre último por el intendente binnerista Mario Barletta. Cabe recordar que en 2001 el cuerpo legislativo había sancionado una reglamentación similar, que luego fue vetada por el intendente justicialista Marcelo Alvarez.
Mientras la Ley de Acceso a la Información Pública resultó sistemáticamente obstaculizada por la mayoría del PJ en el Senado provincial, a pesar de los esfuerzos del entonces gobernador Jorge Obeid -autor de la iniciativa-, en la ciudad capital todos los sectores políticos coincidieron ahora en la importancia de contar con esta norma tan ligada al origen del sistema republicano, donde “la publicidad de los actos de gobierno es considerada un principio esencial, en contraposición al secreto y la oscuridad en el ejercicio del poder”, planteó Barletta en sus fundamentos. De esta manera, una vez reglamentada la ordenanza, toda persona física o jurídica, pública o privada, tendrá derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna sobre lo que decida hacer cualquier gestión local, “atendiendo al carácter de bien social que ostenta la información pública”.
Los interesados deberán completar un sencillo formulario provisto por la Municipalidad y en el acto recibirán una constancia del trámite iniciado, abriéndose automáticamente un plazo de 15 días hábiles administrativos -prorrogables por diez más, si fuera necesario- para brindar los datos requeridos. Nadie deberá abonar ningún tributo por la gestión, ni estará obligado a explicar los motivos del pedido de información, ya que, según el criterio progresista de esta norma, son los gobernantes los que deberán justificar la negativa a informar y no los peticionantes los que deban demostrar un “interés legítimo” en la demanda.
Otro aspecto elogiable de la iniciativa es que no sólo deberán suministrar información los órganos pertenecientes a la administración pública municipal, sino también las entidades autárquicas, sociedades anónimas con participación estatal, sociedades de economía mixta, Tribunal de Cuentas, Tribunal de Faltas y Concejo Municipal, como así también las empresas privadas o entidades públicas prestatarias de servicios públicos municipales.
“Sólo los ciudadanos que tienen verdadera información podrán tener una opinión política efectiva respecto de cuáles han sido los actos de sus gobernantes”, coincidieron ediles del Frente Progresista y el Frente para la Victoria, augurando que el flamante mecanismo se convertirá en una eficiente herramienta de control para garantizar la transparencia administrativa en la ciudad.
En ese mismo sentido se pronunció el Foro de Comunicación Santafesino (Focos), interpretando que la sanción de la ordenanza contribuirá al mejoramiento de la calidad institucional. “Desde Focos -se señala- siempre se ha sostenido que el acceso a la información pública es un derecho que excede el reclamo específico de los trabajadores de prensa y que su vigencia permitirá avanzar en la profundización de la democracia, aportará transparencia a los actos de gobierno y promoverá la participación ciudadana”.
Hace poco, Tierra del Fuego ofreció un gesto institucional edificante con la regulación de las pautas estatales de publicidad en los medios, y ahora es la ciudad de Santa Fe la que se embarca en el mismo cometido de reducir los niveles de discrecionalidad en la función pública, siendo más destacable aún que sendas iniciativas hayan partido de grupos políticos que hoy se encuentran en el ejercicio del poder. Otras provincias y otras ciudades, tal vez, podrían adoptar más adelante estos modelos que, por ahora, son excepciones.
Mientras la Ley de Acceso a la Información Pública resultó sistemáticamente obstaculizada por la mayoría del PJ en el Senado provincial, a pesar de los esfuerzos del entonces gobernador Jorge Obeid -autor de la iniciativa-, en la ciudad capital todos los sectores políticos coincidieron ahora en la importancia de contar con esta norma tan ligada al origen del sistema republicano, donde “la publicidad de los actos de gobierno es considerada un principio esencial, en contraposición al secreto y la oscuridad en el ejercicio del poder”, planteó Barletta en sus fundamentos. De esta manera, una vez reglamentada la ordenanza, toda persona física o jurídica, pública o privada, tendrá derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna sobre lo que decida hacer cualquier gestión local, “atendiendo al carácter de bien social que ostenta la información pública”.
Los interesados deberán completar un sencillo formulario provisto por la Municipalidad y en el acto recibirán una constancia del trámite iniciado, abriéndose automáticamente un plazo de 15 días hábiles administrativos -prorrogables por diez más, si fuera necesario- para brindar los datos requeridos. Nadie deberá abonar ningún tributo por la gestión, ni estará obligado a explicar los motivos del pedido de información, ya que, según el criterio progresista de esta norma, son los gobernantes los que deberán justificar la negativa a informar y no los peticionantes los que deban demostrar un “interés legítimo” en la demanda.
Otro aspecto elogiable de la iniciativa es que no sólo deberán suministrar información los órganos pertenecientes a la administración pública municipal, sino también las entidades autárquicas, sociedades anónimas con participación estatal, sociedades de economía mixta, Tribunal de Cuentas, Tribunal de Faltas y Concejo Municipal, como así también las empresas privadas o entidades públicas prestatarias de servicios públicos municipales.
“Sólo los ciudadanos que tienen verdadera información podrán tener una opinión política efectiva respecto de cuáles han sido los actos de sus gobernantes”, coincidieron ediles del Frente Progresista y el Frente para la Victoria, augurando que el flamante mecanismo se convertirá en una eficiente herramienta de control para garantizar la transparencia administrativa en la ciudad.
En ese mismo sentido se pronunció el Foro de Comunicación Santafesino (Focos), interpretando que la sanción de la ordenanza contribuirá al mejoramiento de la calidad institucional. “Desde Focos -se señala- siempre se ha sostenido que el acceso a la información pública es un derecho que excede el reclamo específico de los trabajadores de prensa y que su vigencia permitirá avanzar en la profundización de la democracia, aportará transparencia a los actos de gobierno y promoverá la participación ciudadana”.
Hace poco, Tierra del Fuego ofreció un gesto institucional edificante con la regulación de las pautas estatales de publicidad en los medios, y ahora es la ciudad de Santa Fe la que se embarca en el mismo cometido de reducir los niveles de discrecionalidad en la función pública, siendo más destacable aún que sendas iniciativas hayan partido de grupos políticos que hoy se encuentran en el ejercicio del poder. Otras provincias y otras ciudades, tal vez, podrían adoptar más adelante estos modelos que, por ahora, son excepciones.
(Publicado el martes 18 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Retenciones: un debate con ejes falsos para justificar una medida regresiva
Como los sofistas de la antigüedad, los defensores a ultranza de las políticas oficialistas declaran a voz en cuello que el aumento de las retenciones es inobjetable porque las ganancias del campo son “extraordinarias”; otros, más temerarios, como el jefe de la CGT y de los camioneros, Hugo Moyano, califica de “golpista” a la “aristocracia del campo” por el paro de actividades, sin distinguir un pool sojero internacional de los chacareros que trabajan de sol a sol en su puñado de hectáreas. Ni siquiera está en discusión, salvo para una ínfima minoría, la legitimidad, al menos en esta etapa, de los derechos a la exportación de los productos del sector agropecuario. Cualquier gobierno, con independencia de su ideología, aprobaría que entre el fenómeno de la devaluación y los ventajosos precios internacionales de los commodities, las retenciones significan una herramienta idónea para redistribuir recursos entre los sectores más damnificados por esas mismas causas; asimismo, estas cargas impositivas tienden a mantener a raya los precios de dichas materias primas en el mercado interno.
Sin embargo, mostrando un sesgo escasamente progresista, el Gobierno, como su vocero Moyano, no sabe -o no quiere- discriminar entre las realidades antagónicas de los pequeños colonos de las zonas marginales (con rendimientos más pobres y dificultades para trasladar las cosechas) y de los grandes pooles concentradores de la tierra, tanto sea en el rol de dueños como de arrendatarios. Hasta ahora, no se conocen iniciativas oficialistas en busca de equilibrar estas desigualdades, en una actitud propia de un gobierno de corte neoliberal, como el peronista de los ‘90. También es poco creíble el argumento de que el alza de las retenciones intente frenar el auge de la sojización; si el Gobierno actuara con ese norte, no se limitaría a una medida meramente fiscalista, sino que apuraría un paquete de reformas en el Congreso, a los efectos de incentivar producciones alternativas. Hoy, tampoco se conoce ninguna estrategia kirchnerista en ese sentido, ni siquiera para neutralizar el brutal desmonte impulsado por grupos económicos ávidos por incrementar las superficies para el desarrollo de los cultivos más rentables, como la soja, claro está, sin importar el desgaste del suelo ni, mucho menos, las inundaciones y otras devastadoras consecuencias ambientales.
El otro factor determinante en este debate incompleto que pretende imponer el Gobierno, es el objetivo solapado de estos derechos a la exportación, que junto con el impuesto al cheque, constituyen una creciente fuente de ingresos para el Gobierno, con el dato adicional de que no son recursos coparticipables con las provincias (en tal caso les correspondería casi el 57 por ciento), otorgando a la Casa Rosada poco menos que la suma del poder público con la disposición discrecional de los mismos. Cabe recordar que, en marzo de 2002, las retenciones se impusieron con un carácter transitorio, arguyéndose que no serían coparticipables a los efectos de facilitar su desactivación una vez superada la crisis. A pesar de que las condiciones sociales mejoraron, lejos de la rebaja y, más aún, de la eliminación, las retenciones se ajustan con el mismo ritmo que el gobierno unitario de la Nación incrementa su gasto público, y no siempre con objetivos dignos de elogio. Tan implacable es el manejo centralista de los fondos que los gobiernos provinciales ni siquiera se atreven a levantar la voz por temor a represalias. Es que los gobernadores asumen que el giro de fondos o la concreción de obras depende del mayor o menor grado de subordinación con la Casa Rosada. Tanto es así que el primer mandatario de una provincia importante como Santa Fe, apenas si demanda tibiamente “obras” a la Nación para compensar estas mayores retenciones o, en su defecto, la instauración de un régimen de regalías, como el que disfrutan las jurisdicciones petroleras. Mientras tanto, el ala dura del socialismo sostiene que los derechos a las exportaciones deben ser coparticipables, alegando que la riqueza sale de las provincias.
A pesar de los intentos kirchneristas por reducir el alza de las retenciones a la categoría de un enfrentamiento entre el Gobierno bueno y solidario y los productores agropecuarios mezquinos y golpistas, este debate contiene aristas más complejas, tales como las mencionadas dificultades del Gobierno para distinguir en su voracidad recaudadora entre poderosos pooles de siembra y debilitados chacareros; la ausencia de un plan de acción para acotar el fenómeno de la sojización; y la insistencia oficialista en desconocer su propia promesa de impulsar una nueva ley de Coparticipación Federal, que legalice los derechos conculcados a las provincias y restaure el poder político de los gobernadores.
(Publicado el lunes 17 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Sin embargo, mostrando un sesgo escasamente progresista, el Gobierno, como su vocero Moyano, no sabe -o no quiere- discriminar entre las realidades antagónicas de los pequeños colonos de las zonas marginales (con rendimientos más pobres y dificultades para trasladar las cosechas) y de los grandes pooles concentradores de la tierra, tanto sea en el rol de dueños como de arrendatarios. Hasta ahora, no se conocen iniciativas oficialistas en busca de equilibrar estas desigualdades, en una actitud propia de un gobierno de corte neoliberal, como el peronista de los ‘90. También es poco creíble el argumento de que el alza de las retenciones intente frenar el auge de la sojización; si el Gobierno actuara con ese norte, no se limitaría a una medida meramente fiscalista, sino que apuraría un paquete de reformas en el Congreso, a los efectos de incentivar producciones alternativas. Hoy, tampoco se conoce ninguna estrategia kirchnerista en ese sentido, ni siquiera para neutralizar el brutal desmonte impulsado por grupos económicos ávidos por incrementar las superficies para el desarrollo de los cultivos más rentables, como la soja, claro está, sin importar el desgaste del suelo ni, mucho menos, las inundaciones y otras devastadoras consecuencias ambientales.
El otro factor determinante en este debate incompleto que pretende imponer el Gobierno, es el objetivo solapado de estos derechos a la exportación, que junto con el impuesto al cheque, constituyen una creciente fuente de ingresos para el Gobierno, con el dato adicional de que no son recursos coparticipables con las provincias (en tal caso les correspondería casi el 57 por ciento), otorgando a la Casa Rosada poco menos que la suma del poder público con la disposición discrecional de los mismos. Cabe recordar que, en marzo de 2002, las retenciones se impusieron con un carácter transitorio, arguyéndose que no serían coparticipables a los efectos de facilitar su desactivación una vez superada la crisis. A pesar de que las condiciones sociales mejoraron, lejos de la rebaja y, más aún, de la eliminación, las retenciones se ajustan con el mismo ritmo que el gobierno unitario de la Nación incrementa su gasto público, y no siempre con objetivos dignos de elogio. Tan implacable es el manejo centralista de los fondos que los gobiernos provinciales ni siquiera se atreven a levantar la voz por temor a represalias. Es que los gobernadores asumen que el giro de fondos o la concreción de obras depende del mayor o menor grado de subordinación con la Casa Rosada. Tanto es así que el primer mandatario de una provincia importante como Santa Fe, apenas si demanda tibiamente “obras” a la Nación para compensar estas mayores retenciones o, en su defecto, la instauración de un régimen de regalías, como el que disfrutan las jurisdicciones petroleras. Mientras tanto, el ala dura del socialismo sostiene que los derechos a las exportaciones deben ser coparticipables, alegando que la riqueza sale de las provincias.
A pesar de los intentos kirchneristas por reducir el alza de las retenciones a la categoría de un enfrentamiento entre el Gobierno bueno y solidario y los productores agropecuarios mezquinos y golpistas, este debate contiene aristas más complejas, tales como las mencionadas dificultades del Gobierno para distinguir en su voracidad recaudadora entre poderosos pooles de siembra y debilitados chacareros; la ausencia de un plan de acción para acotar el fenómeno de la sojización; y la insistencia oficialista en desconocer su propia promesa de impulsar una nueva ley de Coparticipación Federal, que legalice los derechos conculcados a las provincias y restaure el poder político de los gobernadores.
(Publicado el lunes 17 de marzo de 2008 en diario El Informe)
La inseguridad llegó para quedarse y Venado debate cómo defenderse
La reiteración de picadas de motos en los caminos al Cementerio y el Aeródromo, así como las guerras de pandillas, con decenas de participantes en ambos casos, decidieron al intendente José Freyre a lanzar declaraciones muy filosas contra el accionar de las fuerzas policiales. Aunque sin perder la calma ni la sutileza, el funcionario volvió a cuestionar la “actitud” de los uniformados -sin discriminar dependencias- y también insinuó la “falta de compromiso” en la resolución de algunos episodios. Para dimensionar el hartazgo, en el reciente conflicto acaecido en inmediaciones de Junín y Colón, algunos vecinos alertaron que llegarían al extremo de hacer justicia por mano propia si las autoridades no intervienen. Cansados de tanto impune atropello, los moradores del sector perdieron la paciencia porque, según denuncian, es usual que los policías no acudan al escenario de los hechos a pesar de las reiteradas convocatorias. “No acepto el argumento de la policía de que no puede intervenir porque no da abasto, porque no tienen móviles o porque no pueden molestar a los chicos…”, manifestó Freyre y se preguntó, con un dejo de ironía, si ante esta virtual indefensión, la Intendencia deberá cerrar las plazas, como ocurre en otros puntos del país. Dispuesto a ir un poco más allá en los reclamos, el intendente desempolvó uno de los más lúcidos proyectos elevados ante la Junta de Seguridad Urbana, a los efectos de concentrar las cooperadoras policiales en un único ente administrador, y así invertir los recursos con mayor eficiencia, como también garantizar la transparencia del sistema. Mientras tanto, junto con el secretario de Gobierno, Sergio Druetta, se disponen a viajar a la Casa Gris para conocer qué porción de la millonaria inversión provincial en agentes, móviles y pertrechos, se destinará a nuestra ciudad. La excursión, desde ya, no sólo pretende obtener una información oficial que podría gestionarse por otras vías, sino corresponsabilizar al gobierno provincial de este flagelo de la inseguridad que padecen las municipalidades y comunas, y afecta a todas las capas sociales, aun cuando el malhumor sería mayor si la policía divulgara todos los delitos cometidos -no sólo los esclarecidos- y si las víctimas formalizaran las denuncias del ciento por ciento de los ilícitos, en lugar de refugiarse en la resignación.
Por su parte, entidades intermedias como el Centro Comercial, entre otras, continúan estimulando reuniones por la seguridad pública, pero suelen restringirse a planteos elementales, como la demanda de móviles y agentes, sin darse cuenta de que dilapidan todas las energías en remiendos cortoplacistas y nunca se acercan al fondo de la cuestión. Si bien es cierto que en el mundo hay países sin pobres, pero con inseguridad, en la Argentina estamos sufriendo las consecuencias de un brutal modelo de exclusión que marginó a millones de personas, e incluso hoy, a pesar de ciertos cambios introducidos en el orden nacional, subsisten profundas desigualdades que se expresan luego con efectos sociales devastadores.
Tiempo atrás, empujados por la presión social y mediática antes que por sus convicciones, los legisladores nacionales le dieron el gusto a Juan Carlos Blumberg y su paquete de leyes de mano dura, que pronto demostraron su insuficiencia, pues el delito siguió en alza. Los mismos resultados se obtendrían militarizando la ciudad en busca de remediar por decreto enfermedades arraigadas en el cuerpo social. Tampoco se soluciona nada mirando para otro lado, al estilo del gobierno scottista, que siempre echaba culpas a los forasteros marginales, como si estuviéramos libres de bandidos made in Venado.
Está claro que una mayor presencia policial en las calles, como en las rutas, opera como un factor preventivo, pero no basta, como tampoco alcanza con rejas, alarmas, perros guardianes y vigilancia privada; mucho menos, con el desaconsejable recurso de adquirir armas de puño para la defensa personal. A estas alturas, la situación de la inseguridad pública es tan compleja que requiere asesoramiento de especialistas, hasta desembocar en estrategias unificadas de la sociedad civil, con la coordinación del gobierno municipal, para no superponer esfuerzos, ni tampoco desperdiciarlos en arrestos voluntaristas.
Con acertado criterio, el gobierno provincial sentencia que la policía es una parte de la cuestión de la seguridad, pero no es todo, en un claro señalamiento de las responsabilidades que nos competen como ciudadanos. Aun así, el poder político adeuda una serie de reformas, desde lo más encumbrado de la pirámide judicial hasta la formación policial, porque Santa Fe ya sufrió la improvisada salida a las calles de émulos de Rambo, que con tres o cuatro meses de instrucción ya andaban haciendo de las suyas, incluyendo escandalosos casos de “gatillo fácil”. También está en estudio el mecanismo de designación de los jefes policiales, ya que, en el marco de la descentralización, podría abandonarse el tradicional verticalismo de la corporación para ceder más atribuciones a los municipios en la elección de los comisarios. También cabe destacar el intento de Freyre, en el orden local, de unificar las cooperadoras policiales. Además, es preciso fortalecer el reclamo de sendos juzgados de Familia y Federal, y propiciar la construcción de un instituto oficial dedicado a la contención y reinserción de menores en riesgo, con aportes estatales y comunitarios, como así también, en conjunto con las autoridades regionales, brindar todas las herramientas para reducir al mínimo la repitencia y la deserción escolar. En otro orden, se impone la generación de espacios de recreación para los adolescentes, que desde hace tiempo no estarían encontrando actividades más atractivas que escuchar música y tomar cerveza hasta la madrugada en los carriles internos de la plaza San Martín. También es indispensable la creación de micro-emprendimientos productivos con financiación estatal para rescatar del vagabundeo a los que no tienen trabajo y, en la mayoría de los casos, difícilmente puedan conseguirlo, ni en la órbita privada ni en la estatal, en función de sus antecedentes.
Todos desempeñamos un rol en esta cruzada por una convivencia armónica, desde las autoridades, los padres, los vecinalistas, los comerciantes, los periodistas, los vecinos. Nadie es ajeno a esta problemática tan extendida. Sin demandas histéricas de “mano dura”, sin criminales “escuadrones de la muerte”, sin apelaciones exacerbadas a la “justicia por mano propia” y, desde ya, sin mirar para otro lado, la sociedad civil aún tiene cosas por hacer, empezando por dejar de fabricar excluidos y arrojarlos a la buena de Dios.
(Publicado el viernes 14 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Por su parte, entidades intermedias como el Centro Comercial, entre otras, continúan estimulando reuniones por la seguridad pública, pero suelen restringirse a planteos elementales, como la demanda de móviles y agentes, sin darse cuenta de que dilapidan todas las energías en remiendos cortoplacistas y nunca se acercan al fondo de la cuestión. Si bien es cierto que en el mundo hay países sin pobres, pero con inseguridad, en la Argentina estamos sufriendo las consecuencias de un brutal modelo de exclusión que marginó a millones de personas, e incluso hoy, a pesar de ciertos cambios introducidos en el orden nacional, subsisten profundas desigualdades que se expresan luego con efectos sociales devastadores.
Tiempo atrás, empujados por la presión social y mediática antes que por sus convicciones, los legisladores nacionales le dieron el gusto a Juan Carlos Blumberg y su paquete de leyes de mano dura, que pronto demostraron su insuficiencia, pues el delito siguió en alza. Los mismos resultados se obtendrían militarizando la ciudad en busca de remediar por decreto enfermedades arraigadas en el cuerpo social. Tampoco se soluciona nada mirando para otro lado, al estilo del gobierno scottista, que siempre echaba culpas a los forasteros marginales, como si estuviéramos libres de bandidos made in Venado.
Está claro que una mayor presencia policial en las calles, como en las rutas, opera como un factor preventivo, pero no basta, como tampoco alcanza con rejas, alarmas, perros guardianes y vigilancia privada; mucho menos, con el desaconsejable recurso de adquirir armas de puño para la defensa personal. A estas alturas, la situación de la inseguridad pública es tan compleja que requiere asesoramiento de especialistas, hasta desembocar en estrategias unificadas de la sociedad civil, con la coordinación del gobierno municipal, para no superponer esfuerzos, ni tampoco desperdiciarlos en arrestos voluntaristas.
Con acertado criterio, el gobierno provincial sentencia que la policía es una parte de la cuestión de la seguridad, pero no es todo, en un claro señalamiento de las responsabilidades que nos competen como ciudadanos. Aun así, el poder político adeuda una serie de reformas, desde lo más encumbrado de la pirámide judicial hasta la formación policial, porque Santa Fe ya sufrió la improvisada salida a las calles de émulos de Rambo, que con tres o cuatro meses de instrucción ya andaban haciendo de las suyas, incluyendo escandalosos casos de “gatillo fácil”. También está en estudio el mecanismo de designación de los jefes policiales, ya que, en el marco de la descentralización, podría abandonarse el tradicional verticalismo de la corporación para ceder más atribuciones a los municipios en la elección de los comisarios. También cabe destacar el intento de Freyre, en el orden local, de unificar las cooperadoras policiales. Además, es preciso fortalecer el reclamo de sendos juzgados de Familia y Federal, y propiciar la construcción de un instituto oficial dedicado a la contención y reinserción de menores en riesgo, con aportes estatales y comunitarios, como así también, en conjunto con las autoridades regionales, brindar todas las herramientas para reducir al mínimo la repitencia y la deserción escolar. En otro orden, se impone la generación de espacios de recreación para los adolescentes, que desde hace tiempo no estarían encontrando actividades más atractivas que escuchar música y tomar cerveza hasta la madrugada en los carriles internos de la plaza San Martín. También es indispensable la creación de micro-emprendimientos productivos con financiación estatal para rescatar del vagabundeo a los que no tienen trabajo y, en la mayoría de los casos, difícilmente puedan conseguirlo, ni en la órbita privada ni en la estatal, en función de sus antecedentes.
Todos desempeñamos un rol en esta cruzada por una convivencia armónica, desde las autoridades, los padres, los vecinalistas, los comerciantes, los periodistas, los vecinos. Nadie es ajeno a esta problemática tan extendida. Sin demandas histéricas de “mano dura”, sin criminales “escuadrones de la muerte”, sin apelaciones exacerbadas a la “justicia por mano propia” y, desde ya, sin mirar para otro lado, la sociedad civil aún tiene cosas por hacer, empezando por dejar de fabricar excluidos y arrojarlos a la buena de Dios.
(Publicado el viernes 14 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Las tasas deben pagarse, pero también hay que entenderlas
El nuevo sistema de cálculo de la tasa general de inmuebles aprobado por el poder político venadense es más justo y solidario que el viejo criterio, como también es cierto que la Municipalidad no podía soportar mucho tiempo más con una contribución irrisoria para la prestación de los servicio públicos esenciales. En el terreno de las discusiones subsisten otros temas, como el incremento demasiado abrupto, sin escalonamientos, que se suma a una catarata de aumentos en productos y servicios de consumo masivo. También se cuestionó la falta de tacto del gobierno municipal que, a pesar de los drásticos cambios efectuados después de tantos años de virtual congelamiento, no cumplió con la indispensable divulgación de los pormenores de la flamante metodología de liquidación, que ahora contempla los metros de frente, la superficie edificada, los servicios disponibles y la valuación fiscal de la propiedad, entre otras variables. Dicha ausencia llamó más aún la atención ante la puntual y sistemática distribución, durante el año pasado, del “Noti-Municipal”, donde se consignaba con lujo de detalle las acciones del gobierno. Sin embargo, en esta ocasión, y cuando más falta hacía, nada se supo de esa publicación oficial.
Mientras desde algunos sectores aún se aguarda que ese trabajo se envíe casa por casa, junto con la próxima emisión de las tasas, el bloque socialista de concejales acaba de presentar un proyecto de ordenanza para que, en las propias boletas de la tasa general de inmuebles (TGI), se informe a cada contribuyente qué se le cobra y en función de qué elementos, propuesta que está en sintonía con las sugerencias de la Secretaría de Hacienda, para que se acerquen a la dependencia todos aquellos que consideren haber sido perjudicados por errores en la facturación, y así realizar las eventuales correcciones. En rigor, las modificaciones introducidas son excesivamente complejas como para eludir la enumeración de las mismas y limitarse a liquidar las cifras finales. Paradójicamente, muchos de estos evitables equívocos obedecieron a los apuros por aprovechar la quietud veraniega para fijar los aumentos, tras largos años de irresponsable retraso en la facturación.
Además, los socialistas proponen incorporar en la boleta una serie de datos en la búsqueda de una mayor transparencia en la función pública, entendiendo que mal podrán defender sus derechos los ciudadanos si desde el gobierno de la ciudad no se les informa debidamente. Más allá de una “publicación especial” que se hubiera requerido -aún están a tiempo- para desplegar el paquete de reformas (también se incrementaron otros tributos que ya repercuten en el “costo venadense”), es oportuna la iniciativa de oficializar en las tasas, mes a mes, una información clara y puntualizada a los contribuyentes.
(Publicado el jueves 13 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Mientras desde algunos sectores aún se aguarda que ese trabajo se envíe casa por casa, junto con la próxima emisión de las tasas, el bloque socialista de concejales acaba de presentar un proyecto de ordenanza para que, en las propias boletas de la tasa general de inmuebles (TGI), se informe a cada contribuyente qué se le cobra y en función de qué elementos, propuesta que está en sintonía con las sugerencias de la Secretaría de Hacienda, para que se acerquen a la dependencia todos aquellos que consideren haber sido perjudicados por errores en la facturación, y así realizar las eventuales correcciones. En rigor, las modificaciones introducidas son excesivamente complejas como para eludir la enumeración de las mismas y limitarse a liquidar las cifras finales. Paradójicamente, muchos de estos evitables equívocos obedecieron a los apuros por aprovechar la quietud veraniega para fijar los aumentos, tras largos años de irresponsable retraso en la facturación.
Además, los socialistas proponen incorporar en la boleta una serie de datos en la búsqueda de una mayor transparencia en la función pública, entendiendo que mal podrán defender sus derechos los ciudadanos si desde el gobierno de la ciudad no se les informa debidamente. Más allá de una “publicación especial” que se hubiera requerido -aún están a tiempo- para desplegar el paquete de reformas (también se incrementaron otros tributos que ya repercuten en el “costo venadense”), es oportuna la iniciativa de oficializar en las tasas, mes a mes, una información clara y puntualizada a los contribuyentes.
(Publicado el jueves 13 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Frente al Libertador, arranca la construcción de Torre Aconcagua
La Torre Aconcagua, de 15 pisos, fue diseñada por el arquitecto Daniel Alfredo Leiva, y se emplazará en Belgrano 1067, entre calles 9 de Julio y Pueyrredón, sobre la base de diez pisos con tres departamentos de dos dormitorios, y cinco pisos con departamentos de tres dormitorios de amplias dimensiones, todos con sus correspondientes cocheras y bauleras. Además, en la planta baja se ubicará otro departamento, de dos dormitorios, con jardín propio y acceso al solarium y piscina.El comienzo del proyecto -de no mediar inconvenientes- está previsto para dentro de 60 o 90 días, y la construcción demandará unos 24 meses. Para ello, el desarrollo y administración de la obra quedarán en manos del Fideicomiso Torre Aconcagua, a través de Obenque SA, empresa de capitales locales; en tanto que el rol de consultores y comercialización de los departamentos estará a cargo de Rosso Propiedades, en la esquina de San Martín y Alvear de nuestra ciudad.
En la charla con El Informe, Mario y Bettina Rosso, dos de los principales impulsores del edificio, compartieron su alegría por formar parte de este nuevo proyecto, después de cosechar auspiciosos resultados con la primera experiencia en el desarrollo y venta del Edificio Libertador, que desde el mismo día de su habilitación contribuyó a extender el tradicional perfil de la calle Belgrano, que hoy mismo se puede apreciar, traspasando la plaza San Martín hacia Pueyrredón.
Todos reconocen que el Libertador significó un progreso para la ciudad en materia de conceptos, servicios y terminaciones en la construcción de edificios y, ahora, con este emprendimiento, denominado Aconcagua, los organizadores se impusieron idéntico objetivo. Sin embargo, el próximo desafío tiene algunas particularidades, a partir de su condición de edificio en torre, como lo posibilitan los generosos 28 metros de frente. Así pues, tendrá un óptimo retiro desde la línea de edificación -más de 10 metros-, aprovechando los 50 metros de profundidad, y también un amplio retiro en ambos laterales, con cuatro metros de distancia sobre las propiedades linderas, sin restricciones para disponer aberturas en las cuatro caras de la construcción, garantizando iluminación y ventilación en todos los ambientes. Por estas mismas características, todos los departamentos contarán con estratégicos balcones que permitirán disfrutar de una excelente vista panorámica, merced a la ubicación geográfica preferencial.
Con todas las ventajas
El nuevo edificio, a erigirse sobre una superficie de 1.400 metros cuadrados, contempla espacios para que sus ocupantes puedan gozar de un tiempo al aire libre en la planta baja, ya que contará con piscina, solarium (con piso atérmico y deck de madera), terraza, jardín y quincho con asador. Además, se intentará conservar un añoso nogal plantado en los fondos del predio y que el arquitecto Daniel Leiva -creador del Patio Casey- incorporó desde el inicio al “área verde” del proyecto. Para mayores comodidades, en la zona de ingreso, se dispondrá de un patio-jardín y un salón de usos múltiples, con su propia cocina y baño, para que los distintos propietarios puedan organizar sus reuniones o eventos, así como también utilizarlo para actividades de gimnasio.
Sobre el diseño de ingreso a la Torre Aconcagua, Mario Rosso destacó que no es casual la familiaridad con el Edificio Libertador, ubicado en la misma cuadra, pues Leiva lo imaginó con ese mismo criterio, en busca de establecer una continuidad en el espacio verde, separado de la línea de edificación. Sobre la base de este concepto arquitectónico, entre ambas construcciones se formará un amplio espacio abierto de parquización, que impactará en el efecto visual.
Otro aspecto destacable que se contempla en el proyecto, debido a la saturación vehicular en el sector céntrico venadense, es la inclusión de una importante cantidad de cocheras, en dos subsuelos, y también depósitos-bauleras para cada departamento. Además, la Torre Aconcagua estará equipada con dos ascensores de última generación; agua potable -fría y caliente-; gas natural; telefonía y espacios destinados a la conexión de Internet y TV por cable; y sistemas de seguridad contra incendios, según las reglamentaciones vigentes. Por otra parte, todas las aberturas exteriores serán de aluminio color, línea módena, con vidrios dobles tonalizados y sistema “termo panel” -sellados al vacío-, que brindan una excelente aislación térmica y acústica, y al mismo tiempo impiden el empañamiento.
Demostrando una vez más el enorme potencial económico de la región, que no disminuye el interés por invertir en estas atractivas construcciones, antes del lanzamiento de la campaña publicitaria, ya se presentaron en Rosso Propiedades varios interesados para efectuar la reserva de departamentos. En este sentido, cabe destacar que el edificio se levantará bajo el sistema “fideicomiso al costo”, es decir que se pueden realizar los aportes en 24 cuotas, a medida que transcurre la obra.
Con la Aduana, la región incorpora otra fortaleza
Después de mucho trajinar, los directivos del Centro de Logística para la Importación y Exportación (Celimex) consiguieron la habilitación de la Zona Primaria Aduanera en las instalaciones ubicadas en cercanías del acceso -por la Ruta 8- al Parque Industrial “La Victoria”. La confirmación se la dio a la delegación venadense, presidida por el intendente José Freyre y el gerente general de Celimex, Ovidio Butani, el mismísmo director general de Aduanas, Ricardo Echegaray. En esa oportunidad, también se supo que la Aduana contará con personal permanente -radicado en nuestra ciudad-, como lo ambicionaban los artífices del proyecto.
Una vez reunidos los requisitos para la aprobación, sólo falta establecer una fecha para la apertura oficial, que no iría más allá de la segunda semana de abril próximo. Para esa instancia, Cooperación Seguros y la Mutual entre Asociados de Cooperación Mutual Patronal -las creadoras de Celimex SA-, formalizarán la presentación ante autoridades nacionales, provinciales, regionales y locales.
Con el “puerto seco” o la Zona Primaria Aduanera, con depósito fiscal, Venado Tuerto incorpora una ventaja competitiva, pues se ganará en rapidez, seguridad y reducción de costos, en las operaciones de exportación e importación de las empresas de la región.
Además, con este servicio, se facilitarán las gestiones para las pymes que se inician en el comercio exterior; incluso, Celimex ya anunció que brindará asesoramiento a los nuevos emprendedores y, en esa misma línea, registró una marca propia para contener a los que necesiten agruparse y acumular la escala suficiente en busca de satisfacer las exigencias de los mercados externos.
Entre las ventajas que brindará la Aduana, sobresale que los contenedores se precintan en Venado y desembarcan en destino sin más intermediarios; asimismo, para los productos adquiridos en el exterior, el precinto de seguridad se retira en nuestra ciudad.
Tras una inversión cercana a los 2,5 millones de pesos, las entidades mutualistas locales cedieron la Zona Primaria Aduanera -en comodato- a la Aduana nacional-, pero no se alejan del proyecto; por el contrario, a través de Celimex, asumieron el compromiso de erigirse en custodios del buen funcionamiento del sistema, a los fines de reeditar los beneficios de una adecuada articulación de los esfuerzos públicos y privados, como se demostró en el vigoroso desarrollo del Parque Industrial en los últimos tiempos.
En los comienzos del año, con la regionalización binnerista, Venado se convirtió en cabecera de uno de los cinco nodos provinciales; el mes entrante, la Aduana nos jerarquizará aún más. En consecuencia, resulta meritorio que en lugar de dilapidar energías envidiando la condición de polo de desarrollo económico regional de otras ciudades, se realicen acciones para acortar las distancias, pues como dice Butani, “las regiones productivas se fortalecen por una variedad de factores concurrentes, como vías terrestres, vías aéreas, agua potable, gas natural, parque industrial, y también una Aduana”.
(Publicado el miércoles 12 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Una vez reunidos los requisitos para la aprobación, sólo falta establecer una fecha para la apertura oficial, que no iría más allá de la segunda semana de abril próximo. Para esa instancia, Cooperación Seguros y la Mutual entre Asociados de Cooperación Mutual Patronal -las creadoras de Celimex SA-, formalizarán la presentación ante autoridades nacionales, provinciales, regionales y locales.
Con el “puerto seco” o la Zona Primaria Aduanera, con depósito fiscal, Venado Tuerto incorpora una ventaja competitiva, pues se ganará en rapidez, seguridad y reducción de costos, en las operaciones de exportación e importación de las empresas de la región.
Además, con este servicio, se facilitarán las gestiones para las pymes que se inician en el comercio exterior; incluso, Celimex ya anunció que brindará asesoramiento a los nuevos emprendedores y, en esa misma línea, registró una marca propia para contener a los que necesiten agruparse y acumular la escala suficiente en busca de satisfacer las exigencias de los mercados externos.
Entre las ventajas que brindará la Aduana, sobresale que los contenedores se precintan en Venado y desembarcan en destino sin más intermediarios; asimismo, para los productos adquiridos en el exterior, el precinto de seguridad se retira en nuestra ciudad.
Tras una inversión cercana a los 2,5 millones de pesos, las entidades mutualistas locales cedieron la Zona Primaria Aduanera -en comodato- a la Aduana nacional-, pero no se alejan del proyecto; por el contrario, a través de Celimex, asumieron el compromiso de erigirse en custodios del buen funcionamiento del sistema, a los fines de reeditar los beneficios de una adecuada articulación de los esfuerzos públicos y privados, como se demostró en el vigoroso desarrollo del Parque Industrial en los últimos tiempos.
En los comienzos del año, con la regionalización binnerista, Venado se convirtió en cabecera de uno de los cinco nodos provinciales; el mes entrante, la Aduana nos jerarquizará aún más. En consecuencia, resulta meritorio que en lugar de dilapidar energías envidiando la condición de polo de desarrollo económico regional de otras ciudades, se realicen acciones para acortar las distancias, pues como dice Butani, “las regiones productivas se fortalecen por una variedad de factores concurrentes, como vías terrestres, vías aéreas, agua potable, gas natural, parque industrial, y también una Aduana”.
(Publicado el miércoles 12 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Escuela Nº 496, ajustando las velas para aprovechar los vientos solidarios
Las celebraciones por el estreno de la primera etapa de reformas en la Escuela Nº 496 “Mariano Moreno” -continuarán con la restauración de las aulas- concluyeron el sábado último, con una cena servida en el renovado patio interno. En un clima más intimista y distendido, sin los apuros de la jornada de inicio del ciclo lectivo, en esta oportunidad, los directivos escolares invitaron a docentes y colaboradores, destacándose la presencia de Esther Angelini y su hija Claudia Yasci, que junto con Wilder Yasci, fueron las figuras clave para viabilizar la construcción. También se llevó merecidas felicitaciones el arquitecto firmatense responsable del proyecto, Fernando Franceschini, que en apenas un par de meses, a la par de la infatigable directora Verónica Matheu, hicieron posible una obra que enorgullece a toda la comunidad educativa.
Tras un breve saludo del presidente de la Asociación Cooperadora, Juan Carlos Yakas, como correspondía en los últimos minutos del Día Internacional de la Mujer, Claudia Yasci y Verónica Matheu protagonizaron los discursos de fondo, arrancando lágrimas de muchos de los concurrentes. La primera, después de agradecer a maestras y directivas -varias de ellas se encontraban presentes- de su época como alumna de la escuela, colmó de halagos a las autoridades actuales, así como a los cooperadores y docentes, por la transparencia, la capacidad y la actitud de trabajo demostrada. Luego, en uno de los segmentos más emotivos de su alocución, manifestó: “Agradezco el poder estar en este patio que me vio crecer, que fue testigo de mis juegos, donde conocí amigas que aún hoy conservo, donde reí y también lloré por alguna caída o por alguna pérdida. Agradezco a la Escuela ‘Mariano Moreno’ el haberme hecho recordar cuando sentí por primera vez qué significaba soltar la mano de mi madre porque la jornada escolar ya comenzaba, y una vez terminada, esperar con ansias que la querida Zulma, hoy aquí presente, hiciese sonar la campana para llevarme al encuentro con mi padre, quien puntualmente venía a buscarme”, narró Yasci, con la voz firme.
La empresaria también destinó un párrafo crítico al Estado, por haber desatendido en todos estos años “la obligatoria tarea de fiscalizar el destino de los fondos reservados al bienestar escolar, para que no se desaprovechen”. De todos modos, señaló: “Hoy vine a decir que no todo está perdido. La buena noticia es que aquí, precisamente en esta escuela, en nuestra escuela, hemos encontrado personas que nos han restituido la confianza en la sociedad, que nos han devuelto la fe en los valores humanos y que nos han demostrado que los imposibles no existen”, dijo Claudia Yasci.
Luego fue el turno de la directora Verónica Matheu, oriunda de la localidad de Carreras, que expuso tanta convicción en sus palabras, como templanza para ponerse al frente del proyecto, con la particularidad de que, junto con su familia, reside en la planta alta de la escuela, y está claro que la siente como propia, a la usanza de los directivos de otros tiempos, cuya vocación y sentido de pertenencia se imponían por sobre todas las cosas. “En diciembre le preguntaba a Fernando (Franceschini): ¿Llegamos para el comienzo de las clases? ¡Es que la escuela estaba en guerra! ¡Parecía destruida! Luego, cuando se iniciaron los arreglos, me preguntaba a mí misma: ¿Será verdad que esta gente me va a ayudar?” Sin embargo, todos esos miedos se disiparon con el correr de los días y el resuelto involucramiento de todos los hacedores, que aprovecharon las vacaciones de los chicos, renunciando a las suyas, para lanzar, contrarreloj, una obra largamente anhelada. No se había equivocado la directora cuando aceptó la ayuda de los Yasci. Ella, como William Ward, interpretó que “las oportunidades son como los amaneceres… si uno espera demasiado, se los pierde”. Apelando a otra cita del mismo autor, Matheu observó más adelante que “los pesimistas se quejan del viento; los optimistas esperan que el viento cambie; los realistas, como yo, ajustamos las velas”.
El cierre de la noche se llevó a cabo con la presentación de un video alusivo del realizador venadense Javier Mira, que reflejó en emotivas imágenes el antes y después de las reformas comenzadas el 18 de diciembre último en el tradicional colegio de avenida Casey al 300.
(Publicado el martes 11 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Tras un breve saludo del presidente de la Asociación Cooperadora, Juan Carlos Yakas, como correspondía en los últimos minutos del Día Internacional de la Mujer, Claudia Yasci y Verónica Matheu protagonizaron los discursos de fondo, arrancando lágrimas de muchos de los concurrentes. La primera, después de agradecer a maestras y directivas -varias de ellas se encontraban presentes- de su época como alumna de la escuela, colmó de halagos a las autoridades actuales, así como a los cooperadores y docentes, por la transparencia, la capacidad y la actitud de trabajo demostrada. Luego, en uno de los segmentos más emotivos de su alocución, manifestó: “Agradezco el poder estar en este patio que me vio crecer, que fue testigo de mis juegos, donde conocí amigas que aún hoy conservo, donde reí y también lloré por alguna caída o por alguna pérdida. Agradezco a la Escuela ‘Mariano Moreno’ el haberme hecho recordar cuando sentí por primera vez qué significaba soltar la mano de mi madre porque la jornada escolar ya comenzaba, y una vez terminada, esperar con ansias que la querida Zulma, hoy aquí presente, hiciese sonar la campana para llevarme al encuentro con mi padre, quien puntualmente venía a buscarme”, narró Yasci, con la voz firme.
La empresaria también destinó un párrafo crítico al Estado, por haber desatendido en todos estos años “la obligatoria tarea de fiscalizar el destino de los fondos reservados al bienestar escolar, para que no se desaprovechen”. De todos modos, señaló: “Hoy vine a decir que no todo está perdido. La buena noticia es que aquí, precisamente en esta escuela, en nuestra escuela, hemos encontrado personas que nos han restituido la confianza en la sociedad, que nos han devuelto la fe en los valores humanos y que nos han demostrado que los imposibles no existen”, dijo Claudia Yasci.
Luego fue el turno de la directora Verónica Matheu, oriunda de la localidad de Carreras, que expuso tanta convicción en sus palabras, como templanza para ponerse al frente del proyecto, con la particularidad de que, junto con su familia, reside en la planta alta de la escuela, y está claro que la siente como propia, a la usanza de los directivos de otros tiempos, cuya vocación y sentido de pertenencia se imponían por sobre todas las cosas. “En diciembre le preguntaba a Fernando (Franceschini): ¿Llegamos para el comienzo de las clases? ¡Es que la escuela estaba en guerra! ¡Parecía destruida! Luego, cuando se iniciaron los arreglos, me preguntaba a mí misma: ¿Será verdad que esta gente me va a ayudar?” Sin embargo, todos esos miedos se disiparon con el correr de los días y el resuelto involucramiento de todos los hacedores, que aprovecharon las vacaciones de los chicos, renunciando a las suyas, para lanzar, contrarreloj, una obra largamente anhelada. No se había equivocado la directora cuando aceptó la ayuda de los Yasci. Ella, como William Ward, interpretó que “las oportunidades son como los amaneceres… si uno espera demasiado, se los pierde”. Apelando a otra cita del mismo autor, Matheu observó más adelante que “los pesimistas se quejan del viento; los optimistas esperan que el viento cambie; los realistas, como yo, ajustamos las velas”.
El cierre de la noche se llevó a cabo con la presentación de un video alusivo del realizador venadense Javier Mira, que reflejó en emotivas imágenes el antes y después de las reformas comenzadas el 18 de diciembre último en el tradicional colegio de avenida Casey al 300.
(Publicado el martes 11 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Se dispararon las tasas reprimidas durante el scottismo
No hay dudas de que el flamante criterio de cálculo para la tasa general de inmuebles es más progresista en la distribución de las cargas para financiar la prestación de los servicios públicos básicos (recolección de residuos, limpieza de calles, desagües, atención primaria de la salud, etc.), sobre todo en la comparación con el antiguo sistema que tenía como referencia mixta los metros de frente de cada vivienda y una zonificación del alumbrado público de la década del ’70. En este verano, la Intendencia y el Concejo -con la sola excepción de la vianista Patricia Romero- dieron lugar a la reforma tantas veces postergada, que ahora genera la irritación de numerosos contribuyentes. Si bien es cierto que la Municipalidad no tiene porqué subsidiar los servicios que brinda al conjunto de la población (salvo a los que justifiquen su imposibilidad de pago) y que ni siquiera ahora, con ajustes de tasas que superaron el 300 por ciento, estará en condiciones desahogadas para cumplir con sus obligaciones elementales, el descontento popular con la medida era previsible. En primer lugar, la ciudadanía no es la culpable de que, desde principios de los ’90 hasta la fecha, las discrepancias de la clase política impidieran la actualización gradual de la tasa. El último retoque significativo data del ’91, con otro ajuste indirecto en febrero del ’93, cuando el intendente Ernesto De Mattía establece, con el aval legislativo, las sobretasas de salud (cinco por ciento) y desagües (10 por ciento). Luego, en 2000, el gobierno scottista, desconociendo al Concejo, impone ajustes unilaterales en algunos derechos (el DRI, por ejemplo), sin incluir las tasas, en el marco de una reforma a la Ordenanza General Impositiva, y enseguida se lleva a cabo una rezonificación parcial que, esta vez sí, aumenta las tasas en determinados sectores de la ciudad. No obstante, las correcciones que se requerían ante el paulatino encarecimiento de los servicios, se fueron dilatando una y otra vez, por especulaciones políticas, negligencia administrativa y afines.
Los memoriosos aún recuerdan el grave conflicto institucional de fines del ’93, en tiempos de De Mattía en la Intendencia y predominio del PJ en el Concejo; el mandatario radical de aquel entonces remitió a los ediles un proyecto de ordenanza solicitando un aumento de las tasas del 45 por ciento, pero los dos sectores peronistas coincidieron en frenar la iniciativa, tanto el de Haydée Guaci -con sólidos fundamentos-, como el del recién llegado Roberto Scott, cuya prioridad era poner piedras en el camino de la gestión dematiísta. Desde allí, la ciudad transcurrió más de 14 años -12 de ellos durante el mandato scottista- sin que la cuestión de las tasas se abordara con responsabilidad de estadista, y ahora esas miserias explotan en las manos del intendente José Freyre. Cabe acotar que, contra todos los pronósticos, en los tramos finales de su mandato, el viejo líder eludió asumir el costo político del aumento, aunque así lo aconsejaban las circunstancias para evitar el desgaste prematuro de la figura de Freyre con estas medidas impopulares. Hoy, sus incondicionales acólitos, en el marco de las fuertes internas que sacuden el gabinete bipolar, arriesgan que Scott buscaba cuidar la imagen, especulando con un posible regreso en 2011.
Gradualidad cero
En los meses previos a las elecciones del año pasado, la Intendencia enviaba todos los meses a cada contribuyente, junto con las tasas, una publicación oficial denominada “Noti Municipal”, con una frase elocuente: “12 años haciendo obras sin aumentar los impuestos”. La falsa propaganda del partido del gobierno -con dineros públicos- no tardaría en caerse a pedazos. Aun antes de asumir, Freyre debió apelar al arte de la negociación para persuadir a los ediles de la urgencia de actualizar las tasas y los impuestos, arguyendo que la ciudad ya no podía subsistir en esas condiciones. Como en la guerra, en los procesos electorales, la primera víctima es la verdad; pero poco después ya nadie negaba el brutal endeudamiento municipal, con el ex BID, con la Caja de Jubilaciones, con los proveedores, con el FAE, con el Hospital, con la concesionaria de la tercerización de Hacienda, con los profesionales foráneos contratados, y hasta con los concejales, sólo por citar algunos acreedores, y todo esto empeorado por la falta de obra pública y la nula capitalización, como lo corrobora el calamitoso estado del parque automotor, es decir que se consolidaba una creciente deuda pública sin ningún beneficio para la gente.
Ya con Freyre en el Sillón de Aufranc, como en las ciudades vecinas de Firmat y Rufino, la clase política local entendió que luego de tantos años de congelamiento demagógico de tasas, no había margen para establecer aumentos graduales, o escalonados, y así fue como se impuso un tarifazo que, para colmo, desnudó gruesos errores de instrumentación, a partir de la emisión del período febrero sin la correspondiente promulgación de la ordenanza, según revelaciones de las propias entrañas de San Martín y Marconi. En este sentido, tantas fueron las vacilaciones de la Intendencia en esta instancia, que en la facturación de las tasas se aclara que “el pago está sujeto a liquidación definitiva a practicar por esta administración”.
En la misma línea de controversias, cuentan que el oficialismo insistiría en subsanar un error propio cobrando un adicional -en virtud del ajuste de tasas- a los contribuyentes que, a principio de año, abonaron todo el período 2008 con el beneficio del 10 por ciento de descuento. Sin embargo, otras versiones aseguran que Freyre, en sintonía con el criterio de la mayoría de los concejales, anunciará en las próximas horas que no habrá una refacturación para los miles de venadenses que aprovecharon la tentadora rebaja. Otro desliz se habría dado con los aumentos en las sobretasas de salud y desagües, pese al acuerdo con el Concejo de congelar esos rubros, hasta tanto se decidiera su continuidad o discontinuidad. Luego, los legisladores conservaron la sobretasa de desagües y eliminaron la de salud, en función de los mayores ingresos garantizados a las arcas municipales por los incrementos de tasas, impuestos, coparticipación provincial y, en particular, las promesas binneristas de partidas específicas para la atención primaria de la salud. No obstante, trascendió que el intendente Freyre podría vetar la derogación de la sobretasa de salud, aun cuando ello resentiría sus buenas relaciones con el Concejo.
Luego, el gobierno porotista vuelve a equivocarse cuando procede a la emisión de las tasas sin ofrecer, al mismo tiempo, una información detallada a los contribuyentes del porqué de los aumentos; no apelaron a solicitadas en los diarios, ni tampoco -como hacían antes- a su publicación gráfica oficial, que esta vez habría sido oportuna para divulgar los pormenores del sistema de cálculo y así evitar que la actualización despertara tamaña indignación.
En el próximo gran debate del año, los concejales tratarán el Presupuesto 2008, donde tendrán la posibilidad de orientar los gastos; pero, de todos modos, no habría que esperar que estos mayores ingresos se transformen en futuras inversiones, como lo admitió el subsecretario de Hacienda, Guillermo Imbern; apenas si ayudarán a solventar la enorme masa salarial y achicar viejas cuentas pendientes.
(Publicado el lunes 10 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Los memoriosos aún recuerdan el grave conflicto institucional de fines del ’93, en tiempos de De Mattía en la Intendencia y predominio del PJ en el Concejo; el mandatario radical de aquel entonces remitió a los ediles un proyecto de ordenanza solicitando un aumento de las tasas del 45 por ciento, pero los dos sectores peronistas coincidieron en frenar la iniciativa, tanto el de Haydée Guaci -con sólidos fundamentos-, como el del recién llegado Roberto Scott, cuya prioridad era poner piedras en el camino de la gestión dematiísta. Desde allí, la ciudad transcurrió más de 14 años -12 de ellos durante el mandato scottista- sin que la cuestión de las tasas se abordara con responsabilidad de estadista, y ahora esas miserias explotan en las manos del intendente José Freyre. Cabe acotar que, contra todos los pronósticos, en los tramos finales de su mandato, el viejo líder eludió asumir el costo político del aumento, aunque así lo aconsejaban las circunstancias para evitar el desgaste prematuro de la figura de Freyre con estas medidas impopulares. Hoy, sus incondicionales acólitos, en el marco de las fuertes internas que sacuden el gabinete bipolar, arriesgan que Scott buscaba cuidar la imagen, especulando con un posible regreso en 2011.
Gradualidad cero
En los meses previos a las elecciones del año pasado, la Intendencia enviaba todos los meses a cada contribuyente, junto con las tasas, una publicación oficial denominada “Noti Municipal”, con una frase elocuente: “12 años haciendo obras sin aumentar los impuestos”. La falsa propaganda del partido del gobierno -con dineros públicos- no tardaría en caerse a pedazos. Aun antes de asumir, Freyre debió apelar al arte de la negociación para persuadir a los ediles de la urgencia de actualizar las tasas y los impuestos, arguyendo que la ciudad ya no podía subsistir en esas condiciones. Como en la guerra, en los procesos electorales, la primera víctima es la verdad; pero poco después ya nadie negaba el brutal endeudamiento municipal, con el ex BID, con la Caja de Jubilaciones, con los proveedores, con el FAE, con el Hospital, con la concesionaria de la tercerización de Hacienda, con los profesionales foráneos contratados, y hasta con los concejales, sólo por citar algunos acreedores, y todo esto empeorado por la falta de obra pública y la nula capitalización, como lo corrobora el calamitoso estado del parque automotor, es decir que se consolidaba una creciente deuda pública sin ningún beneficio para la gente.
Ya con Freyre en el Sillón de Aufranc, como en las ciudades vecinas de Firmat y Rufino, la clase política local entendió que luego de tantos años de congelamiento demagógico de tasas, no había margen para establecer aumentos graduales, o escalonados, y así fue como se impuso un tarifazo que, para colmo, desnudó gruesos errores de instrumentación, a partir de la emisión del período febrero sin la correspondiente promulgación de la ordenanza, según revelaciones de las propias entrañas de San Martín y Marconi. En este sentido, tantas fueron las vacilaciones de la Intendencia en esta instancia, que en la facturación de las tasas se aclara que “el pago está sujeto a liquidación definitiva a practicar por esta administración”.
En la misma línea de controversias, cuentan que el oficialismo insistiría en subsanar un error propio cobrando un adicional -en virtud del ajuste de tasas- a los contribuyentes que, a principio de año, abonaron todo el período 2008 con el beneficio del 10 por ciento de descuento. Sin embargo, otras versiones aseguran que Freyre, en sintonía con el criterio de la mayoría de los concejales, anunciará en las próximas horas que no habrá una refacturación para los miles de venadenses que aprovecharon la tentadora rebaja. Otro desliz se habría dado con los aumentos en las sobretasas de salud y desagües, pese al acuerdo con el Concejo de congelar esos rubros, hasta tanto se decidiera su continuidad o discontinuidad. Luego, los legisladores conservaron la sobretasa de desagües y eliminaron la de salud, en función de los mayores ingresos garantizados a las arcas municipales por los incrementos de tasas, impuestos, coparticipación provincial y, en particular, las promesas binneristas de partidas específicas para la atención primaria de la salud. No obstante, trascendió que el intendente Freyre podría vetar la derogación de la sobretasa de salud, aun cuando ello resentiría sus buenas relaciones con el Concejo.
Luego, el gobierno porotista vuelve a equivocarse cuando procede a la emisión de las tasas sin ofrecer, al mismo tiempo, una información detallada a los contribuyentes del porqué de los aumentos; no apelaron a solicitadas en los diarios, ni tampoco -como hacían antes- a su publicación gráfica oficial, que esta vez habría sido oportuna para divulgar los pormenores del sistema de cálculo y así evitar que la actualización despertara tamaña indignación.
En el próximo gran debate del año, los concejales tratarán el Presupuesto 2008, donde tendrán la posibilidad de orientar los gastos; pero, de todos modos, no habría que esperar que estos mayores ingresos se transformen en futuras inversiones, como lo admitió el subsecretario de Hacienda, Guillermo Imbern; apenas si ayudarán a solventar la enorme masa salarial y achicar viejas cuentas pendientes.
(Publicado el lunes 10 de marzo de 2008 en diario El Informe)
El intendente Freyre fue al Concejo, ratificó promesas e insinuó estrategias
La asistencia del intendente José Freyre a la inauguración del período anual de sesiones ordinarias del Concejo se inscribió en la misma línea políticamente correcta desarrollada en este primer trimestre de gobierno, con un diálogo directo con los ediles de la oposición, las cooperativas de servicios públicos y las entidades intermedias más influyentes de la ciudad. “Tiene que mejorar nuestra democracia”, dijo Freyre, admitiendo tácitamente que las críticas a la falta de institucionalidad de la gestión scottista no habían sido fruto del ensañamiento, sino de la objetiva descripción de los hechos. Tanto es así que el miércoles último, después de más de un lustro de desplantes, los venadenses recién volvían a tener la presencia de un intendente, como lo mandan la ley y las buenas costumbres, en el estreno formal de las actividades legislativas. Conciente de que la transparencia administrativa tampoco se ubicó entre las fortalezas del gobierno del cercano antecesor, Freyre ratificó su voluntad de someter las cuentas públicas, no sólo a la fiscalización del Concejo, sino también a un control ciudadano, que bien podría complementarse con la convocatoria de ONG’s especializadas en auditar municipios y comunas, como el propio mandatario deslizó tiempo atrás. Hoy mismo, es imposible conocer la cantidad de empleados municipales (desde la oposición estiman que, en total, orillan los 1.500), ni tampoco resulta fácil acceder a datos oficiales sobre el plantel completo de cargos políticos y sus haberes. En función del renovado compromiso público del intendente, estas informaciones deberían suministrarse a la brevedad para fortalecer el discurso.
Perfil negociador
En otra marcada diferencia con Scott, Freyre no calificó al síndico de la quiebra del BID, Juan Venturini, como uno de los miembros del “eje del mal”, sino que reveló su intención de reiniciar las negociaciones con los acreedores a partir de una estrategia acordada con el Concejo. Realista, el intendente entiende que la ciudad no podrá desarrollarse sin créditos (“las obras no se hacen con buenas intenciones, sino con plata”, subrayó), pero esa opción de financiamiento seguirá vedada mientras no se destrabe la millonaria deuda con el ex BID, que arrastró a la Municipalidad a la incómoda categoría de “insolvente” en los registros del Banco Central. Scott insultaba a Venturini; Freyre acepta que debe negociar, sobre todo cuando las obras y los inmuebles adquiridos con el dinero prestado están a la vista de todos, más allá de los valores prohibitivos de la pavimentación ejecutada en la gestión de Ernesto De Mattía. Asimismo, Freyre aludió a la necesidad de empezar a resolver los cuantiosos endeudamientos con el Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y el Instituto de Previsión Social, que también se generaron entre los gobiernos de De Mattía y Scott.
Después de señalar que la Cooperativa de Obras Sanitarias podrá acelerar el ritmo de obras de agua potable y cloacas con la reciente actualización tarifaria del 30 por ciento en ambos servicios, ingresó en el delicado tema de la concesión eléctrica, con sugestivos tiros por elevación. “Nosotros vamos a poner todo el esfuerzo para lograrlo. Espero encontrar reciprocidad en las otras partes”, disparó el trajeado intendente, en referencia al Concejo y la Cooperativa Eléctrica. Es que así como en la Intendencia asumen que la oposición parlamentaria más encendida la ofrecerán, en este 2008, el ala dura del socialismo (Oscar Pieroni y Fabián Vernetti) y la vianista Patricia Romero, también son concientes de los costos políticos que ocasionaría otra negociación frustrada con la Eléctrica. Nadie olvida que por estos días se cumplen cinco años de la convocatoria a la Comisión Redactora del nuevo contrato de concesión; sin embargo, la comisión ni siquiera se completó y, obviamente, no se redactó ni un solo renglón. Para no volver a tropezar con la misma piedra, la primera estrategia porotista sería designar un negociador, con buenas aptitudes diplomáticas (alguna vez Scott convocó a José Elmir para destrabar “asuntos complicados”), y según se comentó en los corrillos previos al acto de apertura de las sesiones, el hombre en cuestión se erigiría en el delegado de la Municipalidad ante el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica. Cabe recordar que, para dicho rol, el Concejo designó a Miguel Pedrola en carácter de suplente, pero es la Intendencia quien debe nominar el representante del poder concedente.
Bendita obra pública
El caos del tránsito y la inseguridad reinante son un par de espadas de Damocles que penden, amenazantes, sobre la cabeza de Freyre. Sin vacilaciones, el intendente venadense asumió responsabilidades, incluyendo en el discurso ambos cometidos, aunque la experiencia dicta que no se trata de tareas de gobierno que vayan a fortalecer las simpatías de la gente con el oficialismo de turno. Por el contrario, son obligaciones indelegables del estadista que, por lo general, suelen convertirse en pesadas mochilas.
Por otra parte, entusiasmado con el súbito aumento de ingresos a las arcas municipales que le facilitó el Concejo (con el ajuste de tasas y tributos) y el gobierno provincial (mediante una mayor coparticipación), Freyre volvió a mencionar el lanzamiento de un plan sostenido de obras públicas, basado en la pavimentación, sin precisar todavía si apelará a la figura del fideicomiso, como ya lo hicieron los municipios de Río Cuarto y Paraná, entre otros.
Siempre en el ámbito de la obra pública, el mandatario renovó el compromiso de reanudar las gestiones por la erradicación del Basural que, desde ya, requiere en primer término una decisión política -urgente y realista- sobre la metodología de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios. A estas alturas, no se engaña a nadie echando culpas a Obras Sanitarias por las postergaciones, como lo hacía Scott para justificar su inoperancia; hoy, la Intendencia y el Concejo, deben resolver cómo se supera esta rémora ambiental, y recién después debería convocarse a la Cooperativa de Obras Sanitarias para la gestión del servicio de saneamiento.
Mientras tanto, la ciudadanía venadense, que sólo se escandaliza cuando la rotación del viento le recuerda a domicilio la existencia de tanta inmundicia acumulada y en constante estado de descomposición, tendría que demostrar más inquietud por esta gravísima problemática. Es que el árbol no nos deja ver el bosque, como se verifica cuando los vecinos piden la cabeza del intendente porque el recolector olvidó las bolsitas la noche anterior, pero ni abren la boca para demandar explicaciones por la subsistencia de una bomba de tiempo que, día tras día, alimentamos entre todos, sin importarnos las consecuencias.
(Publicado el viernes 7 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Perfil negociador
En otra marcada diferencia con Scott, Freyre no calificó al síndico de la quiebra del BID, Juan Venturini, como uno de los miembros del “eje del mal”, sino que reveló su intención de reiniciar las negociaciones con los acreedores a partir de una estrategia acordada con el Concejo. Realista, el intendente entiende que la ciudad no podrá desarrollarse sin créditos (“las obras no se hacen con buenas intenciones, sino con plata”, subrayó), pero esa opción de financiamiento seguirá vedada mientras no se destrabe la millonaria deuda con el ex BID, que arrastró a la Municipalidad a la incómoda categoría de “insolvente” en los registros del Banco Central. Scott insultaba a Venturini; Freyre acepta que debe negociar, sobre todo cuando las obras y los inmuebles adquiridos con el dinero prestado están a la vista de todos, más allá de los valores prohibitivos de la pavimentación ejecutada en la gestión de Ernesto De Mattía. Asimismo, Freyre aludió a la necesidad de empezar a resolver los cuantiosos endeudamientos con el Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y el Instituto de Previsión Social, que también se generaron entre los gobiernos de De Mattía y Scott.
Después de señalar que la Cooperativa de Obras Sanitarias podrá acelerar el ritmo de obras de agua potable y cloacas con la reciente actualización tarifaria del 30 por ciento en ambos servicios, ingresó en el delicado tema de la concesión eléctrica, con sugestivos tiros por elevación. “Nosotros vamos a poner todo el esfuerzo para lograrlo. Espero encontrar reciprocidad en las otras partes”, disparó el trajeado intendente, en referencia al Concejo y la Cooperativa Eléctrica. Es que así como en la Intendencia asumen que la oposición parlamentaria más encendida la ofrecerán, en este 2008, el ala dura del socialismo (Oscar Pieroni y Fabián Vernetti) y la vianista Patricia Romero, también son concientes de los costos políticos que ocasionaría otra negociación frustrada con la Eléctrica. Nadie olvida que por estos días se cumplen cinco años de la convocatoria a la Comisión Redactora del nuevo contrato de concesión; sin embargo, la comisión ni siquiera se completó y, obviamente, no se redactó ni un solo renglón. Para no volver a tropezar con la misma piedra, la primera estrategia porotista sería designar un negociador, con buenas aptitudes diplomáticas (alguna vez Scott convocó a José Elmir para destrabar “asuntos complicados”), y según se comentó en los corrillos previos al acto de apertura de las sesiones, el hombre en cuestión se erigiría en el delegado de la Municipalidad ante el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica. Cabe recordar que, para dicho rol, el Concejo designó a Miguel Pedrola en carácter de suplente, pero es la Intendencia quien debe nominar el representante del poder concedente.
Bendita obra pública
El caos del tránsito y la inseguridad reinante son un par de espadas de Damocles que penden, amenazantes, sobre la cabeza de Freyre. Sin vacilaciones, el intendente venadense asumió responsabilidades, incluyendo en el discurso ambos cometidos, aunque la experiencia dicta que no se trata de tareas de gobierno que vayan a fortalecer las simpatías de la gente con el oficialismo de turno. Por el contrario, son obligaciones indelegables del estadista que, por lo general, suelen convertirse en pesadas mochilas.
Por otra parte, entusiasmado con el súbito aumento de ingresos a las arcas municipales que le facilitó el Concejo (con el ajuste de tasas y tributos) y el gobierno provincial (mediante una mayor coparticipación), Freyre volvió a mencionar el lanzamiento de un plan sostenido de obras públicas, basado en la pavimentación, sin precisar todavía si apelará a la figura del fideicomiso, como ya lo hicieron los municipios de Río Cuarto y Paraná, entre otros.
Siempre en el ámbito de la obra pública, el mandatario renovó el compromiso de reanudar las gestiones por la erradicación del Basural que, desde ya, requiere en primer término una decisión política -urgente y realista- sobre la metodología de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios. A estas alturas, no se engaña a nadie echando culpas a Obras Sanitarias por las postergaciones, como lo hacía Scott para justificar su inoperancia; hoy, la Intendencia y el Concejo, deben resolver cómo se supera esta rémora ambiental, y recién después debería convocarse a la Cooperativa de Obras Sanitarias para la gestión del servicio de saneamiento.
Mientras tanto, la ciudadanía venadense, que sólo se escandaliza cuando la rotación del viento le recuerda a domicilio la existencia de tanta inmundicia acumulada y en constante estado de descomposición, tendría que demostrar más inquietud por esta gravísima problemática. Es que el árbol no nos deja ver el bosque, como se verifica cuando los vecinos piden la cabeza del intendente porque el recolector olvidó las bolsitas la noche anterior, pero ni abren la boca para demandar explicaciones por la subsistencia de una bomba de tiempo que, día tras día, alimentamos entre todos, sin importarnos las consecuencias.
(Publicado el viernes 7 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Ejemplo fueguino para una pauta oficial transparente
Semanas atrás se divulgó el decreto firmado por la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, que establece la forma en que el Poder Ejecutivo distribuirá su presupuesto publicitario, convirtiéndose en la primera provincia argentina que se regula la distribución de la publicidad oficial. Mientras tanto, en numerosas provincias ya existen proyectos de ley aguardando tratamiento legislativo, al igual que en ambas cámaras del Parlamento nacional.
Para la mandataria patagónica alineada con la ex candidata presidencial Elisa Carrió, se trata de “un paso imprescindible para evitar sospechas de favoritismos políticos y otorgar transparencia y control a la asignación de fondos públicos”.
El decreto obliga a las autoridades a “informar objetivamente sobre la gestión del gobierno, comunicar disposiciones normativas, preservar el medio ambiente y los derechos de usuarios y consumidores, difundir políticas públicas relevantes y afianzar principios constitucionales”. Además, en el texto se hace referencia a la Comisión de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando indica que “no existe un derecho intrínseco a recibir recursos del Estado por publicidad. Sólo cuando el Estado asigna estos recursos en forma discriminatoria, se viola el derecho fundamental a la libre expresión. Un Estado podría negarle (publicidad oficial) a todos los medios de comunicación, pero no puede negarle ese ingreso sólo a algunos medios con base en criterios discriminatorios”.
Al mismo tiempo, la norma crea un Registro Provincial de Medios de Comunicación, donde deberán inscribirse todos los interesados en contratar publicidad con el gobierno, estableciéndose un sistema que otorga puntajes según distintos criterios: producción local de contenidos, niveles de audiencia o tirada de ejemplares y cantidad de empleados, entre otros datos comprobables, y sobre la base de ese puntaje se prorrateará el monto disponible para publicidad. Hay otros requisitos exigibles para los medios, tales como tener a los trabajadores en situación regular y no poseer deudas impositivas.
Con esta herramienta, que contempla la divulgación pública de las pautas, se prevé una reducción drástica de la arbitrariedad y discrecionalidad en la distribución de las pautas, pues impedirá que los mandatarios de turno discriminen a los medios más críticos, en tanto que perderán intensidad las presiones desde los medios sobre los gobiernos, con exigencias de mayores contribuciones publicitarias a cambio de elogios o silencio.
(Publicado el jueves 6 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Para la mandataria patagónica alineada con la ex candidata presidencial Elisa Carrió, se trata de “un paso imprescindible para evitar sospechas de favoritismos políticos y otorgar transparencia y control a la asignación de fondos públicos”.
El decreto obliga a las autoridades a “informar objetivamente sobre la gestión del gobierno, comunicar disposiciones normativas, preservar el medio ambiente y los derechos de usuarios y consumidores, difundir políticas públicas relevantes y afianzar principios constitucionales”. Además, en el texto se hace referencia a la Comisión de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando indica que “no existe un derecho intrínseco a recibir recursos del Estado por publicidad. Sólo cuando el Estado asigna estos recursos en forma discriminatoria, se viola el derecho fundamental a la libre expresión. Un Estado podría negarle (publicidad oficial) a todos los medios de comunicación, pero no puede negarle ese ingreso sólo a algunos medios con base en criterios discriminatorios”.
Al mismo tiempo, la norma crea un Registro Provincial de Medios de Comunicación, donde deberán inscribirse todos los interesados en contratar publicidad con el gobierno, estableciéndose un sistema que otorga puntajes según distintos criterios: producción local de contenidos, niveles de audiencia o tirada de ejemplares y cantidad de empleados, entre otros datos comprobables, y sobre la base de ese puntaje se prorrateará el monto disponible para publicidad. Hay otros requisitos exigibles para los medios, tales como tener a los trabajadores en situación regular y no poseer deudas impositivas.
Con esta herramienta, que contempla la divulgación pública de las pautas, se prevé una reducción drástica de la arbitrariedad y discrecionalidad en la distribución de las pautas, pues impedirá que los mandatarios de turno discriminen a los medios más críticos, en tanto que perderán intensidad las presiones desde los medios sobre los gobiernos, con exigencias de mayores contribuciones publicitarias a cambio de elogios o silencio.
(Publicado el jueves 6 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Con agua potable y cloacas en marcha, ahora es el turno de la basura
Aunque sólo resta la formalidad de la aprobación legislativa después del visto bueno de la Intendencia y la Autoridad de Aplicación, la actualización del 30 por ciento para los servicios de agua potable y cloacas tranquilizó a la Cooperativa de Obras Sanitarias, que ya estaba sufriendo los efectos de un largo retraso de las tarifas, pues desde el comienzo de la concesión del agua potable -hace poco más de cinco años-, sólo le había sido reconocido un ajuste en el porcentaje de capitalización para el desarrollo de obras. Con el mismo criterio demagógico usado por el gobierno municipal para congelar los tributos en los últimos años, y sobre todo el pasado año electoral, a Obras Sanitarias también le habían negado esa posibilidad, complicando el ritmo de su plan de obras. Asimismo, algunos concejales continúan machacando con ciertos incumplimientos contractuales, olvidando que no es gas natural ni electricidad el fluido que se distribuye, sino agua potable, un alimento que -a pesar de su importancia vital- no es asumido como una prioridad por miles de venadenses, más aún cuando lo pueden obtener desde las napas subterráneas, claro está que al costo de una contaminación química y bacteriológica para los consumidores.
Como quedó dicho, con estas nuevas condiciones, la empresa podrá imprimir un ritmo más sostenido en el desarrollo del sistema de agua potable, como así también en el servicio cloacal. Además, en el marco de una relación más amigable con el poder político, es preciso fortalecer las gestiones para que la Cooperativa de Obras Sanitarias pueda acceder a subsidios nacionales o provinciales destinados a obras de saneamiento, a los efectos de que la ciudad, en el menor plazo posible, cuente en toda su geografía con ambos servicios tan vinculados a la calidad de vida.
Mientras la cooperativa lanza la batalla final por el despliegue de estos servicios, la Municipalidad tendrá que hacer lo suyo con una de sus tantas asignaturas pendientes: los residuos sólidos urbanos, en orden a su tratamiento y disposición final. Si bien Obras Sanitarias es la depositaria natural de una eventual concesión, la decisión política deben tomarla la Intendencia y el Concejo, dirimiendo, en primer lugar, la metodología de trabajo, pues ya se sabe que, además de la cooperativa, hay ediles que se oponen con firmeza al “enterramiento sanitario”. También existen propuestas intermedias, que aceptan el enterramiento en una primera etapa -será difícil encontrar el espacio físico para ello-, pero con la condición de impulsar, paralelamente, un arduo proceso de concientización comunitaria para sentar las bases de una planta de tratamiento y reciclado.
Así como la responsabilidad en el agua potable y las cloacas es hoy de Obras Sanitarias, por tratarse de la concesionaria de dichos servicios, la erradicación del basural a cielo abierto y la generación del nuevo sistema, es una cuestión inherente al poder político local, que cuanto antes tendrá que ponerse en línea con los requerimientos ambientales de las leyes santafesinas.
(Publicado el miércoles 5 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Como quedó dicho, con estas nuevas condiciones, la empresa podrá imprimir un ritmo más sostenido en el desarrollo del sistema de agua potable, como así también en el servicio cloacal. Además, en el marco de una relación más amigable con el poder político, es preciso fortalecer las gestiones para que la Cooperativa de Obras Sanitarias pueda acceder a subsidios nacionales o provinciales destinados a obras de saneamiento, a los efectos de que la ciudad, en el menor plazo posible, cuente en toda su geografía con ambos servicios tan vinculados a la calidad de vida.
Mientras la cooperativa lanza la batalla final por el despliegue de estos servicios, la Municipalidad tendrá que hacer lo suyo con una de sus tantas asignaturas pendientes: los residuos sólidos urbanos, en orden a su tratamiento y disposición final. Si bien Obras Sanitarias es la depositaria natural de una eventual concesión, la decisión política deben tomarla la Intendencia y el Concejo, dirimiendo, en primer lugar, la metodología de trabajo, pues ya se sabe que, además de la cooperativa, hay ediles que se oponen con firmeza al “enterramiento sanitario”. También existen propuestas intermedias, que aceptan el enterramiento en una primera etapa -será difícil encontrar el espacio físico para ello-, pero con la condición de impulsar, paralelamente, un arduo proceso de concientización comunitaria para sentar las bases de una planta de tratamiento y reciclado.
Así como la responsabilidad en el agua potable y las cloacas es hoy de Obras Sanitarias, por tratarse de la concesionaria de dichos servicios, la erradicación del basural a cielo abierto y la generación del nuevo sistema, es una cuestión inherente al poder político local, que cuanto antes tendrá que ponerse en línea con los requerimientos ambientales de las leyes santafesinas.
(Publicado el miércoles 5 de marzo de 2008 en diario El Informe)
Coparticipación más justa, pero en todos los niveles
Bajo el argumento de que la provincia de Santa Fe tiene un “alto rendimiento fiscal”, los mandatarios municipales y comunales de extracción justicialista abroquelados en el Frente para la Victoria, se reunieron el último fin de semana en la ciudad de Cañada de Gómez para reclamar una nueva ley de coparticipación. Los participantes del foro -asistió el intendente venadense José Freyre- consideran oportuna la implementación de un modelo análogo al vigente en las provincias de Córdoba y Buenos Aires. En tal caso, la coparticipación se incrementaría en dos puntos, del 13,43 al 15,43 por ciento, que se traduciría en un aumento de los ingresos a distribuir en poco más de 100 millones de pesos. Si bien se ocuparon de establecer que no se trata de un reproche al gobierno del Frente Progresista -hasta el punto tal que valorizaron los adelantos de coparticipación otorgados-, los funcionarios opositores creen que “los municipios no tienen demasiadas opciones de financiamiento” y, en este sentido, los ingresos por coparticipación son indispensables para solventar el pago de los sueldos y la prestación de los servicios públicos. Asimismo, los protagonistas del Foro sostienen que la provincia “mantiene una excelente performance fiscal mientras que muchos de los municipios y comunas de la provincia están teniendo serios problemas para financiar su funcionamiento”.
En general, los planteos parten de bases ciertas, pero se debilitan por evitar las mismas consideraciones políticas respecto del Gobierno nacional, que reniega del federalismo, engrosando la recaudación mediante cuantiosos tributos no coparticipables con las provincias, como las retenciones al agro y la Ley del Cheque, perjudicando por consiguiente a municipios y comunas. Al mismo tiempo, desconoce el cumplimiento de los nuevos criterios de coparticipación federal contemplados en la reforma constitucional del ’94, aun contando con mayoría en ambas cámaras legislativas. Además, los que, desde el ’83 a la fecha, suscribieron pactos lesivos con la Casa Rosada para los intereses de sus municipalidades y comunas, fueron los gobiernos justicialistas que se sucedieron en el poder político santafesino, con el respaldo de la dirigencia territorial que recién ahora se atreve a levantar la voz. También puede citarse que desde diciembre pasado los mandatarios del PJ ya no cuentan con el auxilio discrecional de la caja provincial de un gobierno afín, y entonces están urgidos de estas reformas; caso contrario, no tendrían otra opción que fijar fuertes ajustes tributarios locales, como ocurrió en la vecina administración rufinense y, en menor medida, en Venado. Entre los gobiernos quejosos, también se incluyen algunos que no se caracterizaron por desarrollar administraciones prolijas, aun cuando fueron reelectos por la ciudadanía.
Hace largos años que las provincias sufren un despojo injusto e ilegítimo por parte del Estado nacional, en términos de distribución de impuestos, que se manifestó en la dictadura y se profundizó en la democracia, incluso de la mano de mandatarios y legisladores de origen provinciano. A estas alturas, para desterrar esta rémora, los dirigentes deberán sacarse de encima los condicionamientos de las disciplinas partidarias y actuar desde una perspectiva institucional; así pues, resultarían más creíbles las demandas de los intendentes y jefes comunales del kirchnerismo si, al mismo tiempo, se hicieran cargo de reclamarle al gobierno de su mismo signo en el orden nacional, la reinstauración de los conceptos elementales del federalismo, desde el enorme poder político que controla.
(Publicado el martes 4 de marzo de 2008 en diario El Informe)
En general, los planteos parten de bases ciertas, pero se debilitan por evitar las mismas consideraciones políticas respecto del Gobierno nacional, que reniega del federalismo, engrosando la recaudación mediante cuantiosos tributos no coparticipables con las provincias, como las retenciones al agro y la Ley del Cheque, perjudicando por consiguiente a municipios y comunas. Al mismo tiempo, desconoce el cumplimiento de los nuevos criterios de coparticipación federal contemplados en la reforma constitucional del ’94, aun contando con mayoría en ambas cámaras legislativas. Además, los que, desde el ’83 a la fecha, suscribieron pactos lesivos con la Casa Rosada para los intereses de sus municipalidades y comunas, fueron los gobiernos justicialistas que se sucedieron en el poder político santafesino, con el respaldo de la dirigencia territorial que recién ahora se atreve a levantar la voz. También puede citarse que desde diciembre pasado los mandatarios del PJ ya no cuentan con el auxilio discrecional de la caja provincial de un gobierno afín, y entonces están urgidos de estas reformas; caso contrario, no tendrían otra opción que fijar fuertes ajustes tributarios locales, como ocurrió en la vecina administración rufinense y, en menor medida, en Venado. Entre los gobiernos quejosos, también se incluyen algunos que no se caracterizaron por desarrollar administraciones prolijas, aun cuando fueron reelectos por la ciudadanía.
Hace largos años que las provincias sufren un despojo injusto e ilegítimo por parte del Estado nacional, en términos de distribución de impuestos, que se manifestó en la dictadura y se profundizó en la democracia, incluso de la mano de mandatarios y legisladores de origen provinciano. A estas alturas, para desterrar esta rémora, los dirigentes deberán sacarse de encima los condicionamientos de las disciplinas partidarias y actuar desde una perspectiva institucional; así pues, resultarían más creíbles las demandas de los intendentes y jefes comunales del kirchnerismo si, al mismo tiempo, se hicieran cargo de reclamarle al gobierno de su mismo signo en el orden nacional, la reinstauración de los conceptos elementales del federalismo, desde el enorme poder político que controla.
(Publicado el martes 4 de marzo de 2008 en diario El Informe)
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